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Modo: Corpus Pro

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO SE OMITE ACORDAR UNA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 143/2024. · Registro digital (IUS): 33563
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-29
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo V, Volumen 2, Pág.1285.

AMPARO EN REVISIÓN 143/2024. 2 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Un señor demandó a otro en la vía ejecutiva mercantil oral por el pago de tres pagarés. Al contestar la demanda, el enjuiciado rechazó que estuviera obligado a pagar lo que el actor le reclamó. Para sustentar sus defensas ofreció dos pruebas periciales, una en "grafoscopía y documentoscopía" para acreditar la posible alteración de los pagarés, y otra en "contabilidad".

Durante el trámite del juicio, la jueza admitió las pruebas y, después de que los peritos del actor y del demandado rindieron sus dictámenes, designó a dos peritos terceros en discordia y ordenó que las partes cubrieran sus honorarios por igual.

En desacuerdo, el demandado presentó una demanda de amparo indirecto, en la cual reclamó que los artículos 1255 y 1257, último párrafo, del Código de Comercio, violan el derecho a la justicia gratuita y la prohibición de costas judiciales, al establecer que el juez está facultado para designar un perito tercero en discordia cuyos honorarios las partes deben pagar por igual.

El Juzgado de Distrito previno al quejoso para que aclarara su demanda y, al hacerlo, éste trató de ampliarla para señalar como acto reclamado el artículo 1390 bis 47 del Código de Comercio. Luego, el órgano de amparo tuvo por aclarada la demanda y la admitió, pero sin pronunciarse sobre la ampliación.

Seguido el juicio por todas sus etapas, el Juzgado de Distrito emitió una sentencia en la que, en lo interesante, negó la protección constitucional contra los artículos 1255 y 1257, último párrafo, del Código de Comercio. En desacuerdo, el quejoso interpuso el presente recurso de revisión en el que insiste en la inconstitucionalidad de esos artículos.

ÍNDICE

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de dos de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que esta Primera Sala resuelve el amparo en revisión 143/2024 interpuesto por el señor Persona "A" en contra de la sentencia dictada el catorce de julio de dos mil veintidós por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, en el juicio de amparo indirecto Número de Expediente de Amparo Indirecto.

El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si el Juez de Distrito incurrió en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo indirecto al omitir pronunciarse sobre la ampliación de la demanda del señor Persona "A" contra el artículo 1390 bis 47 del Código de Comercio, el cual establece que en los juicios orales mercantiles el juzgador está facultado para designar un perito tercero en discordia cuyos honorarios las partes deben pagar por igual.(1) Cabe mencionar que ese precepto es aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles orales conforme al numeral 1390 Ter 14 del código citado.(2)

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Pagarés. Según el señor Persona "B",(3) el tres de enero y el primero de junio de dos mil veinte, el señor Persona "A" firmó tres pagarés a su favor por un monto total de $UN MONTO DE DINERO EN NÚMEROS "A" (un monto de dinero en letras en pesos en moneda nacional).

2. Juicio (expediente ejecutivo mercantil oral Número de Expediente Ejecutivo Mercantil Oral). El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el señor Persona "B" –por conducto de sus endosatarios en procuración– demandó en la vía ejecutiva mercantil oral al señor Persona "A" por el pago de los pagarés, intereses moratorios, y gastos y costas.

3. La Jueza Sexta de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, admitió la demanda en la vía mencionada. Luego, el señor Persona "A" la contestó y rechazó que estuviera obligado a pagar lo que el actor le reclamó. Para sustentar sus defensas ofreció dos pruebas periciales, una en "grafoscopía y documentoscopía" para acreditar la posible alteración de los pagarés, y otra en contabilidad.

4. Designación de peritos terceros en discordia. El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, la juzgadora celebró la audiencia de juicio en la que los peritos del actor y del demandado rindieron sus dictámenes. Hecho lo anterior, la jueza ordenó la intervención de un perito tercero en discordia para cada prueba, por lo que designó al señor Perito "A" para que diera su opinión en materia de "grafoscopía y documentoscopía" y a la señora Perita "B" en "contabilidad". Asimismo, ordenó que se les hiciera saber mediante notificación personal su designación, para que manifestaran si la aceptaban o no. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia quedó suspendida.

5. Primer acto de aplicación reclamado. En auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, la jueza mercantil ordenó requerir mediante notificación personal a los peritos Perito "A" y Perita "B" para que precisaran el monto de los honorarios que el actor y el demandado debían cubrir por partes iguales. Para fundar esa decisión, citó expresamente el artículo 1390 bis 47 del Código de Comercio.

