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Modo: Corpus Pro

VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 455/2012. · Registro digital (IUS): 24557
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CI
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Pág. 646.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 455/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 27 DE FEBRERO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados pertenecientes a diversos circuitos judiciales (1. Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; y, 2. Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca), en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de especialidad de esta Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número **********.

SEGUNDO. Legitimación del órgano denunciante. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que, de conformidad con el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) en relación con el 197-A de la Ley de Amparo,(3) los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito se encuentran facultados para tal efecto, al tratarse de uno de los órganos de control constitucional contendientes, por lo cual, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(4) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.

Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto, hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Pleno o en Salas (se reitera, acorde con la interpretación armónica del artículo tercero transitorio del decreto de reforma al artículo 107 constitucional). Mediante el ejercicio de ese poder conferido se busca, esencialmente, la unificación de los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados o las Salas de la Corte, en su caso, llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.

Las normas citadas expresan como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean antagónicos, esto es, contradictorios. El sentido del concepto contradictorio, sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios como fuente generadora de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una antinomia de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.

Lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen respuestas correctas únicas, esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el cual se va creando el llamado derecho en acción.

La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que, dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que han de solventar o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes -no tanto en los resultados-, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 1a./J. 22/2010 y 1a./J. 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala, que, respectivamente, establecen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(5)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(6)

Primer y segundo requisitos: Arbitrio judicial y ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada respecto de un mismo punto de derecho. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

I) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el toca número **********.

El órgano de control constitucional en mención, mediante acuerdo correspondiente a la sesión de trece de septiembre de dos mil doce, resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes, los autos del toca **********, en el que se determinó revocar la sentencia constitucional emitida por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla (al advertirse violaciones procesales que ameritaron la reposición del procedimiento), en la que, inicialmente, se había determinado negar el amparo y protección de la Justicia Federal impetrados por el quejoso **********, quien había señalado como acto reclamado la resolución emitida por el Juez de ejecución penal de dicha entidad en la audiencia pública y oral de dieciséis de abril de dos mil doce, a través de la cual se determinó negarle el beneficio de la libertad anticipada en su modalidad de remisión parcial de la pena de prisión.(7) Diligencia judicial que se hizo constar en formato de audio y video, así como su transcripción dentro del expedientillo **********.

El peticionario del amparo formuló como agravios ante el Tribunal Colegiado de referencia, entre otras argumentaciones lógico-jurídicas, la omisión en que incurrió el Juez de amparo, al no haber examinado el video de la citada audiencia penal oral y pública.

En respuesta a dicho motivo de disenso, el Tribunal Constitucional revisor manifestó lo siguiente:

