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VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA CONSTANCIA QUE OTORGUE SEGURIDAD JURÍDICA Y CERTEZA DEL CONTENIDO DE UN MEDIO ÓPTICO MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO DIGITAL SOBRE SU AUTENTICIDAD, DEPENDE DEL TIPO DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA POR LA CUAL SE OPTE O A LA CUAL SE TENGA ACCESO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 100/2018. · Registro digital (IUS): 28300
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-01-25
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Pág. 2712.

AMPARO DIRECTO 100/2018. 16 DE AGOSTO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. PONENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. SECRETARIO: GUSTAVO VALDOVINOS PÉREZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Análisis de constitucionalidad del acto reclamado.

I. Violaciones procesales.

Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 171 de la Ley de Amparo, en el primer amparo directo que promueva un justiciable en relación con un proceso penal, debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales planteadas y de aquellas que, en su caso, se adviertan en suplencia de la queja.

Este amparo directo es el primero que promueve la parte quejosa con motivo del juicio natural. Por tanto, a fin de evidenciar el cumplimiento de las aludidas normas, conviene destacar:

a) La parte quejosa no formuló conceptos de violación de carácter adjetivo o procesal.

b) La parte tercero interesada ********** promovió amparo directo adhesivo, pero no formuló conceptos de violación de carácter procesal.

c) En suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo,(7) se advierte la violación procesal que enseguida se resuelve.

I.1 Reposición del procedimiento.

Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que debe reponerse el procedimiento, toda vez que la Sala responsable del conocimiento resolvió con base en documentos (discos versátiles digitales DVD) que no se encuentran debidamente certificados y, por tanto, no tienen las características necesarias para generar certeza de las actuaciones que en ellos se contienen.

I. Principios y reglas del sistema de corte acusatorio. Con el propósito de establecer la irregularidad formal que se advierte en la determinación recurrida, se estima necesario mencionar que el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de once de diciembre de dos mil siete, que sirvió de base a la iniciativa con proyecto de decreto que reformó, entre otros, el artículo 20 de la Ley Suprema, en lo que interesa, señala que uno de los motivos que dieron origen al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, fue precisamente que la estructura del sistema tradicional mixto ya no cumplía con las expectativas de un procedimiento garantista que salvaguardara los derechos consagrados en la Constitución Federal.

En consecuencia, es que surgió la necesidad de implementar este nuevo esquema de justicia que pretende cumplir a cabalidad con un debido proceso, los principios de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad en las actuaciones del propio procedimiento penal, con los que se busca que la justicia sea más eficiente en la resolución de los conflictos sociales derivados de la comisión de delitos y que las soluciones se tomen siempre con la convicción de que sean respetados puntualmente los derechos fundamentales reconocidos a los gobernados en la Constitución.

Que para lograr tales objetivos, se propuso que el nuevo sistema de justicia penal sea desarrollado a través de la oralidad, como un instrumento insalvable que lleve a materializar todos aquellos principios reguladores del nuevo esquema de justicia, en el que el juzgador, a través de presidir las audiencias (inmediación), escuchando el debate que surja a partir de las pruebas y contrapruebas que se ofrezcan (contradicción), y de los alegatos que se formulen, pueda dirimir la controversia en forma oral, y haga saber a las partes en el momento mismo de la audiencia el sentido de la sentencia que emita al respecto.

La finalidad de la oralidad presupone abandonar el sistema de la formación de un expediente físico, para suplantarla por una metodología de audiencias en las que se hacen las peticiones y se exponen las consideraciones para dirimir las controversias de las partes. Del mismo modo, se señala que la forma de las audiencias implica que las decisiones judiciales, sobre todo si afectan derechos, se emitan frente a las partes, una vez que se les ha dado la oportunidad de contradecir las pruebas y de ser escuchadas las alegaciones que a cada interés correspondan, ya que la oralidad, como ya se apuntó, no es una característica exclusiva de la etapa de juicio oral, sino que permea a todo el procedimiento penal, incluidas las fases preparatorias del juicio mismo.

Bajo este contexto, la información que se genera en los procesos penales que se documenta y resguarda en discos versátiles digitales es de suma importancia, puesto que es en estos instrumentos en los que se contiene el desarrollo de las audiencias y, por consecuencia, el debate de las partes surgido a raíz del principio de contradicción y las consideraciones de los juzgadores contenidas en tales discos adquieren una relevancia sin precedente, por constituir documentos públicos que hacen las veces de las constancias escritas que regían durante el sistema procesal mixto, y que ahora no pueden ser suplantadas por versiones o actuaciones escriturales, que hoy día representan una derivación del flujo de información en audiencias emanado de los sujetos procesales intervinientes, que incluye al propio juzgador.