6. Segundo acto de aplicación reclamado. En dos autos separados pero de la misma fecha, cuatro de febrero de dos mil veintidós, el órgano jurisdiccional mercantil tuvo al perito Perito "A" señalando como honorarios la cantidad total de $UN MONTO DE DINERO EN NÚMEROS "B" (un monto de dinero en letras en pesos en moneda nacional) y a la perita Perita "B" el monto total de $UN MONTO DE DINERO EN NÚMEROS "C" (un monto de dinero en letras en pesos en moneda nacional). Por lo tanto, ordenó que se notificara de manera personal a los litigantes para que cubrieran por partes iguales tales honorarios.

7. Reanudación de la audiencia de juicio. El ocho de febrero de dos mil veintidós, la jueza mercantil reanudó la audiencia de juicio. Ahí tuvo por no rendido el dictamen de la perita Perita "B", ya que omitió exhibir su cédula profesional. Por su parte, el perito Perito "A" no asistió a la audiencia y no rindió su dictamen. En tales condiciones, la juzgadora los removió de su cargo y designó en su lugar a los peritos Perito "C" –grafoscopía y documentoscopía– y Perito "D" –contabilidad–, a quienes ordenó se les notificara su designación a fin de que aceptaran y protestaran el cargo.

8. Designación de nuevo perito. En auto de quince de febrero de dos mil veintidós, la juzgadora mercantil removió de su cargo al perito Perito "C", al no haber acreditado su calidad de profesional en la materia de la prueba para la cual fue designado. En su lugar, nombró a la perita Perito "E", a quien ordenó se le notificara personalmente su nombramiento para que lo aceptara y protestara, así como para que señalara el monto de sus honorarios.

9. Tercer acto de aplicación reclamado. El quince de febrero de dos mil veintidós, la jueza mercantil emitió un segundo auto en el que tuvo al perito en contabilidad Perito "D" manifestando que sus honorarios serían por la cantidad total de $UN MONTO DE DINERO EN NÚMEROS "B" (un monto de dinero en letras en pesos en moneda nacional). Por lo tanto, ordenó que se notificara a los litigantes personalmente para que cubrieran ese monto por partes iguales.(4) Para fundar esa decisión, citó expresamente el artículo 1390 bis 47 del Código de Comercio.

10. Demanda de amparo (expediente Número de Expediente de Amparo Indirecto). El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, el señor Persona "A" –por conducto de su apoderada Nombre de Apoderada "A"– presentó de manera electrónica una demanda de amparo indirecto en la que señaló como actos reclamados los artículos 1255 y 1257, último párrafo, del Código de Comercio,(5) atribuidos al Congreso de la Unión y al Presidente de la República. Además, reclamó los autos de veintiséis de enero, cuatro y quince de febrero de dos mil veintidós, emitidos por la jueza mercantil de origen, por considerarlos "el primer acto de aplicación" de las normas impugnadas.

11. En la demanda de amparo, el señor Persona "A" planteó dos conceptos de violación, en los que argumentó esencialmente lo siguiente:

• Primero. Los artículos 1255 y 1257, último párrafo, del Código de Comercio son inconstitucionales al vulnerar el derecho humano a la justicia gratuita y la prohibición de costas judiciales, previsto en el numeral 17 de la Constitución. Tales preceptos subordinan el ejercicio de un derecho al pago de honorarios de los peritos terceros en discordia, lo cual es contrario a la gratuidad; además, se trata de una costa judicial ya que "no debe cobrarse al litigante por un servicio propio de la judicatura que debe realizar gratuitamente un tribunal". Esto, pues el pago de honorarios de un perito de ese tipo es un acto necesario para las funciones propias del órgano jurisdiccional, por ser precisamente el tribunal el que debe encargarse del resultado final de los juicios.

• Segundo. Los autos de veintiséis de enero, cuatro y quince de febrero de dos mil veintidós son ilegales e inexactos, pues la juzgadora no debió requerir al quejoso por el comprobante de pago de los peritos terceros en discordia, al fundar esa determinación en los artículos 1255 y 1257, último párrafo, del Código de Comercio, que resultan inconstitucionales.

