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Modo: Corpus Pro

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LOS DATOS DE PRUEBA ANUNCIADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR DURANTE EL TÉRMINO CONCEDIDO PARA RESOLVERLO, DEBEN ADMITIRSE Y DESAHOGARSE POR EL JUEZ DE CONTROL ANTE QUIEN FUE PUESTO A DISPOSICIÓN AQUÉL Y NO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1/2015. · Registro digital (IUS): 25781
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-08-14
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II , Pág. 1862.

AMPARO EN REVISIÓN 1/2015. 9 DE ABRIL DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ANTONIO LEGORRETA SEGUNDO. SECRETARIO: ADRIÁN GONZÁLEZ GARCÍA.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Estudio de la controversia.

I. Calificación de los agravios.

Los agravios formulados por la parte recurrente, desde este momento se anuncia, resultan inoperantes, infundados y esencialmente fundados, lo cual conlleva a este tribunal de control constitucional a confirmar la sentencia impugnada y conceder el amparo solicitado aunque por la razón y precisión que se realizarán.

II. Parámetro de control.

Atendiendo a la figura jurídica de la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, es obligación de las autoridades que conozcan del juicio de amparo, suplir la deficiencia de la queja en materia penal, de los conceptos de violación o agravios en favor del inculpado o del sentenciado; luego, si el agraviado tiene el carácter de imputado en la carpeta administrativa de donde deriva el acto reclamado -auto de vinculación a proceso-, es evidente que a su favor procede ésta.

III. Análisis de las consideraciones atinentes a la fijación de los actos reclamados y su existencia o inexistencia.

a) Actos reclamados.

En la resolución recurrida se cumplió con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, pues por una parte, se precisaron los actos reclamados a las responsables, a saber:

• El auto de vinculación a proceso de dieciocho de febrero de dos mil catorce, dictado por la Juez de control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la carpeta administrativa **********, respecto del hecho delictuoso de violación con complementación típica y punibilidad autónoma al haberse causado la muerte; y,

• Su ejecución, atribuida al director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Doctor Sergio García Ramírez", Ecatepec de Morelos, Estado de México.

b) Existencia de los actos reclamados.

Resultó acertado que el a quo, en la sentencia recurrida tuviera por ciertos los actos reclamados, por así haberlo manifestado las autoridades precisadas en el párrafo que antecede, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 237 y 263 del expediente de amparo).

Tal información se corroboró con las documentales que anexaron a su informe, consistentes en el duplicado de la carpeta administrativa ********** y copias certificadas de las videograbaciones que la componen, a las que les confirió valor probatorio pleno, acorde con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haberse expedido por servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

Se hace hincapié que este tribunal reprodujo a través de los medios electrónicos con que se cuenta, la videograbación contenida en los siete discos ópticos en formato "DVD" y verificó que contienen las actuaciones que dieron sustento al acto reclamado.

Con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, cobra aplicación la jurisprudencia 226, publicada en el Tomo VI, página ciento cincuenta y tres, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."

Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXII, Tomo 1, agosto de 2013 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."

IV. Estudio de las causales de improcedencia.

Se encuentra ajustada a derecho la determinación del Juez de amparo cuya sentencia se revisa, en la que afirma que no existe causa de improcedencia que las partes hicieran valer o que se advierta de oficio, pues en efecto no se aprecia la actualización de alguna de las previstas por el artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.

V. Estudio de fondo.

Como ya se indicó, resultan inoperantes, infundados y esencialmente fundados los agravios expuestos por el inconforme, lo cual conlleva a este tribunal de control constitucional a confirmar la sentencia impugnada y conceder el amparo solicitado, aunque por la razón y precisión que en párrafos subsecuentes se esgrimirá.

De inicio, es preciso dejar establecido que en la solución de los recursos deben observarse ciertas reglas o principios, uno de ellos es el non reformatio in peius, el cual predica que no podrá un tribunal de alzada agravar la sanción o situación impuesta por el Juez de primer grado al imputado; además, que en materia penal hay dos tipos de reformatio: in peius (en perjuicio) e in benificium (en beneficio).

