CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR QUE LA SENTENCIA DICTADA EN ACATAMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO NO CUMPLIÓ CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN ÉSTA.
AMPARO DIRECTO 654/2003. **********
CONSIDERANDO:
QUINTO. Con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se procede a examinar argumentos relacionados entre sí que aparecen en los conceptos de violación, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
En ellos se alega, en esencia, que la sentencia reclamada en la que se da un supuesto cumplimiento de la sentencia de amparo viola los artículos 80 y 113 de la Ley de Amparo, que regulan el cumplimiento de las sentencias de amparo. Que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y, por tanto, la autoridad responsable está obligada a acatarla y, en el caso concreto, la sentencia reclamada de veintinueve de agosto de dos mil tres, no es congruente con la sentencia de amparo, porque la autoridad federal otorgó el amparo para que la ad quem dictara nuevo fallo y resolviera únicamente la prestación reclamada en el inciso d) de la demanda inicial consistente en el pago de las rentas financieras que se siguieran devengando hasta que sea devuelta la maquinaria arrendada.
Que la Sala responsable en su resolución aplicó los pagos que hicieron los enjuiciados a intereses moratorios, y esta determinación es contraria a lo que estableció el Tribunal Colegiado en el sentido de que procedía la absolución de intereses moratorios.
Que el tercer resolutivo de la sentencia reclamada es incongruente con el considerando IV de la misma y con la ejecutoria de ********** dictada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, puesto que la ad quem señala que el certificado contable sí reúne los requisitos de ley para hacer fe en el juicio respecto de los intereses moratorios, lo que en diversa ejecutoria determinó la absolución de intereses moratorios porque no se pactaron.
Los argumentos de conceptos de violación que están encaminados a combatir o demostrar que la sentencia reclamada no cumplió debidamente con los lineamientos establecidos en las diversas ejecutorias de amparo emitidas por este Tribunal Colegiado, son inoperantes para combatir el fallo reclamado y no procede su análisis por lo siguiente.
En términos de lo establecido por los artículos 103 y 107 constitucionales el juicio de amparo es el medio a través del cual los gobernados, las personas físicas o morales pueden acudir ante los juzgados y tribunales de la Federación para reclamar actos de autoridad que sean violatorios de las garantías individuales previstas en la Carta Magna.
Esto implica que cuando algún quejoso promueve amparo en contra de un acto de autoridad sólo puede alegar cuestiones que atañen a la violación de sus garantías individuales por dicho acto, es decir, para combatir vicios propios de inconstitucionalidad del acto.
En cambio, cuando el afectado con un acto de autoridad se queje por estimar que la autoridad responsable no cumplió debidamente o incumplió totalmente con un fallo constitucional, entonces el afectado deberá combatir tales violaciones a través de los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley de Amparo, en forma específica para alegar el exceso, defecto, incumplimiento total del fallo constitucional o la repetición del acto reclamado, según sea lo que proceda.
En conclusión, el juicio de garantías no es el medio de defensa idóneo para combatir o demostrar que la sentencia reclamada no cumplió debidamente con los lineamientos marcados en una ejecutoria de amparo y, por ende, los conceptos de violación que estén encaminados a ese fin son inoperantes y no procede su estudio, puesto que la quejosa está en aptitud de promover el medio idóneo de defensa correspondiente para alegar esa cuestión.
Sirve de apoyo, la jurisprudencia 697, publicada en la página 469, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO SE IMPUGNA EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSA EJECUTORIA. Son inatendibles los conceptos de violación referidos al exceso o defecto en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, porque no es el amparo directo la vía idónea para combatir esas deficiencias ya que la ley de la materia, prevé para esos casos medios de defensa diversos al juicio constitucional."
Por otro lado, en relación a lo alegado en los conceptos de violación quinto y sexto se aduce que el tercer punto resolutivo de la sentencia reclamada es violatorio de garantías al condenar a la demandada al pago de rentas devengadas y a la devolución de los bienes dados en arrendamiento, puesto que está aplicando una doble sanción. Que ello es así porque el artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito establece el derecho de la arrendataria de pedir judicialmente la compra de los bienes objeto del arrendamiento, la prórroga del plazo y participar en la venta del producto; sin embargo, se condena al pago de rentas devengadas y a la devolución de bienes y como se desprende de autos, los enjuiciados pagaron la suma de $1'518,660.00 (un millón quinientos dieciocho mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), cuyo monto debe aplicarse al pago de rentas y no de intereses moratorios como indebidamente aparece en el certificado contable y con esa cantidad se cubre el total del precio de las rentas pactadas en el contrato, por lo que el hecho de que la arrendataria continúe en posesión de los bienes, sólo demuestra su deseo de ser propietaria de los bienes.
