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Modo: Corpus Pro

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. NO SE ACTUALIZA CUANDO SE DEMANDA LA CESACIÓN O DISMINUCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA SOLAMENTE RESPECTO DE ALGUNO O ALGUNOS ACREEDORES ALIMENTARIOS, PORQUE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS ES DIVISIBLE Y MANCOMUNADA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE VERACRUZ Y COAHUILA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 495/2012. · Registro digital (IUS): 24494
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, EN APOYO AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Pág. 313.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 495/2012. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, EN APOYO AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 17 DE ABRIL DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.

II. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN

5. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(6) y el 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

6. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en atención a lo previsto por los artículos 107 constitucional en su fracción XIII, y 226, fracción II, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue formulada por los autorizados del tercero perjudicado, en el amparo directo 1007/2012 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, expediente que ante el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región aparece registrado con el número 679/2012; por lo que se actualiza el supuesto de legitimación previsto en los referidos preceptos.

III. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

7. Conforme lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar el análisis sobre la existencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(7) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

8. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. En esa línea de pensamiento, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

9. El discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 72/2010.(8)

10. Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, con el epígrafe: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(9)

11. Posturas contendientes. En primer orden se sintetizan las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones, las que servirán para dar respuesta a una primera interrogante: ¿Existe contradicción en los criterios que refieren los denunciantes?

12. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región. Al resolver el juicio de amparo directo identificado con el número de expediente auxiliar 679/2012(10) de su índice, dicho tribunal analizó un asunto con las siguientes características:

13. En la vía de controversia del orden familiar, el actor demandó de su ex-cónyuge, entre otras prestaciones, la cancelación del 17.5% de la pensión alimenticia impuesta en un juicio de divorcio voluntario (en el convenio las partes pactaron el 35% del salario del actor a favor de la demandada y de su hija). El Juez de primera instancia desestimó las pretensiones del actor.

14. En contra de la resolución anterior, el demandante interpuso recurso de apelación, en el que se resolvió revocar la sentencia impugnada para reducir la pensión que el actor proporcionaba a la demandada y a su hija de un 35% de su salario a un 17.5%, solamente a favor de esta última.

15. Inconforme con esa determinación, la demandada promovió juicio de amparo directo, en cuyos conceptos de violación, en la parte que interesa, sostuvo que el porcentaje del 35% decretado en la sentencia de divorcio fue otorgado como un todo sin indicar qué porcentaje debería corresponder a cada una de las beneficiarias (ella y su hija) razón por la que, en su concepto, se actualizaba un litisconsorcio pasivo necesario, pues la reducción en la pensión alimenticia afectó los derechos de su hija, que al ser mayor de edad debió ser oída y vencida en juicio.

16. El juicio de amparo fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en donde quedó registrado con el número de expediente auxiliar 679/2012. En sesión de veintisiete de septiembre de dos mil doce dicho tribunal resolvió conceder el amparo solicitado. En lo tocante al tema de la presente contradicción, el órgano colegiado auxiliar emitió las siguientes consideraciones:

16.1. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que para fijar la pensión alimenticia no es dable atender a un criterio estrictamente matemático, como sería dividir los ingresos del deudor entre el número de acreedores alimentistas. Para determinar su monto debe atenderse a los principios de proporcionalidad y equidad, esto es, a la necesidad de los alimentos que tienen los acreedores, a la posibilidad real del deudor para proporcionarlos y al entorno social en que, tanto unos como otros, se desempeñen.

16.2. La obligación alimenticia tiene como propósito fundamental proporcionar lo suficiente y necesario para la manutención o subsistencia del acreedor alimentista.

16.3. En cuanto a la falta de llamamiento a juicio de la coacreedora, precisó que legalmente no puede pronunciarse una decisión judicial válida si no son oídos todos los que cuenten con un vínculo existente en la relación jurídica de que se trata.

16.4. El litisconsorcio se presenta como una modalidad del procedimiento en el que los actores o demandados y hasta terceros, mantienen una comunidad jurídica respecto del objeto de la litis planteada, siempre que tengan un mismo derecho o se encuentren obligadas por igual causa, pues cuando ocurre una situación así, la sentencia puede afectar a todos los interesados. Tal pluralidad debe estudiarse de oficio por el juzgador cuando se trata de un litisconsorcio pasivo necesario.

