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Modo: Corpus Pro

MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA SU IMPOSICIÓN, Y ANTES DE QUE SE RESUELVA EL JUICIO, EN DIVERSA AUDIENCIA SE DECLARA SU SUBSISTENCIA, ELLO NO ACTUALIZA LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIONES XVI Y XXI, DE LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 341/2018. · Registro digital (IUS): 28854
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-07-12
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Pág. 2015.

AMPARO EN REVISIÓN 341/2018. 3 DE MAYO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA. SECRETARIO: PABLO CHÁVEZ GAMBOA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Previo al análisis de los agravios del recurrente, es oportuno dejar sentado que este tribunal estima que en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto que reclamó el quejoso, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva por un año que le fue impuesta por la Juez de control del Distrito Judicial Morelos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, María Guadalupe Hernández Lozano, en la audiencia celebrada el quince de febrero de dos mil dieciocho, así como su correspondiente ejecución atribuida al director del Centro de Reinserción Social Número 1, en el Estado de Chihuahua, pues al haberse prorrogado por seis meses más, no puede considerarse que se haya consumado de modo irreparable, ni tampoco que hayan cesado sus efectos.

Ahora bien, para demostrar que no se actualiza la aludida causal de improcedencia, se estima oportuno establecer que de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 161 del invocado código procesal, las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas, pueden ser revisadas cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición, a petición de las partes.

Así pues, las medidas cautelares son el instrumento para garantizar la efectividad del proceso y su característica más importante es la temporalidad, ya que perviven hasta en tanto se decida el fondo del asunto o desaparezcan las condiciones que le dieron origen.

Por ende, tendrán vigencia hasta el dictado de la sentencia, siempre que no sean revocadas, sustituidas o modificadas con antelación.

En el caso, el impetrante del amparo se duele de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva que se le decretó en la resolución de quince de febrero de dos mil dieciocho, en el proceso penal ********** que se sigue en su contra; en dicha audiencia se estableció que la vigencia de la medida cautelar sería por el plazo de un año, esto es, la vigencia de la prisión preventiva decretada concluyó el quince de febrero de dos mil diecinueve, situación que se corrobora con el contenido de la audiencia celebrada el once de febrero de dos mil diecinueve, en la que el licenciado José Ángel Moreno Campos revisó la medida cautelar impuesta con antelación a **********, establecida en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva, y determinó que debía subsistir en los mismos términos y se prorrogó por seis meses más, a partir de su fecha de vencimiento, debiendo fenecer el quince de agosto de dos mil diecinueve, toda vez que consideró que no habían variado las circunstancias que motivaron su imposición.

Es preciso señalar que al establecer que el acto consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva ha quedado consumado por el solo hecho de que ya transcurrió la data de su vencimiento, se pierde de vista que la vigencia de las medidas cautelares dura hasta que se dicta la sentencia definitiva, además de que tienen como objetivo asegurar el cumplimiento de las determinaciones que se emiten en el proceso, garantizar la presencia del imputado y la seguridad de las víctimas, es decir, son de naturaleza accesoria y temporal, porque su finalidad no es sancionatoria ni está dirigida a resocializar al acusado, ni a prevenir el delito, sino que su propósito es puramente procesal –asegurar el resultado exitoso del proceso penal–.

Es por lo anterior que este tribunal estima que no puede considerarse que el acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva se ha consumado de manera irreparable, al haberse agotado su vigencia, si se toma en cuenta que, al prorrogarse por seis meses más, el agravio subsiste de forma continuada mientras persista la afectación tachada como transgresora del derecho humano a la libertad personal.

Especialmente si se considera que el Juez que revisó la medida cautelar impuesta con antelación no modificó en forma alguna la modalidad de la medida ya decretada, ni impuso alguna distinta, sino sólo se pronunció en cuanto a la temporalidad, para lo cual, expuso las razones por las que era necesario pronunciarse sobre las medidas cautelares a las que se encontraba sujeto el imputado.

