JUICIO DE AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y EN SU LUGAR DECRETA LA CONDENATORIA Y ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DEL JUICIO ORAL DE ORIGEN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES, REPARACIÓN DEL DAÑO Y DEMÁS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL DELITO, POR SER UNA SENTENCIA DEFINITIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ROBERTO CANTÚ TREVIÑO, FELISA DÍAZ ORDAZ VERA Y JESÚS MARÍA FLORES CÁRDENAS. DISIDENTE: JOSÉ HERIBERTO PÉREZ GARCÍA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: FELISA DÍAZ ORDAZ VERA. SECRETARIA: DIANA ALEJANDRA CALDERÓN EIVET.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece, y su anexo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de junio siguiente.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que la formularon los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es oportuno conocer los antecedentes de los asuntos que dieron origen a los criterios en examen y las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las respectivas ejecutorias.
I. De las constancias relativas al juicio de amparo directo 185/2015, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en sesión de trece de agosto de dos mil quince, se desprende:
A) **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo directo en contra de la Cuarta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en su carácter de ordenadora, así como contra el actuario adscrito a esa Sala Colegiada y Jueces integrantes de Juicio Oral Penal Colegiado, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como ejecutoras de quienes reclamó: "La sentencia definitiva dictada en fecha 20 de marzo de 2015, dentro del toca de casación número 343/2014 y mediante la cual se me considera responsable de la comisión del delito equiparable a la violencia familiar en agravio de **********; medio de defensa que se sustanciará con motivo del medio de impugnación hecho valer por el agente del Ministerio Público en contra de la sentencia absolutoria que fuera dictada en fecha 29 de septiembre de 2014 en favor del ahora quejoso ********** "; acto que estimó violatorio de los artículos 14, 16, 17 y 20 constitucionales.
B) El asunto le correspondió por turno a dicho órgano colegiado, en donde la demanda de amparo se recibió el veinticuatro de abril de dos mil quince y se admitió a trámite ese mismo día, por acuerdo de presidencia; y se notificó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para su conocimiento y efectos legales consiguientes, quien no formuló pedimento; luego, por auto de nueve de junio de dos mil quince, se ordenó turnar los autos al Magistrado José Heriberto Pérez García, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con el artículo 183 de la Ley de Amparo; y,
C) Al resolver tal asunto en sesión de trece de agosto de dos mil quince, el Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo las consideraciones que enseguida se transcriben:
"Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, es legalmente incompetente para conocer del presente asunto.—En efecto, ********** en su demanda de amparo, señaló como acto reclamado: La resolución de veinte de marzo de dos mil quince, dictada por la Cuarta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca en casación **********, mediante la cual revocó la sentencia absolutoria de primer grado y, en su lugar, dictó sentencia condenatoria en su contra por su responsabilidad en el delito de (sic) equiparable a la violencia familiar, ordenando remitir los autos al Tribunal de Juicio Oral Penal Colegiado del Estado, conformado por distintos Jueces a los que conocieron en un inicio del asunto, a fin de que celebren la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código Procesal Penal para el Estado.—Bajo ese contexto, es evidente que la resolución reclamada no constituye una sentencia definitiva, pues aun cuando resolvieron cuestiones fundamentales del procedimiento penal instruido al quejoso, atinentes a la existencia del delito de (sic) equiparable a la violencia familiar y su responsabilidad penal, que ya no pueden ser modificadas por la potestad común; empero sí en vía constitucional.—Sin embargo, en la determinación reclamada no se puso fin al procedimiento penal de primera instancia, puesto que la Sala responsable en la propia resolución reclamada ordenó la remisión de los autos al Tribunal de Juicio Oral Penal Colegiado del Estado, para que continuara con la secuela legal y procediera a resolver lo relativo a la individualización de las sanciones y la reparación del daño; todo lo cual es indicativo de que como se apuntó, el acto reclamado no es legalmente una sentencia definitiva, toda vez que no puso fin al juicio del que deriva, lo que hace improcedente el amparo directo en su contra, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso a), V, inciso a) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de su ley reglamentaria, que disponen: Constitución.