Que la Sala responsable consideró en la sentencia reclamada que las cantidades entregadas por los deudores se aplicaron para el pago de las rentas de la uno a la siete y que, con ello, no podía estimarse que se hubiera cumplido con el pago de todas las rentas a su cargo, porque con el certificado se demostraba que se aplicaron esos pagos a rentas vencidas. Que tal consideración es inexacta porque del certificado contable se advierte que el dinero entregado se aplicó para el pago de siete rentas y lo demás al pago de intereses moratorios, en tanto que las partes no pactaron pago de intereses moratorios y así lo ordenó el Tribunal Colegiado.
En el octavo concepto de violación, la parte quejosa alega que la Sala responsable declaró infundado el incidente de objeción de documentos interpuesto para combatir el certificado contable, lo cual es incorrecto porque en dicho documento se cuantifican intereses moratorios, siendo que las partes no los pactaron y así lo estimó el Tribunal Colegiado de Circuito.
Son inoperantes los argumentos propuestos en los conceptos de violación, en virtud de que en ellos pretenden controvertir cuestiones que ya fueron examinadas y resueltas por este Tribunal Colegiado en otras ejecutorias y que constituyen cosa juzgada.
Para demostrar lo anterior, es necesario hacer un breve resumen de antecedentes:
1) ********** demandó de ********** y ********** las prestaciones siguientes:
"a) El pago de la cantidad de $3'112,628.50 (tres millones ciento doce mil seiscientos veintiocho pesos 50/100 M.N.), como suerte principal, por concepto de rentas devengadas y no pagadas. b) El pago de la cantidad de $14'116,993.41 (catorce millones ciento dieciséis mil novecientos noventa y tres pesos 41/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios, causados al quince de mayo del año dos mil uno. c) El pago de la cantidad de $1'803,375.38 (un millón ochocientos tres mil trescientos setenta y cinco pesos 38/100 M.N.), por concepto de impuesto al valor agregado, sobre los intereses moratorios causados por las rentas devengadas y no pagadas, calculados al quince de mayo del año en curso. d) El pago de las rentas financieras que se sigan devengando, fijadas a juicio de peritos, hasta que sea devuelta la maquinaria industrial para imprenta dada en arrendamiento financiero, toda vez que no obstante el incumplimiento en el pago de las rentas financieras pactadas y demás accesorios, por parte de los demandados, éstos aún tienen el uso y goce de la maquinaria dada en arrendamiento financiero. e) El pago de los intereses moratorios y el impuesto al valor agregado sobre los mismos que se sigan causando hasta la total solución del adeudo, independientemente de la fecha en que se devuelva el bien objeto del arrendamiento financiero. f) La entrega o devolución inmediata a mi representada del bien objeto del arrendamiento financiero, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y, de no efectuarse ésta, el secuestro judicial de dicho bien y, en su caso, el requerimiento de entrega a cualquier tercero que los detente. g) El pago de los gastos y costas que origine el presente juicio."
2) Previa contestación de la demanda por los enjuiciados, con fecha ********** el Juez natural dictó sentencia definitiva, la cual concluyó con los resolutivos siguientes:
"PRIMERO. Ha procedido la vía ordinaria mercantil intentada, en la que la actora ********** probó parcialmente su acción y las codemandadas acreditaron parcialmente sus excepciones. SEGUNDO. Se absuelve a la parte demandada de la prestación marcada como inciso c) del escrito inicial de demanda, así como del impuesto al valor agregado que se genere como consecuencia de los intereses moratorios que se sigan causando. TERCERO. Se condena a los codemandados ********** al cumplimiento de las prestaciones contenidas en los incisos a), b), d) y f), así como al pago de los intereses moratorios que se sigan causando hasta la total solución del adeudo conforme al tercer considerando de esta resolución. CUARTO. No se hace condena en costas conforme al sexto considerando de la presente resolución. QUINTO. Notifíquese."
