Corpus
Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE CESACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROMOVIDO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO CONCLUIDO EN EL QUE SE CONDENÓ AL DEUDOR ALIMENTARIO A SU PAGO. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LO RESUELVE, PROCEDE EL AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 322/2014. · Registro digital (IUS): 25990
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I , Pág. 714.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 322/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 10 DE JUNIO DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema de materia común que, por derivar de asuntos de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis P. I/2012 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso, fue realizada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco.

TERCERO.-Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual, es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El ocho de agosto de dos mil catorce, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió el amparo directo 314/2014, del que es necesario conocer los siguientes antecedentes:

1. **********, promovió en la vía incidental la cesación de la pensión alimenticia decretada en favor de su hija **********, quien venía recibiendo una cantidad fija por concepto de pensión alimenticia, a partir de la celebración del convenio para la ministración de alimentos que puso fin al juicio civil sumario 1069/2002 (mismo que fue aprobado judicialmente y elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada por auto de doce de noviembre de dos mil dos), derivado del juicio seguido por **********, en representación de su entonces menor hija en contra de aquél.

2. El actor en el incidente esencialmente argumentó que habiendo alcanzado la mayoría de edad el diecinueve de junio de dos mil siete y concluido la licenciatura de Administración de Empresas, obteniendo así el título de licenciada en dicha profesión, habiéndosele expedido su cédula profesional que la faculta para el ejercicio de dicha profesión, ********** adujo, que su hija podía valerse por sí misma, actualizándose los supuestos legales para dar por concluida su obligación como deudor alimentario para con su hija.

3. De dicho incidente correspondió conocer al Juzgado Sexto Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, el que en interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil trece, decretó en los autos del expediente 1069/2002 la cesación de la obligación de ********** de dar alimentos a su hija **********, en razón de que ésta dejó de necesitarlos al tenerse por fundada la incidencia hecha valer por el hoy tercero interesado en el sentido de que ********** había cumplido la mayoría de edad el diecinueve de junio de dos mil siete, concluyó sus estudios profesionales, obtuvo su título correspondiente y le fue expedida su cédula profesional que le faculta para el ejercicio de su profesión.

4. Inconforme, **********, a través de su apoderada general judicial para pleitos y cobranzas y para actos de administración, **********, promovió juicio de amparo.

5. De dicho juicio correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito quien resolvió de la siguiente forma:

a. El tribunal advirtió que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo al no cumplir la resolución reclamada con las condiciones para ser considerada como sentencia definitiva, ni como de las que ponen fin al juicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo.

b. Del artículo 170 de la Ley de Amparo, se advierte que los supuestos de procedencia del amparo directo, son únicamente: (I) sentencias definitivas o laudos y, (II) resoluciones que ponen fin al juicio.

c. La interlocutoria pronunciada por el Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial, el veintidós de noviembre de dos mil trece, a través del cual se dictaminó el incidente de cesación de pensión alimenticia, no es una determinación a la que se refiere el artículo 170 de la Ley de Amparo, esto es, no es sentencia definitiva, ni resolución que hubiese puesto fin a un juicio, pues con independencia de que a través del referido incidente se decida un aspecto sustantivo; lo cierto es que, en los autos del trámite natural, el juicio concluyó con el convenio celebrado entre las partes, el cual se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, en auto de doce de noviembre de dos mil dos, por lo que, si la incidencia se plantea en la etapa de ejecución, no está en ninguno de los supuestos de procedencia del amparo directo.

d. No resulta nota distintiva para la procedencia del amparo directo, el hecho de que en el incidente se hubiere decidido un aspecto sustantivo, pues el Máximo Tribunal ha considerado que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, u otro que tienda a interrumpir la ejecución de la sentencia, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto, sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación. Lo que se determinó así en la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."

e. Conforme a tal criterio, la declaratoria de cesación de pago de alimentos, participa de la naturaleza de las excepciones sustanciales y perentorias, a que se refiere nuestro Máximo Tribunal.

f. Por tanto, ante una demanda de amparo de la que debe conocer un Juez de Distrito, se ordenó la remisión del asunto al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en Jalisco.

g. No estimó como obstáculo, que la demanda de amparo se hubiese admitido a trámite por auto de presidencia de ese Tribunal Colegiado, debido a que el proveído mencionado, por su naturaleza no causa estado con base en la tesis de rubro: "ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO RESPECTIVO NO CAUSA ESTADO."