La prohibida es la primera, es decir, la modificación del fallo en perjuicio del reo cuando únicamente éste recurre, pues el juicio de amparo no puede tener como efecto agravar su condición legal.

En cambio, es factible que el tribunal de alzada mejore su situación jurídica aun ante la ausencia de agravios.

En el juicio de amparo, en tanto recurso de revisión, también se rige por principios, entre ellos el reformatio in beneficium, de manera que está permitido a los Tribunales Colegiados, mejorar la situación jurídica del recurrente, cuando únicamente éste impugna la sentencia del Juez de amparo.

Lo antes afirmado se patentiza si se toma en cuenta que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la figura jurídica de la suplencia, tanto de los conceptos de violación como de los agravios en los casos en que específicamente lo establezca el numeral 79 del citado ordenamiento legal, el cual dispone:

"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"...

"III. En materia penal:

"a) A favor del inculpado o sentenciado; y

"...

"En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

"..."

Con fundamento en el ordinal 217 de la Ley de Amparo tiene aplicación al caso y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 34, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 52, Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 (Actualización 2001), del tenor siguiente:

"ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN.-La revisión en el juicio de amparo, en tanto recurso, se rige por principios o reglas, entre ellos el de non reformatio in peius, conforme al cual no está permitido a los Tribunales Colegiados de Circuito agravar la situación del quejoso cuando únicamente éste recurre la sentencia de amparo; lo antes afirmado se patentiza si se toma en cuenta que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en todo caso autoriza la reformatio in beneficio, al prever la figura jurídica de la suplencia tanto de los conceptos de violación como de los agravios, en los casos en que específicamente lo establece el artículo 76 Bis del citado ordenamiento legal. Así, es claro que en los recursos de revisión derivados de juicios de amparo en materia penal, en que se concedió el amparo al quejoso porque la orden de aprehensión carece de fundamentación y motivación, y sólo recurre el propio quejoso, no es legalmente válido analizar los agravios expresados en cuanto al fondo del asunto, en virtud de que es incierta la futura existencia del acto impugnado, en razón del cumplimiento que a la sentencia respectiva le dé la autoridad responsable, pues hacerlo implicaría el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente le perjudique, trastocando con ello el principio que se comenta. Además, de que precisamente por ese sentido concesorio, la resolución recurrida ha causado estado o firmeza para el quejoso recurrente." (Lo resaltado no es de origen)

Así, en la especie fue parcialmente acertado -salvo la precisión que se hará en párrafos subsecuentes- que el a quo en la determinación impugnada, estableciera que el auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de febrero de dos mil catorce, por la Juez de control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en los autos de la causa penal o carpeta administrativa **********, es violatorio del derecho fundamental contenido en el precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 19 del propio ordenamiento.

En efecto, tal como lo concluyó el Juez Federal en la sentencia recurrida, el acto reclamado no se encuentra motivado en forma debida, pues si bien la autoridad de instancia, para tener por justificados los elementos de la existencia del hecho delictuoso atribuido al impetrante de amparo, relacionó los datos de prueba proporcionados por el fiscal, no menos cierto es que parte de ellos los precisó de forma incorrecta, puesto que no son idóneos ni pertinentes para acreditar los elementos objetivos a los que hacen referencia los numerales 273 y 274 del Código Penal para el Estado de México, esto es, la conducta (cópula) y la modificativa agravante (haber causado la muerte), actuación con la cual la Juez de control transgredió el contenido del numeral 185 del ordenamiento legal en cita, puesto que estaba obligada a verificar las cuestiones relacionadas con la idoneidad de la prueba, lo cual no realizó, esto es, el indicar qué se demuestra con ésta; cómo se llegó a la conclusión de que los medios probatorios son aptos para demostrar lo pretendido; y, el concluir si ese medio probatorio es conducente a la controversia y suficiente para lo que se pretende demostrar.