"... no pasa desapercibido para este tribunal que en el escrito de agravios, la recurrente plantea la existencia de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, pues sostiene que el Juez de Distrito omitió efectuar la diligencia de reproducción del audio y video contenidos en el disco versátil digital (DVD) remitido por la responsable (junto con el resto de las constancias con las que justificó su informe) en el que se encuentra registrada la audiencia oral en la que se resolvió negarle al ahora quejoso el beneficio de la remisión parcial de la pena, fundándose para ello en la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: ‘VIDEOGRABACIONES EN EL JUICIO ORAL HECHAS EN DISCOS ÓPTICOS EN FORMATO DVD, QUE REMITE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO DICTADO CONFORME AL NUEVO PROCESO PENAL Y EL JUEZ DE DISTRITO OMITE ORDENAR OFICIOSAMENTE LA REPRODUCCIÓN DE AQUÉLLAS, EN LAS QUE SE CONTIENEN EL ACTO RECLAMADO Y LAS ACTUACIONES QUE LE SIRVIERON DE SUSTENTO, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS ADECUADOS, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE OBLIGA A LA AUTORIDAD REVISORA A ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).’ (se transcribe). Sin embargo, este órgano colegiado no comparte el criterio plasmado en la tesis aludida, toda vez que en la misma se parte de la premisa de que la videograbación de una audiencia celebrada en un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, contenida en un archivo informático almacenado, a su vez, en un soporte material como lo es un disco versátil digital, constituye un elemento probatorio aportado por los descubrimientos de la ciencia y el avance tecnológico, derivándose a partir de ahí que para efectos del juicio de amparo indirecto se trata de una prueba que debe desahogarse en una audiencia pública en la que habrá de reproducirse el contenido del disco, siendo, además, necesario que quede constancia ‘escrita’ en autos, en la que deberán plasmarse las consideraciones vertidas por la autoridad jurisdiccional responsable para emitir el acto reclamado junto con los aspectos fundamentales de la audiencia, apreciación que no es compartida por este tribunal, el cual estima que por su origen y naturaleza se trata de una prueba documental que se desahoga por sí misma. Precisamente, hasta hace algunos años, el concepto documento parecía no requerir mayor definición, pues era inmediatamente entendido como escritura -documento escrito-; no obstante, dado que el acelerado avance científico-tecnológico ha generado una gran diversificación en los medios y modos de almacenar la información (los cuales se han adoptado y popularizado en las sociedades modernas), tal evolución ha derivado en que la equivalencia entre escritura y documento no pudiera mantenerse por más tiempo. Así pues, el derecho no es ajeno a la anterior realidad, ya que no sólo ha tendido a adaptarse, sino que ahora recurre a las nuevas tecnologías con el fin de facilitar y perfeccionar su labor. Ejemplo de ello es que para la implementación del nuevo procedimiento de corte acusatorio y oral, producto de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, los ordenamientos adjetivos surgidos a raíz de la misma han establecido que el registro de las audiencias orales no sea por escrito, sino que debe efectuarse a través de audio y video (imágenes y sonidos), lo que implica que la información captada por esos medios debe ser almacenada a través del soporte material que integran el procedimiento. Esto es, las actuaciones en los nuevos procedimientos penales ya no se encuentran limitadas al soporte físico proporcionado por el papel, sino que siendo finalmente datos, se están almacenando en soportes y formatos diversos (dependiendo del tipo de información de que se trate), los cuales integran las constancias del procedimiento con plena validez y eficacia legal. En este punto, conviene aludir a lo dispuesto por los artículos 62 y 63 del Código de Procedimientos en Materia Penal para el Estado de Puebla -los cuales son aplicables ante la entrada en funcionamiento de los Juzgados Especializados en Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Puebla-, los cuales textualmente dicen: ‘Artículo 62. Salvo casos de excepción, el proceso se desarrollará a través de audiencias o actuaciones orales. En el supuesto de que un acto procesal pueda realizarse por escrito u oralmente, se preferirá realizarlo oralmente, cuando ello no conlleve atraso a la sustanciación del proceso. Para ello las peticiones que pueden esperar a la celebración de una audiencia oral, se presentarán y resolverán en ella. Los Jueces no podrán suspender las audiencias para que se presenten por escrito las peticiones de los intervinientes. Los actos se registrarán por escrito, a través de imágenes o de sonidos. En caso de que se opte por la grabación de imágenes, sonidos o ambas, la diligencia se preservará de esa forma. En todo caso deberá quedar constancia leal y fidedigna de la realización del acto procesal. Los intervinientes y las autoridades que legalmente lo requieran podrán solicitar copia e informes de los registros conforme a lo dispuesto en este código y en la Ley en Materia de Acceso a la Información Pública aplicable. Cuando Los actos de la policía, el Ministerio Público o el Juez deban hacerse constar, se registrarán en audio, video, fotografía o cualquier otro medio que garantice su leal y fidedigna reproducción, dejándose constancia de la hora, fecha y lugar de su realización. Tratándose de registros electrónicos emitidos por el Juez, éste dará fe de los mismo certificando su autenticidad.’(8). ‘Artículo 63. En el supuesto de que se utilicen registros de imágenes o sonidos en el juicio, se deberá reservar el original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta la audiencia del juicio oral, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán constar en el mismo registro y, en caso de no ser posible, en un registro complementario. Tendrán la eficacia de un documento físico original, los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación de los procesos, ya sea que contengan actos o resoluciones judiciales, peritajes o informes. Lo anterior siempre que cumplan con los procedimientos establecidos en la materia para garantizar su autenticidad, integridad y seguridad. Cuando el Juez utilice los medios indicados en el párrafo anterior para consignar sus actos o resoluciones, incluidas las sentencias, los medios de protección del sistema resultan suficientes para acreditar la autenticidad, aunque no se impriman en papel. El expediente informático es suficiente para acreditar la actividad procesal realizada. Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para comunicarse oralmente entre sí, remitiéndose informes, comisiones y cualquier otra documentación. Los intervinientes, con las mismas exigencias para garantizar la autenticidad de sus peticiones, también podrán utilizar esos medios para presentar sus solicitudes y recursos a los tribunales. Los archivos informáticos en que conste el envío o recepción de documentos son suficientes para acreditar la realización de la actividad.’. Como se ve, los anteriores artículos no sólo contienen la disposición expresa de que determinados actos procesales sean registrados en audio, video, fotografía o cualquier otro medio que garantice su leal y fidedigna reproducción (superándose así el papel como soporte físico, ya que, obviamente, no puede almacenar ese tipo de información), sino que también indican que los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías que contengan actos o resoluciones judiciales (así como peritajes o informes) tienen la eficacia de un ‘documento físico original’. Siendo así, si una autoridad jurisdiccional remite como apoyo a su informe con justificación un disco versátil digital (que es el soporte físico) que contiene un archivo informático con la videograbación de una audiencia, lo que está haciendo es simplemente adjuntar el documento idóneo para justificar su informe, el cual tendrá pleno valor probatorio siempre y cuando esté certificado en cuanto a su autenticidad por la propia autoridad judicial (fe similar a la que se da respecto a documentos escritos) y se desahogará por sí mismo. En este punto debe señalarse que no es óbice a lo anterior el que se requiera de equipo electrónico para acceder a la información contenida en el disco remitido por la autoridad judicial pues, como se indicó líneas anteriores, la difusión y popularización de las nuevas tecnologías es tal que actualmente es posible reproducir el contenido de un disco versátil digital en cualquier computadora, equipo que, en este momento, es el instrumento personal de trabajo más usual en cualquier órgano jurisdiccional federal, de manera que así como cualquier actuario, secretario o titular puede acceder a la información escrita plasmada en un expediente soportado en papel, lo mismo sucede con la videograbación almacenada en un disco versátil digital. Por tanto, si la videograbación de una audiencia contenida en un disco versátil digital (u otro soporte equivalente) es un documento que forma parte de las constancias que integran el procedimiento generador del acto reclamado, para efectos del juicio de amparo ese medio de convicción se desahoga por sí mismo, siendo, por tanto, innecesaria la celebración de la audiencia a la que se refiere la tesis invocada por la recurrente, ya que para dar certeza jurídica a las partes, en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, bastará con darles vista con el contenido del informe justificado (el cual, lógicamente, engloba la videograbación), y si así lo estiman necesario, podrán consultar la información contenida en el disco en el órgano jurisdiccional, tal y como actualmente se hace con la información contenida en el papel. Asimismo, y para el caso de que la información almacenada en el disco esté incompleta o se refiera a actuaciones distintas al acto reclamado, dada la vista otorgada a las partes, las mismas podrán hacerlo del conocimiento del Juez de amparo, o bien, cuando éste lo advierta, al examinar el contenido del disco habrá de actuar en términos del artículo 78, párrafo tercero, de la ley de la materia, debiendo recabar oficiosamente la prueba correcta. Por lo mismo, resulta también innecesaria la constancia escrita que, conforme a la multicitada tesis aislada, habría de generarse como producto de la pretendida audiencia de reproducción (con las consideraciones vertidas por el Juez responsable para dictar el acto reclamado, así como los aspectos fundamentales de la audiencia), la cual, lejos de tender a dar certeza a las partes y permitir el estudio de la legalidad del acto de autoridad combatido, a raíz de las limitaciones del lenguaje escrito, aparejaría resultados completamente opuestos, toda vez que no es posible que a través del mismo puedan sintetizarse en forma fiable los distintos tipos de información que el audio y el video sí alcanzan a registrar (lenguaje corporal, matices en el acto de la comunicación, reacciones, emociones, etcétera), cuyo uso pretende situar a los órganos superiores en la forma más fidedigna posible dentro de lo acontecido en la audiencia; ello en armonía con el principio de inmediación. De tal forma, el resumen pretendido simplemente constituiría una versión degradada de la información contenida en el documento que registra con la mayor fidelidad el acto jurisdiccional combatido, siendo, por ende, incorrecto que se pretenda resolver con vista en esa constancia escrita, en lugar del documento que de origen capta mejor que cualquier otro lo sucedido en la audiencia de la que emana el acto reclamado. ..."

De las consideraciones transcritas derivó el criterio aislado que contiene los datos de identificación, rubro y texto siguientes:

"Décima Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012

"Materias: penal, común

"Tesis: VI.2o.P.7 P (10a.)

"Página: 1585

"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN SOPORTE MATERIAL COMO LO ES UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO SE REQUIERE DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL DE REPRODUCCIÓN SI SON REMITIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME. Como en los citados procedimientos se requiere que las audiencias queden registradas en audio y video, los órganos jurisdiccionales están almacenando esos datos en soportes materiales apropiados para ello, los cuales integran las constancias con plena validez y eficacia legal. Así, cuando la autoridad judicial señalada como responsable remite como justificación de su informe la videograbación de la audiencia correspondiente contenida en un disco versátil digital, lo que hace es adjuntar el registro idóneo de esa actuación procesal, la cual para efectos del juicio de amparo constituye una documental que se desahoga por sí misma, pues aun cuando se requiere de equipo electrónico para acceder a la información contenida en el disco, la difusión y popularización de las nuevas tecnologías es tal que actualmente es posible reproducir el contenido de un disco óptico (o so

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24557-0a0d0f02/videograbaciones-de-audiencias-celebradas-en-procedimientos-penales-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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