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Modo: Corpus Pro

FIANZAS. LAS CONDICIONES O ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS, SON VINCULANTES PARA EL BENEFICIARIO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 769/2017. · Registro digital (IUS): 27998
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-08-24
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Pág. 2810.

AMPARO DIRECTO 769/2017. 20 DE ABRIL DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ. PONENTE: ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ. SECRETARIO: CÉSAR ESCAMILLA VÁSQUEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Los conceptos de violación expuestos por la afianzadora quejosa se analizan en un orden distinto al planteado.

En cuanto al bloque atinente al tema de la caducidad de las fianzas, la parte quejosa expone:

1) Que en la sentencia reclamada, se estableció que, en el caso, el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas debe interpretarse conjuntamente con el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en lo atinente al momento procesal para que inicie el plazo de la caducidad para reclamar el pago de las fianzas, por ello si, en la especie, el contrato de obra fue rescindido administrativamente, no debía tomarse en cuenta que dicha rescisión fue pronunciada administrativamente el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, pues para ese tópico debe aplicarse lo establecido por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y no el artículo 72, fracción III, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en tanto que no hay supletoriedad de esta ley sobre de aquélla; de manera que el plazo de la caducidad operó desde el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete al treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, y la reclamación respectiva fue presentada ante la afianzadora hasta el veintitrés de octubre de ese año, esto es, después de que se había consumado la caducidad.

Carece de razón jurídica el anterior argumento.

El artículo 120, segundo párrafo, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece:

"Si la afianzadora se hubiere obligado por tiempo indeterminado, quedará liberada de sus obligaciones por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamación de la fianza dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la fecha que la obligación garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado."

De la disposición transcrita se obtiene que hay dos momentos a partir de los cuales comienza a computarse el plazo que de consumarse, se surte la caducidad de la póliza de fianza y, por ende, queda destruida la eficacia jurídica de dicha póliza al haber fenecido el plazo al que quedó sujeta la vida legal de ese documento, a saber:

A) Cuando el plazo para la exigibilidad de la fianza quede pactado en el cuerpo o texto de la póliza, a cuya virtud, de consumarse, se surte la caducidad; y,

B) En caso de no existir pacto sobre el tema, la vigencia de la póliza se torna en indeterminada, por lo que la ley concede ciento ochenta días para la exigibilidad del pago de la fianza, a partir del incumplimiento del fiado en la obligación principal garantizada.

El caso se ubicó en la hipótesis de caducidad mencionada en el inciso B).

Ello es así, porque en ninguna de las pólizas de fianza base de la acción del juicio de origen, quedó pactada determinada temporalidad para su exigibilidad pues, por el contrario, quedó señalado que garantizarían el cumplimiento del contrato de obra pública **********.

De manera que al no estar convenida una temporalidad específica como vigencia de las pólizas de fianza, éstas se tornan de vigencia indeterminada, ante lo cual, pueden reclamarse dentro de los ciento ochenta días siguientes a que ocurra el incumplimiento del fiado.

Pues bien, las constancias que informan el presente juicio de amparo, revelan que la determinación administrativa de rescisión del contrato de obra, fue pronunciada el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, por la entidad contratante **********.

Con motivo de la anterior determinación administrativa de rescisión, el dos de junio de mil novecientos noventa y ocho, se elaboró acta circunstanciada donde se hicieron constar las causas de rescisión, los incumplimientos respectivos y los trabajos u obras no realizadas e, incluso, quedaron establecidos los montos correspondientes; además, en diversa acta complementaria de doce de octubre de mil novecientos noventa y ocho, con motivo de la rescisión administrativa del contrato, quedaron incorporados diversos trabajos y obras no realizados, así como sus respectivos montos.

Sin embargo, debe destacarse que fue a partir de la notificación de la rescisión administrativa del contrato (veintiocho de abril de mil novecientos noventa y ocho), cuando surgió la aptitud legal para que la beneficiaria de las pólizas reclamara su pago, cuya notificación se realizó a la empresa contratista el veintinueve de abril del citado año.