12. Prevención. El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán registró la demanda del señor Persona "A" y lo previno para que dentro del plazo de cinco días siguientes a que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo transcribiera o exhibiera copia simple de los autos señalados como reclamados, así como las promociones y oficios que fueron acordados en dichos proveídos, y precisara la fecha en que se le notificaron. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de incumplir, la demanda se tendría por no presentada. Ese requerimiento fue notificado al quejoso el cuatro de marzo.

13. Escrito en cumplimiento y ampliación. El propio cuatro de marzo de dos mil veintidós, el señor Persona "A", por conducto de su apoderada, presentó un escrito para cumplir con la prevención del Juez de Distrito y, además, en él solicitó que se le tuviera ampliando la demanda contra el artículo 1390 bis 47 del Código de Comercio, por las mismas razones que expresó en su escrito inicial a las cuales remitió. Esto, pues señaló que ese precepto, al igual que los originalmente reclamados, genera una costa inconstitucional en perjuicio de los justiciables.

14. Admisión. El once de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado de Distrito emitió un auto en el que tuvo por cumplida la prevención formulada al señor Persona "A" y admitió la demanda de amparo. Sin embargo, omitió de manera total pronunciarse sobre la ampliación contra el artículo 1390 bis 47 del Código de Comercio.

15. Sentencia recurrida. Seguido el juicio por todas sus etapas, el catorce de julio de dos mil veintidós el Juzgado de Distrito emitió una sentencia en la que sobreseyó en el amparo contra el auto de veintiséis de enero de ese mismo año, por haberse promovido la demanda extemporáneamente respecto de él; y, en lo restante, negó la protección constitucional por las siguientes consideraciones centrales:

• Es infundado el concepto de violación relativo a la inconstitucionalidad de los artículos 1255 y 1257, último párrafo, del Código de Comercio. Es así, porque los honorarios del perito tercero en discordia, autorizados por el juez, constituyen uno de los gastos o costos económicos que deben asumir las partes de manera ordinaria en la defensa de sus intereses dentro de un proceso judicial mercantil, como ocurre con la generación de copias, la obtención de documentos originales, el traslado de testigos, los honorarios de abogado, la remuneración al depositario de bienes, la publicación de edictos, entre otros. Por lo tanto, no puede considerarse un obstáculo al acceso a la jurisdicción, sino como una carga necesaria e inherente al ejercicio de ese derecho fundamental.

• Además, no puede incluirse en la categoría de "costas judiciales" prohibidas por el artículo 17 de la Constitución, ya que el servicio del perito tercero en discordia no forma parte de la función jurisdiccional prestada por el Estado, sino que se relaciona directamente con el interés de las partes de rendir íntegramente la prueba pericial ofrecida en el juicio, en cuyo desahogo ambas tienen participación, de modo que son éstas quienes deben retribuir la actividad de ese experto, quien acude al juicio como un tercero en auxilio del juez, al igual que ocurre con los testigos.

• Así, lo prohibido por el artículo 17 constitucional es que el justiciable pague directamente a quienes intervienen en la administración de justicia una determinada cantidad de dinero, como contraprestación por la actividad que realizan. Esto es, que las actuaciones judiciales no deben implicar un costo directo e inmediato al particular, sino que la retribución por la labor de quienes intervienen en la administración de justicia debe ser cubierta por el Estado, de manera que dicho servicio sea gratuito y, por ende, están prohibidas las costas judiciales.

• Esto significa que ninguna ley ordinaria puede obligar al particular que acude ante el órgano jurisdiccional a pagarle honorarios o alguna contraprestación a los funcionarios que intervienen en la prestación de dicho servicio, pues los tribunales quedan obligados, siempre, a aplicar las normas jurídicas cuando se promueven ante ellos, y no pueden exigir la exhibición de un pago como condición o presupuesto para que se lleven a cabo las actuaciones judiciales y, en su caso, se resuelva la controversia correspondiente. Esto último sí contravendría la garantía mencionada.

• En ese sentido, las costas pueden dividirse en "generales" y en "particulares". Las primera son el costo que para la administración de justicia impartida por el Estado representa la tramitación y decisión final de los juicios; por ejemplo, los sueldos de los funcionarios judiciales, la provisión de los medios materiales para su desenvolvimiento, tales como el inmueble, los muebles, los libros, papelería oficial, etcétera.

• En cambio, las costas "particulares" obedecen a las erogaciones necesarias que tienen que realizar las partes para que se efectúen determinados actos singulares del proceso, entre los que están: el pago de los honorarios del abogado, el de los peritos, la retribución a los depositarios, el pago de los edictos, el de las copias fotostáticas expedidas por el órgano jurisdiccional, etcétera.

