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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE CON EL PAGO DE ALIMENTOS, EL QUEJOSO DEBE APORTAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE Y ASÍ JUSTIFICAR EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 56/2015 (10a.) (ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO).

Tipo de asunto: QUEJA 107/2020. · Registro digital (IUS): 32169
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-02-16
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo V, Pág.4470.

QUEJA 107/2020. 15 DE JULIO DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JESÚS ANTONIO SEPÚLVEDA CASTRO. SECRETARIO: JOSÉ ASUNCIÓN CRUZ MERCADO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Estudio de los agravios. Los motivos de agravios son infundados, los cuales por técnica jurídica y en términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, se analizarán de manera conjunta dada su estrecha relación.

Inicialmente es oportuno precisar que la suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125(9) de la Ley de Amparo, es una medida cautelar que puede decretarse de oficio o a petición del quejoso.

La suspensión de oficio tiene lugar cuando el acto reclamado se ubica en cualquiera de las hipótesis a que alude el artículo 126(10) de la Ley de Amparo. Se decreta de plano en el mismo auto de admisión de la demanda y, por ende, a diferencia de lo que sucede con la suspensión que debe solicitar el quejoso, no se clasifica en provisional o definitiva, pues, es una sola.

La suspensión que solicita el quejoso, se tramita vía incidental y puede ser provisional o definitiva, la provisional sólo tiene vigencia hasta en tanto se decide si se otorga o no la definitiva y, esta última, surte efectos desde que se dicta el acuerdo relativo, hasta el dictado de la sentencia de amparo; no obstante, la suspensión definitiva puede quedar sin efectos si se fija una garantía –no en todos los casos procede fijar garantía–, y el quejoso no la otorga dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación el auto que concede la suspensión,(11) o cuando el tercero otorga una contragarantía y ésta es admitida por el juzgador.(12)

La suspensión a petición de parte, como su propia denominación lo indica, debe ser solicitada por el quejoso,(13) y podrá pedirse en cualquier tiempo, con tal de que no se haya dictado sentencia ejecutoria;(14) sin embargo, debe destacarse que la sola petición no basta para que sea concedida, pues, esa medida está condicionada a una serie de presupuestos o requisitos, unos que se relacionan con la naturaleza del propio acto reclamado y otros con el impacto que tendría la suspensión en caso de otorgarse.

Así, para que proceda la suspensión del acto reclamado, además de ser solicitada por el quejoso, es necesario que:

- El acto reclamado sea cierto;

- El acto reclamado sea susceptible de ser suspendido; y

- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

La certeza del acto reclamado, no es un requisito exigido de manera expresa en los preceptos que regulan a dicha institución; sin embargo, ello obedece a que es un presupuesto lógico, pues, no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes. La necesidad de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, también constituye un presupuesto lógico, puesto que, ningún fin práctico tendría conceder la medida cautelar sobre un acto que por su propia naturaleza no es susceptible de ser suspendido.

La exigencia relativa a que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, es un requisito que, a diferencia de los anteriores, sí se encuentra previsto en la ley.(15) Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece:

"Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

"I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;

"II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;

"III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

"IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;

"V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;

"VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;

"VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;

"VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;

"IX. Se impida el pago de alimentos;

"X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;

"XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;

"XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;

"XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social."

Hasta lo aquí expuesto, podemos concluir que tratándose de pago de alimentos, la regla general es que no procede la suspensión del acto reclamado, al considerar la Ley de Amparo expresamente que la suspensión no se puede otorgar para que se impida el pago de alimentos por ir en contra del interés social o al orden público.

Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 56/2015 (10a.), estimó que dicha regla general tratándose de la suspensión provisional, tiene una excepción y, permitió que cuando la suspensión de actos reclamados vinculados con el pago de alimentos, se pudiera hacer el análisis de la apariencia del buen derecho, es decir, de conformidad con las particularidades de cada caso, el juzgador, de estar en posibilidades, debe realizar un ejercicio de ponderación para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, por ejemplo, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir.

En efecto, la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. Empero, para que ese análisis hipotético sobre la apariencia del buen derecho sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso,(16) pues, únicamente analizando en su conjunto tales aspectos, finalmente podrá ponderar la situación concreta del quejoso frente al perjuicio que la medida suspensiva puede ocasionar al interés social, es decir, sólo a partir de ese análisis, el juzgador podrá determinar cuáles son los daños de difícil reparación que puede sufrir el quejoso en caso de negarse la medida suspensional, y en su caso, si el perjuicio al interés social o al orden público sería mayor que esos daños, en caso de concederse la suspensión.