Funda esta consideración la jurisprudencia 1a./J. 94/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XXII, octubre de 2005, página 254, materia civil, registro digital: 177001, de rubro y texto:

"FIANZAS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. SU CADUCIDAD DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NOTIFICA LA RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.—Conforme al artículo 72, fracción II, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y derogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la materia de obra pública, ambos ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil), las autoridades estaban facultadas para declarar la rescisión del contrato de obra pública en caso de incumplimiento del contratista y posteriormente exigir el pago de garantías, por lo que los supuestos previstos en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, deben interpretarse conjuntamente con el citado artículo 72, toda vez que la voluntad del Estado no es autónoma y, por tanto, no puede considerarse únicamente al contrato como expresión de la misma. Consecuentemente, en el supuesto de que las autoridades administrativas hubieran declarado la rescisión administrativa de un contrato de obra pública, la caducidad de la fianza que lo garantiza se computará a partir de la notificación al fiado de esta declaración y no del momento en que el contratista incurrió en incumplimiento, o cuando se extinguió la póliza de fianza, pues previamente a dicha notificación, las autoridades estaban impedidas legalmente para exigir a la afianzadora el pago del monto correspondiente."

De manera que el plazo para la caducidad de las fianzas respecto de los ciento ochenta días con que **********, contó para formular aquella reclamación, inició el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, y pudo consumarse hasta el veintiséis de octubre de ese año.

En ese orden, si la reclamación de las fianzas base de la acción fue presentada ante la afianzadora el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, es claro que tal reclamación fue formulada dentro de los ciento ochenta días, es decir, antes de que se consumara el plazo para la caducidad de las fianzas; tal como se aprecia de la carátula de dicho escrito de reclamación que se reproduce vía escáner:

(Imagen escaneada)

De manera que fue correcta la consideración que sobre el particular formuló el Tribunal Unitario responsable, esto es, que la caducidad de las fianzas base de la acción no se había consumado.

De ahí que el concepto de violación materia del presente estudio sea infundado.

Respecto al bloque de argumentos atinente al tema de la prescripción de las fianzas, la parte quejosa expone:

1) Que la sentencia reclamada incorrectamente aplicó el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ya que tal numeral dispone claramente cómo es que el derecho derivado de la póliza para el acreedor ante el incumplimiento de la obligación por parte del fiado, puede prescribir, lo cual, justamente opera ante el transcurso del plazo de tres años a partir de que se haya iniciado la reclamación ante la propia afianzadora, ya que tal precepto establece con toda claridad que el derecho para hacer efectiva la póliza nacerá con la presentación de la reclamación, y que dicho derecho deberá ser ejercido dentro de los tres años siguientes a la propia presentación de la reclamación.

2) Que el Tribunal Unitario responsable, sobre el particular, adujo que las instituciones de fianzas para que puedan liberarse de su obligación por prescripción, tal plazo debe computarse a partir de que los beneficiarios puedan oponerse a la decisión emitida por las afianzadoras, no así al momento en que el beneficiario eleve su reclamación.

3) Que el Tribunal Unitario responsable, incorrectamente sostuvo que el plazo para que la afianzadora se liberara de su obligación por prescripción, fue interrumpido, lo cual es inexacto y contrario a lo previsto por los artículos 93 y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues sostiene que dicho plazo se computa a partir de que la afianzadora resuelva la reclamación de las pólizas y la beneficiaria **********, pueda oponerse a la reclamación, por ende, dicho plazo no puede correr desde la presentación de la reclamación, sin embargo, dicha interpretación es incorrecta y contraria a lo establecido por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, porque dicho precepto dispone que la presentación de la reclamación de la fianza interrumpe la prescripción, salvo que dicha reclamación sea improcedente y, en ese caso, la prescripción no se interrumpe, de manera que por improcedente se entiende la negativa al requerimiento de pago formulado a la afianzadora.

4) Que si la prescripción se suspende con la presentación de la reclamación de las fianzas y dicha reclamación es denegada por la afianzadora debido a la improcedencia del reclamo, es claro que el plazo prescriptivo de tres años opera y transcurre desde el día en que haya sido presentada la reclamación ante la afianzadora; por ello, si en el caso, esa reclamación fue presentada el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, conforme al oficio ********** de la **********, con el que reclama el pago de las pólizas de fianza, es evidente que el plazo de prescripción quedó condicionado a que la afianzadora resolviera procedente el pago requerido; sin embargo, mediante escrito de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, donde la afianzadora resuelve la improcedencia del pago, lo cual quedó notificado a la **********, el primero de diciembre de ese año, por ende, de acuerdo a lo establecido por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el plazo para la prescripción inició desde el día de la presentación de la reclamación, que fue el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, y se consumó el veintitrés de octubre de dos mil uno.