Así, para preservar el principio a un debido proceso y garantizar seguridad jurídica a los involucrados en la resolución de los asuntos, debe existir certeza en el contenido de las pruebas documentales públicas que se examinan, para estar en condiciones de sostener la constitucionalidad o no de un acto señalado como reclamado, de lo contrario, no puede afirmarse que existan elementos soporte para llegar a una conclusión de esta índole.

Para ello, se requiere otorgar certeza a las actuaciones que se analizan, puesto que partir de conjeturas, a raíz de la apreciación de actuaciones carentes de requisitos formales, como lo es el que las documentales no se encuentren debidamente certificadas, es decir, sin cumplir con otros requisitos de validez, tales como la falta de firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expide, el expediente de donde derivan, así como la audiencia y su fecha que se contiene en su registro, propician con mayor facilidad la emisión de decisiones sin sustento probatorio veraz, que vienen a restar legitimidad a las resoluciones que deben ajustarse al marco normativo que confiere sustento al Estado democrático de derecho.

Lo anterior es así, al no tener certeza jurídica suficiente en la fiabilidad de las actuaciones procesales contenidas en el medio electrónico remitido por la autoridad responsable; por tanto, se desconoce si se trata de una copia auténtica; aspectos que resultan necesarios para poder examinar y resolver la cuestión efectivamente planteada, por una parte, en la primera instancia del juicio de amparo indirecto y, por otra, en el recurso de revisión, con apego a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídicas, que deben imperar en todo proceso judicial, al margen de la materia de análisis en la contienda jurisdiccional de origen.

II. Nuevas tecnologías en el proceso judicial. Con las nuevas tecnologías de información electrónica, si bien se busca hacer viable la digitalización de las actuaciones y la utilización de medios electrónicos que optimicen el proceso, el juzgador debe ser muy cuidadoso en cumplir y hacer cumplir las exigencias legales que doten de fiabilidad a la información contenida y transmitida a través de esas tecnologías, en aras de validar su utilización en la resolución del proceso.

Así es porque, hoy por hoy, el legislador ha autorizado en el proceso judicial el uso de medios de información electrónica como instrumento de soporte de constancias de actuaciones y diligencias, en lugar de sólo la utilización del papel (documento tradicional), tal como se prevé en el artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación al caso:

"Artículo 61. Registro de las audiencias.

"Todas las audiencias previstas en este código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional.

"La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación."

Como puede advertirse, la normativa aplicable permite la utilización de medios electrónicos para videograbar actuaciones y audiencias en el proceso, siempre y cuando se tengan medidas que garanticen su fidelidad, integridad y conservación, como debe ser:

a) El conocimiento genuino del autor de la información.

b) La autenticidad de la información: origen y contenido.

c) Garantías sobre la integridad y no modificación de la información.

Lo que persigue el propósito de estas exigencias legales es evitar la validación de fugas, pérdidas o manipulaciones de información que atenten contra los principios fundamentales que rigen al proceso. Por lo que, para lograrlo, todo documento o actuación procesal contenida en medios tecnológicos debe estar certificada por el órgano jurisdiccional, de manera que se pueda conocer con certeza jurídica suficiente que se han colmado las exigencias legales previstas, con miras a estimar protegida la autenticidad e integridad de lo videograbado.

Actuaciones digitales que deben entenderse como instrumental de actuaciones, ya que son el conjunto de constancias que obran en el expediente de un procedimiento judicial. Esto es, la también denominada prueba instrumental pública de actuaciones se integra con las constancias que obran en el sumario, por lo cual, la misma es considerada como una prueba sui géneris tangible respecto de todo lo actuado durante la tramitación de un juicio.

De esta forma, si las citadas audiencias videograbadas en formatos digitales (DVD), en realidad, no son más que constancias audiovisuales del desahogo de las diligencias inherentes a un proceso penal de corte acusatorio; consecuentemente, tales herramientas electromagnéticas sólo constituyen piezas o actuaciones procesales empleadas por los juzgadores, para dejar constancia de la actividad jurisdiccional desplegada en los asuntos de su conocimiento.

Luego, tal como puede advertirse, los actos y diligencias propios de los procesos penales acusatorios que sean sometidos a la potestad decisora de sus Jueces penales –en los que privan los principios de la oralidad y la publicidad– deberán ser preferentemente preservados, entre otros medios, en formato digital o electrónico.