Y, que ello evidenciaba vicios formales que dejaban en estado de indefensión al quejoso, toda vez que la omisión de un análisis exhaustivo y apegado a lo establecido por los preceptos legales que señalan los requisitos que cada uno de los datos de prueba deben cumplir, específicamente los concernientes a la acreditación de todos y cada uno de los elementos conformadores del hecho delictuoso, deviene en la duda de los motivos y fundamentos que dieron lugar al acto reclamado, por lo que una resolución de esa naturaleza que dispense tales imprecisiones, niega al gobernado elementos para la defensa de sus derechos y, por ende, deviene violatoria de derechos humanos.

Aspectos, entre otros, por lo que determinó conceder la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que dejara insubsistente el auto de vinculación reclamado y bajo su más estricta responsabilidad, con libertad de jurisdicción, dictara una nueva resolución que podría ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que: 2.1 Estipulara correctamente el delito y su fundamento; 2.2 Seccionara el hecho delictuoso debidamente para su estudio (aspectos los dos anteriores que no se comparten como se expondrá en párrafos subsecuentes); 2.3 Estableciera fundada y motivadamente con qué datos de prueba se acreditan cada uno de los elementos del hecho delictuoso; y, 3. Analizara de manera fundada y motivada la probable participación del impetrante en el hecho delictuoso.

Además, cabe precisar que cuando la autoridad responsable, únicamente se concreta a transcribir datos de prueba en cada uno de los elementos esenciales del hecho ilícito de que se trate, ello atenta contra los principios del propio sistema acusatorio, pues no se trata de repetir desmedidamente esos datos, sino extraer lo concreto de cada uno e indicar qué es lo que justifica o sustenta, para así estar en condiciones de observar el acto concreto y no caer en los vicios del sistema anterior.

En otro orden, como ya se adelantó, en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima ampliar los efectos de la concesión constitucional reformatio in beneficium otorgada al solicitante de amparo, puesto que además de algunos de los motivos aducidos por el Juez de Distrito, se advierte diversa razón para proceder del modo expuesto.

Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que pudieran originar un mayor beneficio jurídico para el gobernado.

En efecto, como se dijo en suplencia de la queja, conforme lo dispone el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, quienes integran este órgano colegiado advierten una razón diversa para modificar en beneficio del recurrente la razón de la sentencia protectora de amparo, ya que el auto de plazo constitucional reclamado vulneró en perjuicio del quejoso el contenido de los artículos 19 y 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 63, 153, fracción IV, así como el numeral 296, en su párrafo quinto, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, por lo que se asumirá jurisdicción para variar el motivo que condujo al Juez de Distrito a conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al entonces quejoso en la resolución recurrida.

A fin de justificar la decisión del porqué el auto de vinculación a proceso reclamado violó en perjuicio del solicitante de amparo, el contenido de los artículos 19 y 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 296, en su párrafo quinto, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se puntualiza que dicho auto de plazo constitucional fue dictado al entonces quejoso por el hecho delictuoso de violación con complementación típica y punibilidad autónoma al haberse causado la muerte, respecto del cual el promovente de amparo **********, generó controversia en cuanto a su probable intervención en ese hecho ilícito, para lo cual ofertó diversos datos de prueba, mismos que fueron admitidos para ser desahogados durante la ampliación del plazo constitucional; sin embargo, no se efectuaron las diligencias necesarias para su desahogo ante la Juez de control.

De manera que el darle oportunidad al quejoso para que agote su derecho de defensa durante el término constitucional ante la presencia de la Juez de control, una vez que se logre subsanar la violación procesal que se estima actualizada, el sentido de aquella determinación judicial podría variar aún más en su beneficio no sólo subsanando los vicios formales -carencia de fundamentación y motivación-, lo cual hace que en este caso concreto, resulte necesario suplir la deficiencia de la queja para abordar la violación de carácter procesal ya anunciada, que tiene que ver con la factibilidad de producir datos de prueba en su defensa durante el plazo constitucional ampliado para los fines pretendidos.