5) Que si se toma en cuenta que el juicio de origen, especial de fianzas, inició con motivo de la demanda ingresada hasta el catorce de noviembre de dos mil uno, es claro que dicho juicio fue tramitado cuando la prescripción de las fianzas se había consumado.

De manera que cuando el Tribunal Unitario considera que el plazo para que opere la prescripción de las fianzas, inicia a partir de que la afianzadora hizo del conocimiento a la beneficiaria su determinación, es una consideración ilegal, contraria a lo establecido por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Carecen de razón jurídica los anteriores argumentos.

En efecto, la figura jurídica de la prescripción tiene como fin destruir, de manera original, el derecho adquirido por el simple paso del tiempo, dado que ello es una forma de extinguir las obligaciones, lo que se conoce como prescripción negativa.

Ilustra a lo aquí considerado, la tesis aislada emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1117, Tomo XXVI, Número 9, Quinta Época, julio de 1930, Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:

"PRESCRIPCIÓN.—Siendo la prescripción negativa una pena que se impone a los que abandonan el ejercicio de un derecho, el plazo para que les empiece a correr, se inicia en el momento en que la obligación es exigible, y no desde que se hace la renuncia de la prescripción."

Cuando en el mundo fáctico se actualiza determinado motivo para exigir el cumplimiento u observancia de algún derecho, la ley quiso atribuir certeza jurídica a los interesados a fin de que conozcan los límites respecto a la temporalidad que tienen para exigir, por una parte, el cumplimiento u observancia de ese derecho y, por otra, la obligación para responder ante el reclamo, longitud o parámetro temporal que la ley quiso definir como prescripción.

Por ello, la prescripción exige, para su operancia, un requisito sine qua non, consistente en el simple paso del tiempo, cuyo plazo está previsto por la ley para que, una vez transcurrido de manera ininterrumpida, se considere consumada.

Luego, el artículo 120, tercer y cuarto párrafos, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone:

"Artículo 120. ...

"Presentada la reclamación a la institución de fianzas dentro del plazo que corresponda conforme a los párrafos anteriores, habrá nacido su derecho para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción. La institución de fianzas se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o el de tres años, lo que resulte menor.

"Cualquier requerimiento escrito de pago hecho por el beneficiario a la institución de fianzas o en su caso, la presentación de la reclamación de la fianza interrumpe la prescripción, salvo que resulte improcedente."

De lo transcrito, se obtiene que los requisitos para que opere la prescripción de la fianza son los siguientes:

A) La existencia de la reclamación presentada ante la afianzadora sobre el pago de la póliza; y,

B) Que a partir de la contestación a la reclamación hayan transcurrido como máximo tres años para que la afianzadora esté liberada de su obligación por prescripción.

La primera hipótesis está satisfecha en tanto que, como ya se estableció, la beneficiaria de las fianzas fundatorias del juicio de origen, formuló su reclamación ante la propia afianzadora el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, según se aprecia del escrito respectivo y sello que de la afianzadora informa tal circunstancia.

Sin embargo, la segunda premisa, esto es, que hayan transcurrido como máximo tres años a partir de la contestación de la reclamación, no está justificado.

En efecto, el artículo 93, primer párrafo, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone:

"Artículo 93. Los beneficiarios de fianzas deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza respectiva, directamente ante la institución de fianzas. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; o bien, ante los tribunales competentes en los términos previstos por el artículo 94 de esta ley. En el primer caso, las instituciones afianzadoras estarán obligadas a someterse al procedimiento de conciliación a que se refiere el artículo 93 Bis de la misma."

De manera que si la afianzadora denegó el pago reclamado mediante escrito de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, notificado a la beneficiaria **********, el uno de diciembre de ese año, según se aprecia de la comunicación respectiva, es claro que el plazo prescriptorio inició una vez que la beneficiaria conoció la respuesta de la afianzadora para, en su caso, hacer valer sus derechos como en derecho correspondiera lo que, se insiste, el resultado de su reclamación lo conoció hasta el uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; estimarlo de otra manera, es tanto como obligar a la beneficiaria a cuestionar una circunstancia que desconoce.