• Respecto de las costas "generales", debe agregarse que corresponden al servicio público de administración de justicia que presta el Estado, por lo que su gratuidad es evidente. Además, debe notarse que se trata de todos aquellos elementos vinculados inmediatamente con las actuaciones procesales, pues resulta claro que para la emisión de éstas se requiere la actividad de las personas que ostentan el cargo judicial correspondiente (para lo cual se les atribuye ese servicio); del inmueble en donde realicen la actividad; de bienes muebles con que llevarla cabo; y la papelería oficial en la que se hagan constar formalmente los actos jurisdiccionales correspondientes.

• Conforme a lo anterior, el pago de honorarios al perito tercero en discordia, no se considera violatorio del principio de justicia gratuita y de prohibición de costas judiciales. Esto, porque el pago de esos honorarios se excluye de la prohibición constitucional "por no formar parte de las costas generales referentes a la función jurisdiccional prestada por el Estado, sino que se les ubica dentro de las costas particulares inherentes al trámite de un proceso y que corren a cargo de las partes".

• Lo anterior obedece a que si bien el perito tercero en discordia, como también los nombrados por las partes, prestan un servicio auxiliar a la función del juez en cuanto le allegan su dictamen u opinión experta sobre ciertos hechos o puntos controvertidos en el proceso que requieren de conocimientos en materias especializadas, no por eso forman parte del personal dedicado a prestar la función jurisdiccional. Ello, pues no debe perderse de vista que por lo menos en las materias civil y mercantil, tales peritos son terceros al proceso, que acuden a él a solicitud de las partes para la producción de una prueba, de la misma manera en que sucede con los testigos, con la diferencia de que aquéllos, al rendir su peritaje prestan un servicio que debe ser pagado.

• Entonces, los peritos terceros en discordia nombrados por el juez no entran en la categoría de funcionarios judiciales, sino que se trata de un tercero cuya opinión se requiere para integrar la prueba pericial ofrecida por las partes para la demostración de los hechos debatidos, y en función de ese interés la carga probatoria de las partes, éstas deben asumir los costos económicos que eso represente.

• Por lo mismo, el servicio que presta el perito no forma parte de la función que corresponde al juez dentro del proceso, sino que está enfocado al desahogo de una prueba ofrecida por las partes para la demostración de sus respectivas pretensiones.

• Bajo esa línea argumentativa, si los peritos terceros en discordia son auxiliares de la administración de justicia y no funcionarios públicos integrantes del Poder Judicial, y lo que el artículo 17 constitucional prohíbe es el pago de emolumentos a favor de los servidores públicos encargados de la administración de justicia, entonces la determinación de que los honorarios a esos experto sea a cargo del actor y del demandado en partes iguales no transgrede el principio de gratuidad de la administración de justicia.

• En ese sentido, la prohibición de retribución por sus servicios no solamente se refiere al juez o titular del órgano jurisdiccional, sino también a todos los funcionarios que integran el órgano, pero, como se vio, entre ellos no se encuentra el perito tercero en discordia nombrado por el juez. Tal nombramiento no puede equipararse al del actuario o notificador, quien sí se prevé en la ley como parte del órgano jurisdiccional, en tanto cumple funciones propias de dicho órgano en la comunicación a las partes de las determinaciones del juez, así como en la realización de diversas diligencias fuera del recinto judicial.

• Del mismo modo, la obligación de pago de los honorarios del perito tercero en discordia a cargo de las partes prevista en los preceptos impugnados tampoco es violatoria del derecho a la tutela judicial, pues tal obligación se justifica en las razonables necesidades de la propia administración de justicia. Por tanto, no puede considerarse una traba u obstáculo para acceder a ella, pues, en primer lugar, no es un costo per se, como tarifa a pagar para acudir al tribunal, sino que se trata de un gasto que deriva de la necesidad de allegar al juicio un medio de prueba íntegramente ante la controversia que generan dos peritos no coincidentes en sus conclusiones. Así, es un gasto necesario e inherente al proceso, cuando las partes tienen interés en presentar la prueba pericial para la demostración de los hechos pretendidos.

• Es así, que el pago de los honorarios de los peritos se ubica dentro de las llamadas costas procesales particulares, que se integran con las erogaciones económicas que las partes requieren hacer para la defensa de sus intereses dentro de un proceso jurisdiccional, como el pago por los servicios profesionales de abogados o de los propios peritos, la obtención de documentos que se encuentren en algún archivo, la de copias simples o certificadas, el traslado de testigos, la contraprestación a depositarios de bienes, la publicación de edictos, etcétera.

