FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 450/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, fue realizada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. En sesión de treinta de abril de dos mil nueve, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(2) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.
Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta, se plantea una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes (énfasis añadido):
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionado ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte, en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-, aunque legales.
Lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", toda vez que, esencialmente, las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice Alejandro Nieto, se complementa con el arbitrio judicial: "El sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito".(3) La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que, dentro de límites más o menos amplios, realicen una interpretación en relación con el supuesto concreto que ha de solventar, o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto. De este modo, con base en el presente criterio, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes tesis de jurisprudencia:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(4)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(5)
Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
El tribunal denunciante, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, analizó un asunto con las siguientes características:
1. Acto reclamado en el juicio de amparo. El quejoso solicitó un amparo indirecto en contra de una orden de aprehensión librada en su contra el diecinueve de octubre de dos mil nueve, en la causa penal **********, del índice de la autoridad responsable, Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y 404, fracción X, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla.
2. Hechos que motivaron la averiguación previa correspondiente. Diversas personas decidieron realizar inversiones en efectivo por diversas cantidades y en diferentes fechas, con **********, conocida comercialmente como **********. Las personas deberían invertir su dinero a plazos, al término de los cuales se les pagaría un rendimiento mensual. Con motivo de la inversión, deberían celebrar un contrato de promesa de compraventa, en la que **********, con el carácter de promitente vendedor, recibía la cantidad de dinero que los querellantes deseaban invertir, estipulándose en el contrato de compraventa, una cláusula de penalización que se haría efectiva en caso de incumplimiento de alguna de las partes. De este modo, como la empresa nunca mostraría un inmueble a satisfacción, se haría valer esa cláusula de penalización, mediante la cual se les pagarían los intereses prometidos y, al final del plazo, se les devolvería la inversión.
Sin embargo, las cantidades que cada uno de los agraviados invirtió no les fueron devueltas por la empresa, ni tampoco los intereses que generaron con su capital. En algunos casos, los inversionistas recibieron cheques, pero no fueron pagados por la institución bancaria respectiva, toda vez que tales documentos no fueron liberados por los socios de la empresa indicada.
Por otra parte, de la escritura pública por la cual se formalizó la creación de la persona jurídica **********, se advierte que la empresa no se constituyó como una institución financiera, por lo que no contaba con autorización para actuar como intermediario financiero, de ahí que no podía captar legalmente recursos de inversionistas.
En las inspecciones oculares practicadas en diversas sucursales de **********, se asentó que era real y auténtica la existencia de los inmuebles correspondientes donde realizaban todas las operaciones inherentes a la celebración de los contratos. Además, en las diferentes sucursales no se encontraba algún directivo, dueño o socio, sino únicamente los empleados denominados promotores, quienes eran los encargados de convencer al público que invirtieran su dinero bajo la apariencia de legalidad que proporcionaba la firma de promesa de contrato de compraventa.
Algunos trabajadores de la empresa señalaron que existían algunas anomalías en el funcionamiento de la misma, pues a pesar de que a los clientes se les hacía saber que su dinero se recibía como inversión, en realidad los hacían firmar contratos de promesa de compraventa de un inmueble que ********** buscaría a futuro y ofrecería en venta; circunstancia diversa a la publicitada y ofrecida por los accionistas de la empresa a sus clientes.
En los comunicados de prensa emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el ocho de junio y dos de septiembre, ambos de dos mil nueve, se advierte que ********** carecía de la autorización para funcionar captando recursos del público, evidenciándose aún más la operación de manera irregular de la empresa.
3. Acreditación del cuerpo del delito. La autoridad responsable en el juicio de amparo tuvo por acreditado el cuerpo del delito de fraude específico, consistente en: a) una acción de realizar sorteos, rifas, loterías, promesas de venta o cualquier otro acto similar; b) que en virtud de lo anterior, el activo se quede total o parcialmente con las cantidades recibidas; y, c) que no se entregue la mercancía o el objeto ofrecido. Así, se determinó que ********** se aprovechó de la ignorancia financiera de los agraviados, sometiéndolos a engaño y colocándolos en el error y obteniendo así un lucro al que no tenía derecho, evidenciándose el nexo causal entre la referida acción y el resultado y el evidente detrimento al peculio de los agraviados.
Por lo demás, la responsable determinó que con la dañosa intención de no cubrir lo pactado a los pasivos, todas las sucursales de ********** fueron abandonadas por los empleados, quienes se llevaron la papelería y documentos que sustentaban lo manifestado por los querellantes.
4. Probable responsabilidad. La probable responsabilidad penal por el detrimento patrimonial de los querellantes es, a juicio de la autoridad responsable, imputable a quienes crearon la empresa **********, conocida como **********, ya que sin duda el funcionamiento y regulación administrativa de la empresa corresponde, definitivamente, a personas físicas que integran dicha empresa.
