INTERRUPCIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO QUE LA PREVÉ REQUIERE DE GENUINOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS.
AMPARO EN REVISIÓN 228/2025. 15 DE OCTUBRE DE 2025. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA CON CONSIDERACIONES DISTINTAS, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTE: SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: A finales del año dos mil quince, en el Estado de México, una persona convenció a otras de invertir dinero en una empresa, y les afirmó que más adelante recibirían rendimientos financieros anuales. Posteriormente, las personas que habían decidido invertir su dinero en la empresa en cuestión solicitaron la devolución de su capital, sin que hubiera una respuesta favorable a su petición. Por esos sucesos, se vinculó a proceso a la primera persona, por la probable comisión del delito de fraude. Después de esa diligencia (vinculación a proceso), la imputada solicitó el sobreseimiento de la causa penal, al estimar que se encontraba prescrita la acción penal. Sin embargo, el Juez de Control del conocimiento negó dicha solicitud al estimar que se habían presentado diversas actuaciones de indagación del Ministerio Público que legitimaron la interrupción del plazo de la prescripción y, en esa medida, sustentó que no se encontraba prescrita la acción penal respectiva. Inconforme con esa resolución, la procesada promovió juicio de amparo indirecto en el que, entre otras cuestiones, planteó la inconstitucionalidad del artículo 100 del Código Penal del Estado de México, vigente al momento de los hechos. Seguido el juicio en sus cauces legales, el Juzgado de Distrito del conocimiento concedió el amparo a la quejosa, primordialmente, a fin de que la autoridad judicial responsable funde y motive debidamente las actuaciones ministeriales que alcanzaron a interrumpir la prescripción penal. Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión; cuyo conocimiento fue reasumido para su resolución por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ahora es objeto de análisis en la presente ejecutoria.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al quince de octubre del dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 228/2025, interpuesto por **********, por conducto de su defensor, en contra de la resolución de doce de febrero de dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el amparo indirecto ********** de su índice.
El problema jurídico a resolver por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo 100 del Código Penal del Estado de México, vigente a la data de los hechos, es compatible con el principio de seguridad jurídica, consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ANTECEDENTES
1. Hechos: El día doce de julio de dos mil quince, **********, quien se ostentaba como representante de la empresa "**********" se presentó a una reunión a la empresa denominada "**********", ubicada en calle **********, número **********, colonia **********, Municipio de **********, **********, con giro comercial venta de productos de plástico y cosméticos, en donde se encontraban las víctimas de nombres **********, **********, **********, **********, ********** y **********.
2. La reunión se realizó toda vez que ********** les sugería a las víctimas que invirtieran un capital de dinero en la casa de bolsa que representaba, "**********", y les ofreció que, por dicha inversión, iban a obtener un interés anual que sería del 6%, y que ésta era libre de riesgo de capital. Además de que la conversión de pesos a dólares americanos, lo era a una tasa preferencial, y que la devolución de su dinero sería en cuanto se lo requirieran, solamente esperarían un término de no más de ocho días para efecto de la devolución.
3. Ante tal situación, y toda vez que les convenció de realizar la inversión, las víctimas accedieron a invertir diversas cantidades de capital en la empresa en cuestión. Así, acordaron que el día diecisiete de julio de dos mil quince se reunirían de nueva cuenta en la empresa "**********", con la señora **********, y con el resto de las víctimas.
4. La imputada (**********) manifestó que la empresa a la cual representaba contaba con un domicilio ubicado en **********, número **********, piso **********, Colonia **********, con Código Postal **********, **********. Posteriormente, en otra reunión les ratificó los beneficios que obtendrían al invertir capital en la empresa, esto es, el 6% anual sobre las inversiones realizadas, y por la responsabilidad de su capital.
5. Así, desde el diecisiete de julio de dos mil quince, comenzaron a realizar las inversiones, con posterioridad, diversas víctimas pidieron la devolución de su dinero. Sin embargo, éste no les fue devuelto; por tal motivo, presentaron una denuncia en contra de la hoy recurrente por la probable comisión del delito de fraude.
