SENTENCIA DEFINITIVA. EN SU EJECUCIÓN NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN DE FORMA INDEPENDIENTE RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES (LÍQUIDAS O GENÉRICAS), PUES ELLO IMPLICARÍA TRANSGREDIR LA COSA JUZGADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 20 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, GUILLERMO DAVID VÁZQUEZ ORTIZ Y ENRIQUE DUEÑAS SARABIA. DISIDENTES: GERARDO DOMÍNGUEZ Y FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ. PONENTE: FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ. SECRETARIA: ALMA ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veinte de octubre de dos mil quince.
VISTOS, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 12/2015, y
RESULTANDO:
Denuncia de contradicción de tesis. Mediante oficio 142/2015, remitido el diecisiete de junio de dos mil quince, por el Magistrado Carlos Arturo González Zárate, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, denunció la posible contradicción de tesis, suscitada entre el criterio emitido por el referido órgano jurisdiccional, al fallar el recurso de revisión 60/2015 y el que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, al resolver el diverso recurso de revisión 376/2011, asimismo, envió copia certificada de la ejecutoria correspondiente y el disco óptico que la contiene.(1)
Trámite. En acuerdo de dieciocho de junio de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, Magistrado Enrique Dueñas Sarabia, tuvo por recibido el oficio de mérito y en el mismo se avocó al conocimiento de la posible contradicción de tesis, la admitió a trámite y ordenó formar y registrar el expediente con el número 12/2015 y giró oficio a los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito participantes, a fin de que remitieran copia certificada de las ejecutorias relativas e informaran si se encontraba vigente el criterio sostenido en ellas o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.(2)
Por oficios 4861 y 4868, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, respectivamente, remitió copia certificada de la ejecutoria que informa el presente asunto, así como del disco óptico que la contiene, además de que se manifestó que no se había apartado del criterio que sostuvo al resolver el recurso de revisión 376/2011.(3)
Turno. En proveído de trece de julio de dos mil quince, el Magistrado presidente del Pleno de este Tercer Circuito, turnó los autos al Magistrado Gerardo Domínguez, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.(4) En sesión de esta fecha, se determinó que el engrose de mayoría, en la parte relativa al estudio de fondo,(5) correspondería al suscrito Magistrado Francisco José Domínguez Ramírez, por lo cual, en acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Magistrado Gerardo Domínguez le remitió el expediente de contradicción de tesis en que se actúa; y,
CONSIDERANDO:
Competencia. El Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(6) 41 Bis, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(7) 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(8) y transitorio primero del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo circuito.
Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis, proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(9) ya que fue formulada por el Magistrado Carlos Arturo González Zárate, en su calidad de presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito.
Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son las siguientes:
a) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el veintiocho de octubre de dos mil once, el recurso de revisión 376/2011, consideró, en lo que aquí interesa:
"SEXTO. Los agravios que serán analizados, se estiman fundados y suficientes para revocar la sentencia impugnada, lo cual hace innecesario el estudio de los restantes, de conformidad con la jurisprudencia número 575, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, localizable en la página número 383, del Tomo IV, correspondiente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (cita texto).