II. El veinticuatro de enero de dos mil trece, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito resolvió el amparo directo 790/2012, del que es necesario conocer los siguientes antecedentes:

1. Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil once, ********** promovió incidente de cancelación de pensión alimenticia decretada a favor de ********** (quien derivado de juicio ordinario civil concluido ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, había venido recibiendo el pago de una pensión alimenticia consistente en el veinte por ciento de las percepciones de aquél). Lo anterior con base en que **********, ya era mayor de edad, tenía veintitrés años cumplidos, y con fecha de treinta de julio de dos mil once había terminado sus estudios universitarios.

2. Seguido el incidente por sus causas legales, el Juez natural dictó resolución en la que declaró procedente el incidente de cancelación de pensión alimenticia instado por el mismo.

3. Inconforme con dicha resolución, la parte demandada en lo incidental, ********** y **********, interpusieron recurso de apelación, del que conoció la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, quien confirmó la resolución de primera instancia apelada.

4. Inconforme la parte demandada en el incidente, interpuso demanda de amparo directo.

5. De dicha demanda correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito quien en lo que interesa, resolvió lo siguiente:

a. Se calificó como órgano competente para conocer y resolver del asunto, al estimar que el acto reclamado constituía una resolución definitiva en materia civil, emitida por una autoridad judicial.

b. Al respecto, expuso además, que la resolución del incidente de cancelación de alimentos relacionados con una sentencia que condenó en juicio al deudor tiene la naturaleza de un juicio y no de incidente, pese a que se haya tramitado como tal, pues el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, mientras que el incidente de referencia decidió un aspecto sustantivo, como lo es la cesación de una pensión alimenticia decretada en un juicio(sic) con sustentabilidad(sic) propia.(2)

c. El incidente de cancelación se ventila a través de un procedimiento en el que las partes tienen los derechos, cargas y obligaciones, lo que evidencia que tal incidente es formalmente un juicio, cuya resolución final es de fondo, por lo que se trata de una sentencia definitiva impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 34, 46 y 158 de la Ley de Amparo.

d. Sentado lo anterior, determinó sobreseer en el juicio por lo que hacía a los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Papantla; asimismo, sobreseyó en el juicio respecto de la demanda promovida por **********.

e. Por último, respecto de la demanda de amparo promovida por **********, concedió para efectos la protección de la Justicia Federal.

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. A continuación es necesario determinar si en el presente caso existe contradicción de criterios.

Conforme lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar el análisis sobre la existencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.

Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. En esa línea de pensamiento, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

Que entre los ejercicios interpretativos respectivos, exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

El discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 72/2010, cuyo rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(3)

Partiendo de las anteriores consideraciones, lo conducente es determinar si respecto de los criterios contendientes existe contradicción de tesis.

De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, en relación con los criterios sustentados por los tribunales contendientes al ocuparse de resolver, por un lado, el amparo directo 790/2012 y, por el otro, el amparo directo 314/2014.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, esencialmente sostuvo que el incidente de cancelación de alimentos relativo a una sentencia que condenó al deudor tiene la naturaleza de juicio y no de incidente, pues, a pesar de que se haya tramitado como tal, el hecho de decidir un aspecto sustantivo, como la cesación de una pensión alimenticia decretada en una sentencia, le da la calidad de un juicio con sustentabilidad propia; además, éste se ventila a través de un procedimiento en el que las partes tienen derechos, cargas y obligaciones, lo que evidencia que formalmente es un juicio y, por ende, la resolución que lo decide es de fondo, en consecuencia, es una sentencia definitiva impugnable en amparo directo, conforme a los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo (abrogada).(4)

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sustancialmente consideró que la resolución a través de la cual se dictamina un incidente de cesación de pensión alimenticia, no es una determinación de aquéllas a que se refiere el artículo 170 de la Ley de Amparo (vigente),(5) en razón de que, con independencia de que a través de éste se decida un aspecto sustantivo, al ser planteado en la etapa de ejecución de sentencia, no está en alguno de los supuestos de la procedencia del amparo directo, pues no es sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin a un juicio.

Apoyó su determinación en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", sobre la base de que la declaratoria de cesación de pago de alimentos, participa de la naturaleza de las excepciones sustanciales y perentorias, a que se refiere el Máximo Tribunal en la aludida tesis, lo que lo hace impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto, pues no puede ser considerada sentencia definitiva ni resolución que pone fin al juicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 34(6) y 170 de la Ley de Amparo (vigente).