16.5. Uno de los objetivos principales de la institución del litisconsorcio pasivo necesario es el que sólo pueda haber una sentencia para todos los litisconsortes; de ahí que, legalmente no puede pronunciarse una decisión judicial válida si en un proceso no son oídos y vencidos quienes cuentan con un vínculo existente en la relación jurídica que se trata, no es posible condenar a una parte sin que la condena alcance a la otra, por ello es esencial dar oportunidad de intervenir a todas las partes interesadas en el juicio para que puedan quedar obligadas legalmente por la sentencia que llegue a dictarse.

16.6. Luego, cuando existe litisconsorcio pasivo necesario, y uno de los litisconsortes no es llamado a juicio, es obligación del juzgador llamarle; empero, si esto no sucede, el litisconsorte que sí participó en el proceso podrá acudir al amparo a impugnar tal situación.

16.7. En el caso, la autoridad responsable debió pronunciarse respecto de la institución del litisconsorcio pasivo necesario, pues a pesar de no haber sido reclamado en el juicio natural, la integración de dicha modalidad del procedimiento es de orden público, aunado a que, en ningún caso tendría validez un procedimiento en el que habiéndose ejercido una acción, finalmente se obtuviera una resolución judicial que no pudiera hacerse efectiva y, por lo mismo, tampoco resolviera la litis planteada.

16.8. Bajo estos lineamientos, el Tribunal Colegiado resolvió conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, siguiendo los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo emitiera una nueva en la que se pronunciara respecto a si existía litisconsorcio pasivo necesario, hecho lo cual, resolviera conforme a derecho.

17. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. Al resolver el juicio de amparo directo 755/2005, analizó un asunto con las siguientes características:

18. El actor demandó en la vía ordinaria civil la cesación de la pensión alimenticia a favor de sus dos hijos, así como los gastos y costas generados por la tramitación del juicio. El Juez de primera instancia acogió la pretensión del actor, por ende, declaró que había cesado la obligación del actor de proporcionar la pensión alimenticia que percibían sus hijos (codemandados) quedando subsistente sólo el 16.6% (dieciséis punto seis por ciento) a favor de su cónyuge.

19. En contra de dicha resolución, los demandados interpusieron conjuntamente recurso de apelación, que confirmó la sentencia recurrida y condenó al pago de gastos y costas generados en esa instancia.

20. Los propios enjuiciados promovieron juicio de amparo directo contra esa determinación y en vía de conceptos de violación sostuvieron, entre otros, que en el juicio no se había integrado el litisconsorcio pasivo necesario, pues la madre de los demandados era también acreedora alimentista del actor, por lo que debió ser llamada a juicio.

21. La demanda de amparo fue admitida y registrada con el número 755/2005 del índice del actual Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, quien resolvió negar el amparo, en los siguientes términos:

21.1. El litisconsorcio pasivo necesario existe cuando las cuestiones que se ventilan en juicio afectan a más de dos personas, de manera que no es posible emitir una sentencia sin antes oírlas a todas ellas, requiriéndose además que los demandados se encuentren en comunidad jurídica respecto al bien litigioso y tengan un mismo derecho o se encuentren obligados por igual causa o hecho jurídico, en un mismo plano de igualdad. Así, uno de los objetivos principales del litisconsorcio es el de que sólo pueda haber una sentencia para todos los litisconsortes.

21.2. En el caso, no se configura el litisconsorcio pasivo necesario ni, por ende, hubo violación alguna al no haberse llamado a juicio todos los acreedores alimentistas, toda vez que entre esta clase de acreedores no existe solidaridad sino simple mancomunidad por virtud de la cual, en el caso específico de la pensión alimenticia asignada en forma global, se considera dividida en tantas partes como acreedores haya, de ahí que pueda demandarse a un acreedor en forma independiente, siempre que no se afecte la porción del otro.

21.3. En ese sentido, no era necesario llamar a juicio a la diversa acreedora alimentista, ya que en nada se ven afectados sus intereses, puesto que la parte proporcional equivalente que le corresponde como pensión por concepto de alimentos queda intocada, ya que su derecho es individual e independiente a los demás acreedores, siendo procedente la cesación únicamente a la parte que percibían los apelantes.

21.4. El Tribunal invocó el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de rubro: "ALIMENTOS. MANCOMUNIDAD DE ACREEDORES.",(11) así como la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, INEXISTENCIA DEL, POR NO HABERSE LLAMADO A JUICIO A DIVERSO ACREEDOR ALIMENTARIO, CUYA CESACIÓN DE PENSIÓN NO SE DEMANDÓ.".(12) Además, precisó que su decisión no prejuzgaba sobre la legalidad del porcentaje asignado como pensión alimenticia definitiva a la diversa acreedora, derivada de la cancelación del porcentaje de los otros acreedores, pues la pensión se decretó en diverso juicio y, en su caso, la interesada podía solicitar su aumento.