-En efecto, resultan fundados los motivos de disentimiento, mismos que serán estudiados en forma conjunta, dada la íntima relación que guardan entre sí, al tenor de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo y en los cuales la parte recurrente, aduce: 1. Que contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, como lo alegó en sus conceptos de violación, respecto a las cantidades ilíquidas (intereses ordinarios y moratorios), ya había operado la prescripción, en razón de que la actora no presentó la planilla de liquidación en el tiempo que la ley señala, sino pasado más de diez años, lo anterior al tenor del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en iguales términos que lo regula el Código de Comercio, que dispone que la liquidación de las partes ilíquidas de la sentencia, deben presentarse al promover la ejecución; por lo que si en el presente caso, la ejecución de la sentencia inició el doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis, desde esa fecha la actora tuvo la oportunidad de presentar la planilla de liquidación de las partes ilíquidas, y si ésta la promovió hasta marzo de dos mil ocho, su acción ya se encontraba prescrita; además que, contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, al haber iniciado la ejecución de la sentencia respecto de la cantidad líquida mediante el remate, la liquidación de las partes ilíquidas no pueden cuantificarse en cualquier momento, ya que esto implicaría dejar a la voluntad del actor beneficiado la formulación de la planilla de liquidación de sentencia, no obstante que es de orden público y no puede quedar al arbitrio de las partes; pues aceptar lo contrario se dejaría correr el tiempo indefinidamente para que se aumente desproporcionalmente el monto de dichas cantidades ilíquidas, en violación a los principios de certeza y seguridad jurídica; y, 2. Que contrario a lo considerado por el Juez de Distrito de la transcripción de lo dispuesto por el artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y el ordinal 1348 de la legislación mercantil, se pone de manifiesto que ambos ordenamientos legales son idénticos, razón por la cual sí resultan aplicables, en atención a los principios de analogía y mayoría de razón, las consideraciones plasmadas en la jurisprudencia por contradicción de tesis bajo el rubro: ‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SI NO SE EXHIBE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PROMOVER LA EJECUCIÓN, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PROCEDE APERCIBIR AL PROMOVENTE PARA QUE LO EXHIBA, SO PENA DE QUE PRECLUYA SU DERECHO DE PRESENTAR TAL DOCUMENTO.’; por ello, debe concluirse, que el artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, sí señala en qué momento debe promoverse la liquidación de sentencia, que lo es al promover la ejecución, tal como se interpreta en la jurisprudencia invocada; así las cosas si en el presente caso, la parte actora, aquí tercera perjudicada, a partir del doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis, tenía diez años para promover la liquidación de los intereses ordinarios y moratorios, esto es hasta el doce de septiembre de dos mil seis; de lo que se sigue, que si dicha liquidación la promovió hasta marzo de dos mil ocho, la acción interdictal de liquidación de las cantidades ilíquidas (intereses ordinarios y moratorios), se encontraba prescrita; pues aun y cuando inició el procedimiento de ejecución con el remate del inmueble hipotecado, esta ejecución se refirió a la cantidad líquida de la sentencia, razón por la cual dicha ejecución no interrumpió la prescripción de la liquidación de los conceptos ilíquidos, lo que implica que la actora únicamente mostró interés por ejecutar la parte líquida de la sentencia definitiva.-Lo anterior es así, toda vez que del estudio que se hace a los cuadernos de pruebas que en copias certificadas remitió el Juez responsable, a los que en términos de lo dispuesto por los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 2o., de esta última legislación, se les concede pleno valor probatorio, por tratarse de documentos públicos, de donde se desprende en lo que interesa, los siguientes antecedentes: 1. **********, demandó en la vía civil sumaria hipotecaria a **********, ********** y **********, el vencimiento anticipado del contrato de crédito refaccionario con garantía hipotecaria; pago del préstamo y demás consecuencias legales (fojas de la 1 a la 4 del tomo I del cuaderno de pruebas).-2. Se emplazó a los demandados, y **********, por su propio derecho y como representante legal de **********, produjo su contestación y opuso diversas excepciones y defensas (fojas de la 18 a la 20 ibídem); mientras que la codemandada **********, fue juzgada en rebeldía, al no comparecer a contestar la demanda interpuesta en su contra.-3. Seguido el juicio natural por sus trámites legales el seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró el vencimiento anticipado del contrato fundatorio de la acción y se condenó a la parte demandada al pago de la suerte principal, intereses ordinarios, intereses moratorios y costas del juicio; absolviéndose a la parte demandada del pago de intereses ordinarios que se generaran hasta la liquidación del adeudo, por no haberse pactado su capitalización (fojas de la 83 a la 88 ibídem).