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Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS CAÍDOS. PARA CONCEDER O NEGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON SU PAGO, DEBE VALORARSE LA MEDIDA CASUÍSTICAMENTE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO CONCRETO (ARTÍCULO 129, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 39/2025. · Registro digital (IUS): 33633
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-09-19
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.471.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 39/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 13 DE AGOSTO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, CONTRA ALGUNAS CONSIDERACIONES, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIA: TANIA PAMELA CAMPOS MEDINA.

Ciudad de México, trece de agosto de dos mil veinticinco.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México resuelve la contradicción de criterios señalada al rubro.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Denuncia. El Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre el que se sostuvo en el incidente en revisión 288/2024 del índice de ese órgano y el del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver el recurso de queja 129/2024.

SEGUNDO. Trámite. La Presidencia de este Pleno Regional radicó el asunto con el número de expediente 39/2025 y lo admitió a trámite; requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si ante ese Alto Tribunal está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto; y lo turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de ocho de julio de dos mil veinticinco.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito informó que su criterio se encuentra vigente. Mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito manifestó que en el recurso de queja 129/2024 de su estadística únicamente se citó un criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que hubiera emitido un criterio propio; en atención a ello, la Presidencia de este Pleno Regional acordó tener por hecho lo informado para los efectos conducentes y precisó que ya se había requerido a dicho órgano jurisdiccional para que indicara si el criterio contenido en ese recurso se encontraba vigente, pero ante la insistencia respecto a que no emitió criterio alguno, se le hizo efectivo el apercibimiento previamente formulado y, para efectos de la presente contradicción, se tuvo como vigente el criterio contenido en dicho recurso de queja, sin responsabilidad para este órgano colegiado.

Por su parte, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente.

TERCERO. Amicus Curiae. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.

La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Competencia.

En términos del artículo séptimo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, éste reformado por el Acuerdo General 1/2024, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales en su artículo 14, fracción I, párrafo segundo; y artículo 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, este último reformado en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, en su artículo 3. Lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por dos tribunales colegiados integrantes de la Región Centro-Sur y deriva de juicios de naturaleza civil.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por parte legítima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que se formuló por el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito como se advierte de la denuncia de esta contradicción.

TERCERO. Existencia de la contradicción de criterios.

Conforme al razonamiento fundamental extraído de los supuestos previstos en la jurisprudencia P./J. 72/2010(1) sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, una contradicción de criterios se actualiza cuando los órganos contendientes sostengan discernimientos jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, siempre que hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegado a conclusiones encontradas respecto de la solución de la controversia planteada.

Luego, existen criterios divergentes cuando al menos un tramo del razonamiento efectuado o la interpretación ejercida en las respectivas decisiones adoptadas por cada órgano gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, de modo que confluyan en un mismo punto de derecho y ello pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina sobre cuál sería la forma legalmente posible y preferente de resolver tal cuestión jurídica.

Lo anterior también se sustenta en las jurisprudencias 1a./J. 22/2010(2) de la Primera Sala y 2a./J. 163/2011(3) de la Segunda Sala del Alto Tribunal de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA." y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO."

En el caso, se plantea la contradicción entre dos tribunales colegiados que conocieron de impugnaciones distintas dentro del mismo juicio de amparo indirecto, ambas relacionadas con medidas cautelares: uno resolvió un recurso de queja contra la negativa de la suspensión provisional y confirmó dicha negativa; el otro resolvió el incidente de revisión contra la negativa de la suspensión definitiva y revocó esa determinación, concediendo la medida precautoria.

El juicio de amparo fue promovido por un hombre que, en lo sustancial, expuso los siguientes antecedentes:

1. En el juicio de divorcio incausado que promovió, se aprobó un convenio con su ex esposa respecto de la guarda y custodia de sus dos hijos (uno de ellos aún era infante), el régimen de convivencias y la pensión alimenticia (para sus hijos y ex esposa), que se entregaría mediante depósito bancario y estaría sujeta a actualización anual conforme al salario mínimo.