• De ahí que los artículos 1255 y 1257, último párrafo, del Código de Comercio, no contravienen el principio de gratuidad contenido en el artículo 17 constitucional.

• En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo a la parte quejosa por lo que hace a las normas generales reclamadas; negativa que se hace extensiva a los actos concretos de aplicación, pues éstos se reclaman como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a los artículos controvertidos, por lo que deben seguir la misma suerte del amparo contra la norma. 16. Recurso de revisión (expediente Número de Expediente de Recurso de Revisión). Inconforme con la sentencia del Juzgado de Distrito, el veintinueve de julio de dos mil veintidós, el señor Persona "A" –por conducto de su apoderado Nombre de Apoderado "B"– interpuso un recurso de revisión. Ahí formuló dos agravios, en el que sólo el segundo es de índole constitucional:

• Primero. El sobreseimiento contra el auto reclamado de veintiséis de enero de dos mil veintidós es ilegal. Lo anterior, porque el Juez de Distrito no realizó adecuadamente el cómputo del plazo para promover la demanda de amparo, ya que tomó en cuenta el sello de presentación respectivo, sin considerar que su exhibición fue de manera electrónica el veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, no tomó en cuenta los días inhábiles ante la autoridad responsable conforme a su calendario oficial, lo que hace ilegal el sobreseimiento.

• Segundo. Contrario a lo que consideró el Juez de Distrito, los artículos 1255 y 1257, último párrafo, del Código de Comercio son inconstitucionales al violar los derechos humanos de gratuidad en la impartición de la justicia y la prohibición de costas judiciales previsto por el artículo 17 de la Constitución Política del país. La inconstitucionalidad de la norma descansa en que la designación de los peritos terceros en discordia deriva de una decisión del tribunal actuante –autoridad responsable– en uso de su poder coercitivo en donde no interviene la voluntad o intereses del oferente de la prueba.

• Es decir, se trata de una decisión que la autoridad responsable considera necesaria para integrar la colegiación de la prueba, sin fundar y motivar de forma completa su actuar, en virtud de sólo acordar la designación sin realizar un análisis en torno a si la necesidad va más allá de la simple lectura de las conclusiones de los dictámenes emitidos por los peritos de las partes.

• Esto es, realiza un estudio mínimo, sólo con base en las conclusiones, porque del contenido de los dictámenes, la objeción de los mismos por parte del oferente de la prueba, la autoridad responsable debió razonar fundada y motivadamente su determinación de designar un perito tercero en discordia, no prejuzgar incluso sobre la necesidad de éste, precisamente por una falta de estudio profundo. Ello ya que, si bien es cierto, el actuar de valoración de pruebas se deja para el dictado de la sentencia definitiva, no existe impedimento legal para emprender un estudio a fin de determinar la designación de un perito tercero en discordia.

• En el caso particular, se debe tomar en consideración que existen objeciones al dictamen del perito de la parte actora de una de las partes. Por el contrario, el abogado de la parte actora no realiza cuestionamiento adicional u objeción al perito designado por la demandada. Lo previo se hace notar, para controvertir la determinación del Juez de Distrito debido a que hace descansar el estudio de la constitucionalidad de la norma en virtud del análisis de varios aspectos procesales que regulan diversos preceptos del Código de Comercio.

• Lo anterior, sin que analice de manera detallada la causa de pedir de la inconstitucionalidad de la norma; es decir, no puede ser examinada la constitucionalidad de las normas con base en el análisis de diversos medios de prueba, porque el tercero en discordia en el presente asunto obedeció a una necesidad determinada por la actividad jurisdiccional, aspecto que pudo haber prescindido de la designación, porque se debe analizar el caso en forma pormenorizada y si llega a la determinación de sí realizar la designación, es porque el juez determina no encontrarse en posibilidades de resolver el juicio, lo que se convierte en una necesidad de su actuar jurisdiccional.

• De tal manera, el derecho de acceso a la justicia sí está condicionado a un cobro de un honorario como lo es el del perito tercero en discordia, y la condición lo es que el juez con su facultad de director del proceso determina, sin fundar ni motivar su actuar y bajo un somero análisis, designar un perito porque se encuentra en la necesidad de tal designación, pero no por el actuar del oferente de la prueba.