Luego, si a partir de esa fecha (comunicación de la respuesta a la negativa de pago), inició el plazo de tres años para la prescripción, ésta pudo consumarse hasta el uno de diciembre de dos mil uno.

Apoya esta consideración, la tesis I.8o.C.258 C, que este tribunal comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XIX, abril de 2004, página 1455, materia civil, registro digital: 181685, de rubro y texto:

"PRESCRIPCIÓN FIANZA. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE CUANDO LA AFIANZADORA NO CONTESTA LA RECLAMACIÓN DENTRO DEL PLAZO LEGAL.—Del contenido del artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se infiere que cuando la compañía afianzadora no contesta la reclamación presentada por el beneficiario dentro del lapso de sesenta días que el propio numeral establece y que se obtiene de sumar los quince días que se disponen para solicitar al beneficiario la información y documentación necesaria para resolver la reclamación, más los quince días que se otorgan al beneficiario para que entregue a la compañía de seguros la información requerida, con la que se integra la reclamación, sumados a los treinta días que se otorgan a la institución para que resuelva una vez integrada aquélla, entonces el término para computar la prescripción a que se refiere el artículo 120 de la misma ley, debe empezar a contarse a partir del día siguiente a aquel en que fenezca el plazo que tenía la afianzadora para contestar la reclamación correspondiente, ya que conforme al citado artículo 93, en caso de que la compañía no dé contestación dentro de ese lapso, o exista inconformidad con ella, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, actualmente Comisión Nacional para la Defensa y Protección al Usuario de Servicios Financieros (Condusef), o ante los tribunales competentes, lo que implica que a partir de esa fecha están expeditos sus derechos para hacerlos valer en la forma referida, pues dicha omisión debe entenderse como una negativa ficta por parte de la afianzadora, por lo que sólo en el caso de que la compañía afianzadora dé contestación a la reclamación correspondiente antes de los sesenta días mencionados, el término de la prescripción empezará a computarse a partir del día siguiente en que se haya emitido la misma."

En ese orden, como bien lo indicó el Tribunal Unitario responsable, si el juicio de origen (especial de fianzas), inició con motivo de la demanda ingresada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en esta ciudad, el dieciséis de noviembre de dos mil uno, según se aprecia del sello respectivo, es claro que la demanda fue tramitada antes de que la prescripción se consumara, la cual, se reitera, eventualmente pudo agotarse el uno de diciembre de dos mil uno; sin embargo, la demanda de instancia fue gestionada antes de esa fecha, es decir, antes de que la prescripción se consumara.

Consecuentemente, es claro que los conceptos de violación materia del presente estudio son infundados.

En cuanto al tema de la divisibilidad de la obligación garantizada derivada del contrato de obra pública, la parte quejosa expone:

1) Que la sentencia reclamada incorrectamente determinó confirmar la condena a la afianzadora quejosa, sin tomar en consideración que las obligaciones garantizadas habían sido cumplidas parcialmente; sin embargo, ello es inexacto, porque la divisibilidad o no de la obligación, no depende del contrato accesorio sino del objeto principal, lo que implica que el fiador está obligado a cumplir por su fiado ante cualquier incumplimiento obligacional por parte de éste.

2) Que, en la especie, el contrato de obra y su convenio modificatorio número 1, tuvieron como objeto el diseño, equipamiento, construcción, prueba y puesta en servicio de diversas subestaciones, por ende, es posible observar que la fiada **********, se comprometió a una serie de actividades distintas, todas garantizadas por la afianzadora, de manera que el objeto del contrato principal es múltiple, lo que implica una serie de actividades no siempre relacionadas unas con otras, de manera que el contrato de obra y su convenio modificatorio 1(sic), son actos jurídicos susceptibles de ser cumplidos en forma parcial y paulatina, por tanto, han de ser acatados en ciertos aspectos e incumplidos en otros, precisamente, porque el objeto es divisible, con lo cual, es posible regular la exigibilidad de las fianzas justamente en función del cumplimiento parcial de las obligaciones objeto del contrato principal.