3) Inconformes con dicha resolución tanto la sociedad actora como los codemandados interpusieron recurso de apelación en su contra, el cual se sustanció ante la ********** Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien dictó resolución el veintitrés de octubre de dos mil dos, en la que revocó el fallo de primer grado.
4) Inconforme con la resolución de la alzada ********** promovió amparo directo el cual por turno tocó conocer a este Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registrándolo con el número ********** y lo resolvió el seis de marzo de dos mil tres el cual, en su parte conducente, dice:
"... En el caso concreto, el certificado contable sí reúne los requisitos de ley para hacer fe en el juicio natural puesto que señala el monto de las rentas devengadas en mensualidades como se pactó en la cláusula segunda del contrato, las tasas aplicables, los saldos insolutos, los intereses ordinarios y los moratorios de cada periodo, y se especificó que el pago de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), que hizo el inquilino el quince de enero de mil novecientos noventa y seis, se aplicó a las rentas números uno, dos, tres, cuatro y cinco, así como intereses moratorios y que el diverso pago hecho el trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, por $518,660.00 (quinientos dieciocho mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), se aplicó a las rentas seis y siete, intereses moratorios e impuesto al valor agregado; por lo que el estado de cuenta sí reúne los requisitos de ley para hacer fe en el juicio, máxime que correspondía a los demandados desvirtuar su contenido, puesto que debe desvirtuar el valor que la ley le otorga. Por otra parte, en el cuarto concepto de violación, en el que se alega que la Sala responsable valoró incorrectamente las cláusulas del contrato al señalar que las partes no pactaron el pago de intereses moratorios sobre las rentas financieras no cubiertas, lo cual es inexacto porque en las cláusulas tercera, cuarta y octava se pactó tal concepto, pasando por alto que se trata de un contrato definitivo y al no hacerlo llega a la ilegal conclusión de que no se pactaron intereses moratorios sobre rentas no cubiertas dejando también de aplicar los artículos 1851 a 1854 del Código Civil. Es inoperante el concepto de violación, porque no combate suficientemente el acto reclamado. Así es, en la sentencia reclamada se sostiene que en el contrato no se pactaron intereses moratorios sobre rentas financieras no cubiertas, ya que de la cláusula octava se desprende que se pactaron intereses moratorios sobre cargos financieros, prestación muy distinta a las rentas financieras, pues éstas se contemplan en la cláusula tercera y las cargas financieras en la cuarta. Este tribunal considera que el concepto de violación invocado por la parte quejosa es inoperante por insuficiente puesto que no contiene razonamientos lógico-jurídicos encaminados a desvirtuar la afirmación de la Sala responsable en el sentido de que en el contrato base de la acción no se pactaron intereses moratorios sobre las rentas porque la cláusula octava se refería a intereses moratorios sobre ‘cargas financieras’, lo cual la ad quem dijo era muy distinto a las ‘rentas financieras’ porque éstas se contemplan en la cláusula tercera y las ‘cargas financieras’ en la cláusula cuarta; sin embargo, la parte quejosa en relación con la anterior consideración medular de la Sala responsable; se concreta a afirmar, de manera general y abstracta, que la ad quem había valorado incorrectamente las cláusulas tercera, cuarta y octava, pues pasó por alto que se trataba de un contrato definitivo de arrendamiento financiero; pero la quejosa omite precisar las razones de hecho y de derecho en que funda su afirmación; esto es, no desvirtúa si las ‘cargas financieras’ y las ‘rentas financieras’ son conceptos distintos y, por ende, no sean aplicables los intereses moratorios a que se refiere la cláusula octava. Por tanto, si la impetrante no proporciona los elementos necesarios para poder examinar la legalidad o ilegalidad de la sentencia reclamada en lo que se refiere a la prestación de intereses moratorios reclamados, entonces esa parte de la sentencia reclamada deberá seguir rigiendo en sus términos y por ende firme la absolución al pago de intereses moratorios reclamados. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 173, publicada en las páginas 116 y 117, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable.’