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DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE CONTIENEN LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. A LA LUZ DE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCESO PENAL DE ESTA NATURALEZA, TIENEN EL CARÁCTER DE UNA PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, POR LO QUE AUN CUANDO CAREZCAN DEL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, NO DEBE PONERSE EN DUDA SU CONTENIDO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 292/2018. · Registro digital (IUS): 28822
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-07-05
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Pág. 1945.

AMPARO EN REVISIÓN 292/2018. 7 DE DICIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARMANDO MATA MORALES. SECRETARIA: MATILDE GARAY SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Los agravios hechos valer por la recurrente son fundados.

Antes de continuar, se estima pertinente dejar establecido que el análisis de la resolución recurrida se efectuará a la luz de los motivos de inconformidad que vierte el recurrente, agente del Ministerio Público adscrito al Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito –órgano técnico perito en derecho–, en virtud de que, en términos del artículo 79, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, tratándose de la materia penal, sólo se encuentra contemplada la facultad de suplir la deficiencia de la queja en favor del inculpado y de la víctima o el ofendido; además de que tampoco se está en los supuestos que prevé dicho numeral, en sus fracciones I y II.

Resulta de puntual aplicación la jurisprudencia número XI.2o. J/19, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que este tribunal comparte, consultable en la página 1622, Tomo XIV, diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN EN MATERIA PENAL, LÍMITES EN LA.—La revisión en materia penal, cuando el recurrente lo sea el Ministerio Público, no somete al superior más que a los hechos apreciados en la primera instancia, y dentro de los límites marcados por la expresión de agravios; de lo contrario, se convertiría en una revisión de oficio en cuanto a los puntos no recurridos, lo cual infringiría lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, que reserva de manera exclusiva al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos."

Ahora bien, del análisis de la sentencia recurrida, se advierte que la autoridad de amparo concedió al quejoso ********** el amparo solicitado respecto del acto reclamado, que hizo consistir en la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en los autos del toca penal número **********, mediante la cual revocó el auto de no vinculación a proceso de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, pronunciado por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (actuando como Jueza de control), en la causa penal **********, seguida contra el impetrante por el hecho señalado por la ley como delito de robo en la modalidad de posesión ilícita de hidrocarburo, previsto en el artículo 9, fracción II, y sancionado por el inciso a) del referido numeral de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos y, en su lugar, –dicha responsable– resolvió dictar auto de vinculación a proceso, atento a las siguientes consideraciones:

• Conforme a una interpretación sistemática de los preceptos 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los actos contenidos en registros informáticos, tales como las audiencias de juicio oral que presiden los Jueces y Magistrados del sistema de justicia penal acusatorio requieren, para su validez, de la certificación de su contenido, realizada por los titulares de dichos órganos.

• De acuerdo con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las videograbaciones en los procedimientos penales de corte acusatorio, contenidas en los discos electrónicos, tienen la naturaleza de prueba documental pública; sin embargo, –asevera la autoridad de amparo–, para que dichos hechos o actos jurídicos consignados en los medios digitales puedan alcanzar plena eficacia legal, requieren que sean expedidos y certificados por las autoridades señaladas como responsables, en ejercicio de sus funciones, para adquirir valor probatorio, al ser estos requisitos indispensables para que puedan ser justipreciados como tales en la instancia de alzada o constitucional, pues de otra manera se carecería de certeza jurídica en torno al origen y confiabilidad de los registros digitales de videograbación que se contienen en el disco versátil digital (DVD), remitidos por la autoridad responsable, pues la circunstancia de que aquella probanza adquiera el carácter de prueba documental lato sensu, no implica desconocer los mecanismos implementados para otorgar seguridad y plena certeza de que corresponden a las actuaciones del juicio penal de origen.

• Para que estén garantizados los derechos fundamentales a un debido proceso, atendiendo a lo que disponen los artículos 1o., 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el tribunal de segunda instancia, al conocer del recurso de apelación interpuesto contra la resolución de no vinculación a proceso, deberá tener a la vista las constancias relativas a las audiencias de control de la detención, de vinculación a proceso y de medidas cautelares, contenidas en las videograbaciones debidamente certificadas, pues sólo así se estará en posibilidad de analizar de manera oficiosa, si existió alguna violación procesal que hubiese afectado los derechos de alguna de las partes y trascendido al sentido de la resolución y, de tener la certeza de que las audiencias contenidas en dichos discos acontecieron de la forma en que se advierte de su reproducción.