2. Posteriormente, promovió juicio de cancelación de pensión alimenticia respecto de su hija, el cual culminó con sentencia favorable que canceló parcialmente dicha obligación.

3. Tiempo después, su exesposa presentó una planilla de liquidación de sentencia por pensiones adeudadas (diferencias derivadas del ajuste anual convenido). El juez de lo familiar aprobó dicha liquidación al resolver:

"ÚNICO. Se ajusta y aprueba la liquidación de pensiones alimenticias adeudadas formulada por..., hasta por la cantidad de $..., por el periodo comprendido de enero dos mil veinte a julio dos mil veintitrés".

Posteriormente, ese Juez de lo Familiar, dictó acuerdo en el que se ordena el requerimiento de pago y embargo de la cantidad referida, y ordenó girar exhorto por el cual, un diligenciario adscrito al juzgado de exhortos ejecutó esa orden. El deudor alegó que esa diligencia no se atendió con él, sino con la propia acreedora de alimentos interviniendo como ejecutora y ejecutado.

Derivado de dicha diligencia, se ordenó el embargo del salario del deudor hasta por la cantidad precisada en la sentencia referida. Posteriormente se materializó ese embargo cuando le notificaron al empleador del deudor la orden de retener su salario hasta el 40 %, de modo a que se le descontara hasta completar la cantidad referida.

4. El deudor alegó que fue ese día que se enteró del estado procesal y de todas las irregularidades por las que promovió el amparo contra los actos siguientes:

... Del ciudadano Juez Segundo de lo Familiar de los de la Capital de Puebla. Se reclama: A) El ilegal acuerdo de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veinticuatro, mediante el cual valida una ilegal diligencia de requerimiento de pago y embargo, ordena la materialización del embargo del salario del suscrito en un porcentaje del cuarenta por ciento. B) La ilegal sentencia interlocutoria de fecha tres de enero del dos mil veinticuatro respecto de la planilla de liquidación de pensiones alimenticias definitivas promovido por la tercera interesada. Del Ciudadano Diligenciario encargado de los expedientes pares adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar de los de la Capital de Puebla. Se reclama: C) La ilegal notificación de la sentencia interlocutoria de fecha tres de enero del dos mil veinticuatro promovido por la tercera interesada. Del Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana del Poder Judicial del Estado de Puebla y el Diligenciario adscrito al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana del Poder Judicial del Estado de Puebla. Se reclama: D) El ilegal requerimiento de pago y embargo realizado supuestamente en fecha 12 de marzo de 2024, previo supuesto citatorio de fecha 11 de marzo de 2024".

Y solicitó la suspensión para el efecto de que:

"... se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y la Autoridad Responsable (sic) se abstenga de entregar las cantidades embargadas, ya que su requerimiento fue realizado bajo elementos de nulidad. Al respecto, debe decirse que el estudio de la apariencia del buen derecho es procedente, ya que si bien es cierto el embargo deriva de un concepto de alimentos, no menos es cierto que no se atenta en contra del menor beneficiario ni de los derechos de los diversos acredores (sic), ya que, como se dijo, solo se trata de una actualización que se encuentra supeditada a que esta autoridad valide, ya que me también (sic) encuentro impugnando la interlocutoria que declara ese derecho a recibir la cantidad. Y desde que se fijó la pensión, he cumplido cabalmente al día de hoy, tanto económicamente, como en especie. Pagando colegiaturas y demás necesidades de los menores e incluso de mi exesposa. Al respecto, cobran (sic) aplicación la siguiente jurisprudencia: ... Tesis: 1a./J. 56/2015 (10a.)... SUSPENSION, LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANALISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO..."

5. El juez de distrito negó la suspensión provisional al considerar, sustancialmente, que su otorgamiento contravendría disposiciones de orden público y causaría perjuicio al interés social, ya que los actos reclamados, vinculados con la ejecución de una resolución dictada en juicio de divorcio, tenían por objeto garantizar el pago de pensiones alimenticias. Destacó que, conforme al artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, no procede suspender actos que impidan el pago de alimentos, salvo que se actualice alguna excepción legal, lo que no ocurría en el caso. Añadió que el derecho a recibir alimentos es un derecho fundamental cuya tutela debe prevalecer frente al interés del promovente en evitar el embargo de su salario, máxime cuando podrían estar involucrados menores de edad.