Lo anterior es así, ya que bajo este nuevo esquema de enjuiciamiento penal (acusatorio), las actuaciones judiciales comprenden todos los actos procesales documentados en un expediente electrónico del proceso, es decir, constancias fehacientes de los actos realizados en la secuela judicial almacenados (preservados) regularmente en medios electrónicos o digitales, como son los discos en formato DVD –ya que a través de esta tecnología, se pueden almacenar audio, texto, imagen y video. Se trata de un sistema que permite el completo desarrollo de las aplicaciones multimedia, con gran capacidad de almacenamiento–.

De ahí que se considere que la naturaleza jurídica de tales audiencias videograbadas, sea la de una prueba instrumental pública de actuaciones, se insiste, al tratarse de la simple fijación o registro en un expediente electrónico de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio.

Dicho en otras palabras, es evidente que desde una perspectiva netamente procesal, las constancias audiovisuales basadas en medios digitales o electrónicos, que son empleados por los juzgadores para dejar constancia del desahogo de determinadas audiencias en el seno de un proceso penal de tipo acusatorio, revisten el carácter de una prueba instrumental pública de actuaciones. Máxime, cuando llegado el momento procesal oportuno, los titulares de dichos órganos jurisdiccionales deberán acudir a los registros almacenados en dicho expediente electrónico, esto es, propiamente a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital o electrónico, para efectos de dictar sus respectivas sentencias.

Sobre el particular, debe decirse que aunque el soporte electrónico no puede integrar físicamente un expediente, debido a sus características inherentes, dentro del mismo, sí se contiene la grabación o fijación del desahogo de una audiencia esencial e integrante de un procedimiento penal de corte acusatorio, por lo cual, necesariamente, es parte de las actuaciones.

La única diferencia existente para con las diligencias o actuaciones soportadas en papel, radica única y exclusivamente en el hecho de que su almacenamiento y preservación se realizan mediante herramientas informáticas apropiadas (computadoras u ordenadores), a diferencia del tradicional papel; sin embargo, derivado de la naturaleza de la plataforma o sistema de preservación, las mismas no pierden su esencia jurídica.

Consecuentemente, las diligencias o actuaciones desahogadas en un proceso penal de corte acusatorio, que son videograbadas y, posteriormente, almacenadas en formatos digitales (DVD), son constitutivas de verdaderas pruebas instrumentales públicas de actuaciones, aptas para acreditar la existencia de un acto procesal, y que, además, otorgan algún grado de convicción al juzgador, por tanto, válidamente forman parte del proceso al cual se encuentran asociadas.

De esta forma, resulta válido establecer que la naturaleza jurídica procesal de las videograbaciones de audiencias orales, en el seno de un procedimiento acusatorio y oral –mismas que se reitera, son almacenadas y preservadas en un registro o soporte electrónico– es la de una prueba instrumental de actuaciones. Lo anterior, se insiste, toda vez que las audiencias videograbadas, no obstante estar soportadas en medios digitales, su contenido hace patente la realización de un acto jurídico procesal, mismas que, además, técnicamente son susceptibles de llevar convicción al juzgador respecto de su eficacia o alcance jurídico.

Ahora, aunado a las anteriores argumentaciones lógico-jurídicas, las cuales están dirigidas a justificar la naturaleza jurídica de las audiencias videograbadas en el seno de un procedimiento penal de corte acusatorio, debe decirse que tratándose de la tramitación de un juicio de amparo como el que aquí se revisa, en el cual, dichos medios electrónicos (discos versátiles digitales en los que se contienen audiencias videograbadas) remitidos por la autoridad responsable, tanto al Juez de Distrito en la primera instancia del juicio de amparo indirecto como prueba del acto reclamado, y en la segunda instancia del juicio como prueba de una causa de sobreseimiento ante este Tribunal Colegiado de Circuito, evidentemente que la naturaleza jurídica de dicha constancia será la de una prueba documental pública.

En ese sentido, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que la naturaleza jurídica de las audiencias videograbadas en el seno de un procedimiento, tratándose de la tramitación de un juicio de amparo, será de una prueba documental; además de que dichas videograbaciones deben estar certificadas al rendir su informe justificado, para así tener la certeza de su fiabilidad.

La ejecutoria de esa contradicción de tesis, puntualizó:

"Expuesto lo anterior, debe decirse que del análisis de las legislaciones procesales de los Estados de Oaxaca y Puebla –de las cuales emergió la presente antinomia jurídica– esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las audiencias videograbadas en un soporte material, como lo es un disco versátil digital (‘DVD’), detentan la naturaleza jurídica de una prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio.

"...

"De ahí que la Primera Sala de este Alto Tribunal considere que la naturaleza jurídica de tales audiencias videograbadas, sea la de una prueba instrumental pública de actuaciones, se insiste, al tratarse de la simple fijación o registro en un expediente electrónico de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio.