21.5. Por lo anterior, el Tribunal Colegiado concluyó que en el caso, la relación jurídica procesal se integró debidamente y, por ende, no se configuraba el litisconsorcio pasivo necesario.

22. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Al resolver el recurso de revisión 87/93, analizó un asunto con las siguientes características:

23. En el juicio ordinario civil 2014/85 se condenó a ********** al pago de una pensión alimenticia definitiva por el equivalente al ********** de su sueldo y demás prestaciones, en favor de sus dos hijos.

24. Posteriormente, en el diverso juicio ordinario civil 629/92, ********** demandó la cesación de la pensión alimenticia sólo respecto de uno de sus acreedores alimentistas. El Juez a quo desestimó la pretensión del actor al considerar que no se integró la relación procesal debido a que no se llamó a juicio al otro acreedor y, en consecuencia, no entró al estudio de fondo del asunto, dejó a salvo los derechos de las partes.

25. En contra de dicha resolución, el actor interpuso el recurso de apelación que revocó la sentencia apelada.

26. El demandado promovió juicio de amparo el cual, previa declaración de incompetencia legal del Tribunal Colegiado, fue remitido al Juzgado de Distrito en turno para su resolución. En sus conceptos de violación, el quejoso sostuvo que era necesario integrar la relación procesal con el diverso acreedor alimentista, pues con independencia de que se haya demandado la cesación o reducción de la pensión alimenticia y el derecho del acreedor sea individual, en la especie el monto de la pensión quedó decretado de manera conjunta, por lo que era necesario el llamamiento de todos los acreedores. El Juez de Distrito concedió el amparo al estimar fundados esos argumentos.

27. El tercero perjudicado, actor en el juicio de origen, interpuso en su contra recurso de revisión radicado con el número 87/93 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, quien revocó la sentencia y negó el amparo solicitado. En lo tocante al tema de la presente contradicción, el órgano colegiado emitió las siguientes consideraciones:

27.1. La demanda de cesación de pensión alimenticia se enderezó únicamente en contra de uno de los acreedores, sin que se adviertan motivos imputables al otro acreedor, razón por la cual la reducción de la pensión alimenticia en modo alguno le afecta a este último, pues si bien se decretó un porcentaje global a favor de ambos hijos, al no existir constancia en contrario se entiende que se decretó por partes iguales, es decir, el 12.5 % (doce punto cinco por ciento) para cada uno de ellos, pues incluso en la propia demanda el actor sostuvo que el porcentaje de su otro hijo quedaba sin tocar lo que reiteró en su escrito de alegatos.

27.2. Debe entenderse que entre acreedores alimentistas no existe solidaridad sino simple mancomunidad; de ahí que no es indispensable llamar a juicio al diverso acreedor y, por ende, no se configura el litisconsorcio pasivo necesario, pues no se afecta la parte proporcional de la pensión correspondiente.

27.3. Bajo esos lineamientos el Tribunal Colegiado estimó fundados los agravios y revocó la sentencia recurrida.

28. Una vez que han quedado relacionadas las posturas de los tribunales contendientes, ha lugar ahora a corroborar que en el caso se actualicen los requisitos que este Alto Tribunal ha considerado para dar respuesta a la pregunta: ¿Existe contradicción en los criterios que refieren los denunciantes?

29. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por dichos Tribunales Colegiados, las cuales se detallaron al explicar las posturas de cada uno de ellos.

30. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados mencionados existió un razonamiento sobre la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario entre los varios acreedores de un mismo deudor alimentario. Siendo el caso que cada uno de los tribunales adoptó posiciones o criterios jurídicos discrepantes, no obstante el análisis de elementos similares.

31. Así, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región partió de la base de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que para fijar la pensión alimenticia no es dable atender a un criterio estrictamente matemático, como sería dividir los ingresos del deudor entre el número de acreedores alimentistas sino que debe atenderse a los principios de proporcionalidad y equidad. Luego, a partir de esa proposición, consideró que sí existe litisconsorcio pasivo necesario entre los diversos acreedores de un mismo deudor alimentario cuando la condena a su pago se fija de manera global, es decir, cuando se establece un porcentaje de los ingresos del deudor para hacer el pago a una pluralidad de sujetos; de ahí que, en ese caso, es necesario llamar a todos los acreedores alimentistas y si el Juez no lo hizo, el litisconsorte que sí participó en el proceso podrá acudir al amparo a impugnar tal situación.