6. El promovente recurrió esa determinación. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió el recurso de queja 129/2024 y confirmó la negativa de la suspensión provisional al considerar, esencialmente, que:

• El recurrente pretende la suspensión para que no se entregue a los acreedores alimentarios la cantidad que le fue retenida, bajo el argumento de que la determinación que la ordenó contiene vicios de nulidad. Esa cantidad que constituye la garantía del pago de las pensiones alimenticias adeudadas a sus acreedores alimentarios, por lo que, conceder la suspensión provisional tendría como consecuencia impedir el pago de aquellos, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo.

• Los actos reclamados están relacionados con el cumplimiento de obligaciones alimentarias, que son de orden público por proteger la subsistencia de los acreedores. En tales casos, no procede analizar la apariencia del buen derecho, pues no puede anteponerse un posible vicio de inconstitucionalidad al interés social comprometido con el cumplimiento de dicha obligación.

No se actualiza la excepción de la jurisprudencia 1a./J. 56/2015 (10a.) de rubro "SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.", ya que el caso concreto revela que la suspensión sí impediría el pago de alimentos, supuesto en el que el artículo 129, fracción IX, ordena negarla sin mayor ponderación.

• Tampoco obsta que la retención del salario del promovente corresponda a pensiones alimentarias pasadas, toda vez que el embargo de mérito corresponde al pago de pensiones adeudadas con anterioridad y de las cuales los acreedores formularon la liquidación de sentencia, cuya determinación constituye uno de los actos reclamados en el amparo del que deriva el presente recurso de queja. De tal suerte, que lo anterior no tiene por alcance impedir que el deudor cumpla con su obligación alimentaria.

• No pasa desapercibido que el recurrente se duele de que los actos reclamados contienen vicios de nulidad; sin embargo, tales cuestiones serán materia de la resolución que se dicte en el juicio principal, en cuya etapa el juez de amparo contará con todos los elementos de prueba necesarios para dirimir lo conducente.

7. El juez de distrito negó la suspensión definitiva con base en las mismas consideraciones que sustentaron la negativa de la medida cautelar provisional. El promovente también impugnó dicha determinación.

8. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió el incidente en revisión 288/2024, revocó la determinación impugnada y concedió la suspensión definitiva al considerar, esencialmente, lo siguiente:

• El juez de Distrito desatendió la cuestión efectivamente planteada, pues inadvirtió que en el caso se reclama la entrega de pensiones adeudas y no vigentes, lo que contraviene el principio de congruencia que debe regir en toda resolución judicial. Por lo que, en términos del artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, procedió a pronunciarse sobre la suspensión definitiva solicitada.

• En la especie se surten los supuestos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, puesto que es el promovente quien solicita la suspensión, y el interés suspensional deriva de la calidad de parte demandada que dice le asiste en el juicio natural.

No se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, en razón de que la Suprema Corte ha sentado criterio en el sentido de que tratándose de alimentos caídos, no se contravienen éstos, pues el reclamo de dichos alimentos no responden a una necesidad urgente de recibirlos, ya que es evidente que los acreedores alimentarios han sobrevivido, no obstante que el deudor no los haya proporcionado; por lo que el cobro de esas pensiones puede suspenderse mediante el otorgamiento de una garantía. Estimó aplicable la tesis de la entonces Tercera Sala, de rubro "ALIMENTOS CAÍDOS, SUSPENSIÓN CON MOTIVO DE."

• Además, con la ejecución del acto reclamado se causarían perjuicios de imposible reparación al recurrente, debido a que las cantidades erogadas por concepto de alimentos no le podrían ser restituidas, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, de rubro “ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS.”

