LIBERTAD PREPARATORIA. LA AUTORIDAD JUDICIAL PENAL ES COMPETENTE PARA RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD DE SU OTORGAMIENTO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE ENERO DE 2009, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INCIDENTE RELATIVO SE HUBIERA PROMOVIDO PREVIAMENTE A LA FECHA LÍMITE DE LA VACATIO LEGIS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 18 DE JUNIO DE 2008.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 507/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 18 DE ABRIL DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala. Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, el defensor público federal adscrito al Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, se encuentra facultado para tal efecto.
Sirve de apoyo a lo expuesto, por identidad de razón, la jurisprudencia en materia común 1a./J. 65/2003, sustentada por esta Sala, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, página veinticuatro, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL DEFENSOR DEL PROCESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA FORMULAR SU DENUNCIA. Al otorgarse al defensor del procesado la autorización necesaria para litigar en su representación, con los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad de su representado, se encuentra legitimado conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo para formular la denuncia de una contradicción de tesis que surge del asunto en el que interviene, sin necesidad de recabar el consentimiento expreso de su defenso."
TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(4) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.
Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto, hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta, se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. ..."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195. ..."
En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno (se reitera, acorde con la interpretación armónica del artículo tercero transitorio del decreto de reforma al artículo 107 constitucional). Mediante el ejercicio de ese poder conferido se busca, esencialmente, unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados o las Salas de la Corte en su caso, llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean antagónicos, esto es, contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios, como fuente generadora de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios, que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una antinomia de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.
Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el cual se va creando el llamado derecho en acción.
La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios la interpreten en relación con el supuesto concreto que han de solventar o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes -no en los resultados-, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala que, respectivamente, a la letra establecen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(5)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’ Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(6)
Primer y segundo requisitos: Arbitrio judicial y ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada respecto de un mismo punto de derecho. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
I) Criterio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal **********. La ejecutoria informa como antecedentes de la revisión, los que enseguida se sintetizan:
a) El ocho de julio de dos mil tres, el agente del Ministerio Público de la Federación, en los autos de la averiguación previa **********, determinó ejercer acción penal contra ciertas personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito CONTRA LA SALUD, en las modalidades de posesión y transporte de marihuana, previsto y sancionado en los artículos 193, 194, fracción I y 195, primer párrafo, del Código Penal Federal.
b) Por razón de turno, correspondió conocer de la citada indagatoria al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, el cual, registró la causa penal bajo el número **********; por lo que una vez agotados los procedimientos a que hubo lugar, el catorce de julio de dos mil cuatro, emitió sentencia condenatoria por lo que respecta al delito CONTRA LA SALUD en la modalidad de TRANSPORTE de marihuana -dentro de la cual quedó subsumida la diversa de posesión-, previsto y sancionado por los artículos 194, fracción I, en relación con el numeral 193, ambos del Código Penal Federal, razón por la cual, a uno de los sujetos activos le fueron impuestas las penas de diez años de prisión y cien días multa.
c) En contra de dicho fallo de condena, tanto el sentenciado como su órgano público de defensa interpusieron recurso de apelación, del cual correspondió conocer, por razón de turno, al Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, mismo que confirmó la resolución impugnada,
d) Posteriormente, dicho sentenciado promovió incidente no especificado, para el efecto de que le fuera concedido el beneficio de la libertad preparatoria; petición procesal respecto la cual conoció el Juez penal primario, quien mediante resolución de diecinueve de abril de dos mil once, la DESECHÓ por notoriamente improcedente, al estimar que en esa fecha todavía no se encontraba vigente la reforma al artículo 21 constitucional, por lo cual, la concesión del beneficio de libertad preparatoria, solicitado por el incidentista, NO le correspondía a la autoridad judicial, sino al órgano del Poder Ejecutivo que designe la ley.
e) En contra de dicha determinación, el ahora denunciante de la contradicción de tesis, **********, en su carácter de defensor público federal del incidentista, promovió demanda de amparo indirecto respecto de la cual conoció el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, mediante resolución de veintisiete de mayo de dos mil once, determinó NEGAR la protección de la Justicia Federal impetrada, igualmente, basado en el hecho de que en esa fecha, la reforma al artículo 21 constitucional aún no se encontraba vigente, por lo cual, estimó que la autoridad judicial carecía de competencia para conocer respecto de las solicitudes de libertad preparatoria formuladas.