De lo anterior resulta que los tribunales mencionados se pronunciaron de manera contradictoria respecto de una misma hipótesis jurídica, lo que evidencia la existencia de la contradicción de criterios, cuya materia consiste en determinar:

Si la determinación judicial, a través de la cual se resuelve un incidente de cesación de pensión alimenticia, promovido dentro del expediente del juicio concluido en el que se condenó al deudor alimentario al pago de la respectiva pensión, tiene la calidad de una sentencia definitiva impugnable en amparo directo al decidir un aspecto sustantivo; o, aunque decida un aspecto sustantivo, carece de la calidad de sentencia definitiva o resolución que pone fin a juicio, por lo que no es impugnable en amparo directo.

No obsta a lo anterior, que para fijar las posiciones jurídicas descritas, los órganos jurisdiccionales contendientes hayan aplicado, en lo conducente y respectivamente, la Ley de Amparo abrogada y la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; pues para el caso, resulta relevante que ambos tribunales expusieron como premisa de sus determinaciones, que acorde con las respectivas legislaciones de amparo, es procedente el juicio de amparo en la vía directa cuando se promueve en contra de sentencias definitivas;(7) por lo que la divergencia de criterios tiene como núcleo, que para uno de los tribunales, la determinación judicial a través de la cual se resuelve un incidente de cesación de pensión alimenticia, promovido dentro del expediente del juicio concluido en el que se condenó al deudor alimentario al pago de la respectiva pensión, tiene la calidad de sentencia definitiva impugnable en amparo directo, al decidir "en juicio" un aspecto sustantivo. Pero para el otro tribunal, ese tipo de resolución, aunque decida un aspecto sustantivo, carece de la calidad de sentencia definitiva o que ponga fin a juicio, por lo que no es impugnable en amparo directo.

Máxime que el contenido conducente de los artículos 158 de la Ley de Amparo abrogada;(8) y 170, fracción I, de la Ley de Amparo(9) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, refieren expresamente que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales.

De ahí que la circunstancia apuntada sea insuficiente para estimar que se actualice la inexistencia de la contradicción de criterios, máxime que acorde con la naturaleza del procedimiento de contradicción de tesis, es dable privilegiar el ánimo de alcanzar seguridad jurídica sobre el tema planteado.

QUINTO.-Estudio. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en que: Del contenido del artículo 107 constitucional, fracciones V y VII, en relación con los numerales conducentes, tanto de la Ley de Amparo abrogada (44, 46 y 158), como de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece (170); resulta que la determinación judicial, a través de la cual se resuelve un incidente de cesación de pensión alimenticia, promovido dentro del expediente del juicio concluido en el que se condenó al deudor alimentario al pago de la correspondiente pensión, aunque decida un aspecto sustantivo, constituye una resolución dictada después de concluido el juicio principal respectivo, por lo que carece de la calidad de sentencia definitiva y es impugnable en amparo indirecto.

Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:

1. La determinación que resuelve un incidente de cesación de pensión alimenticia, promovido dentro del expediente del juicio concluido en el que se condenó al deudor alimentario al pago de la respectiva pensión, constituye una resolución dictada después de concluido el juicio principal respectivo.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en asuntos precedentes que, para efectos de analizar la procedencia del procedimiento de amparo, debe entenderse que el juicio o proceso contencioso ante un órgano jurisdiccional se inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia definitiva, o bien, con una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, impidiendo su prosecución o continuación.(10)

Ello permite inferir válidamente que, para afirmar la existencia de un juicio, debe existir la demanda que le dio origen; y que cuando en un juicio exista una sentencia definitiva o resolución que hubiere puesto fin al mismo, debe considerarse que el juicio ya ha concluido.

Ahora bien si en el presente asunto, los datos procesales de los casos de los que derivaron los criterios contendientes revelan que existió un juicio en el que se emitió una sentencia definitiva que determinó imponer una condena de pago de una pensión alimenticia a cargo del deudor alimentario demandado; es inconcuso, por un lado, que (para el efecto de analizar la procedencia de la vía en el amparo) debe considerarse que ese juicio ya ha concluido; y por otro lado, que tal acto no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino obtener la declaratoria de cesación de la condena respectiva.

