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VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 158/2017. · Registro digital (IUS): 27869
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-06-01
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Pág. 2710.

AMPARO EN REVISIÓN 158/2017. 13 DE JULIO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VICTORINO HERNÁNDEZ INFANTE. SECRETARIA: GEORGINA ISABEL LAGUNES LEANO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Estudio del asunto.

54. Este Tribunal Colegiado en suplencia de la queja, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79, fracción III, inciso a), penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, advierte que la Juez de Distrito soslayó que la Sala responsable, al emitir la sentencia reclamada, en la que modificó el auto de vinculación a proceso dictado en la carpeta administrativa **********, contra el aquí recurrente, por su probable participación en la comisión del hecho delictuoso de violación equiparada con complementación típica y punibilidad autónoma, en agravio de la menor de edad de identidad reservada de iniciales **********, trastocó los derechos humanos fundamentales de éste, lo cual se estima suficiente para revocar la resolución recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, en atención a los argumentos que a continuación se exponen.

55. En efecto, la Juez de Distrito inadvirtió que existe una violación a los derechos humanos del quejoso, pues la Sala responsable determinó modificar el auto de vinculación a proceso dictado en la carpeta administrativa **********, imponiéndose de discos compactos que contienen videograbaciones de las audiencias de solicitud de orden de aprehensión, audiencia para resolver dicha orden de aprehensión, audiencia de formulación de imputación, de prórroga de plazo constitucional y continuación de ésta con vinculación, que carecen de la certificación a que aduce el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, por parte del Juez de control y que, por ende, no pueden tener valor probatorio alguno, tal como se explicará con posterioridad.

56. Lo anterior conlleva que se deba revocar la sentencia recurrida terminada de engrosar el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, pues la transgresión antes citada, es motivo suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.

57. Con base en lo expuesto anteriormente y bajo la regla de suplencia de la queja anunciada, se encuentra un motivo para conceder el amparo al quejoso (para efectos), por lo que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, procede este Tribunal Colegiado a dictar la sentencia protectora.

58. Dicho lo anterior, se reasume jurisdicción y se procede al estudio de la transgresión de los derechos humanos del quejoso.

59. Para ello, es necesario señalar que a partir de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo cual, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas, en los términos que lo establezcan las leyes.

60. Luego, el precepto 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que nadie podrá ser privado de la libertad, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

61. De acuerdo con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas formalidades del proceso, se traducen en:

i) Que se notifiquen el inicio del procedimiento y sus consecuencias;

ii) Que se le dé oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa;

iii) La de alegar;

iv) Emitir una sentencia en que se diriman las cuestiones debatidas; y,

v) Que la sentencia o resolución sea impugnable por los medios ordinarios que la ley prevea.

62. Es aplicable la jurisprudencia identificada con el número P./J. 47/1995, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento treinta y tres, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.—La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

63. Así como la diversa tesis identificada con el número 1a. LXXVI, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos noventa y nueve, Tomo XXII, agosto de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.—De los artículos 14, segundo párrafo; 17, segundo párrafo y 107, fracción III, inciso a), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que constituye una formalidad esencial del procedimiento el hecho de que sea impugnable un acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses o derechos de una de las partes. En efecto, si los citados artículos 14 y 17 obligan, respectivamente, a que en los juicios seguidos ante los tribunales se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y a que la justicia se imparta de manera completa e imparcial, y por su parte el aludido artículo 107 presupone la existencia de medios impugnativos en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio mediante los cuales se nulifiquen, revoquen o modifiquen, es evidente que dentro de dichas formalidades están comprendidos los medios ordinarios de impugnación por virtud de los cuales se obtiene justicia completa e imparcial."

64. De igual forma, el numeral 20 de la Carta Magna, en su texto actual y aplicable al particular, establece que todo proceso penal deberá ser acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

65. En el mencionado artículo constitucional, como principios generales del proceso, se prevén, entre otros, que toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez; que el juicio se celebrará ante uno que no haya conocido del caso previamente; que la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y que éstos también deberán ser observados en las audiencias preliminares a juicio.

66. Algunos de los derechos de la persona imputada, reconocidos en la Ley Suprema, consisten en que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndole el tiempo necesario y auxiliándolo para obtener su comparecencia; a tener una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente y deberá asistir a todos los actos del proceso, cuantas veces sea requerido.