Si el resultado de esa ponderación depende de cada caso en concreto, es dable concluir que la sola circunstancia de que el acto reclamado se relacione con el pago de una pensión alimenticia, no es suficiente para determinar que no puede cobrar aplicación el análisis sobre la apariencia del buen derecho, dado que, si bien los supuestos establecidos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, excluyen ese análisis, en tanto que el legislador da prevalencia al interés social y a las disposiciones de orden público; para que el resolutor pueda realizar el análisis si el caso puesto a su consideración se encuentra en el supuesto de excepción a la regla general, debe contar con todos los elementos necesarios para con certeza decidir aún de manera provisional que en caso de concederse la suspensión no se causa un perjuicio mayor al interés social o al orden público.

En tales condiciones, cuando el acto reclamado, se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a analizar cada caso en concreto, a fin de determinar: i) si el acto reclamado en sí mismo, actualiza el supuesto a que alude la fracción IX del artículo 129 de la Ley de Amparo; y ii) si dicho acto actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral.

Luego, si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho, pues, atendiendo a lo dispuesto en el citado artículo 129, inevitablemente deberá negarse la suspensión del acto reclamado.

Sin embargo, si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia, a fin de determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, por ejemplo, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión del mismo, se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, dadas sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para su subsistencia.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe:

"Décima Época

"Registro: 2010137

"Instancia: Primera Sala

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 23, octubre de 2015, Tomo II

"Materias: común, civil

"Tesis: 1a./J. 56/2015 (10a.)

"Página: 1594

"SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé hipótesis en las que se considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, esas hipótesis sólo son enunciativas, pues el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público. Así, es en esa libertad en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o no factible conceder la suspensión. Lo anterior es así, porque esa obligación, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés social. En consecuencia, no pueden establecerse reglas generales para determinar si debe o no hacerse dicha ponderación, pues la decisión que se tome al respecto depende del caso concreto, ya que la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. Ahora bien, cuando el acto reclamado se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar si el acto reclamado: i) por sí solo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción IX del artículo 129 citado; y, ii) actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo constitucional referido, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir."

Una vez explicado lo anterior; se evidencia lo infundado de los motivos de agravio propuestos.

En principio, se advierte que las inconformidades planteadas en el recurso de queja que se analiza, se encuentran relacionadas con la negativa del Juez de Distrito en conceder la suspensión provisional vinculada con el pago de alimentos que refiere el disconforme se fijaron en su contra y, el embargo que, como consecuencia se trabó en bienes de su propiedad.

Es decir, al estar los actos reclamados vinculados con determinaciones relativas al pago de alimentos provisionales fijados, la suspensión solicitada, como lo estimó el resolutor federal en la resolución impugnada, se coloca en principio el supuesto previsto expresamente en el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, en cuanto a que de concederla se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público (regla general).

Luego, si el disidente pretendía que el Juez de amparo, no obstante la anterior circunstancia, analizara su petición por considerar se encontraba en la excepción a dicha regla general, de conformidad con lo dispuesto por el criterio emitido por el Alto Tribunal, antes señalado, debió aportar de manera extraordinaria todos los elementos para que el Juez estuviera en posibilidad de realizar ese ejercicio de ponderación.

Esto es, en términos de lo antes explicado, si bien es cierto, en tratándose de la suspensión provisional, la sola circunstancia de que el acto reclamado se vincule al pago de alimentos, no excluye el análisis de la apariencia del buen derecho, también lo es que, de conformidad con lo señalado por el disconforme en el escrito inicial de demanda en relación con las documentales que para tal efecto acompaña, o sea, el disconforme para justificar que su situación no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, en cuanto que de conceder la suspensión solicitada se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, no sólo debió realizar los señalamientos contenidos en su escrito inicial de demanda, pues, al tratarse de una situación de carácter extraordinaria, debió aportar los elementos necesarios para que el juzgador realice el ejercicio de ponderación antes citado (análisis de la apariencia del buen derecho), es decir, el resolutor federal no estaba vinculado jurídicamente a realizar pronunciamiento en los términos pretendidos por el recurrente, dado que no tenía elementos suficientes para tal efecto.

En efecto, de conformidad con lo señalado por el disconforme en la demanda de amparo, lo pretendido por éste, era que el órgano jurisdiccional realizara un análisis bajo la institución de la apariencia del buen derecho, para analizar de manera superficial la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, decidir sobre la procedencia de la medida cautelar de referencia, es decir, por ejemplo, que al momento de la diligencia de requerimiento de pago con motivo de los alimentos provisionales respectiva, cubrió con lo solicitado y, por ende, no se justificaba el embargo que se le practicó en bienes de su propiedad; que la autoridad responsable al emitir la resolución tildada de inconstitucional no realizó el desglose correspondiente por acreedor alimentario y, por tanto, no tiene conocimiento si es de acuerdo a las necesidades de cada uno; así como que, no existe presunción legal de necesitar alimentos provisionales en favor de su cónyuge, pues dice, es mayor de edad, laboralmente activa y debió acreditar la necesidad y urgencia de recibirlos.