-4. Mediante proveído del uno de abril de mil novecientos noventa y seis, se declaró que había causado ejecutoria la sentencia definitiva y se concedió término a la parte demandada para que diera cumplimiento de manera voluntaria con la misma, apercibida que de no hacerlo, se procedería a la ejecución forzosa (folio 93, del tomo I del cuaderno de pruebas).-5. Por acuerdo del doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis, en virtud de que la parte demandada no dio cumplimiento de manera voluntaria con la sentencia definitiva, se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia, por lo cual se ordenó sacar a remate el bien inmueble hipotecado (foja 104, ibídem).-6. Seguido el procedimiento de ejecución respecto de la cantidad líquida por sus etapas procesales correspondientes, el diecinueve de febrero de dos mil ocho, se celebró la audiencia de remate, y en dicha audiencia se aprobó la cesión de derechos realizada por la actora a favor de ********** y, a su vez la realizada por ésta a favor de **********, y se fincó el remate a favor de esta última (foja de la 385 a la 387 ibídem); mismo que fue aprobado en definitiva por auto de veintiséis de marzo del año dos mil ocho (foja 399, del tomo I del cuaderno de pruebas).-7. Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil ocho, **********, en su carácter de abogado patrono de la cesionaria, formuló planilla de liquidación de sentencia (fojas 391 a la 393 ibídem), mismo que se admitió a trámite por auto de veintiuno de mayo del dos mil ocho, de la cual se ordenó dar vista a la parte contraria, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho e interés legal conviniera (foja 439, del tomo I del cuaderno de pruebas).-En relación con el tema a dilucidar, el artículo 489 del anterior Código de Procedimientos Civiles del Estado y aplicable al asunto, en razón de que éste inicio en el año mil novecientos noventa y dos, disponía: ‘Artículo 489. Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a hacer efectiva la primera, sin esperar a que se liquide la segunda.’.-De la interpretación que se hace del ordinal transcrito, se desprende que la ejecución de la sentencia puede hacerse respecto de la cantidad líquida, sin que sea necesario esperar a ejecutar el concepto condenando en importe ilíquido; siempre que respecto de esta última no transcurra el plazo de la prescripción para pedir la ejecución; lo anterior en razón de que según sea la naturaleza de las obligaciones, objeto de la condena, y la clase de obligaciones generadas por ésta, se estará en condiciones de advertir, si respecto de éstas transcurrió o no el plazo de la prescripción de la acción para ejecutarlas.-Por otra parte, el artículo 490 del anterior Código de Procedimientos Civiles del Estado, regulaba lo siguiente: ‘Artículo 490. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte demandada. Si ésta nada expone dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación, más si manifestar inconformidad, se dará vista de las razones que alegue, a la promovente, por tres días y de lo que se replique por otros tres, al deudor. Dentro de igual término el Juez fallará lo que estime justo sin que contra su resolución proceda más recurso que el de responsabilidad.’.-El artículo transcrito prevé la hipótesis de que la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia, al promover la ejecución pueda presentar su liquidación en caso de que la sentencia no contenga cantidad líquida. Esta liquidación se lleva a cabo a través de un incidente y tiene por objeto que el Juez determine, aritméticamente, la suma que debe pagar el vencido, tornando cierto el monto incierto de la sentencia.-El incidente de liquidación de intereses es un acto vinculado con la ejecución de sentencia, y tiene como objetivo determinar con precisión la cuantía de la prestación a que quedaron obligadas las partes en el
juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esa condena, que no pudo cuantificarse en el fallo y es indispensable para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución.-Ahora bien, como lo aduce, la parte recurrente en sus agravios, al confrontar lo dispuesto por el artículo 490 del cuerpo de leyes en cita, y lo regulado por el ordinal 1348 de la legislación mercantil (en su texto anterior a la reforma que entró en vigor el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis), mismo que disponía lo siguiente: ‘Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta nada expusiere dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue, a la promovente, la cual contestara dentro de tres días, fallando el Juez o tribunal dentro de igual término lo que estime justo. De esta resolución no habrá sino el recurso de responsabilidad.’