67. Debe acotarse que, se ha sostenido que cuando se impugna en amparo un acto derivado de un procedimiento penal acusatorio, su análisis debe verificarse con base en la resolución emitida de manera oral, en lugar de la constancia escrita, pues no obstante que por mandato del artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad que implique una molestia o afectación a los derechos de los justiciables debe constar por escrito, de ello no se sigue que las consideraciones plasmadas en la constancia impresa de una resolución pronunciada en el aludido proceso acusatorio, pueda rebasar lo que no se dijo de manera verbal al momento de su emisión.

68. Por tanto, como se aprecia de la exposición de motivos que dio origen a la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, mediante la cual se implementó el proceso penal acusatorio, la oralidad es el instrumento que permite actualizar y dar eficacia a los principios del debido proceso, por lo que es en la audiencia donde se emita el acto de autoridad, en la que se contengan todos los argumentos que rijan dicho acto; de manera que no es factible que la resolución escrita complemente a la oral, pues como se expresó en el dictamen de reforma, un proceso no es público cuando sus actuaciones se desarrollan por escrito.

69. Lo anterior no significa que existan dos actos que puedan impugnarse mediante el juicio de amparo, sino que esas actuaciones (oral y escrita), constituyen un mismo acto de autoridad; sin embargo, la escrita tiene su origen en la audiencia respectiva y sólo constituye un registro de las consideraciones que en ella se expresaron verbalmente; de ahí que la que debe contener los motivos y fundamentos que sustenten el acto de autoridad, es la determinación pronunciada en la audiencia de manera oral.

70. En ese tenor, los juzgadores, al igual que las partes, se encuentran involucrados y constreñidos para dirimir en forma "oral" los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, debido a que es éste el instrumento de comunicación procesal que da vida a la naturaleza de las audiencias del sistema acusatorio, sin el cual, carecería de sentido que todas las partes estuvieran presentes; de modo tal que los juzgadores –lato sensu–, ya sea en primera o segunda instancia, tienen igual consigna de resolver todos los asuntos, exponiendo en forma fundada y motivada el sentido de las determinaciones, en cumplimiento a lo postulado en el artículo 16 de la Constitución Federal invocado, con el único propósito de que las partes, en un mismo acto procesal, conozcan las consideraciones y los fundamentos jurídicos que rigen el sentido de las determinaciones tomadas por los resolutores, que les permita preparar tanto los medios de impugnación ordinarios, previstos en la ley adjetiva penal, como los extraordinarios contemplados en la Ley de Amparo.

71. Además que la oralidad que se verifica en las audiencias, no constituye un mero requisito formal para sostener la legalidad de las audiencias o de las resoluciones emitidas en éstas, sino que viene a formar parte de un verdadero debido proceso, que les permite a los intervinientes imponerse de lo ahí resuelto, pero sobre todo, a comprender, en un lenguaje sencillo y claro, los motivos que dan sentido a las determinaciones tomadas por los juzgadores; de ahí que se privilegia en el estudio de las resoluciones combatidas en un procedimiento acusatorio, a las emitidas de manera verbal.

72. Lo anterior se corrobora, al tomar en consideración que la importancia del principio de la oralidad radica en que éste, a través de la preeminencia de la palabra como fuente de comunicación, representa transparencia y credibilidad en los sistemas de procuración e impartición de justicia, además de que posibilita el acercamiento del proceso y su desarrollo tanto al justiciable como a los sectores sociales interesados, generando con esto un efecto legitimador y causante de credibilidad en la conciencia de la sociedad.

73. Ahora bien, los artículos 40, 41, 421 y 423 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que se encuentran en el capítulo II, relativo a la "Apelación", establecen lo siguiente:

"Artículo 40. Cuando los actos de la policía, el Ministerio Público o el Juez deban hacerse constar, se registrarán en audio, video, fotografía o cualquier otro medio, que garantice su leal o fidedigna reproducción dejándose constancia de la hora, fecha y lugar de su realización.

"Tratándose de registros electrónicos emitidos por el Juez, este dará fe de los mismos certificando la autenticidad de ellos."

Registro de audiencias.