6. Proceso penal. Por los sucesos relatados, el dos de mayo de dos mil veintitrés se celebró audiencia inicial dentro de la causa penal **********, en la que se dictó un auto de vinculación a proceso en contra de **********.
7. Posteriormente, por escrito presentado el primero de agosto de dos mil veintitrés, la imputada solicitó la celebración de una audiencia de sobreseimiento, con fundamento en el artículo 327, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerar que se había actualizado la causal de extinción de la pretensión punitiva por prescripción de la acción penal.
8. Dicha audiencia se llevó a cabo el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Después de que las partes en el procedimiento debatieran sobre el tema de la prescripción, el Juez de Control determinó que la petición de los defensores de la imputada era infundada y, por lo tanto, resolvió que no había transcurrido el plazo necesario para la extinción de la pretensión punitiva.
9. Demanda de amparo indirecto. Por escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de diversas las autoridades y actos que precisó en el ocurso correspondiente.(1)
10. Seguido el proceso en sus cauces legales, el Juzgado del conocimiento dictó sentencia el doce de febrero de dos mil veinticuatro, en el sentido de amparar y proteger a la quejosa para los efectos que precisó en la ejecutoria correspondiente.(2)
11. En ese aspecto, para la Suprema Corte es necesario destacar que el Juzgado de Distrito del conocimiento fue omiso en reflejar en los resolutivos de su ejecutoria la negativa de amparo sobre el artículo 100 del Código Penal del Estado de México, que fue señalado como acto reclamado. Esto, a pesar de que sí ofreció razonamientos para sostener su validez a la luz del texto constitucional.(3)
12. Recurso de revisión. En desacuerdo con esa determinación judicial, el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, la quejosa –por conducto de su abogado defensor– interpuso recurso de revisión, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.
13. Por cuestión de turno, de dicho medio de impugnación correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que lo radicó con el número de expediente ********** de su índice.
14. Solicitud de reasunción de competencia. Más adelante, por escrito presentado el cinco de abril de dos mil veinticuatro, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el abogado defensor de la quejosa y recurrente le solicitó a este Alto Tribunal el ejercicio de su facultad de atracción a fin de conocer y resolver el recurso de revisión.
15. Empero, a falta de legitimación de la recurrente para realizar dicha petición, en sesión privada de la –entonces– Primera Sala de esta Suprema Corte, la cual tuvo verificativo el doce de septiembre de dos mil veinticuatro, el ministro en retiro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena decidió, de oficio, hacer suyo el escrito de solicitud de mérito.
16. Seguido el proceso en sus cauces legales, en sesión correspondiente al veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, por mayoría de cuatro votos,(4) la –entonces– Primera Sala del Alto Tribunal determinó reasumir su competencia originaria para conocer del recurso de revisión.
17. Como nota de interés primordial, en aquel asunto se determinó que el presente recurso de revisión permitiría establecer un criterio de gran relevancia, consistente en determinar si es constitucional que una legislación penal no contenga ninguna limitación en relación con las reglas de interrupción de la prescripción de la acción penal.
18. Dicho de otro modo, se consideró que el asunto le permitiría a esta Suprema Corte esclarecer si los principios constitucionales que disciplinan la prescripción en materia penal, así como la propia dimensión constitucional que esta Suprema Corte le ha reconocido, exigen no sólo la estipulación, por regla general, de un plazo cierto y razonable que extinga la pretensión punitiva simplemente por el transcurso del tiempo –además de reglas claras y precisas sobre el inicio de ese plazo–, sino especialmente si está constitucionalmente ordenada la existencia de un régimen de interrupción de la prescripción que impida que el plazo correspondiente pueda extenderse de forma indefinida a través de nuevos actos de investigación.
19. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dos de junio de dos mil veinticinco, la entonces Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó reasumir su competencia originaria para conocer del recurso de revisión, y ordenó su registro como amparo en revisión 228/2025; así como su turno a la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y el envío del expediente a la extinta Primera Sala para su radicación.