Aún más a lo anterior, considerar que por el solo hecho de que ya transcurrió la fecha de vencimiento de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva y, por ende, el acto reclamado ha quedado consumado, puede dar lugar a que transcurra la vigencia de la medida cautelar reclamada, de manera que queden consumadas de modo irreparable, obligando al justiciable a litigar de nueva cuenta sobre una posterior ampliación de la medida, generando incertidumbre en torno a que la fecha de su vencimiento acontezca con anterioridad a la resolución del juicio de amparo o de los recursos que se interpongan, lo cual es factible considerando las cargas de trabajo de los tribunales de la Federación y el plazo de resolución de los asuntos.

En este orden de ideas, cuando la medida cautelar impuesta en la audiencia inicial del sistema penal acusatorio y oral es prorrogada por considerarse que no habían variado las circunstancias que motivaron su imposición, no significa que por haberse agotado su vigencia por el solo transcurso del tiempo, ésta deba entenderse consumada de modo irreparable, pues no debe perderse de vista que las medidas cautelares dejan de tener vigencia hasta cuando se dicta sentencia ejecutoria y el agravio subsiste de forma continuada mientras persista la afectación tachada como transgresora del derecho humano a la libertad personal; de ahí que sí es posible restituir al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado.

Por otra parte, si se atiende a que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, ahora recurrente, continúa vigente, es evidente que tampoco han cesado los efectos del acto reclamado, porque éste sigue en prisión preventiva; por tanto, se insiste, el acto reclamado sigue afectando el derecho humano a la libertad que estima vulnerado.

Lo anterior, porque para estimar que cesan los efectos del acto reclamado es requisito sine qua non (indispensable) que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que ya no agravie al quejoso y disfrute del derecho afectado por el acto de autoridad.

Lo que evidentemente no ocurre en el particular, habida cuenta que, como ya se indicó, subsiste la medida cautelar de prisión preventiva y, en tal caso, deviene irrelevante la fecha en que se declaró esa subsistencia, porque la afectación a la esfera jurídica del solicitante del amparo no ha cesado.

En tal entorno jurídico, al no actualizarse la analizada causal de improcedencia, es procedente entrar al estudio de fondo de la sentencia recurrida en cuanto al acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.

SEXTO.—Son fundados los motivos de queja propuestos por el inconforme **********, suplidos en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y suficientes para revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado.

Así es, teniendo en cuenta el contenido conceptual de la suplencia de la queja, se procederá al estudio oficioso del procedimiento de donde emanó el acto reclamado, a fin de determinar si existe alguna violación a las garantías de legalidad y de exacta aplicación de la ley, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que el análisis que se lleva a cabo implica que este órgano colegiado se imponga de todo el procedimiento de origen a efecto de constatar que no se hayan quebrantado los derechos humanos del imputado.

Es de observarse en la especie, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, título, subtítulo y contenido siguientes:

"Registro: 2014703

"Época: Décima Época

"Instancia: Segunda Sala

"Tipo de Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 44, Julio de 2017, Tomo I

"Materia(s): Común

"Tesis: 2a./J. 67/2017 (10a.)

"Página: 263

«y Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas»

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna."

Cierto, dentro de la causa penal ********* se advierte que la representación social solicitó ante la Juez de control la imposición de la medida cautelar en contra del quejoso, quien resolvió lo siguiente:

"Después de haber escuchado a los intervinientes, cerrado el debate, resuelvo: Básicamente la agente del Ministerio Público solicita se aplique al imputado de mérito la medida cautelar de prisión preventiva establecida en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El imputado nada manifestó sobre ello; sin embargo, su defensor si (sic) formuló objeción argumentando que los registros en los cuales aparecen diversos domicilios no son válidos, pues no han sido actualizados los sistemas de donde emanaron, que los inmuebles en un momento dado eran propiedad del imputado, pero actualmente son propiedad de otras personas. En cuanto al inmueble ubicado en esta ciudad, que es el domicilio del señor imputado, pero la información de que no la habita, proporcionada por los vecinos, pues no es suficiente para demostrar que el imputado carece de arraigo. Indica el defensor, el testigo o yerno del imputado por esa relación debió de (sic) haber sido informado de su facultad de abstención a declarar. Que además su representado no huyó, tan así es que promovió amparo solicitando se le diera a conocer la investigación que había en su contra; que su representado se encuentra privado de la libertad por habérsele aplicado la medida cautelar en comento en diversas causas penales, las cuales argumenta en un momento dado pudieran ser acumulables y no existe por ello la necesidad de aplicar la medida cautelar solicitada. Es importante señalar, para acceder a la petición de la representante social, es mi obligación tomar como base la finalidad de la medida cautelar solicitada y verificar que se cumplan los requisitos de forma y fondo establecidos para su imposición, de acuerdo a lo que establecen los artículos 153, 154, 157, 167 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso concreto de acuerdo a lo que establece el artículo 154 del citado ordenamiento los requisitos de forma han sido observados en esta audiencia, pues la agente del Ministerio Público formuló imputación al señor **********, a quien se le dio oportunidad de rendir su declaración, derecho que en esta audiencia no ejerció, solicitó la duplicidad del término constitucional y además proporcionó sus datos generales, dijo: Ser mexicano, originario de esta ciudad, no pertenecer a algún grupo étnico indígena, tener ********** años de edad, dado que nació el diecisiete de abril de **********, de estado civil **********, sabe leer y escribir al haber cursado una licenciatura, de ocupación Contador Público, hijo de los señores ********** y **********, con domicilio particular en calle ********** número **********(cinco mil novecientos ochenta) del fraccionamiento ********** de esta ciudad. Tratándose de la finalidad de la medida cautelar solicitada la agente del Ministerio Público argumentó que se debe aplicar para así garantizar la presencia del imputado en el procedimiento. Y basa tal solicitud y su afirmación de que existe riesgo de sustracción en diversos factores entre ellos, la circunstancia de que el imputado de mérito tiene diversos domicilios registrados a su nombre, los cuales fueron obtenidos en sistemas con los que la Fiscalía General del Estado cuenta, y después de realizar las investigaciones correspondientes por agentes ministeriales en esos domicilios, se obtuvo información de que el señor imputado no radica en ninguno de ellos, incluso, obtuvo información en cuanto a que el ahora imputado abandonó la ciudad desde marzo del dos mil diecisiete. Información que fue proporcionada precisamente por el señor **********, quien dijo ser esposo de una hija del señor imputado, fue claro en indicar que en esa fecha su señor suegro pretendía evadirse de la ciudad y llevar consigo a su pequeña hija, motivo por el cual a él no le pareció y promovió las diligencias correspondientes, por tanto, estaba en posibilidad de tener conocimiento de que efectivamente el señor imputado pretendía alejarse de esta ciudad y como consecuencia evadirse a la acción de la justicia; incluso, de la información obtenida de esos sistemas registrados a nombre del imputado aparece que tiene domicilios en diversa ciudad; al iniciar la investigación acuden (sic) y no fue posible localizarlo. De todo lo anterior deriva sin lugar a dudas que carece de arraigo, es un factor de riesgo el cual se encuentra establecido en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Contrario a los argumentos expuestos por el defensor tomo en consideración ese factor porque no ha demostrado, en primer término, que esos domicilios no se encuentren registrados a nombre del señor imputado y, por tanto, que en ellos pudiera en un momento dado ocultarse. Ahora bien, en cuanto al domicilio en esta ciudad, el cual indica el propio defensor sí radica en el mismo, la información que se obtuvo por vecinos es que hacía tiempo, cuando se realizó esa investigación, el año próximo pasado, ya que no se encontraba el señor imputado ni aparentemente su familia en el domicilio, ése es un dato indicativo de que se había evadido a la acción de la justicia y es cierto o posible, lo que argumenta el agente del Ministerio Público, regularmente los vecinos son quienes se percatan de qué es lo que hace el diverso vecino. El chofer, como lo expuso el agente del Ministerio Público, indicó que él no podía dar información, pero los vecinos sí fueron claros en señalar que no se veía desde hacía tiempo al señor imputado en ese inmueble. Otro factor de riesgo el cual