—‘Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite.—I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; ...’.—‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.—La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.—Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.—Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; ... V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares... VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; ...’.—Ley de Amparo. ‘Art. 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.—Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley.—Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.—Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.—Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; ...’.—Acorde a lo dispuesto en los preceptos constitucionales y legales antes transcritos, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que sea cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; y en tal caso, dicho juicio de garantías son (sic) de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito.—De igual modo, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, señala lo que debe entenderse por ‘sentencias definitivas o laudos’ y ‘resoluciones que pongan fin al juicio’, para la procedencia del juicio de amparo directo; así, el primer término lo refiere a las determinaciones que decidan el juicio en lo principal; y el segundo, a las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.—En los términos descritos sobre el tema en particular, está concebida la tesis aislada sostenida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 8, Cuarta Parte, página 59, de rubro y contenido siguientes: ‘SENTENCIA DEFINITIVA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO. El artículo 46 de la Ley de Amparo estatuye que se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.’.—Este Alto Tribunal, interpretando esta expresión de la Ley de Amparo, ha sentado las tesis jurisprudenciales números 322 y 328 (Apéndice (sic) de 1917 a 1965, Cuarta Parte), que respectivamente dicen: ‘Sentencia definitiva. Debe entenderse por tal, para los efectos del amparo directo, la que define una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que haya motivado la litis contestatio, siempre que, respecto de ella, no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o reformada.’ ‘Sentencias de segunda instancia. Aun cuando tengan efectos definitivos, no tienen el carácter de sentencias definitivas, si no resuelven la cuestión principal, y por tanto, del amparo que contra ellas se pida deben conocer los Jueces de Distrito.’ Visto, pues, a la luz de esta jurisprudencia el artículo 46 de la Ley de Amparo, puede afirmarse que su expresión ‘decidan el juicio en lo principal’, debe entenderse que quiere decir, que para los efectos del amparo directo, sólo se consideran sentencias definitivas, las que versando sobre la materia misma del juicio, resuelven la controversia principal, estableciendo que haya motivado la litis y condenen o absuelvan, según proceda, en forma que la materia misma del juicio quede ya definitivamente juzgada por la autoridad común.’.—Así entonces, es inconcuso que la procedencia del juicio de amparo directo está circunscrita a la emisión de resoluciones definitivas –que pongan fin al juicio decidiendo el negocio en lo principal o que sin decidirlo, lo den por concluido–. En confirmación de lo e
puesto, precisa destacar lo señalado en los artículos 375, 383, 384, 385, 389, 390, 391, 392 y 393 del Código Procesal Penal para el Estado, que disponen: ‘Artículo 375. Apertura de la audiencia.—El día y hora fijados para la audiencia, el Juez o tribunal concurrirá con el Ministerio Público, el imputado, el defensor y los demás intervinientes a la sala de audiencia. Verificará la presencia de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que hayan sido citadas a la audiencia y que deban tomar parte en el debate, así como de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él y declarará iniciado el juicio y abierto el debate.—Indicará al imputado que deberá estar atento a lo que sucederá. El Juez que preside dispondrá que los peritos y los testigos abandonen la sala de la audiencia.—El Juez que preside ordenará la práctica de las pruebas, dirigirá el debate, exigirá el cumplimiento de las solemnidades que correspondan y moderará la discusión, podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles pero sin coartar el ejercicio de la acusación ni el derecho a defensa; también podrá limitar el tiempo de uso de la palabra a las partes que deban intervenir durante el juicio, fijando límites máximos igualitarios.