En consecuencia, si con posterioridad a que el juicio concluyó, dentro del mismo expediente se promovió y se resolvió un incidente de cesación de pensión alimenticia decretada en la sentencia definitiva respectiva. Es inconcuso que esta última resolución constituye un acto dictado después de concluido el juicio, que además, no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino declarar la cesación de la condena respectiva.

2. La sentencia definitiva es diferente y excluyente respecto de las resoluciones dictadas después de concluido el juicio.

El artículo 107, fracciones V y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(11) establecen en lo que interesa, por un lado, que el amparo contra una sentencia definitiva se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito y por otro lado, que el amparo en contra de actos dictados después de concluido el juicio, se interpondrá ante Juez de Distrito.

Destaca de lo anterior, que se encuentran previstas de manera claramente diferenciada y excluyente, la vía de tramitación del amparo respecto de las sentencias definitivas (vía directa), y la vía de tramitación las resoluciones dictadas después de concluido el juicio (vía indirecta); es decir, que siguiendo las premisas normativas de tales disposiciones, es válido y coherente establecer como regla general, que las resoluciones dictadas después de concluido el juicio no constituyen sentencias definitivas.

En complemento de lo anterior resulta, por un lado, que los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada,(12) precisan en lo que interesa, que:

i. El amparo contra sentencias definitivas procede en la vía directa, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito.

ii. Para tales efectos, son sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal.

Entre tanto, el diverso precepto 114, fracción III, de la misma legislación abrogada,(13) prevé en lo que interesa, que el amparo procede en la vía indirecta, competencia de los Juzgados de Distrito, en contra de actos de tribunales dictados después de concluido el juicio.

De lo que destaca que respecto de los actos de tribunales dictados después de concluido el juicio, esa legislación no aporta elementos para considerar que constituya un dato relevante para la procedencia del amparo en la vía indirecta la condición de que en esas determinaciones se resuelva, o no, sobre algún derecho sustantivo.

Precisiones legales las anteriores que abonan para sostener la afirmación como regla general, de que las resoluciones dictadas después de concluido el juicio no tienen la naturaleza de sentencias definitivas, pues respecto de aquéllas, constituye un presupuesto la conclusión del juicio, o sea, que previamente exista una sentencia definitiva o alguna otra resolución que hubiere puesto fin al juicio.(14)

Es decir, desde una perspectiva de lógica jurídica procesal, no es admisible aceptar que una resolución dictada después de concluido en juicio, pueda poseer también la naturaleza de sentencia definitiva, dado que esta última pone fin al juicio; entre tanto, desde la misma perspectiva procesal, aquellas resoluciones (posteriores al juicio), solamente pueden ocurrir una vez que el respectivo juicio terminó, ya sea mediante el dictado de una sentencia definitiva, o bien, mediante la emisión de una resolución que hubiere puesto fin al juicio.

Por otro lado, el artículo 170 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece,(15) precisa en lo que interesa, que:

a) El juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas.

b) Para tal efecto, son sentencias definitivas las que deciden el juicio en lo principal.

Entre tanto, el diverso precepto 107, fracción IV, de la misma legislación de amparo vigente,(16) señala en lo que interesa, que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales realizados después de concluido el juicio.

Destaca que respecto de los actos de tribunales dictados después de concluido el juicio, esa legislación no aporta elementos para considerar que constituya un dato relevante para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, la condición de que en esas determinaciones se resuelva, o no, sobre algún derecho sustantivo.

Precisiones legales las anteriores, que también abonan para sostener la afirmación como regla general, de que las resoluciones dictadas después de concluido el juicio no tienen la naturaleza de sentencias definitivas, pues constituye un presupuesto para la conclusión del juicio, que exista una sentencia definitiva o alguna otra resolución que hubiere puesto fin al juicio.(17)

Es decir, se reitera, desde una perspectiva de lógica jurídica procesal, no es admisible aceptar que una resolución dictada después de concluido en juicio, pueda poseer también la naturaleza de sentencia definitiva, dado que esta última pone fin al juicio, entre tanto, aquellas resoluciones (posteriores al juicio), desde la misma perspectiva procesal, sólo pueden ocurrir una vez que el respectivo juicio terminó, ya sea mediante el dictado de una sentencia definitiva o bien, mediante la emisión de una resolución que hubiere puesto f

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25990-89747734/incidente-de-cesacion-de-la-pension-alimenticia-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.