3) Que en cuanto a las pólizas de fianza que garantizan el contrato de obra, las que se identifican con los folios ********** y **********, con sus respectivos endosos modificatorios, claramente señalan que garantizan el 10% del monto del contrato de obra hasta por la suma de $22’930,983.70 (veintidós millones novecientos treinta mil novecientos ochenta y tres pesos 70/100 moneda nacional) y USD 1’853,242.83 (un millón ochocientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y dos dólares con ochenta y tres centavos de dólar), moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica.

4) Que las propias pólizas de fianza carecen de mención alguna que indique que ante el incumplimiento parcial del fiado se deba pagar el total garantizado; tampoco consta en las pólizas, que las partes hayan pactado que dichas fianzas debían hacerse exigibles en su totalidad garantizada en caso de rescisión administrativa por causas atribuibles al contratista, motivo por el que la sentencia combatida es ilegal; de manera que si las fianzas indican que garantizan hasta por el monto indicado, significa que éste disminuye en la medida en que la obligación principal disminuya, en tanto que al ser accesorias siguen la suerte de lo principal.

5) Que si se toma en cuenta el contenido de la cláusula 8.2 del contrato de obra, se observa que ahí quedó pactado el porcentaje de avance de obra asignados para distintos conceptos, es decir, cada que se cumplía con uno de los conceptos ahí estipulados, se genera un avance de obra, lo cual, demuestra la divisibilidad de las obligaciones garantizadas con las pólizas referidas, incluso, tampoco hubo pacto que refiera la exigibilidad al 100% de las fianzas, en caso de rescisión, de manera que la obligación principal garantizada al ser divisible, debe liberarse a la afianzadora en idéntica proporción en que la obligación principal se haya extinguido; ello porque incluso, del acta circunstanciada de dos de junio de mil novecientos noventa y ocho, la **********, expresamente estableció el porcentaje de los avances de las obras, con lo cual, es claro que **********, cumplió parcialmente sus obligaciones, por ende, si el contrato de obra fue cumplido parcialmente, en idéntica proporción se extinguieron las garantías, de manera que los montos reclamados a la afianzadora son improcedentes.

Carecen de razón jurídica tales argumentos.

En principio, debe destacarse que el tema de las obligaciones divisibles e indivisibles no se encuentra relacionado con la complejidad de los sujetos o de los objetos de la relación obligatoria; no se trata de que exista pluralidad de unos o de otros, sino de una cualidad relativa al objeto o al hecho sobre el que recae la prestación.

En términos generales, puede decirse que una obligación es divisible, cuando más que estar dividida, es susceptible de serlo; y que, es indivisible, en caso contrario; sin embargo, ni el Código Civil Federal, ni el Código Civil para esta ciudad, contienen una regulación específica para este tipo de obligaciones, sino que sus disposiciones se encuentran en sede de solidaridad, lo cual no es del todo reprochable debido a la proximidad de los regímenes de ambas instituciones.

Una obligación divisible en donde sólo existe un deudor y un acreedor, se rige por las reglas comunes de las obligaciones.

De idéntica forma, una obligación indivisible en la que sólo intervienen un deudor y un acreedor, en realidad no tiene importancia práctica, ya que la única forma posible de cumplir es pagando íntegramente la deuda.

La divisibilidad con pluralidad de sujetos se rige por las reglas de la simple mancomunidad, a menos que por voluntad de las partes, o por ley, se estipule solidaridad, en tanto que la solidaridad nunca se presume.

En cuanto a la indivisibilidad con pluralidad de sujetos, resulta fundamental distinguir si ésta se presenta con pluralidad de acreedores o si, por el contrario, se presenta con pluralidad de deudores, pues para cada uno de estos supuestos existen reglas especiales y efectos distintos.

En cualquiera de estos dos casos (pluralidad de acreedores y/o pluralidad de deudores), habrá varias relaciones jurídicas que comparten un idéntico objeto, esto significa que existen varios vínculos por los cuales están unidos acreedores y deudores y que, entre ellos, comparten una parte de su objeto, caso distinto al de la solidaridad.

Por tanto, aunque existan varias relaciones jurídicas, todas ellas tienen un punto de contacto: que ese objeto no puede ser dividido y, en consecuencia, no es susceptible de pagarse fraccionadamente.