—Se le concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga oralmente y en forma breve su acusación, y se concederá la palabra al defensor, para que si lo estima pertinente indique su posición.—Cuando un testigo o perito no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero haya sido debidamente citado para asistir, el debate podrá iniciarse, sin perjuicio de ordenar su presentación por medio de la fuerza pública.’.—‘Artículo 383. Alegatos de clausura y cierre del debate.—Concluida la recepción de las pruebas, el Juez que presida podrá suspender a solicitud de las partes para preparar sus alegatos finales la audiencia por un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas tomando en consideración lo complejo del juicio, debiendo establecer el día y hora en que se reanudará la misma. En la cual otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al acusador coadyuvante y al defensor, para que expongan sus alegatos finales.—Seguidamente, se otorgará al Ministerio Público y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica sólo podrá referirse a lo expresado por el defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público o el acusador coadyuvante en la réplica.—Por último, se otorgará a la víctima que se hallare presente y luego al imputado la palabra para que manifiesten lo que consideren conveniente. A continuación, se declarará cerrado el debate.’.—‘Artículo 384. Decisión sobre absolución o condena.—Inmediatamente después de que el asunto se declare visto y cerrado el debate, el Juez o tribunal resolverá sobre la absolución o condena dentro de las dos horas siguientes, excepto cuando por la complejidad del asunto, se torne necesario diferir la audiencia para dar a conocer dicha decisión, lo que se hará en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de que quede cerrado el debate.—De excederse estos plazos, se decretará la nulidad del juicio y se repetirá éste dentro de los siguientes veinte días hábiles, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el Tribunal por dicha omisión.’.—‘Artículo 385. Comunicación de la decisión.—Tomada la decisión sobre absolución o condena el Juez o tribunal se constituirá en la sala de audiencias, y dará a conocer la misma.’.—‘Artículo 388. Señalamiento de fecha para audiencia de individualización de sanciones, reparación del daño y demás consecuencias derivadas del delito.—En caso de que se condene al imputado por algún delito materia de la acusación, en la misma audiencia se señalará fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño y demás consecuencias derivadas del delito, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. Durante el transcurso de ese plazo, el Tribunal deberá redactar la parte de la sentencia correspondiente a la existencia del delito y la responsabilidad del imputado.—Las partes, con aprobación del Tribunal, podrán renunciar a la celebración de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, y demás consecuencias derivadas del delito y exponer sus argumentos sobre esos temas, después de comunicado el resolutivo de condena y antes de cerrar la audiencia. En este caso, el Tribunal citará a una audiencia de explicación resumida de la sentencia condenatoria en donde serán aplicables, en lo conducente, las reglas previstas para la audiencia en el caso de sentencia absolutoria.’.—‘Artículo 389. Citación a la audiencia de individualización de sanciones.—La fecha de la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño y demás consecuencias derivadas del delito se le notificará, en su caso, a la víctima u ofendido y se citará a ella a quienes deban comparecer a la misma.’.—‘Artículo 390. Comparecencia de las partes a la audiencia.—A la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño deberán concurrir necesariamente el Ministerio Público, el imputado y su defensor. La víctima, ofendido o el tercero civilmente demandado, podrán comparecer por sí o por medio de su representante o apoderado legal. Sin embargo, la audiencia no se suspenderá en caso de que éstos (sic) últimos no comparezcan personalmente o por medio de apoderado a pesar de haber sido legalmente citados.’.—‘Artículo 391. Alegatos iniciales de la audiencia de individualización.—Abierta dicha audiencia se le dará el uso de la palabra al Ministerio Público para que manifieste lo pertinente respecto a la individualización de las sanciones cuya imposición solicitó, acerca del daño provocado por el delito y su monto.