• De manera que si las actuaciones que se valoran carecen de certificación pública expedida por los funcionarios legalmente autorizados (Jueces y Magistrados), y las diligencias adolecen de los requisitos que les dan certeza, ello debe ser impedimento para que un órgano jurisdiccional emita un pronunciamiento en torno a la controversia sometida a su consideración, porque se estaría legitimando el dictado de sentencias o determinaciones carentes de sustento legal.

• En la especie, la autoridad responsable emitió la resolución que constituye el acto reclamado, tomando en consideración el disco óptico que contiene la audiencia de no vinculación a proceso apelada y las demás constancias remitidas para su sustanciación; sin embargo, el disco de referencia, que si bien contiene la gráfica del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura Federal, además de la leyenda que refiere que es una copia autorizada con validez y eficiencia en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, carece del sello y la firma original del Juez de control o de quien esté facultado para tal efecto, por lo que si se carece de ello, sello y firma, es evidente que el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla no remitió el disco versátil debidamente certificado de la audiencia antes mencionada, a efecto de resolver el recurso planteado.

• Así entonces, tal disco carece de valor probatorio alguno, al no estar certificado en términos de los numerales 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que origina que no reúna el requisito indispensable para justipreciarlo como documental pública, expedida por autoridades competentes en ejercicio de sus funciones; lo que de suyo hace que la sentencia recurrida se sustentara en probanzas carentes de mérito (sic). Invoca como sustento de sus consideraciones, la jurisprudencia II.1o. J/6 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, página 2724 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de junio de 2018 a las 10:07 horas», de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."

• Además, si bien en el disco versátil digital se aprecia que se identificó el Juez de control al que correspondían, la causa penal en la que se generó, el hecho delictuoso, el nombre del imputado, así como el tipo y fecha de la audiencia desahogada; sin embargo, se advierte que la autoridad jurisdiccional no dio fe de su existencia, mediante el sello y la firma autógrafa correspondientes.

• Así entonces, el Tribunal Unitario responsable, al resolver el recurso de apelación, no pudo otorgar plena eficacia probatoria a la videograbación que le fue remitida, puesto que adolece del sello y la firma autógrafa del Juez de control de origen; sin que sea obstáculo el hecho de que consten en autos las actas que, como registro escrito, se hicieron de las audiencias que fueron documentadas en el "DVD", pues ello no es suficiente para subsanar la omisión formal en el disco, debido a que son insuficientes para corroborar si, en el caso, las diligencias se verificaron bajo las exigencias previstas en la ley, lo que sólo puede advertirse de la reproducción de los documentos digitales auténticos. Invoca como fundamento, la tesis «XIII.P.A. 22 P (10a.)», emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 3546, del Libro 52, Tomo IV, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a marzo de 2018, con número de registro digital: 2016407 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de marzo de 2018 a las 10:12 horas», de título y subtítulo: "SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE CORTE ACUSATORIO. SI AL REVISAR LA QUE FUE MATERIA DE ESTUDIO POR LA SALA DE CASACIÓN, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE NO SE EMITIÓ ORALMENTE EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE, SINO SÓLO POR ESCRITO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ABROGADA).", y la diversa emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 2360, del Libro 39, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 2017 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de febrero de 2017 a las 10:19 horas», de título y subtítulo: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INCONGRUENTE SI AL DICTARLA EL JUEZ DE DISTRITO SE APOYA EN LA VERSIÓN ESCRITA DEL ACTO EMITIDO ORALMENTE EN LAS AUDIENCIAS DICTADAS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL, SIN ANALIZAR LA VIDEOGRABACIÓN QUE LO CONTIENE."

Y, procedió a otorgar la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la responsable:

"a) Deje insubsistente la resolución emitida el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en el toca penal **********.

"b) Recabe de manera oficiosa la videograbación debidamente certificada (con sello y firma), correspondiente a las audiencias inicial y de vinculación a proceso, relativas a la causa penal **********, del índice del Centro del Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en términos de los artículos 61, 70 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

"c) Emita una nueva sentencia con base en el registro de videograbación debidamente certificado (con sello y firma), correspondiente a la audiencia inicial y de vinculación a proceso, relativa a la causa penal **********, del índice del Centro del Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, materia del recurso de apelación, y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda.

"d) Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsable denominada Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en virtud de que se reclaman en vía de consecuencia y no por vicios propios."