. Por otro lado, en el quinto concepto de violación, la impetrante alega que la Sala responsable no puede presumir (como indebidamente lo hace) que con los dos pagos realizados por el arrendatario se hubieren liquidado todas las rentas y sus intereses moratorios, máxime que se hicieron después de veinticuatro meses que el inquilino recibió la maquinaria objeto del arrendamiento financiero, pues con el certificado contable quedó probado que esos pagos se aplicaron a rentas vencidas. Que es imposible que el inquilino haya adquirido los bienes objeto del arrendamiento porque a través de dicho contrato no se puede transmitir la propiedad, pues las partes no expresaron su voluntad para celebrar una compraventa. Es fundado el concepto de violación. La parte relativa del fallo reclamado sostiene lo siguiente: ‘... Es igualmente fundado el motivo de inconformidad de la codemandada apelante, por cuanto a que el a quo no valoró correctamente la aplicación de los pagos realizados por el codemandado ********** a favor de la actora, pues por una parte en la sentencia recurrida se le concede valor probatorio pleno a la sentencia dictada por la H. ********** Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de diecinueve de junio de dos mil, la que obra en autos y, en específico, el contenido del último párrafo de la foja 38 y 39 y, por el otro lado, no la tomó en consideración para los efectos de tener por acreditados los pagos, que debían atenderse a esa ejecutoria, en donde se resolvió que los pagos realizados a favor de la aquí también parte actora, fueron por concepto de los anticipos que la actora pagó al proveedor de los bienes muebles materia de contrato base de la acción, lo que se desprende de la parte final del penúltimo párrafo, página tercera de la resolución citada, que dice lo siguiente: «En el momento en que la actora adquirió la maquinaria objeto del contrato, le entregó la posesión de la misma al demandado, y este le pagó los anticipos que entregó a la vez al proveedor del bien mueble» (visible a fojas 35 del expediente, penúltimo párrafo, in fine). Así las cosas, si se toma en cuenta que se realizaron dichos pagos, y de que si la parte actora pagó por los bienes materia del contrato fundatorio la cantidad de $1'518,660.00 (un millón quinientos dieciocho mil seiscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional) y, a su vez, la apelante codemandada, acreditó haber cubierto dicho monto a la arrendadora, como suma de lo pagado, lo que se desprende de la confesión espontánea de la parte actora, en donde afirmó haber recibido dicha cantidad, según el contenido del hecho número cuatro del escrito inicial de demanda (foja 3 del expediente), de aquí que resulte procedente lo argumentado por la codemandada apelante, en relación con que en el estado de cuenta certificado que exhibió la actora, no se aplicaron correctamente los pagos realizados, ante la circunstancia misma de la falta de convenio en el precio de las rentas.’. La consideración de la Sala responsable es incorrecta porque hace una apreciación desatinada de lo que resolvió la ********** Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los tocas **********, **********, ********** y ********** la cual dice, en su parte relativa, lo siguiente: ‘... En las consideraciones anteriores, asiste razón a la juzgadora, pues estaba en condiciones de realizar una interpretación del contrato base de la acción para establecer su verdadera naturaleza jurídica conforme al artículo 1851 del Código Civil, supletoriamente aplicado al de Comercio, porque la denominación que las partes le den, no hace al contrato, sino que lo define su contenido, como en el caso a estudio sucede, en el que el contrato básico aparentemente contiene una obligación de hacer consistente en celebrar el contrato definitivo de arrendamiento financiero, pero en realidad no es así porque dio lugar a que ambas partes adquirieran el carácter de arrendador y arrendatario respectivamente, en el momento en que la actora adquirió la maquinaria objeto del contrato, le entregó la posesión de la misma al demandado, y éste le pagó los anticipos que entregó a la vez al proveedor del bien mueble. En efecto, de acuerdo con lo pactado en la cláusula primera del contrato, que a la letra dice: «Primera. Objeto del arrendamiento financiero. La promitente arrendadora en este acto, se obliga a adquirir, en un término no mayor a 1 (un) mes contados, a partir de la fecha de firma del presente contrato, los bienes que se describen en el anexo 1 de este contrato, formando parte integrante del mismo, directamente del proveedor o proveedores de los mismos, a fin de conceder el uso y goce de dichos bienes al promitente arrendatario, el cual, a su vez, se compromete a aceptarlos y tomarlos en tal carácter, en los términos y condiciones previstos en el contrato de arrendamiento financiero que la promitente arrendadora utiliza para sus operaciones normales, para lo cual, las partes convienen en este acto que los términos y condiciones en que se obligarán las partes para la celebración del contrato definitivo de arrendamiento financiero serán los establecidos en el formato de contrato de arrendamiento financiero que utiliza en sus operaciones la promitente arrendadora, mismo