20. Avocamiento. En proveído de veintisiete de junio de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la –extinta– Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó avocarse al conocimiento del recurso de revisión, y lo entregó a la ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.
21. Returno. Por otra parte, con motivo de la entrada en funciones de la nueva integración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto fue radicado en este Tribunal Pleno y returnado a la ponencia del Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco. Ello de conformidad con el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General Plenario 1/2025, aprobado en esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro siguiente.(5)
I. COMPETENCIA
22. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del amparo en revisión, en términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 83 de la Ley de Amparo y 16, fracción III, de la Ley Orgánica el Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro. Así como, en términos del Acuerdo General Plenario 2/2025, punto segundo, fracción IV,(6) publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de septiembre del año en curso.
II. OPORTUNIDAD
23. La sentencia del Juzgado de Distrito del conocimiento le fue notificada electrónicamente a la quejosa el trece de febrero de dos mil veinticuatro, y surtió efectos el mismo día.
24. De lo anterior se deriva que el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del catorce al veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, descontándose los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del mismo mes y año, por ser sábados y domingos y, por tanto, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.
25. Por lo tanto, si el escrito concerniente al recurso de revisión se presentó el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se estima que su interposición es oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
26. Esta Suprema Corte considera que la quejosa cuenta con la legitimación necesaria para interponer este medio de impugnación, porque está probado que dicho carácter se le reconoció en el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo.
IV. PROCEDENCIA
27. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el recurso de revisión es procedente, porque se interpone en contra de una sentencia emitida por un Juzgado de Distrito, en un juicio de amparo indirecto penal en el que se plantea la inconstitucionalidad del artículo 100 del Código Penal del Estado de México, vigente al momento de los hechos.
28. De acuerdo con lo resuelto por la –entonces– Primera Sala, a propósito de la resolución dictada en la Solicitud de Reasunción de Competencia 67/2024, sobre el tema constitucional referido no existe jurisprudencia que resuelva dicha problemática en forma definitiva.
29. Específicamente, en lo relativo a si los principios constitucionales que disciplinan la prescripción en materia penal, así como la propia dimensión constitucional que esta Suprema Corte le ha reconocido, exigen no sólo la estipulación, por regla general, de un plazo cierto y razonable que extinga la pretensión punitiva simplemente por el transcurso del tiempo –además de reglas claras y precisas sobre el inicio de ese plazo–, sino especialmente si está constitucionalmente ordenada la existencia de un régimen de interrupción de la prescripción que impida que el plazo correspondiente pueda extenderse de forma indefinida a través de nuevos actos de investigación.
30. En consecuencia, esta Suprema Corte estima que se surten los extremos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83, de la Ley de Amparo.
V. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER
31. Antes de dar paso al estudio del recurso, esta Suprema Corte estima oportuno y conveniente exponer sucintamente los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo indirecto en torno a la inconstitucionalidad del artículo 100 del Código Penal del Estado de México; las consideraciones del Juzgado de Distrito sobre dicho tema, así como los argumentos de agravio sugeridos por la recurrente para cuestionar la subsistencia de dicho planteamiento constitucional.
32. Conceptos de violación. En la demanda de amparo la quejosa hizo valer, esencialmente, los argumentos que se resumen a continuación.
a) Primero. En este concepto, la quejosa adujo que solicitó al Juez de Control señalado como responsable el sobreseimiento de la causa de control **********, con fundamento en el artículo 327, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 94, 95, 96 y 97 del Código Penal del Estado de México. Es decir, por extinción de la acción penal con motivo de la prescripción de la pretensión punitiva.
b) En ese mismo tenor, refirió que el delito que se le imputó fue el de fraude, previsto en el artículo 305 del Código Penal del Estado de México; el cual, conforme al artículo 307, último párrafo, de la propia normativa, es perseguible por querella. Así, prescribe en un año a partir de que, quien pueda formularla, tenga conocimiento del delito.
c) Asimismo, destacó que es cierto que las actuaciones de investigación del Ministerio Público interrumpen ese plazo; sin embargo, el artículo 97 del Código Penal aplicable dispone que "en ningún caso podrá exceder de tres años contados a partir de su consumación."