deriva que el imputado de mérito, con independencia de que se encuentre privado de la libertad en diversas causas penales que se le instruyen al habérsele aplicado precisamente la medida cautelar de prisión preventiva. Comparto los argumentos expuestos por el agente del Ministerio Público, contrario a los esgrimidos por el defensor, en este proceso penal se debe de garantizar su presencia, además efectivamente se le instruyen los diversos procesos, pero para ello, para lograr el seguimiento de los mismos fue presentado detenido, es un factor de riesgo de gran relevancia, la circunstancia de que fuera detenido mediante la ejecución de una orden de aprehensión y fue presentado ante el Juez de control es indicativo de que el imputado no tenía interés de cumplir con las obligaciones que derivan de un proceso penal. Argumenta el defensor que sí tenía interés de intervenir en la primera fase de la investigación, tan así es que promovió dos amparos para que le informaran las investigaciones que había en su contra, pero ello no se traduce en que se presentara, no por escrito, sino personalmente ante el Ministerio Público con el fin de hacerle frente a esa supuestas investigaciones que en su primera fase se habían iniciado en contra de él, por ello es que no demuestra realmente el interés de sujetarse a la investigación y como consecuencia al procedimiento. Ahora bien, en el supuesto caso de que concluyan las diversas causas penales que se le instruyen al señor imputado, pues se debe de garantizar la presencia de él en esta causa; aun y cuando aquellos procesos penales que se tramitan en contra del imputado pudieran ser acumulados en tanto se tramite este procedimiento, como he mencionado, es necesario garantizar que el imputado no se sustraiga a la acción de la justicia, garantizar su presencia en el procedimiento, y si se toma en cuenta que antes de conocer el señor imputado los hechos que se le atribuyeron en las diversas causas; y en concreto los hechos que se le atribuyen en esta causa, ya había realizado actos tendentes a evadirse de la acción de la justicia, lógico es que concluyan aquellas causas o se acumulan a la presente, y de no aplicarse la medida cautelar de prisión preventiva, pues pudiera surgir en él, el interés de no sujetarse a este procedimiento si obtiene su libertad en los otros procesos. Aunado a lo anterior, tomando en consideración que la pena privativa de la libertad, como lo argumentó la agente del Ministerio Público, que en un momento dado pudiera llegar a imponérsele es grave, pues constituye otro factor de riesgo, el cual, adminiculado con los anteriores, conlleva considerar la necesidad de aplicar medidas cautelares, y si se encuentra privado de la libertad, si ya realizó actos tendentes a evadirse a la acción de la justicia, si inicialmente, de acuerdo a los argumentos expuestos por la agente del Ministerio Público, los antecedentes en los cuales funda su afirmación reflejó (sic) no tener interés claro y preciso en presentarse ante el Ministerio Público en la primera fase de la investigación, pues al encontrarse en libertad bien pudiera surgir ese interés nuevamente y de ahí que la prisión preventiva, medida cautelar solicitada, la considero proporcional, es la más idónea. En cuanto a que la información proporcionada por el yerno del señor imputado no tiene eficacia jurídica, no comparto los argumentos expuestos por el defensor, el artículo 361, interpretándolo gramaticalmente no establece facultad de abstención tratándose de parientes por afinidad y no se acredita la calidad de convivente, no era obligación del Ministerio Público cumplir con tal formalidad, pues el testigo no sólo hizo alusión a que fuera convivente, sino que reflejaba que tenía ideas o intereses contradictorios con el señor imputado, pues lo que pretendía era que no se alejara de esta ciudad tratando de evadir la acción de la justicia porque pretendía llevarse a la menor hija del citado testigo. En este contexto la única medida cautelar que garantiza la presencia del imputado en este procedimiento es la solicitada por la agente del Ministerio Público, pues durante la tramitación del mismo no tendría derecho a privilegiar la justicia restaurativa, en el supuesto caso de que se emita una sentencia condenatoria tampoco tendría derecho a algún beneficio preliberacional, tomando como base la gravedad de las penas aplicables al caso concreto, de acuerdo a lo que establece el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el Ministerio Público funda su petición en diversos factores de riesgo, los cuales conllevan tal consideración, la única medida cautelar idónea para garantizar en este momento la finalidad que persigue la representante social, con la cual se pretende garantizar la presencia del imputado en juicio, es la de prisión preventiva, para así lograr que el imputado no se sustraiga a la acción de la justicia en cuanto a este proceso, la medida cautelar se aplica por el tiempo en el que se tramite el proceso, si éste no debe exceder de un año contado a partir de este día, tampoco la vigencia de la medida cautelar, ello de acuerdo a lo que establece la fracción VII del apartado B del artículo 20 de la Constitución Federal, el plazo máximo para terminar el proceso es de un año y, por tanto, la vigencia de la medida cautelar es de un año, en su caso vencerá el quince de febrero del dos mil diecinueve, se observará así el principio de provisionalidad."