32. Por su parte, el actual Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito sostuvo que, cuando hay pluralidad de acreedores alimentistas no se configura el litisconsorcio pasivo y, por ello, no es necesario llamar a juicio a todos éstos, en virtud de que entre esta clase de acreedores no existe solidaridad, sino simple mancomunidad, en virtud de la cual, en el caso específico de la pensión alimenticia asignada en forma global, se considera dividida en tantas partes como acreedores haya, de ahí que pueda demandarse a un acreedor en forma independiente, siempre que no afecte la porción del otro. Luego, en nada se ven afectados sus intereses cuando la parte proporcional equivalente que le corresponde queda intocada, ya que su derecho es individual e independiente a los demás acreedores, siendo procedente la cesación únicamente a la parte que percibían los apelantes.

33. Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito consideró que entre acreedores alimentistas no existe solidaridad sino simple mancomunidad; de ahí que no es indispensable llamar a juicio al diverso acreedor y, por ende, no se configura el litisconsorcio pasivo necesario, pues no se afecta la parte proporcional de la pensión correspondiente.

34. Con la confrontación de las consideraciones emitidas por los tribunales antes mencionados, se llega a la conclusión de que sí existe contradicción de criterios, pues los órganos colegiados abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica, esto es, resolver si se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario en aquellos juicios en los que se demanda la cesación o disminución de la pensión alimentaria y no se llama a juicio a todos los acreedores alimentistas, lo que constituye el tema a tratar en este asunto.

35. No obsta a lo anterior que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región haya considerado en su decisión un criterio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues su aplicabilidad al caso debe ser analizada en la presente resolución, en el entendido de que lo trascendente en la decisión de este tipo de asuntos es dotar de uniformidad y seguridad jurídica al sistema de impartición de justicia de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 23/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(13)

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

36. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta resolución que responde a la pregunta: ¿Existe un litisconsorcio pasivo necesario entre los distintos acreedores alimentarios de una misma persona, en virtud del cual, cuando se demande la cesación o disminución de la obligación respecto de uno de ellos sea necesario llamar a todos los acreedores a juicio, o esto no es así?

37. Para dar respuesta a esa pregunta y adoptar una decisión argumentativamente válida es necesario, en primer orden, dejar establecidas ciertas premisas en torno a los temas siguientes: a) La institución del litisconsorcio necesario; b) La clasificación de las obligaciones cuando existe pluralidad de sujetos; y, c) Cómo se aplica esa clasificación en la obligación del pago de alimentos.

38. a) Litisconsorcio necesario. El litisconsorcio es una figura típica de pluralidad de sujetos en la posición de partes en el proceso, una modalidad del proceso cuya condición es que exista una relación jurídico-material común a varias personas. Cuando son varios actores los que ejercen una pretensión, el litisconsorcio será activo; en cambio, si ésta se hace valer contra varios demandados, el litisconsorcio es pasivo. Además, éste puede ser voluntario o necesario. Es voluntario si se lleva a cabo en uso de una facultad que otorgue la ley para promoverlo y cuya justificación está dada por la ley, por razones de conexión, economía y oportunidad. Es necesario cuando existe una relación sustancial única a varios sujetos y la declaración jurisdiccional de la misma sólo puede ser efectuada con eficacia, cuando todos ellos están presentes en el proceso.

39. El litisconsorcio necesario está ligado a la naturaleza de la relación jurídica en la que se hallan interesados varios sujetos, en virtud de la cual es indispensable que la resolución que se llegue a dictar en el proceso sea una sola para todos ellos y, en tales circunstancias, la ley no se limita a autorizar, sino que exige la presencia de todos los litisconsortes en el proceso, de donde se colige que si bien el litisconsorcio necesario se ubica en un ámbito sustantivo, pues está sujeto a que la relación causal, material o sustantiva que en el juicio se controvierte, sea única o indivisible, lo definitivo es que produce efectos hacia el proceso, al grado de que -por tratarse de un presupuesto procesal que debe analizarse aun oficiosamente- si éste no se integra debidamente, el juzgador debe emitir un fallo inhibitorio ante la necesidad de constituir una sola causa, para ser resuelta mediante un mismo procedimiento y una sentencia común, lo cual evita la conculcación del derecho de audiencia;(14) así que la nota distintiva del litisconsorcio necesario es la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, que hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida.(15)

40. Así, en virtud del litisconsorcio necesario, los actores o demandados, según sea el caso, mantienen una comunidad jurídica respecto del objeto de la litis planteada y que los obliga a acudir conjuntamente a juicio "por el carácter único e indivisible, que la relación jurídica sustantiva, tiene para todas estas partes";(16) de manera que si uno de ellos es afectado en el juicio, se produce un menoscabo en los derechos de todos sus integrantes.