d) A juicio de la quejosa, aquella determinación legislativa guarda congruencia con los principios del Derecho Penal en aras de limitar el ius puniendi estatal, y evitar poner en manos del propio Estado, a través de la Fiscalía, la potestad de extender indefinidamente los plazos de esta importante figura procesal que es la prescripción, y que guarda vinculación con los derechos humanos de legalidad, seguridad y certeza jurídica.
e) A continuación, la quejosa ofreció una definición de la prescripción, y de la pretensión punitiva. Al respecto, destacó que la –entonces– Primera Sala de este Alto Tribunal adoptó el criterio de que la pretensión punitiva tiene lugar una vez concluida la fase de investigación complementaria, cuando de los antecedentes de la investigación se obtienen medios de convicción idóneos y suficientes que justifiquen la existencia del delito y la responsabilidad penal de la persona imputada.
f) Posteriormente, citó el criterio de dicha Primera Sala de rubro: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN CORRESPONDE AL FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
g) Asimismo, invocó la tesis de rubro: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO EL FISCAL NO FORMULA ACUSACIÓN EN EL PLAZO QUE LA LEY PREVÉ PARA TAL EFECTO."; así como la de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE ESE CARÁCTER CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS U OMISIONES OCURRIDAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA."
h) Más adelante, la quejosa ofreció una definición de la prescripción de la pretensión punitiva, y destacó que se trata de una autolimitación del Estado en su poder para investigar y castigar delitos. Así, dijo, constituye la extinción de la responsabilidad penal de una persona por un delito que podría haberse imputado dentro de los plazos establecidos por la legislación penal; es un derecho y una garantía. Si el derecho no se ejerce dentro del tiempo determinado por la ley, se produce su extinción, lo que ofrece seguridad jurídica.
i) Posteriormente, la quejosa señaló cuáles son las reglas de prescripción establecidas en el Código Penal del Estado de México, dispuestas en los artículos 94, 95, primer y segundo párrafos; 96, primer párrafo; 97, último párrafo, y 100.
j) En el caso concreto, adujo la quejosa, que ella fue vinculada a proceso por el delito de fraude, mismo que fue considerado por el Juzgado de Control como un delito continuado. En ese tenor, señaló que la prescripción, tratándose de estos delitos, comienza a partir del día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución.
k) En esa medida, destacó las fechas a partir de las cuales –desde su óptica– se consumó el delito de fraude respecto de cada una de las posibles víctimas.
l) Bajo esa línea de ideas, a continuación sustentó que fue incorrecto que el Juez de Control haya determinado que, si bien el legislador penal mexiquense determinó como fecha cierta un año para que prescriba el delito de fraude (perseguible por querella), dicho término es para que precluya el término de querellarse. Y, una vez presentada, deberán transcurrir tres años para que prescriba.
m) Posteriormente, la quejosa hizo un análisis comparativo de las reglas de prescripción establecidas en el Código Penal del Estado de México y las previstas en el Código relativo a la Ciudad de México y al fuero federal.
n) Después, la quejosa refirió que la acción penal se ejerce al formular acusación, de conformidad con el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, al concluir la investigación complementaria, el Ministerio Público sólo presentará la acusación si estima que tiene elementos para ejercer la acción penal, sin que pueda sostenerse que se ha ejercido antes.
o) En el mismo sentido, señaló que el artículo 211 del Código Nacional establece que el ejercicio de la acción penal inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial; momento distinto a aquél en que se inicia la acción penal. En ese tenor, indicó que el inicio de la acción penal no tiene el efecto de que ya se produjo la pretensión punitiva y que, por tanto, esta pretensión punitiva ya no es susceptible de prescripción, porque ya tuvo lugar.