Del testimonio de la escritura pública número ********** del volumen **********, de la notaría pública número ********** del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, relativa a la creación de la empresa referida, se advierte que los accionistas son **********, ambos de apellidos, **********. Asimismo, que el director comercial es el quejoso **********.
Según los estatutos que rigen la creación de la empresa, los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan puestos de dirección y administración en las empresas y establecimientos, serán considerados representantes del patrón y, en tal concepto, obligan a éste en su relación con los trabajadores. Por tanto, **********, en su carácter de director comercial es el probable responsable del delito de fraude específico, ya que estuvo en posibilidad de realizar actos tendentes a preservar las inversiones de los clientes, y sobre todo que desde el inicio la empresa operó sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder captar recursos del público u obtener fondos o recursos de forma habitual o profesional, los directivos y representantes contribuyeron a la afectación patrimonial de los querellantes.
Se tomó en cuenta también el dictamen en criminología, de fecha trece de octubre de dos mil nueve, en el cual estableció que la averiguación previa tenía como finalidad investigar a un grupo delictivo formado por ********** y **********, como dueños de la negociación conocida como **********, **********, como director operativo, **********, como director comercial, y ********** como supervisor, atendiendo a que dicho grupo tenía la función de organizar y dirigir a la persona moral, publicitándose a través de varios medios de comunicación, ofreciendo mayores beneficios por las inversiones, dirigiéndose a un grupo vulnerable integrado mayormente por personas mayores a los cuarenta y dos años de edad; circunstancias que le permitieron definir un perfil criminal, debido a que su posición organizacional, les da el poder y la potestad de elección, estas elecciones se manifiestan en un fin, medios y el aprovechamiento de las oportunidades.
5. Negativa del amparo por el Juez de Distrito. El juzgador de amparo determinó que la orden de aprehensión reclamada no es violatoria de la garantía que establece el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, porque esa orden fue pronunciada por una autoridad judicial como lo es la Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, que se refiere al delito de fraude específico, en la que existen datos que acrediten tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad.
Con respecto al concepto de violación, según el cual no existen elementos para acreditar el cuerpo del delito, fue calificado como infundado, ya que, desde el punto de vista del Juez de Distrito, independientemente que el contrato de promesa de compraventa sea de orden civil, ello no implica que no se den las hipótesis relativas al ilícito de fraude, esto es, la acción de realizar promesas de venta o cualquier otro acto similar del que el activo se haya quedado total o parcialmente con las cantidades recibidas, y sin que se haya entregado la mercancía o el objeto ofrecido.
6. Estudio y valoración de los agravios del recurrente por el Tribunal Colegiado. En la parte que interesa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito determinó que resultaban infundados los agravios mediante los cuales el recurrente intentó demostrar que no se acreditó el cuerpo del delito de fraude específico, en tanto, a juicio de este último, no existió el contrato de promesa de compraventa. En palabras del Tribunal Colegiado (se añade énfasis):
"En otro tenor, debe decirse que en contraposición a lo que alega el recurrente, la autoridad responsable, al librar la orden de aprehensión reclamada, sí precisó las fechas específicas y los lugares en donde los agraviados celebraron con los trabajadores de la persona moral referida, los diversos contratos de promesa de compraventa, puesto que al emitirse la resolución en cuestión, fueron transcritas las diversas querellas y comparecencias posteriores efectuadas por los ofendidos, en la cuales se especificaron las fechas en que se celebraron los mencionados contratos, los lugares donde fueron firmados, el plazo para que supuestamente se ofreciera el inmueble materia de la compraventa o se devolviera el capital aportado; por tanto, sí se precisaron las circunstancias de tiempo y lugar de ejecución del ilícito en cuestión.
"Cabe agregar, que el contrato de referencia no puede considerarse como inexistente aunque hubiese sido el medio para captar depósitos por parte de los ahora agraviados para poder generarles a éstos determinados rendimientos, pues esto último no desvirtúa el hecho cierto de que ambas partes suscribieron esos contratos con pleno conocimiento y voluntad de su contenido, es decir, que los mencionados acuerdos de voluntades, como su nombre lo indica, constituyen una promesa de compraventa de inmueble, el cual fue signado por los que intervinieron en esos términos, actualizándose, en consecuencia, los elementos constitutivos del delito atribuido al activo: consistente en que: ‘Al que por promesas de venta o por cualquiera otro medio, se quede total o parcialmente con las cantidades recibidas, sin entregar la mercancía u objeto ofrecido.’."