"Artículo 41. Las audiencias se registrarán en videograbación, audiograbación o cualquier medio apto para producir seguridad en las actuaciones e información que permitan garantizar su fidelidad, integridad, conservación, reproducción de su contenido y acceso a las mismas, a quienes de acuerdo a la ley tuvieren derecho a ello." (se destaca por su importancia).

"Artículo 421. Procederá la reposición del procedimiento cuando el tribunal de apelación advierta que hubo violación procesal, que haya afectado los derechos de alguna de las partes y que hubiere trascendido al sentido de la resolución."

"Artículo 423. La resolución que ordene la reposición del procedimiento determinará la causa y efectos de la misma, señalando las actuaciones que deban reponerse y, en su caso, las que queden insubsistentes.

"Tratándose de sentencias, la reposición se deberá limitar a las actuaciones de la audiencia intermedia y la de juicio."

74. Así, de una interpretación sistemática de los preceptos transcritos, en relación con los artículos 1o., 14 y 20 de la Constitución Federal, aludidos en párrafos anteriores, es factible concluir que el tribunal de alzada responsable, al conocer del recurso de apelación en contra de la negativa de la orden de aprehensión de una persona, de acuerdo con la exigencia que se contiene en el procedimiento de esta entidad, aplicable al caso, tiene el deber de analizar las audiencias de solicitud de orden de aprehensión, audiencia para resolver dicha orden de aprehensión, audiencia de formulación de imputación, de prórroga de plazo constitucional y continuación de ésta con vinculación, a través de las videograbaciones relativas en disco versátil digital debidamente certificado, para estar en aptitud de verificar si existió alguna violación procesal que haya afectado los derechos de alguna de las partes y que hubiera trascendido al sentido de la resolución; asimismo, para resolver el recurso interpuesto con base en constancias debidamente certificadas y que se tenga la certeza de que las audiencias contenidas en los discos versátiles, sean concordantes con lo sucedido en ellas.

75. Lo anterior, pues de la interpretación sistemática de los aludidos numerales 40 y 41 del código adjetivo penal de la entidad, se obtiene que las audiencias deben registrarse en videograbación, audiograbación o cualquier medio apto para producir seguridad en las actuaciones que se generen por el juzgador; y que éste, en tratándose de registros electrónicos emitidos por el juzgador, debe dar fe de los mismos, certificando la autenticidad de ellos.

76. De forma que, aun cuando la norma procesal secundaria no establezca detalladamente que las constancias consistentes en los aludidos discos versátiles digitales "DVD's", deben contar con el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expide, no podemos perder de vista que tales requisitos formales, constituyen signos gráficos que, conforme a la práctica de la litigación, han otorgado certeza a las partes procesales intervinientes, y que esto, se ha estimado, son los elementos que confieren legitimidad reconocida ampliamente por todos, por tratarse de documentos públicos que forman parte de un expediente judicial que contienen el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso que nos ocupa y, por ende, deben cumplir con esas exigencias para agotar los extremos de la autenticidad, fidelidad e integridad que reconoce la ley.

77. De igual manera, resulta pertinente precisar que por Acuerdo General del Consejo de la Judicatura del Estado de México, publicado el doce de octubre de dos mil nueve en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, se expidió el Manual General de Organización y Procedimientos Administrativos para los Órganos Jurisdiccionales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de México, en el cual, en lo que interesa, se establece lo siguiente:

"10. Objetivos y funciones del personal

"Juez coordinador

"Objetivo:

"Servir de enlace entre los Jueces adscritos al juzgado, con el administrador, con la presidencia del tribunal y con el Consejo de la Judicatura.

"Funciones:

"Ser el enlace adecuado entre los Jueces y la administración del juzgado;

"Coordinarse con el administrador del juzgado en las políticas generales para el óptimo funcionamiento del juzgado;

"Administrador.

"Objetivo:

"Planear, organizar, dirigir y controlar la gestión y funcionamiento administrativo de los órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar la operatividad del sistema procesal penal acusatorio y oral.

"Funciones:

"Dirigir las labores administrativas del órgano jurisdiccional;

"Supervisar el desempeño de los servidores públicos a su cargo;

"Llevar el manejo administrativo y la custodia de las salas de audiencias e instalaciones, a fin de que se encuentren en condiciones óptimas de uso;

"...