f) Una vez más, inconforme con el sentido del fallo, el citado defensor público federal interpuso el respectivo recurso de revisión a favor de su patrocinado, mismo que conoció el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito (primer órgano de control constitucional contendiente), el cual, al resolver los autos del RP. **********, mediante acuerdo correspondiente a la sesión de cinco de agosto de dos mil once, determinó CONFIRMAR la sentencia de amparo recurrida con base en los siguientes razonamientos:
"QUINTO. Son infundados los agravios. El acto que se reclamó del Juez Segundo de Distrito en el Estado, consistió en el auto de diecinueve de abril de dos mil once, dictado dentro de los autos del proceso penal **********, en el que se desechó el incidente que el aquí quejoso ... promovió ante dicha autoridad, con el fin de obtener la concesión de libertad preparatoria ... Como inicialmente se refirió, los agravios planteados por el defensor del quejoso y recurrente, resultan infundados. Se afirma lo anterior, pues todos sus argumentos parten de la errónea premisa de que el artículo 21 constitucional, anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, ya contenía implícitamente la atribución exclusiva de la autoridad judicial para conocer de la modificación y duración de las penas, lo cual resulta incierto, pues dicho numeral sólo contempla la imposición de las penas como facultad propia y exclusiva de la autoridad judicial. Además, los artículos transitorios de la citada reforma precisaron los términos en que los sistemas, procesal penal acusatorio y de reinserción, así como el régimen de modificación y duración de las penas, habrían de comenzar a regir en los ámbitos local y federal. En el artículo quinto transitorio constitucional de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, se prevé el inicio de la vigencia de tales regímenes, al disponer: ‘Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este decreto,’. Del texto anterior se desprende, que el propio Constituyente fijó un lapso para la entrada en vigor de la reforma constitucional en comento y una condición, a saber, cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, en un lapso máximo de tres años, contados a partir de la publicación de dicho decreto. A la fecha en que se emite la presente ejecutoria, resulta evidente que el nuevo Texto Constitucional, en sus artículos 18, párrafo segundo y 21, párrafo tercero, ya se encuentra en vigor, por haber transcurrido el plazo fijado para que adquiriese plena obligatoriedad (vacatio legis), independientemente de que para entonces no se hubiere expedido la nueva legislación secundaria respectiva, pues esta condición no prevalece sobre el término establecido para hacerlo, por tratarse de una cláusula predominante cuya eficacia no quedó sujeta a dicha legislación ordinaria. Sin embargo, al diecinueve de abril de dos mil once, día en que se dictó el auto que desechó el incidente de libertad preparatoria iniciado por el aquí quejoso, aún no transcurría la temporalidad antes mencionada, ni se había expedido la nueva legislación secundaria correspondiente, por lo que el precepto constitucional que atribuye a las autoridades judiciales el conocimiento de la modificación y duración de las penas a que se refiere el artículo 21, tercer párrafo, de la Carta Magna, no se encontraba vigente, atento a lo dispuesto en el numeral quinto transitorio de la mencionada reforma constitucional. De ahí que el acto reclamado necesariamente tuvo que examinarse a la luz del orden jurídico vigente al momento de su emisión, esto de acuerdo con los artículos 21 constitucional y 18 (sic) vigentes antes de su reforma, conforme a los cuales, según explicó el a quo, la reserva judicial de las penas sólo comprendía la imposición de éstas y no su modificación y duración, pues respecto de éstas debía distinguirse la clase de beneficio solicitado para definir la autoridad competente en su conocimiento. En ese sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 106/2005-PS, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización siguientes: ‘REDUCCIÓN DE LA PENA. LA APLICACIÓN DE LA LEY MÁS FAVORABLE AL REO, AUN CUANDO YA ESTÉ EN EJECUCIÓN LA SENTENCIA, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD JUDICIAL (LEGISLACIÓN FEDERAL).’ (se transcribe). El artículo 87 del Código Penal Federal, reformado el veintitrés de enero de dos mil nueve, dice: ‘Artículo 87. Los sentenciados que disfruten de libertad preparatoria, concedida por la autoridad judicial, quedarán bajo el cuidado y vigilancia del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública y de aquellas autoridades que participen en la fase de ejecución de sentencias, con el auxilio de la Policía Federal Preventiva.’. Este precepto no sirve a los propósitos del recurrente, en tanto que no establece una norma de competencia, de suyo procesal o adjetiva, sino una regla de derecho, en cuanto instruye quién será el órgano encargado del cuidado y vigilancia de los sentenciados que disfruten de libertad preparatoria concedida por la autoridad judicial, lo cual supone que o ya se expidió la legislación secundaria correspondiente, o que ya transcurrió el lapso de tres años que para ese efecto se estableció. En similares aspectos, es infundado que le agravien los alcances que el Tribunal Unitario le otorga a la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión ********** de treinta de marzo de dos mil cinco, pues tal ejecutoria fue clara y contundente al señalar que: ‘El artículo 21 constitucional regula la imposición de las penas, estableciendo que es propia y exclusiva de la autoridad judicial.’