"Dicho en otras palabras, es evidente que desde una perspectiva netamente procesal, las constancias audiovisuales basadas en medios digitales o electrónicos que son empleados por los juzgadores para dejar constancia del desahogo de determinadas audiencias en el seno de un proceso penal de tipo acusatorio, revisten el carácter de una prueba instrumental pública de actuaciones.

"...

"Consecuentemente, las diligencias o actuaciones desahogadas en un proceso penal de corte acusatorio que son videograbadas y posteriormente almacenadas en formatos digitales (‘DVD’), son constitutivas de verdaderas pruebas instrumentales públicas de actuaciones aptas para acreditar la existencia de un acto procesal y que, además, otorgan algún grado de convicción al juzgador, por lo tanto, válidamente forman parte del proceso al cual se encuentran asociadas.

"...

"B) No obstante las anteriores argumentaciones lógico-jurídicas, las cuales, se reitera, están dirigidas a justificar la naturaleza jurídica de las audiencias videograbadas en el seno de un procedimiento penal de corte acusatorio, debe decirse que, en tratándose de la tramitación de un juicio de amparo, en el cual dicho medio electrónico (disco versátil digital en el que se contiene una audiencia videograbada) fuese remitido por la autoridad responsable como anexo o sustento de su informe justificado, evidentemente que la naturaleza jurídica de dicha constancia será la de una prueba documental pública.

"...

"Sobre este último punto en particular, es menester precisar que a las autoridades responsables les corresponde acreditar la legalidad de sus actos, ya que de conformidad con el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional, las autoridades tienen la obligación de fundar y motivar sus actos, para que el particular afectado conozca las causas que motivaron su decisión.

"...

"Por tanto, debe considerarse que la naturaleza jurídica procesal de las constancias o diligencias que eventualmente fuesen remitidas al Juez de Control constitucional como anexo o complemento de su informe justificado –se reitera, tendentes a acreditar la existencia y constitucionalidad de sus actos reclamados– detenta la naturaleza jurídica de una prueba documental pública, en tanto que esa categoría le es reconocida por la ley y la jurisprudencia a aquellos escritos que consignan hechos o actos jurídicos, realizados y expedidos por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones.

"Por tanto, para el supuesto de que alguna videograbación de audiencia oral y acusatoria fuese eventualmente remitida por parte del juzgador penal de instancia como complemento o anexo de su informe justificado, en el supuesto de que alguna de las partes intervinientes hubiera accionado el respectivo juicio de amparo indirecto; lógico y jurídico resulta que el disco electrónico (‘DVD’), que al efecto hubiera sido remitido ante el órgano de control constitucional, detenta la naturaleza jurídica de prueba documental pública lato sensu en dicha sede constitucional, al haber sido expedido y certificado por las autoridades señaladas como responsables, en ejercicio de sus funciones. Máxime que, conforme lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Amparo, la prueba nominada en mención, es admisible durante la tramitación del proceso constitucional autónomo de amparo."

Esas consideraciones forman parte de las que motivaron la emisión de la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.),(8) cuyos título, subtítulo y texto son:

"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del ‘expediente electrónico’, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el Juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."

Como puede verse, la Primera Sala del Máximo Tribunal estableció que, dentro del juicio de amparo las videograbaciones remitidas en vía de informe justificado por las autoridades señaladas como responsables, tendentes a acreditar la existencia o no del acto que se les reclama, tendrán naturaleza de una prueba documental pública lato sensu y, por tanto, deben ser certificadas.

III. Copia auténtica certificada (Código Nacional de Procedimientos Penales). Es menester precisar que del primer párrafo del artículo 20 constitucional(9) y de los numerales 4o., 44 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(10) se aprecia, en lo que interesa, que el proceso penal será acusatorio y las audiencias se desarrollarán de forma oral; debiendo constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras, las que resuelvan sobre providencias precautorias, las órdenes de aprehensión y comparecencia, la de control de detención, la de vinculación a proceso, así como las que versen sobre sentencias definitivas, las cuales, en ningún caso deberán exceder el alcance de la emitida oralmente.

Además, en este nuevo paradigma que implementó el sistema penal acusatorio, basado en el desahogo de las audiencias, éstas se encuentran sujetas a ciertas formalidades, entre las que se destaca la manera de su registro y cuando se trata de una copia auténtica del mismo, de acuerdo con el numeral 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece:

"Artículo 71. Copia auténtica.

"Se considera copia auténtica al documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto.

"Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de las sentencias o de otros actos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos. Para tal fin, el órgano jurisdiccional ordenará a quien tenga la copia entregarla, sin perjuicio del derecho de obtener otra en forma gratuita cuando así lo solicite. La reposición del original de la sentencia o de otros actos procesales también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos del juzgado.

"Cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos, magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo por el órgano jurisdiccional, se hará constar a través del medio o forma más adecuada, de acuerdo con el propio sistema utilizado."

De la interpretación del aludido numeral, se obtiene que las audiencias deben registrarse en cualquier medio apto que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional, para efecto del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento; además de que para que se trate de una copia auténtica de ese registro, debe estar certificada por la autoridad autorizada para ello.

Ello es así, pues la certificación judicial es el medio idóneo y eficaz para garantizar con certeza jurídica suficiente la confidencialidad e integridad de la información transmitida vía electrónica, que al mismo tiempo valida su fiabilidad y utilización como instrumento para la solución de la contienda.

Lo anterior, debido a que todas las videograbaciones de las actuaciones y audiencias de un procedimiento judicial, contenidas en archivos informáticos almacenados en discos digitales de audio y video, deben garantizar la autenticidad, fiabilidad, integridad y no modificación de su contenido para efectos de su utilización y validación jurídica en el proceso, a efecto de soportar la decisión jurisdiccional.

Ello, a fin de que las diligencias o actuaciones del proceso judicial ahí contenidas, den certeza y seguridad al juzgador de su contenido, y así dotar de grado de convicción al juzgador con miras a resolver y dar sustento a la solución de la contienda jurisdiccional sometida a su conocimiento, pues de lo contrario, de no advertirse la certificación de esas diligencias o actuaciones videograbadas, entonces no se pueden validar hasta en tanto no se certifiquen como parte genuina del procedimiento que debe servir como fiel sustento de la decisión jurisdiccional. Hasta en tanto no se colme esto último, dichas diligencias y actuaciones contenidas en medios electrónicos no podrán servir de sustento para la solución de la controversia jurisdiccional.

De lo que se desprende que para que un registro audiovisual (DVD) se considere una copia auténtica, en términos del artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere:

a) Se encuentre certificada; y,

b) Que dicha certificación sea realizada por la autoridad autorizada para ello.

Por lo que se refiere al primer aspecto, se menciona que aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales no establezca detalladamente los requisitos que debe contener una certificación cuando se trate de constancias consistentes en discos versátiles digitales (DVD); sin embargo, lo cierto es que de una interpretación sistemática de los artículos 44, 61, 67 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales –ya explicados–, en relación con los diversos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(11) se desprende que la certificación debe contar con la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expide, el expediente de donde deriva, así como la audiencia y su fecha que se contiene en su registro, ya que los registros audiovisuales contenidos en los discos versátiles digitales deben contener requisitos formales de los registros audiovisuales que constituyen signos gráficos que, conforme a la práctica de la litigación, otorguen certeza a las partes procesales intervinientes y que se estime que son los elementos que confieren legitimidad reconocida ampliamente por todos, por formar parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben cumplir con esas exigencias para agotar los extremos de la autenticidad que reconoce la ley.

Se estima así, pues la validez de la certificación de un registro audiovisual contenido en un disco DVD, depende de que en su texto se señalen los requisitos a través de los cuales se conozca al funcionario que la expidió, la identificación del expediente relativo, la carpeta de donde emana o en el que obra su registro; por lo que hace al primer presupuesto, al conocerse el nombre de la autoridad que la emite y otros datos que den a conocer su cargo, existe la posibilidad de que se puedan objetar las facultades que se atribuye en ese tipo de actos o la falsedad de los datos que en él se consignan y, el segundo requisito es imprescindible, en atención a que si la copia auténtica establece la presunción de la existencia de los registros de donde provienen, entonces, en la certificación se deben anotar las características que identifiquen el expediente, carpeta de donde emane o donde obre su registro, como son el número, audiencia u otros datos que lo particularicen; de ahí que la certificación que carezca de esos requisitos mínimos no es suficiente ni hace fe de los hechos asentados en el documento.

Como ejemplo de lo anterior, se inserta el siguiente modelo:

Ver modelo

En cuanto al segundo de los aspectos –que dicha certificación sea realizada por la autoridad autorizada para ello–, resulta pertinente precisar que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en lo que interesa, establece lo siguiente:

"Artículo 58. ...

"Los juzgados orales y los Tribunales Unitarios contarán con el número de Jueces y Magistrados que el servicio requiera y, además, con el personal siguiente:

"I. Un administrador de gestión judicial."

"Artículo 63 Bis. Los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28300-656dff21/videograbaciones-de-las-audiencias-del-sistema-penal-acusatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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