—Enseguida, se le dará el uso de la palabra a la víctima u ofendido para que exponga lo conveniente respecto a los citados temas. Posteriormente, la defensa del imputado y, en su caso, el tercero civilmente demandado, expondrán los argumentos que funden sus peticiones y los que consideren conveniente exponer con relación a lo expuesto por el Ministerio Público y la víctima u ofendido.’.—‘Artículo 392. Desahogo de pruebas.—Expuestos los alegatos iniciales de las partes, se procederá al desahogo de las pruebas debidamente admitidas, del Ministerio Público, víctima u ofendido, defensa y en su caso, del tercero civilmente demandado, en este orden. En el desahogo de los medios de prueba serán aplicables las normas relativas al juicio oral.’.—‘Artículo 393. Alegatos finales y lectura de sentencia.—Desahogadas las pruebas, las partes harán sus alegatos finales. Expuestos éstos, el Juez en un plazo que no podrá exceder tres días procederá a dar lectura de la sentencia condenatoria.’.—La interpretación de los transcritos preceptos legales, permite conocer las formalidades procedimentales que regulan la audiencia de juicio oral, la intervención de las partes, la recepción de las pruebas admitidas, la exposición de los alegatos de apertura y de clausura, lo mismo que el dictado de la resolución que proceda, en la que se valoran las pruebas desahogadas en audiencia y, se emitirá la decisión sobre la absolución o condena.—Audiencia que, en caso de tratarse de una decisión de condena, se divide en dos partes, la primera que es la de juicio que culmina en el momento en que el juzgador decide precisamente sobre la responsabilidad del acusado, y la segunda que es la relativa a la individualización de las sanciones, reparación del daño y demás consecuencias derivadas del delito, que se verificará en un plazo que no podrá exceder de cinco días, con la asistencia de las partes, se desahogan los medios de pruebas relacionados con esos temas y, posteriormente se decide sobre éstos.—Finalmente, se convocará a las partes a la sala de audiencias para que en un plazo que no podrá exceder de tres días, se dé lectura a la sentencia condenatoria.—Por tal razón, es claro que la resolución reclamada no constituye una sentencia definitiva en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, pues no decide el juicio en lo principal ni lo concluye, atento a que el quejoso ha sido plenamente juzgado por la autoridad común, sólo se determinó su responsabilidad, mas no las consecuencia que ello conlleva, lo cual será resuelto en una diversa audiencia por el Tribunal de Juicio Oral Colegiado del Estado, en la que se definirá la individualización de las sanciones, la reparación del daño y las demás consecuencias del delito, en los términos señalados en la ley adjetiva respectiva.—Ciertamente, en la resolución aquí combatida dictada en el recurso de casación, se revocó la sentencia absolutoria dictada por los juzgadores de origen, pero no se individualizaron las sanciones, ni se abordaron los temas de la reparación del daño y de las consecuencias del delito; capítulos fundamentales de una sentencia definitiva en materia penal, que son consecuencia de la responsabilidad que le resulta al justiciable, sino que la Sala responsable ordenó devolver los autos al órgano jurisdiccional de origen integrado por otros Jueces, para que éstos continuaran con la secuela del procedimiento, es decir, celebraran la audiencia relativa a esos temas y resolviera sobre los mismos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 del Código Procesal Penal para el Estado, que establece: ‘Artículo 102. Competencia por casación o revisión.—Cuando en virtud de la interposición de los recursos de casación o de revisión resulte anulado el juicio o la sentencia, conocerá el Tribunal de Juicio Oral con competencia en donde se dictó la sentencia impugnada, pero conformado por distintos Jueces. En caso de no ser posible lo anterior, el Tribunal se integrará con los Jueces del Tribunal más próximo.’.—De tal forma que, en tanto esto no suceda, la decisión jurisdiccional que sólo aborda el tema de la existencia del delito y la responsabilidad del acusado en su comisión, sin aplicar las sanciones correspondientes que se reservan para otro momento procesal, no tiene el carácter (sic) definitiva para la procedencia del juicio de amparo directo.—Esto es así, porque de aceptarse la procedencia del amparo directo contra una resolución de esa naturaleza, aun dictada en vía de casación, cuya decisión no es modificable por los juzgadores de instancia y que causa al gobernado un daño irreparable en el procedimiento en que se emitió, que resuelve aspectos fundamentales del procedimiento penal pero de manera parcial y sin poner fin o concluir el juicio en el que se dicta; se atentaría contra el principio de unidad que rige a toda sentencia, que se traduce en la declaración que hace el juzgador del caso puesto a su conocimiento y que lo resuelve de fondo, esto es, de manera definitiva, y contiene todos los aspectos a dirimir sin reservar jurisdicción alguna.