Ahora bien, en relación con lo anterior, el Ministerio Público recurrente hace valer los siguientes agravios:

La autoridad de amparo señala que el disco electrónico de la videograbación de la audiencia es de naturaleza jurídica una prueba documental y, por ello, debió ser expedido y certificado por la autoridad correspondiente, pues de otra manera carece de certeza jurídica en torno al origen y confiabilidad de los registros digitales de videograbación que se contienen en el disco versátil digital (DVD); sin embargo, la autoridad de amparo se encuentra en un error, puesto que:

• El Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, al emitir la resolución reclamada, lo hizo en estricto apego a derecho, puesto que el Juez de Distrito remitió los registros de la causa penal de origen al tribunal de alzada, entre ellos, el disco versátil digital, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios de Sexto Circuito, lo cual se hizo a través de un oficio que cumplió con todas las formalidades que se requieren, pues éste tiene firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente, por lo que no debe dudarse de la veracidad del contenido del disco que anexó el Juez de primera instancia, ya que las comunicaciones y trámite se hicieron a través de las oficinas correspondientes y pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, sin que participara algún intermediario que tenga interés en manipular el disco versátil digital para conducir al error al Magistrado de alzada, como se establece en el artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las videograbaciones que sean examinadas por otros órganos estarán bajo resguardo del Poder Judicial de la Federación.

• De la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictada del toca penal **********, en el considerando sexto se dijo lo siguiente: "SEXTO. Una vez analizado el disco óptico continente de la audiencia de no vinculación a proceso apelada y las demás constancias remitidas para substanciar la alzada". De lo que se desprende que el Magistrado responsable sí corroboró el contenido del disco versátil digital (DVD), constatando que corresponde a la audiencia apelada, y a las partes de la causa penal **********, tal como se aprecia en el anverso del disco (datos de identificación), éste contiene la gráfica del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, de Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura Federal, además de la leyenda que refiere que es una copia autorizada con validez y eficiencia, en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que también genera una presunción, pues sólo el Poder Judicial es quien emite un disco versátil digital con esas características.

• En la especie, no resulta aplicable el artículo 70 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sólo habla de resoluciones y, el caso que nos ocupa, es la videograbación contenida en un disco DVD, y en relación con la aplicación del artículo 71 del código referido, habla de copia auténtica con certificación, pero señala que cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo por el órgano jurisdiccional, se hará constar a través del medio o forma más adecuada, de acuerdo con el propio sistema utilizado, es decir, es factible la forma en que se encuentra el disco, pues con los datos que ostenta, sí se genera certeza jurídica.

• El Magistrado de amparo cae en un excesivo formalismo, al considerar que sólo existe certeza jurídica cuando el disco versátil digital contenga la firma y sello de la autoridad correspondiente, pues pareciera que nos encontramos en el sistema penal tradicional; sin embargo, dicha certeza se da desde el momento mismo en que es anexado a los registros de la causa penal, así también cuando es reproducido y se constata que la audiencia correspondiente la que fue impugnada por las partes, es decir, esto aconteció cuando el Magistrado de alzada observó el contenido del disco y confirmó que sí corresponde al caso que nos ocupa y, por ello, pudo resolver el asunto.

• En relación con la jurisprudencia invocada por la autoridad de amparo, de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DELPROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.", la misma va en contra de la naturaleza del sistema penal acusatorio, dado que la agilidad con la que se resuelven los asuntos se ve interrumpida al ordenar una reposición del procedimiento aludiendo un absurdo formalismo en perjuicio de los propios imputados, pues en el caso, el tribunal de alzada sí constató que el contenido del disco corresponde a la resolución impugnada, consecuentemente no existe violación al procedimiento.

• A manera de analogía, de ser así, las notificaciones realizadas por correo electrónico carecerían de legal validez, pues no cuentan con sello y firma de la autoridad correspondiente; sin embargo, son legales, pues se emplea la tecnología para agilizar su realización; además, con base en el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. O sea, no resulta obligatorio para este circuito, sino únicamente para el segundo; de ahí que no se debe aplicar en el caso que nos ocupa.

• Finalmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 81, fracción XXXV, establece como una atribución del Consejo de la Judicatura Federal fijar las bases de información estadísticas que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial de la Federación, por ello existe un Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE), que es una herramienta con el objetivo de sistematizar la información generada por los órganos jurisdiccionales, es decir, en dicho sistema se reflejan las actuaciones de los juzgados y tribunales, en donde bien se pueden observar las audiencias que fueron videograbadas y se pueden compartir con el órgano jurisdiccional de alzada para que examine la resolución impugnada con la intención de agilizar el trámite; pero, en dicho sistema no se podrá estampar un sello y una firma física, pues se trata de un softwar (sic); de ahí que resulte totalmente inaplicable el criterio de la aludida jurisprudencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito.

Los motivos de inconformidad, que se sintetizan en los párrafos precedentes, devienen sustancialmente fundados, ya que contienen la causa de pedir, lo cual resulta suficiente para proceder a su análisis(10), y dada la íntima relación que guardan, se analizan de manera conjunta.

En efecto, en primer lugar debe decirse que asiste razón al Ministerio Público recurrente al aseverar que es incorrecta la consideración de la autoridad de amparo en el sentido de estimar que sólo existe certeza jurídica en torno al origen y confiabilidad de los registros digitales de videograbación que se contienen en el disco versátil digital que remite la autoridad respectiva, cuando en dicho disco se contengan la firma y sello de dicha autoridad.

Cierto, como se anotó en párrafos precedentes, la autoridad de amparo, en esencia, concedió la protección constitucional a la parte quejosa, al estimar que los discos que tuvo a la vista el Magistrado responsable al resolver el recurso de apelación del cual derivó el acto reclamado, carecen de eficacia jurídica, al no contar con el sello y la firma del Juez de control –o del facultado para tal efecto–, puesto que esta última es, en términos de lo establecido por el artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el requisito necesario para estimar válida la certificación respectiva y, por ende, otorgar al disco compacto de que se habla, el valor de documental pública; de manera que al carecer de eficacia jurídica el disco versátil digital, la resolución que constituye el acto reclamado es violatoria de derechos fundamentales, puesto que de suyo ello implica que tal determinación se dictó tomando en consideración sólo la versión escrita de la resolución apelada, lo que es ilegal, en virtud de que el procedimiento del que deriva el acto reclamado es acusatorio y oral.

Ahora bien, a efecto de poner de manifiesto lo incorrecto de la determinación de la autoridad de amparo, se precisa aludir a las consideraciones a las que arribó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, de la que emergió la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."

Y, así entonces, estableció que una audiencia/diligencia almacenada en un soporte material como lo es un disco versátil digital (DVD):

a) A la luz de la tramitación de un proceso penal de corte acusatorio, detenta la naturaleza jurídica de una prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio, es decir, tales herramientas electromagnéticas sólo constituyen piezas o actuaciones procesales empleadas por los juzgadores para dejar constancia de la actividad jurisdiccional desplegada en los asuntos de su conocimiento.

Determinando al efecto, textualmente:

"Consecuentemente, las diligencias o actuaciones desahogadas en un proceso penal de corte acusatorio que son videograbadas y posteriormente almacenadas en formatos digitales (DVD), son constitutivas de verdaderas pruebas instrumentales públicas de actuaciones aptas para acreditar la existencia de un acto procesal y que, además, otorgan algún grado de convicción al juzgador, por tanto, válidamente forman parte del proceso al cual se encuentran asociadas.

"De esta forma, resulta válido concluir que respecto al primer punto de derecho que motivó la intervención de este Alto Tribunal, que la naturaleza jurídica procesal de las videograbaciones de audiencias orales en el seno de un procedimiento acusatorio y oral –mismas que se reitera, son almacenadas y preservadas en un registro o soporte electrónico– es la de una prueba instrumental de actuaciones. Lo anterior, se insiste, toda vez que las audiencias videograbadas, no obstante estar soportadas en medios digitales, su contenido hace patente la realización de un acto jurídico procesal, mismas que, además, técnicamente son susceptibles de llevar convicción al juzgador respecto de su eficacia o alcance jurídico..."

b) En tratándose de la tramitación de un juicio de amparo, cuando el disco versátil digital en el que se contiene la audiencia videograbada fuese remitido por la autoridad responsable, como anexo o sustento de su informe justificado, su naturaleza jurídica –de dicho disco– será de una prueba documental pública.

Al respecto se lee:

"...Por tanto, debe considerarse que la naturaleza jurídica procesal de las constancias o diligencias que eventualmente fuesen remitidas al Juez de control constitucional como anexo o complemento de su informe justificado –se reitera, tendentes a acreditar la existencia y constitucionalidad de sus actos reclamados– detenta la naturaleza jurídica de una prueba documental pública, en tanto que esa categoría le es reconocida por la ley y la jurisprudencia a aquellos escritos que consignan hechos o actos jurídicos, realizados y expedidos por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones..."