Empero, con las constancias que hasta ese momento el resolutor federal tenía al emitir la determinación impugnada a través del recurso que se resuelve, no era jurídicamente posible, pues, no tenía noticia de los actos reclamados, para analizar el contenido y, realizar el estudio cognitivo de la apariencia del buen derecho, es decir, verificar aún de manera indiciaria la inconstitucionalidad de los actos reclamados en los términos planteados por el disidente, por ejemplo, si efectivamente se embargaron bienes del disconforme pese a cubrir el monto requerido en la diligencia respectiva o, si es verdad que la autoridad responsable al fijar los alimentos provisionales omitió motivar suficiente su determinación de conformidad con lo planteado por el disidente y, lo más importante que, a consecuencia de ello se causa perjuicio al disidente de difícil reparación; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir.

Es decir, si bien, como se explicó, la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto, también es cierto que se debe contar con los elementos suficientes para tal efecto, lo cual, como se dijo, en el caso no aconteció, dado que no se aportaron esos elementos de ponderación; por ende, la autoridad federal no se encontraba vinculada a realizar pronunciamiento en los términos pretendidos por el recurrente y, como consecuencia, encuadró la solicitud de suspensión en el supuesto previsto en el artículo 129, fracción IX de la Ley de Amparo, para negarla. Consecuentemente, es infundado lo señalado por el disconforme en el sentido de que, en la resolución impugnada, omitió pronunciarse respecto de la suspensión para los efectos de realizar el desglose de las cantidades respectivas, con el objeto de que esté en posibilidad de conocer qué pensión alimenticia fue otorgada para cada uno de los acreedores y, con ello, conocer si realmente la cantidad asignada es congruente a las necesidades de cada uno; que en la diligencia de requerimiento correspondiente pese a cumplir con lo solicitado, se embargaron bienes de su propiedad; y que no existe presunción legal de necesitar alimentos provisionales en favor de su cónyuge, pues dice, es mayor de edad, laboralmente activa y debió acreditar la necesidad y urgencia de recibirlos.

Lo anterior es así, pues como se expuso, si lo pretendido por el disconforme es justificar que, no obstante que los actos reclamados se encuentren vinculados con la determinación que fija alimentos provisionales a su cargo, no se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo –regla general–, en el sentido de que, con la concesión de la suspensión solicitada, se sigan perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, sino en un caso de excepción, el disidente debió anexar a su demanda de amparo de manera extraordinaria los elementos necesarios para que el juzgador federal, al emitir la determinación de suspensión provisional realizara el análisis relativo a la apariencia del buen derecho, por ejemplo, las propias determinaciones constitutivas de los actos reclamados, en la cual, se advierta fielmente las condiciones en las cuales se solicitó la aportación de alimentos en beneficio de los acreedores, así como los elementos tomados en consideración por la responsable al arribar a su determinación.

En conclusión, por regla general todas las determinaciones vinculadas con la suspensión relativa a los actos reclamados al pago de una pensión alimenticia, siguen perjuicio al interés social o contraviene disposiciones de orden público; empero, como lo alega el disidente, no excluye del estudio de la apariencia del buen derecho sin embargo, para el análisis respectivo debe aportar los elementos necesarios.

Esto, sin que pase inadvertido para este Tribunal Colegiado que tratándose de la suspensión provisional, la regla establecida en la Ley de Amparo, es que se deben considerar los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad por el quejoso en su demanda de amparo; sin embargo, al ser éste un supuesto extraordinario y al ser necesario que el Juez se pronuncie sobre si el perjuicio que se causa con la suspensión es menor al que se causaría al interés social y al orden público, que incluso tratándose de alimentos está expresamente contemplado en la fracción IX del artículo 129 de la ley de la materia y, en caso de suspenderse el acto relativo al pago de alimentos el Juez de amparo debe garantizar que los acreedores reciban lo necesario para su subsistencia, será el quejoso el que de manera extraordinaria deberá aportar los elementos necesarios para que el Juez se encuentre en posibilidad de examinar si la suspensión provisional puede decretarse en contra de lo que por regla general establece la Ley de Amparo, al encontrarse en el supuesto de excepción que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que en dicha jurisprudencia se establecen estándares que no se pueden satisfacer, porque el Juez no cuenta con los elementos necesarios y dado que la posible suspensión del acto reclamado podría ir en contra del derecho fundamental a recibir alimentos, es que para salvaguardar también de manera provisional los derechos del quejoso, debe aportar de manera extraordinaria a una suspensión provisional, todos los elementos necesarios para que el Juez pueda hacer un juicio de ponderación, donde se proteja de manera provisional los derechos de los acreedores y deudor alimentario.