—Aceptar un criterio contrario, implicaría de igual modo permitir la división de la continencia de la causa, que consiste en que todas las pretensiones y temas primordiales conexos con aquéllas, se debatan en un mismo proceso y resolución, aun cuando ésta se integre de dos o más etapas, que vinculadas forman la unidad.—Orientan las consideraciones anteriores, la jurisprudencia número 489 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 324, que dice: ‘SENTENCIA DEFINITIVA. Debe entenderse por tal, para los efectos del amparo directo, la que define una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que hayan motivado la litis contestatio, siempre que, respecto de ella, no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o reformada.’.—Así como la tesis que se comparte por identidad del tema, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 638 del Tomo V, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, que reza: ‘SENTENCIA, DEBE CONSIDERARSE COMO UNIDAD. Toda sentencia, como acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, por lo que debe considerarse como unidad, lo que trae como consecuencia la eficacia vinculatoria de las consideraciones del fallo, implicando elementos fundamentales para determinar el alcance de la decisión.’.—Así las cosas, es claro que la sentencia de segunda instancia aquí reclamada, de ningún modo resuelve en definitiva la pretensión punitiva del Ministerio Público dentro de la acusación formulada en contra de **********, sino que se trata de un fallo parcial o ‘para efectos’, pues la sanción, la reparación del daño y demás consecuencias del delito que correspondan aplicar en su contra, serán resueltas por una autoridad diversa al tribunal de casación, lo que es indicativo de que en el caso concreto, la autoridad común no ha juzgado a cabalidad o de forma completa la litis en el procedimiento penal instruido al quejoso.—Por tanto, se reitera, la resolución reclamada por ********** en la demanda de amparo que nos ocupa, en que la Sala responsable revocó la sentencia absolutoria de los juzgadores de origen y declaró acreditado el delito de equiparable a la violencia familiar y la responsabilidad penal del justiciable, y en consecuencia, ordenó la remisión de los autos al órgano jurisdiccional de origen pero que debe ser integrado por distintos Jueces, a fin de que celebren la audiencia de individualización de sanciones, reparación del daño y demás consecuencias derivadas del delito; no puso fin al procedimiento penal, y por ende, no constituye una sentencia definitiva en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que no decide el juicio en lo principal, por lo que en su contra resulta improcedente el juicio de amparo en vía directa.—Por similitud jurídica, resulta ilustrativa la ya referida jurisprudencia 1a./J. 74/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre de 2001, materia penal, página 20, de rubro y texto: ‘REENVÍO. EL CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TABASCO, HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE SENTENCIAS PENALES DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCAN LAS DE PRIMER GRADO. El artículo 194 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, dispone que cuando el tribunal de alzada modifique la resolución combatida, debe reenviar los autos al Juez de primer grado, para que éste dicte otra en sustitución de aquélla. En consecuencia, si el juicio de amparo directo competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, establecido taxativamente en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso a), V, inciso a) y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 158 en relación con el 44 de la Ley de Amparo y, 37, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, procede en materia penal en contra de sentencias definitivas dictadas por los tribunales comunes y si, por otra parte, el artículo 46 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, dispone que son resoluciones definitivas las que deciden el juicio en lo principal o que, sin decidirlo, lo dan por concluido y en contra de las cuales no exista ningún recurso ordinario mediante el que puedan ser modificadas o revocadas, debe concluirse que en contra de las sentencias dictadas por los tribunales de segunda instancia que modifican las resoluciones absolutorias de los Jueces de primer
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29731-9fab0a7c/juicio-de-amparo-directo-procede-contra-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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