Respecto de lo anterior, la Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua en la sentencia recurrida resolvió lo siguiente:

"Lo anterior es así, ya que la autoridad responsable correctamente impuso la medida cautelar de prisión preventiva, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al encontrar satisfechos los requisitos para su imposición, es decir, atendió a la penalidad alta de prisión que pudiera imponerse en caso de dictarse sentencia condenatoria y el comportamiento asumido por el imputado revelador de no sujetarse a proceso. Ahora bien, es oportuno trascribir (sic) el artículo 19, párrafo segundo, de la Carta Magna y artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son del tenor siguiente: ‘Artículo 19. ...El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El Juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud...’ ‘Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Es decir, de los contenidos de los citados artículos se advierte que las medidas cautelares; además, de ser impuestas mediante resolución judicial, deben aplicarse por el tiempo indispensable tendiente a asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento. De igual manera, el diverso numeral (sic) 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan la procedencia y tipos de las medidas cautelares, los cuales rezan: ‘Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares. El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas.’ ‘Artículo 155. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el Juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el Juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el Juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el Juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.’ De los ordinales transcritos se desprende que el Juez podrá imponer las medidas cautelares antes citadas a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por la ley, esto es, cuando se formule imputación, el imputado se acoja al término constitucional, ya sea de setenta y dos o de ciento cuarenta y cuatro horas o se haya vinculado a proceso, que las mismas no podrán se (sic) usadas para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción anticipada. Por otra parte, el numeral (sic) 156 y 157, del mencionado ordenamiento legal señalan: ‘Artículo 156. Proporcionalidad. El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado.’ ‘Artículo 157. Imposición de medidas cautelares. Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente código.’ El precepto transcrito en primer término establece que al imponer una medida cautelar el Juez de control deberá tomar en consideración los argumentos de las partes y la justificación realizada por el Ministerio Público y a efecto de decidir sobre ella el Juez deberá tomar en cuenta el principio de proporcionalidad y la mínima intervención según las circunstancias particulares. Mientras que el segundo ordinal otorga la faculta al Juez de control a imponer una de las medidas cautelares, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave, que sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas. Que en ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en la ley. En ese contexto, el numeral 168 del multicitado ordenamiento legal, señala: ‘Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que teng

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28854-4c316993/medida-cautelar-de-prision-preventiva-si-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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