41. Debe aclararse que, cuando existe un litisconsorcio pasivo necesario la ley exige la presencia de todos los litisconsortes en el proceso, entendiéndose por la presencia, que todos deben ser llamados o emplazados a ese juicio, sea que una vez llamados comparezcan o no al mismo; en cambio, cuando se trata de un litisconsorcio pasivo voluntario, debe llamarse a todos los demandados al juicio, pero la parte actora se encuentra en libertad de modificar sus pretensiones respecto de ellos en forma independiente, al grado de poder desistir de la demanda por alguno o algunos de ellos sin afectar la relación procesal con los restantes, por quienes el juicio puede proseguir hasta su conclusión y emisión de la sentencia o laudo correspondiente.(17)

42. Entonces, de acuerdo con lo que hasta aquí se ha desarrollado, el litisconsorcio necesario no atiende a la solidaridad que existe entre los obligados, sino a la indivisibilidad del derecho sustantivo, pues bajo el supuesto de solidaridad (pactada por las partes o prevista en la ley) el actor está en posibilidad de demandar a uno solo de los obligados solidarios sin necesidad de llamar a juicio al resto de ellos y esa circunstancia no da lugar a considerar que la relación procesal no está debidamente integrada; en cambio, sí debe atenderse a la indivisibilidad del objeto de la litis para conocer si, en cada caso concreto, corresponde el dictado de una única sentencia para una pluralidad de sujetos por la relación jurídica que éstos guardan respecto de la materia litigiosa que se considera inescindible, o si esto no es así.

43. b) Clasificación de las obligaciones cuando existe un sujeto plural. Existe una obligación con sujeto plural cuando: i) Hay dos o más deudores y dos o más acreedores; ii) Hay un solo deudor y dos o más acreedores; y, iii) Hay dos o más deudores y un solo acreedor.

44. A partir de la existencia de la pluralidad de sujetos que puede presentarse en el cumplimiento de una obligación, surgen los criterios clasificatorios de obligaciones en divisibles o indivisibles y en mancomunadas o solidarias. Las obligaciones divisibles o indivisibles se determinan por la naturaleza de la prestación, en tanto que las obligaciones solidarias o mancomunadas, por la forma de obligarse. La regulación de las clasificaciones mencionadas está sujeta a lo que dispone el Código Civil de cada entidad.

45. En el caso, las disposiciones aplicadas por los tribunales contendientes corresponden a las entidades de Veracruz y de Coahuila, cuyos respectivos Códigos Civiles guardan similitud en lo que atañe a la clasificación y regulación de las obligaciones divisibles, indivisibles, mancomunadas y solidarias, tal como se muestra en el siguiente cuadro comparativo:

Ver cuadro comparativo

46. Las disposiciones apuntadas son afines con los postulados que la doctrina(18) ha emitido en relación a los criterios clasificatorios de que se trata cuando hay pluralidad de sujetos. Entonces, en cuanto a la forma de obligarse, las obligaciones pueden ser mancomunadas o solidarias.

47. La ley presume que existe mancomunidad cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores respecto de una misma obligación y, en esas circunstancias, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos de otros, en el entendido de que las partes se presumen iguales a no ser que se pacte otra cosa o que la ley disponga lo contrario.

48. Por su parte, la solidaridad activa se actualiza cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación y la solidaridad pasiva, cuando dos o más deudores reportan la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida. A diferencia de la mancomunidad, la solidaridad no se presume, resulta de la ley o de la voluntad de las partes.

49. En cuanto a la divisibilidad de la obligación, la distinción se genera de acuerdo con su naturaleza, múltiplos (número de deudores y/o acreedores) y con eventuales pactos de indivisibilidad y entonces se dice que las obligaciones so

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24494-16d65fb5/litisconsorcio-pasivo-necesario-no-se-actualiza-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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