p) Aún si erróneamente se considerara que la acción penal se ejerce desde que se solicita la audiencia inicial, o que el mero inicio de la acción penal lo constituye la realización de la pretensión punitiva estatal, es claro que no podría sostenerse que cualquier solicitud del Ministerio Público ante el Juez de Control, para efectos de conducir al imputado al proceso penal, pueda considerarse constitutiva del ejercicio de la acción penal, o que produzca el efecto de que la pretensión punitiva ya no pueda prescribir, sino solamente una solicitud que cumpla con los requisitos correspondientes, en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
q) A continuación, desarrolló la doctrina en torno al derecho a no ser investigado de manera perpetua. En ese tenor, consideró ilógico que la ley fije un límite a la persecución penal y, al mismo tiempo, autorice la potestad del plazo limitado del Estado para ampliar a su gusto esos límites con actos propios, como son los actos de la investigación inicial y complementaria.
r) A continuación, la quejosa citó la tesis de la –actualmente extinta– Primera Sala de registro digital 2023752, de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA REGLA RELATIVA A QUE OPERE EN LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO Y QUE SÓLO SE INTERRUMPA CON LA DETENCIÓN DEL INCULPADO, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA Y DE MORELOS)."
s) En dicha tesis se dispuso que corresponde exclusivamente al legislador determinar un plazo en la ley para tener por extinta la capacidad del Estado para perseguir los delitos, con la finalidad de que ésta no quede indefinida y se garantice el derecho a la seguridad jurídica de todas las partes en un proceso penal.
t) Asimismo, se estableció que al contar con un plazo para el ejercicio de la acción penal, so pena de decretar su prescripción ante la inactividad de la autoridad ministerial en los casos que así lo establezca la ley, y de que no se interrumpa por tiempo indefinido, se genera un estado de seguridad jurídica para todas las partes del proceso. Esta regla determina parámetros para que opere la prescripción, que busca generar un estado de seguridad jurídica, porque su aplicación evita que la prescripción se interrumpa por tiempo indefinido.
u) Asimismo, más adelante, la quejosa citó la tesis con número de registro 2023752, derivada de la contradicción de criterios 476/2019, en la que –señaló– aquella Primera Sala dispuso que la prescripción radica no sólo en la autolimitación del Estado para ejercer su poder represivo, sino en la seguridad que todos los gobernados deben tener ante el propio Estado, toda vez que es inadmisible que alguien permanezca indefinidamente en la incertidumbre de ser objeto de un proceso penal, hasta que lo estime procedente la autoridad encargada de la investigación y persecución de los delitos.
v) Si dicha facultad no se ejerce en el tiempo legalmente determinado, ello implica la pérdida para el Estado de su ius puniendi a consecuencia de la ineficacia de su acción persecutora; lo que se traduce en la extinción de la responsabilidad penal del inculpado, derivada de la comisión del delito y de la correspondiente pena impuesta, en su caso.
w) Asimismo, se destacó que no debe confundirse la prescripción del derecho de la víctima u ofendido para presentar la querella en los delitos que se persiguen a instancia de parte, con la prescripción de la facultad pública de ejercer la acción penal, en virtud de que el derecho a interponer una querella corresponde al gobernado, a diferencia del ejercicio de la acción penal, que le corresponde únicamente al Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 21 constitucional.
x) Aquellas cuestiones jurídicas, a juicio de la quejosa, fueron desatendidas por el Juez de Control, al considerar que no operó la prescripción solicitada. En el caso, señaló la quejosa, la acción penal aún no se encuentra ejercida, porque actualmente la investigación se encuentra en etapa complementaria, y la acción penal se materializa con la formulación de la acusación.
y) Posteriormente, la quejosa citó los principios pro persona y de interpretación conforme, y adujo que el Juez de Control no los aplicó al emitir su resolución. Esto porque, a pesar de múltiples consideraciones jurídicas en torno a que la interrupción de la prescripción no puede suceder de forma indefinida, dicha autoridad pasó por alto que México es un Estado constitucional, democrático y de Derecho, y justificó ilegalmente su resolución, sosteniendo que las actuaciones del Ministerio Público interrumpen la prescripción.
z) A juicio de la quejosa, aquella interpretación es violatoria de los principios constitucionales supra indicados; impidiéndole el ejercicio pleno de sus derechos humanos, al sustentar que la acción persecutora del Estado puede quedar abiertamente indefinida.