"IX. Controlar el manejo de registros de los asuntos tramitados en el juzgado o tribunal;

"X. Cotejar las actuaciones con sus reproducciones, para fidelidad de estos documentos;

"XI. Revisar físicamente los expedientes digitalizados de las causas;

"...

"XXIII. Verificar que las audiencias queden registradas en los medios instrumentados para tal efecto;

"...

"Supervisar que en cada audiencia se redacte el acta mínima correspondiente."

78. De lo anterior se advierte que en los procedimientos bajo la tutela del sistema penal acusatorio y oral, se cuenta con un Juez coordinador y administrador con ciertas facultades a fin de vigilar que el procedimiento penal se lleve de manera adecuada y bajo los lineamientos establecidos en la norma.

79. Dentro de las funciones del administrador, en lo que interesa, están las de controlar el manejo de registros de los asuntos tramitados en el juzgado o tribunal, cotejar las actuaciones con sus reproducciones, para fidelidad de estos documentos, verificar que las audiencias queden registradas en los medios instrumentados para tal efecto y supervisar que en cada audiencia se redacte el acta mínima correspondiente.

80. Asimismo, es importante destacar que la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), que resolvió la contradicción de tesis 455/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecisiete de abril de dos mil trece, establece:

"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del ‘expediente electrónico’, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el Juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."

81. De lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió que cuando alguna videograbación de audiencia oral y acusatoria se remite en disco electrónico (DVD), detenta la naturaleza jurídica de prueba documental pública, lato sensu; categoría que le es reconocida por la ley y la jurisprudencia a aquellos escritos que consignan hechos o actos jurídicos, realizados y expedidos por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones; para lo cual, requieren que sean expedidos y certificados por las autoridades señaladas como responsables, en ejercicio de sus funciones, al ser estos requisitos, indispensables para que puedan ser justipreciados como tales en la instancia constitucional.

82. Por los motivos expuestos y la normativa legal citada, se advierte que para que estén garantizados los derechos fundamentales a un debido proceso, atendiendo a lo que disponen los artículos 1o., 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 40, 421 y 423 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad federativa, el tribunal de alzada, al conocer del recurso de apelación interpuesto contra la resolución que modifica el auto de vinculación a proceso, debe tener a la vista las constancias relativas a las audiencias de solicitud de orden de aprehensión, audiencia para resolver dicha orden de aprehensión, audiencia de formulación de imputación, de prórroga de plazo constitucional y continuación de ésta, con vinculación, contenidas en las videograbaciones debidamente certificadas de éstas, pues sólo así se estaría en posibilidad de analizar de manera oficiosa, si existió alguna violación procesal, que hubiese afectado los derechos de alguna de las partes y trascendido al sentido de la resolución y de tener la certeza de que las audiencias contenidas en dichos discos acontecieron de la forma en que están.

83. Así, es factible concluir que el tribunal de apelación tiene la obligación de analizar de manera oficiosa las diligencias que dieron lugar al toca de apelación que resuelve, a través de las videograbaciones que en disco versátil digital certificado le sean remitidas, con la finalidad de comprobar si se observaron las aludidas formalidades, previo al acto privativo.

84. De manera que si las actuaciones que se valoran carecen de certificación pública expedida por los funcionarios legalmente autorizados, y las diligencias adolecen de los requisitos que le dan certeza, ello debe ser impedimento para que un órgano jurisdiccional emita un pronunciamiento en torno a la controversia sometida a consideración, porque se estaría legitimando el dictado de sentencias o determinaciones carentes de sustento legal.

85. Ahora bien, en el presente asunto, el acto reclamado en la demanda de amparo indirecto lo es la resolución dictada el once de agosto de dos mil dieciséis, en el toca de apelación 398/2016, por medio de la cual se modificó el auto de vinculación a proceso dictado en la carpeta administrativa **********, por el hecho delictuoso de violación equiparada con complementación típica y punibilidad autónoma, en agravio de la menor de edad de identidad reservada de iniciales **********, del índice del Juez de control de Chalco, Estado de México.