.-De lo anterior se colige, que si bien es cierto que la primera parte del artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y el ordinal 1348 del Código de Comercio, tienen la misma redacción, al señalar que: ‘... Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación ...’.-No menos lo es, que como acertadamente lo resolvió el Juez de Distrito, respecto del tema referente a que al momento de promover la ejecución de la sentencia, se debe presentar la planilla de liquidación respectiva, so pena de que precluya su derecho para presentar tal documento, tal como lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, y lo estableció en la jurisprudencia por contradicción de tesis bajo el rubro: ‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SI NO SE EXHIBE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PROMOVER LA EJECUCIÓN, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PROCEDE APERCIBIR AL PROMOVENTE PARA QUE LO EXHIBA, SO PENA DE QUE PRECLUYA SU DERECHO DE PRESENTAR TAL DOCUMENTO.’; no resulta aplicable al presente caso, en razón de que el juicio natural de donde deriva el acto reclamado, se trata de un juicio civil sumario hipotecario, mismo que se rige por lo dispuesto en el anterior Código de Procedimientos Civiles del Estado, en cuya legislación, es diferente al Código de Comercio, pues en la primera se contempla el artículo 489, en el cual se establece claramente, que la ejecución de la sentencia puede hacerse respecto de la cantidad líquida, sin que sea necesario esperar a ejecutar el concepto condenando en importe ilíquido; por ende, si el actor en el presente caso, promovió la ejecución de la sentencia, mediante el remate, esto se refirió a la cantidad líquida, y el hecho de que no hubiere presentado la planilla de liquidación de la cantidad ilíquida al promover la ejecución de la sentencia, no precluye su derecho, siempre que respecto de éste no transcurra el plazo de la prescripción para pedir la ejecución de dichos rubros.-Sin embargo, contrario a lo que estimó el Juez de Distrito, sí resultan aplicables las consideraciones que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia invocada, referente a que la planilla de liquidación de intereses puede presentarse nuevamente por el vencedor, mientras no concluya el término de la prescripción.-Pues no obstante que se interpretó lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, en ésta se hace un análisis de la institución de la prescripción de la liquidación de intereses, la cual es igual tanto en la materia civil como en la mercantil.-Así las cosas, al respecto el ordinal 503 del cuerpo de leyes en cita, regula lo siguiente: ‘Artículo 503. La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judicial, durará diez años contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado o sentenciado.’.-Esta disposición prevé el plazo que dura la acción para solicitar la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judicial, esto es, se refiere al plazo de prescripción de dicha acción.-Dicho plazo empezará a contar a partir del día en que venció el término judicial para el cumplimiento voluntario. La ley dejó al vencedor en libertad para elegir el momento, dentro de esos diez años, para ejercer la acción a través de la ejecución de la sentencia.-De lo relacionado con antelación, debe concluirse que en el caso de que un incidente de liquidación de intereses en la etapa de ejecución de sentencia se declare improcedente o no se apruebe, no opera, respecto al derecho de ejercer nuevamente la acción incidental, la figura jurídica de la preclusión, ya que la única figura jurídica que comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia, en este caso, respecto de la liquidación de intereses, es la prescripción, en términos del artículo 503 del anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco; lo cual tiene su razón de ser en la naturaleza jurídica del crédito de la parte vencedora, el cual emana de una sentencia (condena de intereses ordinarios y moratorios), y desde ese momento ingresa jurídicamente a su patrimonio; derecho que debe ser tutelado por el Estado y la acción para pedir la ejecución de ese derecho (condena a intereses), se extinguirá si transcurrido el término de diez años no se ejerce la acción correspondiente respecto de dicha condena.-Las anteriores consideraciones tienen sustento en lo que al respecto resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 104/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en la página 23, del Tomo XIV, de diciembre de 2001, bajo el rubro: ‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETO A LA FIGURA JURÍDICA DE LA PRECLUSIÓN, SINO A LA DE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).’ (cita texto).-Consideraciones de la ejecutoria de la cual surgió la jurisprudencia invocada, que por cierto fueron retomadas por la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis, bajo el rubro: ‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SI NO SE EXHIBE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PROMOVER LA EJECUCIÓN, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PROCEDE APERCIBIR AL PROMOVENTE PARA QUE LO EXHIBA, SO PENA DE QUE PRECLUYA SU DERECHO DE PRESENTAR TAL DOCUMENTO.’; ejecutoria en la cual se precisó en lo que importa lo siguiente: ‘... En otro orden, cabe hacer la aclaración siguiente: si con posterioridad a la solicitud de ejecución de sentencia declarada precluida por no haberse exhibido la planilla, pese al apercibimiento, la parte interesada presenta una nueva planilla de liquidación en diverso escrito, es este último escrito el que debe considerarse como de inicio del procedimiento de ejecución de sentencia, dejando sin efectos el presentado en primer término, siempre y cuando no haya transcurrido el término para que opere la prescripción...’.-Así las cosas, si en el presente caso, como acertadamente lo alega la parte quejosa a partir del auto de doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis, inició la etapa de ejecución de la sentencia, resolución en la cual se ordenó sacar a remate el inmueble hipotecado, lo que implica que la ejecución respectiva, fue en relación a la cantidad líquida condenada, concepto respecto del cual ya no era necesario realizar ninguna liquidación; y desde esa fecha la actora tuvo la oportunidad de promover al mismo tiempo o con posterioridad, hasta en tanto no se actualiza el término de la prescripción, la planilla de liquidación de intereses ordinarios y moratorios; liquidación que como acertadamente lo señala la parte recurrente, no puede cuantificarse en cualquier momento, ya que esto implicaría dejar a la voluntad del actor la formulación de la planilla respectiva, en perjuicio del patrimonio de la parte condenada con el aumento del monto de dichas prestaciones, sino que la ejecución de dichos conceptos debió de realizarse dentro del plazo de los diez años que para tal efecto dispone el artículo 503 del anterior Código de Procedimientos Civiles del Estado, a fin de que no operara la prescripción de la acción para ejecutar dichos rubros; de lo que se sigue, que si la parte actora presentó hasta el seis de marzo de dos mil ocho, esto es después de los diez años que dispone el ordinal invocado, lo cual venció el doce de septiembre de dos mil seis, la planilla de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, a esta fecha la acción para ejecutar dichos rubros, ya se encontraba prescrita, pues para su ejercicio se requería únicamente de la voluntad de la actora para hacer valer incidentalmente la liquidación respectiva, cuantificación que podía legalmente regularse en forma simultánea a la ejecución de la suerte principal a que fue condenada la parte demandada en cantidad líquida, lo anterior al tomar en cuenta como se dijo, que el tiempo para ejecutar una sentencia, depende de la naturaleza de las obligaciones objeto de la condena y la clase de obligaciones generadas por ésta.-Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la integran y en la parte conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 77/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en la página 220, del Tomo XXX, de noviembre de 2009, de la Novena Época, bajo el rubro: ‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SI NO SE EXHIBE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PROMOVER LA EJECUCIÓN, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PROCEDE APERCIBIR AL PROMOVENTE PARA QUE LO EXHIBA, SO PENA DE QUE PRECLUYA SU DERECHO DE PRESENTAR TAL DOCUMENTO. (cita texto).-Por ende, si bien es cierto, como lo consideró el Juez de Distrito, que la ejecución de la sentencia inició el doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis, no menos lo es, que como acertadamente, lo alega la parte quejosa, dicha ejecución fue respecto de la cantidad líquida a que fue condenada la demandada, ejecución que concluyó con la adjudicación del bien hipotecado, y la cual no comprende la liquidación de los intereses ordinarios y moratorios, en razón de que éstos no se encontraban determinados en forma líquida; de ahí que si respecto de estos rubros, la planilla de liquidación de sentencia se presentó hasta el seis de marzo de dos mil ocho; es inconcuso, que a esta fecha ya se encontraba prescrita la acción para pedir la ejecución respecto de dichos conceptos, al haber transcurrido más de diez años, al tenor de lo dispuesto por los artículos 490 y 503 del anterior Código de Procedimientos Civiles del Estado, como acertadamente lo alega la parte recurrente, y contrario a lo que resolvió el Juez de Distrito.