. De acuerdo con este artículo, la imposición de las sanciones penales o punición (consistente en la fijación, para cada caso concreto, de la restricción de los bienes del autor del delito, atendiendo a su responsabilidad penal) corresponde únicamente a la autoridad judicial. Debe precisarse, que la facultad de ‘imposición de las penas’ no sólo comprende la posibilidad de que el Juez individualice la pena en la sentencia, sino que también incluye la posibilidad de que con posterioridad a la sentencia, el Juez modifique el quántum de la sanción penal o sus sustitutivos. De la lectura del artículo 18 constitucional, se observa que la ejecución de las penas, es decir, la forma en que se extinguirán las establecidas por la autoridad jurisdiccional penal es una facultad constitucionalmente atribuida al Poder Ejecutivo, tanto de los Estados como de la Federación. En efecto, dicho dispositivo constitucional establece que el Ejecutivo tiene en sus manos la organización del sistema penal sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente; que los Ejecutivos Estatales pueden celebrar convenios para que los reos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal; que el Poder Ejecutivo (Federal o Estatal) puede establecer instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores; que los Ejecutivos Estatales pueden solicitar al Ejecutivo Federal la inclusión de reos del orden común en los tratados internacionales celebrados para que los reos mexicanos sean trasladados a la República para compurgar su pena o para que los reos de nacionalidad extranjera sean trasladados al país de su origen o residencia, cuestiones todas que corresponden a la forma de compurgación de la pena impuesta por el Poder Judicial. En concordancia con el artículo constitucional mencionado, el artículo 529 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que la ejecución de las sentencias irrevocables corresponde al Poder Ejecutivo. Dicho artículo toma en cuenta que las cuestiones relativas a la compurgación (como el lugar en donde se ejecutará la pena y las modalidades que ésta tendrá) son de naturaleza administrativa y, por lo mismo, no incumben a la autoridad jurisdiccional, sino a los órganos administrativos. Con lo hasta aquí expuesto, se puede llegar a la conclusión de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace una clara diferencia entre la imposición de las penas y la ejecución de las mismas, donde la primera corresponde constitucionalmente a la autoridad judicial y la segunda a la autoridad administrativa. Este criterio, que el defensor desdeña por estimar que no constituye jurisprudencia por emanar de una ejecutoria aislada, resulta erróneo, en virtud que es justamente la piedra angular que tuvo en cuenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 106/2005-PS y emitir la tesis de jurisprudencia 1a./J. 174/2005, antes transcrita, pues en ella se sostuvo lo siguiente: ‘Para determinar cuál es la autoridad que debe aplicar la ley se deberá estar a la clase de beneficio que ésta concede al reo, pues de acuerdo con las facultades constitucionales y legales de cada autoridad, corresponderá a una o a otra la aplicación de la ley respectiva. La propia Constitución y los ordenamientos penales, tanto sustantivo como adjetivo establecen las facultades y la competencia que corresponden a cada autoridad en esta materia. En otras palabras, se debe atender a las características materiales de la ley que beneficia al reo para decidir si esa ley la debe aplicar la autoridad judicial o si debe aplicarla la autoridad administrativa (Poder Ejecutivo).’. Razones por las cuales, y atendiendo al contenido del diverso artículo 540 del Código Federal de Procedimientos Penales, acorde con el orden jurídico vigente aplicable, es al órgano del Poder Ejecutivo respectivo a quien corresponde conocer del beneficio que solicitó el quejoso y no a la autoridad jurisdiccional. Es infundado que preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoyen la postura interpretativa que pregona el defensor pues, con respecto a los preceptos internacionales que cita, todos son relativos al proceso legal hasta el dictado de la sentencia; mientras que las consideraciones que transcribe de la resolución de la Corte Interamericana, además de no ser referentes a la etapa mencionada, las citas hechas en los conceptos de violación se encuentran fuera de contexto, por referirse en ellas a la falta de competencia de los tribunales militares para conocer de una causa penal respecto de un delito del orden civil y en el que se refirió al proceso penal por todas sus etapas, hasta las ulteriores, aunada a la de amparo, como una instancia más, pero nada se dijo sobre que la ejecución de las sanciones penales impuestas por sentencia ejecutoria corresponda a la autoridad judicial. Precisado que quedó, que el artículo 87 del Código Penal Federal recién reformado, a que hace alusión el recurrente, no es aplicable, por otra parte, al señalar en sus agravios que los preceptos legales que fundan la competencia a la autoridad administrativa, es decir, los artículos del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, se contraponen al contenido de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no señala en sus agravios a qué tesis se refiere, mas si hace alusión a la de número P./J. 21/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23751-b18abc09/libertad-preparatoria-la-autoridad-judicial-penal-es-competente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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