• La debida integración de la prueba pericial no hace necesaria una designación de un perito tercero en discordia, puesto que existen otras disposiciones que en materia mercantil establecen que, incluso, con una sola opinión de un perito se puede tener por desahogada tal medio de convicción.

• El llamado a un perito tercero en discordia implica un gasto más al juicio, pues si el juzgador llama a un perito particular, éste necesitará de sus honorarios por el trabajo realizado. Lo opuesto a esto sería integrar al juicio a un perito tercero en discordia que se encuentre en la disponibilidad del servicio público y así no sumar gastos al procedimiento, como lo puede ser un perito de alguna institución pública educativa de alguna de las fiscalías, ya sea la estatal o la general de la República, en virtud de la jurisdicción concurrente, aspecto que al no contemplarlo el legislador ni la autoridad jurisdiccional, torna en inconstitucional el actuar de la jueza.

• Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 108/2013 (10a.),(6) de la Segunda Sala, de rubro: "PERITOS EN EL JUICIO AGRARIO.", en el presente asunto lo que se actualiza en realidad es "un auxiliar requerido por la autoridad jurisdiccional, en búsqueda de la verdad". En tales condiciones, se torna en una necesidad del resolutor que, al no tener dictada la norma como se lo estableció el legislador, se torna en "cómplice" de un actuar inconstitucional, quien no recurre a figuras como el control difuso o de convencionalidad que lo obliga a tener que contar con peritos auxiliares dentro de su propio órgano jurisdiccional. Y, si bien, no cuenta con ellos, debe evitar esa costa judicial a través del auxilio de los peritos oficiales de las instituciones.

• Respecto de tal análisis de constitucionalidad de la norma impugnada, "conforme al gasto de copias", el tribunal de igual forma actuó ilegalmente en virtud de que existen criterios jurisprudenciales que establecen la inconstitucionalidad de normas como las de la Ciudad de México, que imponen un cargo al justiciable para integrar un testimonio de apelación.

• En relación con la comparativa de la constitucionalidad de la norma conforme al "desahogo de los testigos", es ilegal la comparativa, porque ellos cumplen una función de terceros ajenos obligados a comparecer a declarar y, en su caso, es evidente y se presume que dada la imparcialidad de los testigos, ellos comparecen por su propia cuenta, sin que para el oferente se le genere un gasto extraordinario por su declaración, o diverso, como lo es el transporte al órgano jurisdiccional donde llevarán a cabo su declaración.

• El Juez de Distrito vulneró su obligación de adoptar los criterios sobre normas declaradas inconstitucionales, conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo, ya que debe prevalecer la jurisprudencia 2a./J. 108/2013 (10a.), que es aplicable en forma analógica, y que surte todos los supuestos para su aplicación, en caso similar.

17. Reserva de jurisdicción. El primero de febrero de dos mil veinticuatro, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito emitió una resolución en la que levantó el sobreseimiento decretado por el Juzgado de Distrito respecto del acuerdo reclamado de veintiséis de enero de dos mil veintidós, al considerar que la demanda de amparo sí se presentó oportunamente. Hecho lo anterior, se abstuvo de resolver el recurso de revisión, pues declaró que se actualizaba la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al subsistir de fondo el problema de constitucionalidad de los artículos 1255 y 1257, último párrafo, del Código de Comercio, sin que exista alguna jurisprudencia que lo resuelva. Por tal motivo, reservó jurisdicción al alto tribunal para que, en su caso, asumiera su competencia originaria.

18. Trámite ante la Suprema Corte (expediente 143/2024). El veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández emitió un auto en el que declaró que este alto tribunal asume su competencia originaria para conocer del presente recurso de revisión, y lo turnó a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución.

19. Avocamiento. Por acuerdo de primero de abril de dos mil veinticuatro, el entonces Ministro Presidente de esta Primera Sala Jorge Mario Pardo Rebolledo ordenó el avocamiento del asunto y envío el expediente a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

20. Recepción del expediente físico. Previo requerimiento de constancias al Juez de Distrito, el veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregó en definitiva a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat el expediente físico del presente amparo en revisión, debidamente integrado. Por lo tanto, a partir de esa fecha se tuvo como recibido.

I. COMPETENCIA

21. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(7) 83 de la Ley de Amparo,(8) así como el 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro (9) –en términos del artículo tercero transitorio de la nueva Ley Orgánica–,(10) en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercer

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33563-536d3ee8/reposicion-del-procedimiento-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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