-Por ende, al resultar fundados los agravios analizados, y al constatarse la transgresión a lo dispuesto por los artículos 490 y 503 del anterior Código de Procedimientos Civiles del Estado, y por ende, las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, por parte del Juez responsable; al tenor de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, lo conducente es revocar la sentencia recurrida, y conceder el amparo y la protección federal solicitados, a fin de que el Juez responsable: a) Deje insubsistente la interlocutoria reclamada de cuatro de marzo de dos mil diez; y, b) Dicte otra en la que atendiendo los lineamientos trazados en esta ejecutoria, establezca que la acción para pedir la ejecución respecto de la liquidación de intereses ordinarios y moratorios a que fue condenada la parte aquí quejosa en el juicio natural, se encuentra prescrita, y una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que conforme a derecho corresponda en relación a la litis incidental planteada.-En las referidas condiciones, al resultar fundados y suficientes los agravios analizados y como no se advierte alguna violación manifiesta de la ley, que hubiere dejado indefensa a la parte quejosa, y se esté en el caso de suplir la queja deficiente, en los términos de la fracción VI del artículo 76 bis, de la ley de la materia, lo conducente es revocar la sentencia impugnada, por las causas y razones expuestas en este considerando.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia impugnada.-SEGUNDO. Para los efectos establecidos en el considerando sexto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, por sí y como representante legal de **********, contra el acto reclamado al Juez Sexto de lo Mercantil de esta ciudad, consistente en la interlocutoria de cuatro de marzo de dos mil diez, dictada en los autos del juicio civil sumario hipotecario 1895/1992, del índice de dicho juzgado."(10)
b) Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el cuatro de junio de dos mil quince, el recurso de revisión 60/2015, determinó, en lo conducente:
"IV. Los agravios devienen jurídicamente ineficaces.-Lo controvertido, esencialmente, por el demandado quejoso es la negativa a otorgar la protección federal respecto del acto reclamado, consistente en la interlocutoria que en la fase de ejecución del juicio mercantil ejecutivo instaurado en su contra, desestimó el incidente de prescripción de la ejecución de dicho veredicto final.-Así es, a consideración del Juez de amparo, no operó en el caso el término para la prescripción de la ejecución de la sentencia en lo que atañe al importe líquido o suerte principal materia de condena, puesto que, si el ejecutante en el plazo legal promovió la cuantificación de los importes de intereses y costas, que atañen a la condena genérica decretada en el veredicto final, ello implica la activación o manifiesto interés del actor en ejecutar tal sentencia, máxime que, abundó el Juez Federal, en el caso, la ejecución respecto de la condena líquida o suerte principal, dependía de que se cuantificaran los intereses moratorios, ya que en el veredicto final, en términos del segundo párrafo del artículo 364 del Código de Comercio, se reconoció el abono hecho por la parte demandada, a efecto de aplicarlo en primer término a cubrir intereses y después el capital; por ende, concluyó, hasta que no se liquidaran los intereses, y se hiciera la aplicación del abono, podía determinarse si la suerte principal quedaba incólume o disminuía virtud a que le hubiere alcanzado la cantidad abonada.-Respecto de lo anterior, en los agravios que nos ocupan argumenta el demandado que tal determinación carece de apoyo legal, esto es, que se sustenta en consideraciones subjetivas apartadas de la formalidades previstas para la ejecución de las sentencias, puesto que, según se explaya el recurrente, existe reglamentación distinta para ejecutar la condena líquida y la genérica o ilíquida, a saber, el artículo 1410 del Código de Comercio,(11) que regula la ejecución de la condena líquida de la sentencia; y el artículo 1348 de dicha codificaci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26275-0fafdf76/sentencia-definitiva-en-su-ejecucion-no-opera-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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