Luego, si en autos se advierte que únicamente exhibió elementos probatorios tendentes a justificar su capacidad de pago, como es el contrato individual de trabajo y la constancia de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, estos son insuficientes para que la autoridad federal emprendiera el estudio respectivo, pues, en el mejor de los casos, aun cuando pudieran justificar los ingresos que obtiene el disconforme, el juzgador de amparo, se encuentra imposibilitado materialmente para realizar el ejercicio de ponderación antes explicado, pues, no se tiene noticia del contenido de las determinaciones tildadas de inconstitucionales, por ende, no es posible confrontar lo señalado por el disidente en cuanto a las necesidades de los acreedores alimenticios y la capacidad de pago del recurrente.

De ahí que, resulte infundado lo señalado por el disconforme en el sentido de que la resolución impugnada es incongruente, pues el resolutor federal omitió analizar la constancia de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de fecha veinte de junio de dos mil veinte, en relación con el contrato individual de trabajo, exhibidos. Es así, puesto que si bien es cierto, el resolutor federal no realizó pronunciamiento en los términos pretendidos por el disconforme, dicha circunstancia no resulta contradictoria al principio de congruencia denunciado por el disidente, pues, la aportación de esos medios probatorios son insuficientes para justificar encontrarse en un supuesto diverso a los previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, que obligue al resolutor federal al análisis de la apariencia del buen derecho explicado, pues, si bien se vincula con la remuneración que percibe la parte quejosa, lo cierto es que, dadas las particularidades del acto reclamado, el recurrente debió aportar de manera extraordinaria los elementos necesarios para que el resolutor federal emprendiera el análisis conducente.

Es decir, nada beneficia al disidente que presente probanzas para justificar los ingresos que refiere percibe, si no aporta los elementos necesarios para evidenciar el supuesto de excepción en que dice se coloca, esto es, que de concederse la suspensión provisional en los términos que lo solicita, pese a que el acto reclamado se vincula con alimentos provisionales decretados en su contra, no se perjudica el interés social o se contravienen disposiciones de orden público; por ejemplo, copias certificadas de los actos reclamados, esto es, las resoluciones de fecha ocho y doce de junio de dos mil veinte, así como la diligencia practicada el día dieciséis de junio de dos mil veinte, todas ellas dentro del expediente número **********, del índice del Juez Tercero en Materia Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, pues, para emprender en este caso extraordinario el estudio de la apariencia del buen derecho, evidentemente se necesita cuando menos tener noticia del contenido de aquéllos y confrontarlo con los diversos elementos de contraste aportados por el disconforme, es decir, la ponderación de referencia consiste en determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, por ejemplo, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia, o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir.

Por tanto, si no se justificó en autos encontrarse en un supuesto diverso al previsto en el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, resulta acertada la decisión contenida en el auto impugnado, en el sentido de negar la suspensión provisional respecto de los actos reclamados, vinculados al pago de la pensión de alimentos, que refiere el disconforme se emitió a su cargo, así como el embargo de bienes de su propiedad que sufrió como consecuencia de esa determinación.

Finalmente, conviene precisar que para resolver sobre la suspensión provisional, se debe realizar una cognición superficial a base de pruebas atenuadas de verosimilitud; en tanto que para determinar lo relativo a la suspensión definitiva, se realiza un juicio sucesivo de convalidación de la suspensión provisional, que ha de seguir inmediatamente a través de una instrucción regular en juicio contradictorio.

La suspensión provisional en el juicio de amparo está sujeta a un posterior examen, pues, en un primer momento se adopta sin audiencia de las partes con base en informaciones sumarias atenuadas de verosimilitud, con el solo dicho del quejoso y las documentales que acompaña a la demanda; en un segundo tiempo, para resolver la suspensión definitiva se realiza un juicio sucesivo de convalidación de la suspensión provisional, mediante una instrucción regular (desde luego, con las limitaciones probatorias inherentes a toda medida cautelar), con la correspondiente contradicción de las partes, que puede conducir a negar o conceder la suspensión definitiva, esto es, se trata de dos etapas distintas de un mismo procedimiento incidental.

En ese orden de ideas, la suspensión provisional opera en forma temporal, limitada a lo que se resuelva con posterioridad sobre la suspensión definitiva, ya que en ésta, para determinar su concesión o negativa, deben tomarse en cuenta los elementos de juicio que se aporten al tramitarse la incidencia. Por tanto, lo aquí determinado no prejuzga con lo que se resuelva al emitirse la resolución en la suspensión definitiva, en la cual, el juzgador

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32169-2b56a400/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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