• Aunado a que, de los conceptos de violación se advierte que el promovente no pretende oponerse al cumplimiento de la sentencia interlocutoria recurrida, pues refiere que en una cláusula del convenio de origen, se pactó que la pensión alimenticia fijada, se actualizaría anualmente, conforme al incremento del salario mínimo general; sino que solicita que previo a ello, se valide la diligencia de requerimiento y embargo, pues a su parecer, el requerimiento fue realizado bajo elementos de nulidad, argumentando también que ha cumplido con el pago de los alimentos pactados en favor de su exesposa y su hijo infante, y que lo que reclamó la tercera interesada en la planilla de liquidación que formuló, fueron los aumentos de los alimentos fijados.

• Así, revocó la interlocutoria recurrida y concedió la suspensión definitiva para el efecto de que, hasta en tanto se comunicara la resolución que decidiera el juicio en lo principal, las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente guardan y no se entregaran a los acreedores alimentarios, las cantidades embargadas por concepto de pensiones alimenticias adeudadas, mismas que derivan de la ejecución de la interlocutoria que aprobó la planilla de liquidación de sentencia formulada por la parte actora en el expediente de origen. En el entendido que, de haberse ejecutado los actos reclamados, la suspensión concedida no surtiría efecto alguno.

Precisó que tal medida cautelar surtiría efectos desde luego, pero éstos cesarían si el promovente no otorgaba, dentro de los cinco días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación que de esa determinación se le hiciera, una garantía por la cantidad que procedió a determinar prudencialmente, para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada.

De la narrativa anterior se desprende la actualización de la contradicción de criterios entre ambos tribunales porque en sus respectivas ejecutorias abordaron y resolvieron de modo contrario un problema común relacionado a determinar si es procedente o no la suspensión de actos relacionados con el embargo de salario para garantizar el pago de pensiones alimenticias vencidas.

Ambos órganos jurisdiccionales analizaron actos que, en esencia, tienen el mismo contenido: la ejecución de una orden de embargo salarial por concepto de alimentos caídos. No obstante, llegaron a conclusiones opuestas sobre la procedencia de la medida cautelar.

Uno de los tribunales, al resolver el recurso de queja, consideró improcedente la suspensión provisional con base en la regla general de prohibición contenida en el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo (Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: ... IX. Se impida el pago de alimentos;). Mientras el otro órgano colegiado, al resolver el incidente de revisión relativo a la suspensión definitiva, estimó que al tratarse de alimentos caídos no se actualizaba tal prohibición y concedió la medida precautoria mediante fianza, en aplicación directa y automática del criterio de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "ALIMENTOS CAÍDOS, SUSPENSIÓN CON MOTIVO DE." Esta disparidad de criterios obedece a una discrepancia jurídica respecto de la interpretación y aplicación del referido artículo, en casos en los que se reclama la suspensión de actos de ejecución de alimentos vencidos. En particular, la controversia se centra en determinar si el carácter "caído" de los alimentos resulta suficiente, por sí solo, para excluir de manera directa o automática la aplicación de dicha prohibición legal sustentada en el citado precepto legal.

En consecuencia, este Pleno Regional estima que sí existe la contradicción de criterios, en tanto las resoluciones emitidas por los tribunales contendientes se refieren a supuestos jurídicos sustancialmente iguales (suspensión de actos de embargo de salario por concepto de alimentos caídos); ofrecen interpretaciones normativas opuestas del artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo respecto de la procedencia de la suspensión en casos de alimentos vencidos.

Por tanto, la cuestión jurídica que constituye el núcleo de la contradicción es si, ¿El solo hecho de que los actos reclamados en amparo se refieran a alimentos caídos excluye directamente la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo y permite, por sí mismo, conceder la suspensión solicitada?

CUARTO. Estudio de fondo.

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se expone y razona a continuación.

El artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo establece como regla general la improcedencia de la suspensión tratándose de actos que impliquen el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Dispone:

"Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

...

IX. Se impida el pago de alimentos;

..."

No obstante, dicha prohibición no es absoluta, sino exceptuable, como lo ha reconocido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al resolver la contradicción de tesis 113/2014, sostuvo que esa disposición admite como excepción la posibilidad de analizar la apariencia del buen derecho; supuesto en el cual, de acuerdo con las particularidades de cada caso, será viable realizar un ejercicio de ponderación preliminar para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación a la parte promovente, pero ésta debe aportar los elementos necesarios para el estudio correspondiente. De ahí derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 56/2015 (10a.) que dice:

"SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.