En ese tenor, la violación procesal a que se alude se produjo por la actuación de la Juez de control, quien una vez que tuvo por anunciados parte de los datos de prueba por conducto de la defensa del imputado en la dilación constitucional, ésta delegó su desahogo al Ministerio Público, lo cual impidió que tal autoridad judicial cumpliera con su obligación de velar que aquéllos se desahogaran, incumpliéndose el fin por el cual el legislador decidió concederle a toda persona imputada de un delito, que durante dicha etapa ofertara datos de prueba dentro del plazo normal, o bien, dentro de la prórroga del término constitucional.

Es obligación del Juez de control recabar y desahogar los datos de prueba ofrecidos por el imputado durante el plazo constitucional.

La facultad para admitir y desahogar los citados datos de prueba es del Juez de control, por ser el encargado de resolver la situación jurídica del imputado en la correspondiente etapa de investigación, atendiendo a los aspectos siguientes:

El artículo 19 de la Constitución Federal, en la parte relativa, establece:

"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

"El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El Juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

"...

"El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del Juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

"..."

Del primer párrafo del invocado numeral, se desprende que durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro, en caso de haberse ampliado, el indiciado que se encuentra detenido quedó a disposición de la autoridad judicial; y que su detención ante esta última no puede exceder de ese plazo, a menos que se justifique con un auto de vinculación a proceso que debe reunir diversos requisitos.

Por su parte, el artículo 27 del Código de Procedimiento Penales vigente en el Estado de México,(1) señala que la función jurisdiccional en materia penal en el Estado de México, se ejercerá, entre otros, por los Jueces de control, mientras que los diversos 288 a 299 del mismo ordenamiento, que regulan lo relativo a la formulación de la imputación y la vinculación del imputado a proceso, mencionan al Juez de control como el encargado de desahogar en esa etapa las respectivas audiencias y pronunciarse sobre la vinculación a proceso, lo cual es acorde, a su vez, con lo que disponen los numerales 189, fracción I y 191, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México,(2) que de igual forma señalan que es ante el citado Juez donde se desarrolla la etapa de investigación que requiera intervención judicial y que es quien debe resolver la vinculación o no a proceso del imputado.

Una vez que se tiene legalmente determinado que el Juez de control es quien tiene que resolver la situación jurídica del imputado en el plazo constitucional y previo a exponer por qué este Tribunal Colegiado estima que debe ser dicho juzgador quien desahogue los datos de prueba ofertados por la defensa del ahora quejoso, se considera importante destacar algunos aspectos que sobre dicho tema abordó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."

En dicha resolución se realizó la interpretación de algunas disposiciones de los Códigos de Procedimientos Penales de Oaxaca y del Estado de México, relacionadas con la audiencia de vinculación a proceso y se hizo patente que el encargado de desahogar los medios de prueba(3) que se ofrezcan en esa etapa, es el Juez de control, dado que ésa es la finalidad de verificar la mencionada audiencia.

Así, el Máximo Tribunal de Justicia de nuestro País estableció:

"...la formulación de la imputación constituye la formulación de cargos que realiza el Ministerio Público en contra del imputado, por lo que la actuación del Juez de control o Juez de garantía es trascendente en esta etapa, al vigilar la protección de los derechos del imputado a fin de que entienda la formalización y pueda ejercer plenamente su derecho de defensa; en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema penal acusatorio.

"El Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, en el penúltimo párrafo del artículo 274 establece que antes de concluir la audiencia de vinculación a proceso y de considerar que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el Juez resolverá la vinculación a proceso fundando y motivando su decisión.