formato que reconoce el promitente arrendatario en ya haberlo revisado y con el cual se encuentra conforme.», es evidente que la actora se obligó a adquirir en un término no mayor de un mes, contado a partir de la fecha de la firma del contrato, los bienes descritos en su anexo uno, que serían materia del arrendamiento, y a conceder posteriormente el uso y goce de dichos bienes al demandado, quien a la vez se comprometió a aceptarlos y tomarlos en arrendamiento financiero en los términos y condiciones que al efecto establecieran en el contrato definitivo de arrendamiento financiero que celebrarían conforme a los formatos que al efecto utiliza la promitente arrendadora, para cuyo efecto ambas partes se obligaron a celebrar el contrato definitivo en un plazo no mayor a cinco días a partir de la entrega de los referidos bienes. Aunque el contrato definitivo no se llegó a extender en los formatos de la actora, el basal constituye un verdadero contrato definitivo de arrendamiento financiero, porque si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 2245 del Código Civil, supletorio del de Comercio, las obligaciones que adquieren los contratantes en un contrato promisorio son exclusivamente de hacer, consistente en la celebración posterior del contrato definitivo, en la especie hubo actos de las partes que dieron lugar a que el mismo se perfeccionara, porque la arrendadora adquirió la mercancía, misma que entregó al demandado para su uso y goce, y éste a la vez le hizo diversos pagos, en cuya virtud quedó obligado a cubrir las rentas establecidas en la cláusula tercera de la siguiente forma: «Ambas partes convienen en que los distintos pagos por concepto de renta que se convengan en el contrato definitivo de arrendamiento financiero, variarán de acuerdo con las fluctuaciones de la <tasa líder>, más un diferencial de 11.5 (once punto cinco) puntos porcentuales; en la inteligencia de que la tasa líder significa (la tasa que resulte mayor entre la <tasa CPP>, y la <tasa líder>, según se definen más adelante ...». Aunado a lo anterior, en las cláusulas cuarta, quinta, sexta, séptima y octava del contrato básico, se establecen las obligaciones del demandado de pagar a la actora las cargas financieras y demás accesorios que se causaren por el o los anticipos que aquélla pagara al proveedor de los bienes, de acuerdo con las tasas que al respecto convinieron y se describen en el primer párrafo de la cláusula cuarta, habiéndose obligado el enjuiciado a documentar mediante pagarés suscritos a favor de su contraparte, el monto de los bienes objeto del arrendamiento que esta última hubiera pagado al proveedor de los mismos, respecto de los cuales la adquisición la hizo a la empresa ********** en un monto total de $1'518,660.00 (un millón quinientos dieciocho mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) tal como se acredita con las facturas números ********** y ********** de fechas veintidós de diciembre de 1993 y tres de febrero de 1994, por las cantidades de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) y $1'218,660.00 (un millón doscientos dieciocho mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), respectivamente; cantidades las anteriores que, conforme a lo pactado, el demandado documentó con los dos pagarés que suscribió a favor de la actora los días veintidós de diciembre de 1993 y once de febrero de 1994, por cada una de las cantidades citadas, lo que constituye un acto más de su parte que revela la concertación del contrato definitivo porque los pagos que hizo a su contraparte trae como consecuencia el perfeccionado tácito de ese contrato, como lo apreció la Juez de primer grado.’. De la lectura cuidadosa de la parte transcrita del fallo que emitió la referida Sala en el diverso juicio ejecutivo mercantil seguido por la hoy quejosa contra los ahora terceros perjudicados, se desprende que la Sala nunca hizo el pronunciamiento que equivocadamente aduce la hoy responsable, porque si bien es cierto que hace referencia al hecho de que el arrendatario hizo dos pagos de la maquinaria y ésta le fue entregada, también lo es que ello lo destacó como una manifestación tácita de la voluntad para perfeccionar el contrato denominado incorrectamente ‘promesa’ de arrendamiento financiero; pero dicha autoridad nunca lo hizo aparecer como una compraventa ni mucho menos sostuvo que con esos pagos quedarán extinguidas las obligaciones de los demandados. Aunado a lo anterior, en líneas precedentes ya quedó establecido que el contrato base de la acción es un contrato definitivo de arrendamiento financiero, y también se destacó que en el certificado contable sí se tomaron en cuenta los dos pagos que realizó el inquilino en enero y febrero de mil novecientos noventa y seis y se aplicaron a las primeras siete rentas generadas y a sus intereses así como al impuesto al valor agregado ..."