86. El tribunal de alzada responsable arribó a esa determinación, tomando en consideración cinco discos ópticos (DVD's) que le remitió dicho Juez de control, relativos a las diligencias celebradas en la carpeta administrativa **********, concernientes a la audiencia de solicitud de orden de aprehensión (disco 1), audiencia para continuar y resolver sobre orden de aprehensión (disco 2), audiencia para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión (disco 3), audiencia en la prórroga de plazo constitucional (disco 4), continuación de audiencia de prórroga de plazo constitucional, con vinculación (disco 5), y de éstos se advierte que carecen de la firma y sello (certificación).

87. Entonces, es evidente que el Juez de control de Chalco, Estado de México, no remitió los discos versátiles debidamente certificados de las audiencias antes mencionadas, a efecto de resolver el recurso planteado por el ahora quejoso.

88. Aunado a ello, de las subsecuentes actuaciones tampoco se observa que el tribunal responsable haya recabado tales discos para dotarlos de autenticidad con la firma y sello correspondientes, pues el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, admitió a trámite el medio de impugnación planteado y señaló día y hora para la celebración de la audiencia para resolver la apelación.

89. En la fecha establecida para tal efecto, llevó a cabo la diligencia programada, en la que dictó sentencia, que modificó la de primer grado; empero, en ningún momento requirió los discos versátiles digitales debidamente certificados.

90. En ese orden, se reitera, tales discos carecen de valor probatorio alguno, al no estar certificados en términos del segundo párrafo del arábigo 40 del Código de Procedimientos Penales vigente en esa data en la entidad, lo que origina que no reúnan los requisitos indispensables para justipreciarlos como documentales públicas, expedidas por autoridades competentes en ejercicio de sus funciones, lo que de suyo hace que la sentencia recurrida se sustentara en probanzas carentes de mérito.

91. Además, en ellos se aprecia que se identificó el tribunal al que correspondían, la carpeta administrativa en la que se generaron, el hecho delictuoso, el nombre del acusado, e incluso el del Juez de control, así como el tipo y fecha de audiencia desahogada; sin embargo, se advierte que la autoridad jurisdiccional no dio fe de su existencia, mediante la impresión de la certificación, sello y firma correspondiente, pese a estar así ordenado en el ordinal 40 del Código de Procedimientos Penales en la entidad, que dispone que tratándose de registros electrónicos emitidos por el Juez, éste dará fe de ellos certificando su autenticidad, por tanto, carecen de valor probatorio.

92. En suma, es evidente que la Sala responsable, al resolver el recurso de apelación, no tuvo a la vista las videograbaciones que le fueron remitidas relativas a la carpeta administrativa **********, los cuales se advierte que adolecen de la certificación, firma y sello.

93. Circunstancia que también acontece con el disco de segunda instancia, relativo a la audiencia para resolver sobre el recurso de apelación que dio origen al presente juicio de amparo, el cual, también tiene que cumplir con los requisitos formales para que la litis se encuentre debidamente integrada con apego a los lineamientos del debido proceso.

94. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que consten en autos las actas que como registro escrito se hicieron de las audiencias que fueron documentados en los "DVD" que sirvieron de sustento al dictado de la resolución controvertida y que ésta obre por escrito, pues ello no sería suficiente para subsanar la omisión formal en los discos, debido a que son insuficientes para corroborar si, en el caso, las diligencias se verificaron bajo las exigencias previstas en la ley, lo que sólo puede advertirse de la reproducción de los documentos digitales auténticos.

95. Aunado a ello, sólo a través de la videograbación respectiva, podrá verificarse si se cumplieron los principios del sistema de justicia actual establecidos a nivel constitucional, como son el de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

96. Debe decirse que en el particular, este Tribunal Colegiado se encuentra impedido de efectuar el análisis correspondiente, por no contar con las videograbaciones debidamente certificadas que debió haber tenido a la vista la ad quem; además, tampoco se encontraba en posibilidad de haberlas requerido, porque no las tuvo a la vista de esa forma al momento de emitir el acto reclamado, de modo tal, que de haberlas recabado oficiosamente, se contravendría lo establecido en el numeral 75 de ley de la materia, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la responsable; que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante ella; y que si bien, se pueden recabar oficiosamente las actuaciones necesarias para resolver el asunto, sólo es cuando hayan sido rendidas ante la emisora del acto reclamado.

97. En esa tesitura, ante lo fundado de lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27869-5c01b77a/videograbaciones-de-las-audiencias-en-el-sistema-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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