El mencionado Tribunal Colegiado siguió el mismo criterio al resolver los amparos en revisión ********** y **********, los cuales obran en copias certificadas en los autos del presente asunto,(6) de los cuales destacan las siguientes similitudes:
a) Los quejosos en estos asuntos son ********** y **********, quienes resultaron ser, respectivamente, accionista y director patrimonial de la empresa **********, conocida como **********, a la sazón, la misma empresa involucrada en el asunto reseñado con anterioridad.
b) Los actos reclamados en los amparos fueron sendos actos de formal prisión por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción X, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla.
c) El amparo, en ambos casos, fue negado por el juzgador de amparo, esencialmente, porque se consideró que se había acreditado tanto el cuerpo del delito referido como la probable responsabilidad de los quejosos en los hechos delictivos.
d) Los recursos de revisión fueron resueltos en el sentido de confirmar la sentencia recurrida, entre otras cosas, porque, contrariamente a lo alegado por los recurrentes, sí se verificó la celebración de diversos contratos de promesa de compraventa como medio para captar depósitos para poder generar determinados rendimientos. Se concluyó que fue cierto que ambas partes suscribieron esos contratos con pleno conocimiento y voluntad de su contenido, habiendo constituido una promesa de compraventa de inmueble, con lo cual se actualizaron los elementos constitutivos del delito de fraude específico.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, analizó un asunto con las siguientes características:
1. Acto reclamado en el juicio de amparo. El quejoso solicitó un amparo indirecto en contra de un auto de formal prisión dictado el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, por el Juez Quinto de lo Penal, con residencia en la ciudad de Puebla, en la causa penal **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción X, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla.
2. Hechos que motivaron la averiguación previa correspondiente. Diferentes personas decidieron realizar inversiones en efectivo en diversas cantidades con la empresa "**********". A través de los empleados de la citada persona moral, se les indicó que al invertir por un plazo determinado se les pagaría un rendimiento mensual, y que al final del plazo se les devolvería su inversión. Sin embargo, cuando los querellantes solicitaron la devolución de las cantidades que habían invertido no les fue regresado, ni tampoco les entregaron los intereses pactados.
Varios empleados de la empresa manifestaron que existieron anomalías en el funcionamiento de la empresa, ya que a pesar de que a los clientes se les hacía saber que su dinero se recibía como inversión y por el que obtendrían una tasa de interés según el monto de la inversión y el plazo que se les pagaría mensualmente, lejos de darles un contrato por inversión, los hacían firmar contratos de promesa de compraventa, de un inmueble que ********** a futuro buscaría y ofrecería en venta; circunstancia diversa a la publicitada y ofrecida por los accionistas y directores de la empresa a sus clientes.
En la documental relativa a la constitución de la sociedad denominada "**********", comercialmente conocida como **********, se advierte que los accionistas de la misma son ********** y **********; advirtiéndose como objeto de la sociedad: "Compra y venta de todo tipo de sistema computacional, así como capacitación, servicios inmobiliarios y autos, diseño y publicidad".
De conformidad con el dictamen pericial emitido por el perito oficial, se determinó que el detrimento patrimonial sufrido por la totalidad de los agraviados, asciende a la cantidad de dieciséis millones doscientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y seis pesos con dos centavos.
Obra en autos un comunicado de prensa, de ocho de junio de dos mil nueve, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual informa que **********, no es parte del sistema financiero mexicano, por lo que no cuenta con autorización para captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos. Asimismo, en diverso comunicado de prensa, de fecha dos de septiembre de dos mil nueve, suscrito también por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se reitera que la referida empresa no cuenta con autorización para captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.
3. Acreditación del cuerpo del delito. La autoridad responsable determinó que quedaban demostrados los elementos del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción X, del Código de Defensa Social del Estado, toda vez que con el cúmulo de pruebas integradas a la averiguación previa, se demostró la existencia de los contratos de promesa de compraventa, celebrados por la empresa denominada **********, comercialmente conocida como **********, con cada uno de los querellantes. El contenido de esos contratos no reflejaban los términos de las operaciones que expresamente aceptaron los clientes, pues el consentimiento se dirigió a la aceptación de realizar una inversión de capital a plazo fijo, y a cambio la inmobiliaria pagaría un rendimiento mensual, pero los contratos se refieren a la promesa de compraventa de un inmueble, por el cual la inmobiliaria se comprometía a buscar un bien raíz que ofrecería al cliente, y si éste aceptaba podría comprarlo, tomando como un adelanto el dinero de su inversión, pero aun así, ********** nunca realizó ofertas a sus clientes para la adquisición de un determinado inmueble. Además, cuando los clientes solicitaron la devolución de sus inversiones, la empresa no reintegró las cantidades que cada uno de los agraviados invirtió, aun con penalización de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22955-351f154b/fraude-especifico-mediante-promesa-de-venta-no-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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