Así entonces, para la resolución del presente asunto, lo que importa es la naturaleza jurídica procesal de una audiencia/diligencia almacenada en un soporte material como lo es un disco versátil digital (DVD), visto a la luz de la tramitación de un proceso penal de corte acusatorio, es decir, como una instrumental de actuaciones.

Y, en la especie, el disco de que se viene hablando (que la autoridad responsable tuvo a la vista para emitir la resolución reclamada –al respecto estableció: "...SEXTO. Una vez analizado el disco óptico continente de la audiencia de no vinculación a proceso apelada y las demás constancias remitidas para sustanciar la alzada..."), indudablemente tiene ese carácter, puesto que en él se contiene el registro de la audiencia de no vinculación a proceso que el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario de Circuito analizó al emitir el acto reclamado; registro que se efectuó en términos de lo establecido por el artículo 61(11) del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que, contrario a lo sostenido por el órgano de amparo, no requiere para su validez de sello y firma, pues la certeza de su contenido, como lo sostiene el Ministerio Público recurrente, se pone de manifiesto ante el hecho de que dicho disco fue remitido al tribunal de apelación –responsable– por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios de Circuito, a través de un oficio que cumplió con las formalidades, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora –asistente de despacho judicial, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla–, así como el sello correspondiente; documento en el que se establece, entre otras cosas, que se remite "disco óptico que contiene la audiencia de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete". Lo anterior, en efecto, da certeza en cuanto a que el contenido del disco versátil de que se viene hablando, corresponde a la audiencia de no vinculación a proceso de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, puesto que en efecto, quien remitió al tribunal de alzada dicho disco fue una autoridad del Poder Judicial de la Federación –a quien corresponde el resguardo del mismo– y lo hizo por conducto de las oficinas que pertenecen, precisamente, al Poder Judicial de la Federación; de ahí entonces que no sea válido poner en duda su contenido; máxime cuando, como lo sostiene el Ministerio Público, el propio Magistrado responsable a quien correspondió resolver el recurso de apelación, corroboró que la diligencia apelada en efecto se encontraba registrada en el DVD multicitado.

No se soslaya que la autoridad de amparo invoca como sustento de su consideración la jurisprudencia «II.1o. J/6 (10a.)», sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."; sin embargo, la misma es inaplicable, puesto que en ella se hace pronunciamiento en relación al valor que tienen los citados discos dentro del procedimiento de amparo y, en la especie, como se anotó, se establece la eficacia de éstos dentro del procedimiento penal de origen.

Así las cosas, como acertadamente lo hace valer el Ministerio Público recurrente, fue incorrecto que la autoridad de amparo hubiese otorgado la protección constitucional al quejoso, bajo el argumento de que el disco que tuvo a la vista la autoridad responsable al resolver el recurso de apelación del que derivó la resolución apelada carece de eficacia jurídica, al no contar con el sello y la firma del Juez de control –o del facultado para realizar la certificación respectiva–, por lo que este órgano colegiado, con fundamento en lo establecido por el artículo 93, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede analizar los conceptos de violación que hizo valer el quejoso ********** en contra del acto que al efecto reclamó, cuyo estudio omitió la autoridad de amparo y, para ello, se estima pertinente reproducir íntegramente dichos conceptos de violación, lo que se hace en el siguiente considerando.

SEXTO.—Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso ********** son del tenor literal siguiente:

"VII. Concepto de violación: Primero. Se conculcaron en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y certeza jurídica, pues el Magistrado responsable estima fundados los agravios formulados por la representación social, de los cuales no se advierten los argumentos encaminados a desvirtuar las razones que emitió la Jueza de control para emitir el auto de no vinculación proceso, pues el Ministerio Público de la Federación se limitó a establecer datos que no eran relevantes ni determinantes para revocar el auto de no vinculación a proceso, lo que generó una violación a las garantías del quejoso, ello porque en el acto reclamado se determinó: (lo reproduce). La resolución que por esta vía se combate resulta violatoria de la garantía de legalidad, ya que no debió revocarse la resolución recurrida por el Minister

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28822-28ca4404/discos-versatiles-digitales-dvd-s-que-contienen-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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