5) Con fecha veinte de marzo de dos mil tres, la Sala responsable dictó sentencia en cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el ********** la cual culminó con los resolutivos siguientes:
"... Con base en todo lo anterior expuesto, esta alzada en plenitud de jurisdicción estima procedente modificar la sentencia definitiva materia del presente recurso, en su punto tercero resolutivo, el que deberá subsistir en los términos siguientes: TERCERO. Se condena a los **********, ********** y ********** en forma solidaria, a pagar a la parte actora ********** o a quien legalmente sus derechos represente, el importe de las prestaciones que les fueron reclamadas en los incisos a), b), d) y f) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, así como al pago de los intereses moratorios que se sigan causando hasta la total solución del adeudo. VI. En términos de lo ordenado por la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, se condena a la parte demandada apelante al pago de las costas generadas en ambas instancias. Por lo expuesto y considerado, se: Resuelve. PRIMERO. Es fundado el recurso de apelación interpuesto por la actora ********** y resultó infundado el recurso de apelación que hizo valer la codemandada **********. SEGUNDO. Se modifica el punto tercero resolutivo de la sentencia definitiva de diez de julio de dos mil dos, pronunciada por el Juez ********** de lo Civil del Distrito Federal, en la sustanciación del juicio ordinario mercantil, promovido por ********** en contra de ********** y otro, para subsistir éste en los términos precisados en la parte final del considerando quinto de este fallo, para todos los efectos legales a que haya lugar. TERCERO. Se condena a la demandada apelante al pago de las costas de ambas instancias. CUARTO. Notifíquese. Por lo expuesto, se resuelve: PRIMERO. Se declara insubsistente la sentencia definitiva de veintitrés de octubre de dos mil dos, dictada por esta Sala en el toca en que se actúa, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la parte demandada, en contra de la sentencia definitiva de diez de julio de dos mil dos, pronunciada por el Juez ********** de lo Civil del Distrito Federal, en los autos del juicio ordinario mercantil promovido por ********** en contra de ********** y otro, para todos los efectos legales a que haya lugar. SEGUNDO. En cumplimiento a la ejecutoria de seis de marzo de dos mil tres, pronunciada por el Décimo Primer Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo civil número ********** promovido por la quejosa ********** se dicta nueva resolución en los términos de este fallo, la que se regirá por los puntos resolutivos precisados en la parte final del considerando cuarto, para los efectos legales correspondientes. TERCERO. Notifíquese."
6) Inconforme con la sentencia referida en el párrafo que precede ********** y ********** promovieron amparo directo, del cual tocó conocer a este Tribunal Colegiado, quien lo registró con el número ********** resolviéndolo el veintidós de mayo de dos mil tres, concediendo el amparo solicitado en los términos siguientes:
"... En el caso concreto deberá analizarse en principio, la violación al principio de congruencia que debe respetar toda resolución jurisdiccional. El artículo 1327 del Código de Comercio dispone: ‘Artículo 1327. La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación.’. El precepto transcrito establece el principio de congruencia que deben cumplir todas las sentencias dictadas por las autoridades judiciales, debiendo dictarse en concordancia con la demanda, su contestación y con las pruebas rendidas por las partes, además, que no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí o que no sean acordes con las constancias. En el presente caso, la sentencia reclamada no cumple con el principio de congruencia porque, no obstante que en la foja diecinueve, segundo párrafo, la ad quem sostiene que en el contrato base de la acción no se pactaron intereses moratorios sobre rentas financieras no cubiertas y que, por tanto, era improcedente la condena realizada por el a quo; determinación ésta que fue intocada por este Tribunal Colegiado, en el amparo directo ********** promovido por ********** porque no se combatió y, sin embargo, la Sala en forma contradictoria al final del considerando quinto, foja veintitrés de la sentencia, al modificar el punto tercero resolutivo de la sentencia del a quo, condena a los demandados a las prestaciones reclamadas en los incisos a), b), d) y f) de la d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21619-93d0d85f/conceptos-de-violacion-son-inoperantes-los-encaminados-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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