La importancia que se comenta, radica en las consecuencias que apareja, ya sea entre los acreedores o los deudores, una vez que uno de los primeros haya recibido el pago total de la prestación, pues tendrá que determinarse qué derechos tienen los demás acreedores para satisfacer la parte del crédito que les corresponde, ya que todos son acreedores de esa prestación que por su naturaleza resulta indivisible; o bien, cuando uno o varios deudores han tenido que pagar por completo, pues tendrá que establecerse la manera de dividir la deuda entre ellos, de tal suerte que cada uno pague la parte de la deuda a la que está obligado.

La indivisibilidad abarca dos casos: aquellas obligaciones en que la indivisibilidad proviene de la naturaleza propia de su objeto (como entregar un animal vivo), lo que se denomina por la doctrina contemporánea "indivisibilidad objetiva"; por otro lado, está la "indivisibilidad subjetiva", cuando a pesar de que el objeto puede ser naturalmente dividido, las partes han pactado que no sea divisible.

En cuanto a la indivisibilidad con varios deudores, que es el caso que interesa, el artículo 2006 del Código Civil para esta ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, conforme a su artículo 13, establece que cada uno de los que hayan contraído conjuntamente una deuda indivisible está obligado por el todo, aunque no se hubiera pactado la solidaridad, esto es, en las obligaciones indivisibles con pluralidad de deudores, aquélla se torna solidaria aunque nada se haya estipulado en el contrato, con mayor razón surge aquella solidaridad cuando exista pacto expreso.

En las obligaciones indivisibles, el acreedor puede exigir el total cumplimiento de la obligación, pero derivada de la indivisibilidad del objeto. La solidaridad entre deudores no hace, por este concepto, que una obligación sea indivisible, aunque solidaria, esa obligación es susceptible de división, o en otros términos, la solidaridad impide la división de la deuda en el momento de su formación, pero no hay obstáculo alguno para que pueda dividirse con motivo de acontecimientos posteriores.

El efecto principal de la obligación solidaria es compeler al deudor al pago total, como si él fuera el único obligado; pero existen también otras consecuencias secundarias que ponen de relieve la distinción entre la obligación solidaria y la indivisible.

Para explicar los efectos secundarios de la solidaridad, que no pueden justificarse partiendo del principio de que cada uno de los deudores se obliga por el total, ha sido preciso acudir a otra idea, y ésta consiste en la representación recíproca que tienen los codeudores, lo que hace que el acto verificado en contra de uno de ellos se repute realizado en contra de todos.

Ilustra lo aquí considerado la tesis visible en la Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 3075, tesis aislada I.8o.C.293 C, materia civil, de rubro y texto:

"SOLIDARIDAD PASIVA. INDIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR.—En la solidaridad pasiva el objeto es único y dado que sólo existe una obligación, pues el pago de uno de los deudores extingue la obligación del otro y no puede dividirse la deuda en tantas partes como deudores haya, lo propio ocurre tratándose de las obligaciones que por su parte hubiera asumido el acreedor frente a los deudores, es decir, siendo indivisible la obligación de éstos, quedó también indivisible la obligación del otro contratante; en consecuencia, tratándose de un contrato de crédito, si el acreditante entrega la suma pactada a uno de los acreditados, ese pago lo libera de la obligación de pagar al otro, porque lo contrario implicaría convertir la solidaridad en simple mancomunidad, al dividir el crédito y la deuda en tantas partes como deudores hubiera. Ahora bien, si en un caso con el acreditado concurre un tercero quien sin tener a su vez la calidad de acreditado se obliga solidariamente con aquél, debe concluirse, por mayoría de razón, que el acreditante puede válidamente cumplir la obligación a su cargo cubriendo el importe del crédito al acreditado, sin necesidad de entregar suma alguna a dicho tercero quien, por su parte, queda obligado al pago al haber asumido la deuda del acreditado como propia."

Consecuentemente, en el juicio administrativo iniciado para lograr la nulidad de la rescisión administrativa del contrato de obra, desde la sentencia de primera instancia como en la de segunda instancia, quedó absolutamente sancionado con categoría de cosa juzgada que, desde luego,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27998-491747a5/fianzas-las-condiciones-o-estipulaciones-contenidas-en-cada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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