El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé hipótesis en las que se considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, esas hipótesis sólo son enunciativas, pues el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público. Así, es en esa libertad en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o no factible conceder la suspensión. Lo anterior es así, porque esa obligación, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés social. En consecuencia, no pueden establecerse reglas generales para determinar si debe o no hacerse dicha ponderación, pues la decisión que se tome al respecto depende del caso concreto, ya que la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. Ahora bien, cuando el acto reclamado se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar si el acto reclamado: i) por sí solo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción IX del artículo 129 citado; y, ii) actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo constitucional referido, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir." (Registro digital: 2010137)

Como se ve, si bien el referido artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo establece una presunción legal de afectación al interés social cuando se impide el pago de alimentos, dicha previsión no opera de manera automática o inflexible, sino que exige al órgano jurisdiccional examinar en cada caso si, efectivamente, se actualiza la prohibición legal en función de la naturaleza del acto reclamado y de las circunstancias particulares que lo rodean.

En especial, cuando la parte promovente aporta elementos suficientes para evidenciar que se trata de alimentos caídos, que no están vinculados a una necesidad actual de subsistencia o que existen irregularidades procesales que afectan su ejecución, resulta obligado ponderar la procedencia de la medida cautelar conforme al parámetro de constitucionalidad previsto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución.

Así, el análisis de la apariencia del buen derecho no queda excluido por el solo hecho de tratarse de una obligación alimentaria, sino que requiere una valoración integral del caso concreto, en la que se considere el equilibrio entre el interés social y los posibles perjuicios de difícil reparación que la negativa de suspensión podría causar a la parte promovente.

Lo anterior tampoco implica el extremo de que, por el solo hecho de tratarse de alimentos caídos, necesariamente se actualiza la apariencia del buen derecho y, con ello, deba concederse la suspensión. Si bien la prohibición contenida en el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo no es absoluta y admite excepciones, ello no significa que cualquier caso de alimentos vencidos deba excluirse automáticamente de dicha regla general.

El carácter exceptuable de la norma en cuestión exige una valoración judicial cuidadosa, caso por caso, a partir de elementos objetivos que permitan advertir si realmente existen circunstancias que justifiquen la medida cautelar solicitada.

Esto implica que el órgano jurisdiccional no puede limitarse a identificar que los actos reclamados versan sobre alimentos caídos para concluir, sin mayor análisis, que procede la suspensión. Muy por el contrario, la prudencia judicial exige valorar las circunstancias específicas del caso, tanto desde la perspectiva de la parte promovente -quien puede verse afectada en su derecho de defensa o en su subsistencia económica inmediata- como desde la situación de las personas acreedoras alimentarias, quienes generalmente se encuentran en condiciones de necesidad o vulnerabilidad estructural. De ahí que no resulte jurídicamente válido sustituir una prohibición legal por una presunción inversa de procedencia automática, pues ambos extremos eliminan el margen de apreciación que corresponde a la autoridad juzgadora bajo los principios de proporcionalidad y tutela judicial efectiva.

Esto es, no resulta admisible interpretar el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo como una regla absoluta que impida toda suspensión cuando se trata de alimentos, sin considerar el contexto fáctico del caso concreto; pero tampoco puede estimarse que la sola mención de alimentos caídos sitúe al promovente dentro de una hipótesis de excepción que justifique, sin más, la procedencia de la medida cautelar. Ambas posturas desnaturalizan la función de la medida suspensional en el juicio de amparo, cuyo propósito es preservar el equilibrio provisional de los derechos en conflicto mientras se resuelve el fondo del asunto.

Además, permitir que la sola condición de "alimentos vencidos" se traduzca en una excepción generalizada vaciaría de contenido la finalidad protectora de la regla, pues las realidades y múltiple variedad de posibles circunstancias familiares muestra que no todo retr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33633-f76f8057/alimentos-caidos-para-conceder-o-negar-la-suspension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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