aa) En esa línea de ideas, citó diversos criterios de esta Suprema Corte en torno a dichos principios, en relación con el control de constitucionalidad y convencionalidad de normas.
bb) En ese tenor, la quejosa sugirió que, al no haberse aplicado esos criterios, el Juez de Control le negó el sobreseimiento de la causa penal, sin haberle garantizado la protección más amplia que merece sobre el ejercicio de sus derechos; amén de que no realizó una interpretación conforme de las normas que le fueron aplicadas.
cc) Bajo esas condiciones, consideró que se violó en su perjuicio el derecho a una debida fundamentación y motivación, para lo cual citó el criterio de la –antes– Primera Sala de este Alto Tribunal de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE."
dd) Posteriormente, reiteró que el plazo para la prescripción es una cuestión reservada exclusivamente al legislador y resulta ilógico que éste, por una parte, imponga un límite para el plazo de la prescripción y, por otra, faculte al Ministerio Público para extender dicho plazo de manera indefinida, a fin de conducir una investigación virtualmente infinita en contra de la persona involucrada.
ee) En ese tenor, señaló que este caso se presenta frente a la existencia de principios y criterios constitucionales que imponían al Juez de Control, de manera nítida, la obligación de interpretar las normas para la prescripción penal aplicables en el Estado de México, de tal manera que se ajusten al principio de evitar conducir investigaciones virtualmente infinitas.
ff) En la misma línea de pensamiento, la quejosa adujo que la autoridad señalada como responsable debió aplicarle la última oración del último párrafo del artículo 97 del Código Penal del Estado de México, que dispone que la prescripción de los delitos que se persiguen por querella en ningún caso podrá exceder de tres años contados a partir de su consumación. Al respecto, sustentó que no advierte obligación alguna para el Juez de Control para optar por la interpretación en el sentido de que, como la agente del Ministerio Público no dejó de actuar en un plazo mayor a tres años, entonces no prescribió.
gg) Por el contrario, el Juez de Control optó por la interpretación de la norma menos favorable. De lo contrario, hubiera resuelto que la prescripción punitiva de los hechos ya operó.
hh) Posteriormente, la quejosa solicitó el amparo y la protección respecto del acto reclamado, a fin de que se interprete que la prescripción no puede ser interrumpida de manera indefinida por actos propios de la Fiscalía y, por tanto, atendiendo al sentido literal del artículo 97 del Código Penal del Estado de México, dicho plazo en ningún caso puede exceder de tres años a partir de la consumación del delito por los cuales fue vinculada a proceso. En tanto, como ya transcurrió en exceso ese plazo, solicitó que se resolviera –en su causa– que ya prescribió la pretensión punitiva del Estado.
ii) A continuación, citó diversos criterios de esta Suprema Corte en torno a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.
jj) Segundo. En este concepto de violación la quejosa argumentó la inconstitucionalidad del artículo 100 del Código Penal del Estado de México, y solicitó tener por reproducidos los argumentos planteados en el concepto de violación inmediato anterior.
kk) A su juicio, los párrafos primero y segundo de la norma reclamada vulneran los derechos humanos a un debido proceso, legalidad, certeza y seguridad jurídica, así como el cúmulo de derechos humanos, principios y valores, que se vinculan con el derecho a no ser investigado de manera perpetua.
ll) Lo que precede, porque esa porción normativa permite a la Fiscalía, en perjuicio de la quejosa, interrumpir de manera virtualmente infinita el plazo para que opere la prescripción de la pretensión punitiva del Estado, respecto de los hechos por los cuales es investigada y vinculada a proceso.
mm) Empero, sustentó que, antes de declarar la inconstitucionalidad de la norma reclamada, requería su interpretación conforme a la Constitución, en el sentido de que se interprete de forma sistemática con el artículo 97 de la propia normativa, que dispone que la prescripción, tratándose de delitos perseguibles por querella, no podrá exceder de tres años contados a partir d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33904-36f250ba/interrupcion-del-plazo-de-prescripcion-de-la-accion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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