"Por su parte, conforme al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en su artículo 293, refiere que el Juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: a) Que se haya formulado la imputación; b) Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

"Esto es, de conformidad con lo dispuesto por los códigos procesales en cita, la audiencia de vinculación a proceso se desahogará públicamente con la presencia del Ministerio Público y del imputado, a efecto de llevar a cabo el desahogo de las pruebas que el imputado hubiere ofrecido o presentado en su defensa en la propia audiencia, y una vez desahogadas, el Juez de control o Juez de garantía resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso, ya que así se advierte de la redacción de los artículos 278 del Código Procesal Penal de Oaxaca y 296 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que respectivamente establecen:

"Código Procesal Penal de Oaxaca.

"‘Artículo 278. Audiencia de vinculación a proceso o de término constitucional.

"‘El Juez realizará, en su caso, la audiencia de vinculación a proceso en un plazo no mayor de setenta y dos horas, o de ciento cuarenta y cuatro en caso de su ampliación, contadas a partir de que el imputado ha sido puesto a su disposición cuando en la audiencia de declaración el imputado haya solicitado la suspensión para ofrecer prueba. En esta audiencia el Juez procederá en los mismos términos de los párrafos penúltimo y antepenúltimo del artículo 274 (audiencia de declaración del imputado), salvo por lo que hace a la declaración propiamente dicha, sin perjuicio de que el imputado manifieste su deseo de declarar.

"‘Al término de la misma el Juez, observando las formalidades que este código dispone, impondrá, revocará, modificará o ratificará las medidas de coerción.’

"Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.

"‘Plazos para resolver sobre la vinculación a proceso.

"‘Artículo 296. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se expresará el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

"‘El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá duplicarse únicamente a petición del indiciado o su defensor.

"‘Si el imputado no solicita la duplicidad del plazo constitucional, el Juez, en su caso, citará a una audiencia en la que resolverá lo conducente.

"‘Dicha audiencia deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación.

"‘En el plazo constitucional el imputado tendrá derecho a anunciar los datos de prueba que a su interés convenga, relacionados con el hecho delictuoso y su probable intervención en el mismo.

"‘La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del Juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.’

"De lo anterior se sigue, que la reforma al sistema de justicia penal, trajo como consecuencia el cambio de denominación del auto que resuelve la situación jurídica de un imputado: auto de vinculación a proceso; ello porque la idea de vinculación únicamente se refiere a la información formal que el Ministerio Público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el Juez intervenga para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. La razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa.

"...

"La exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso se refiere a un derecho constitucional del debido proceso penal, que garantiza de manera más amplia la libertad personal no sólo respecto de la restricción material en sentido estricto, como ocurre con la prisión preventiva, sino como certeza jurídica constitucionalmente protegida de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, la demostración de un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho. ... ".(4) *Énfasis añadido.

En efecto, del contenido de la transcripción que antecede, se desprende que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que de conformidad con el artículo 296 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, la audiencia de vinculación a proceso se debe desahogar con la presencia del Ministerio Público y del imputado, para llevar a cabo el desahogo de las pruebas(5) que este último hubiese ofrecido o presentado en su defensa, y que una vez desahogadas, el Juez de control debe resolver sobre la vinculación o no a proceso.

Además, en la especie, este tribunal advierte que en el Código Procesal Penal en cita, no existe disposición alguna que faculte de forma expresa al Ministerio Público, para que sea él quien desahogue los datos de prueba que sean anunciados por el imputado durante el plazo constitucional.

Por el contrario, haciendo una interpretación sistemática de diversos artículos de la legislación adjetiva en comento, además del numeral 296 que analizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede establecerse que es el Juez de control quien debe cumplir con esa función, sin que haya alguna imposibilidad jurídica para hacerlo.

Para sostener lo anterior, debe atenderse al contenido de diversos numerales del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de México, que en su orden, son los siguientes:

El artículo 7, en su párrafo tercero, menciona que con las excepciones previstas en el código, el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente en los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas, siempre y cuando no se perjudique el curso normal del proceso,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25781-93ad67b9/auto-de-vinculacion-a-proceso-los-datos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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