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Modo: Corpus Pro

AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA RESOLUCIÓN QUE LO CONFIRMA EN APELACIÓN ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 130/2022. · Registro digital (IUS): 31755
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-09-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo V, Pág.5124.

AMPARO EN REVISIÓN 130/2022. 16 DE MARZO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JESÚS MARÍA FLORES CÁRDENAS. SECRETARIA: SANDRA DEYANIRA HERRERA BENÍTEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que se violentaron las normas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, que inciden en la competencia del Juez de Distrito y obligan a decretar la insubsistencia de la sentencia recurrida y las actuaciones practicadas a partir del auto de admisión de la demanda de amparo, por lo siguiente:

********** (víctima en la demanda de amparo), reclamó de la Undécima Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación en artículo (sic) **********, que confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido por la Jueza de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, dentro de la carpeta judicial **********, iniciada contra **********, por el delito de difamación, previsto por el artículo 344 del Código Penal del Estado.

En la audiencia de ley, la Jueza de Control estimó que una vez escuchadas las manifestaciones de las partes y analizados los datos de prueba presentados por el asesor jurídico, advertía que el accionante precisó que el hecho con características de delito que se supone acreditado en el caso lo es el de difamación previsto en el artículo 344 del Código Penal del Estado, el cual consiste en comunicar dolosamente a una o más personas la imputación que se le hace a otra persona física o moral, en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien.

La citada Jueza consideró que se entendía perfectamente que en el caso es por una cuestión de descrédito a su persona, estableciendo el significado literal de la palabra honor, la cual según el diccionario en un primer término se refiere al honor como una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente y cumpliendo con deber y de acuerdo con su moral; la otra acepción es la que se tiene como respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona, estimando la resolutora que en ésta es donde iba dirigida la teoría del caso de la asesoría jurídica privada; también estableció la Jueza de Control el significado de la palabra deshonra, la cual establece, en primer término, una pérdida o disminución de la honra o el honor y, en su segundo término, se refiere a un dicho o hecho deshonroso.

Puntualizó la Jueza de primer grado que en el caso se estableció por parte del accionante privado que en dos oportunidades, es decir, el cuatro y cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, el señor ********** hizo diversas publicaciones en "Facebook", las cuales incluían información inherente a una carpeta del orden penal, en la cual se había vinculado a proceso al señor **********; asimismo, hizo acepciones al establecer que nunca dejaría de perseguirlo de cierta manera; sin embargo, consideró la Jueza de Control que conforme a los datos de prueba expuestos por el asesor jurídico privado, se necesitaba por sí, como resultado, un acto tangible de que efectivamente este hecho haya afectado deshonrosamente al pasivo, considerando que ninguno de los datos aportados acreditaban la deshonra o descrédito de **********, por lo que el solo hecho de publicar, en el supuesto sin conceder, lo haya expuesto el señor **********, porque no se tenía dato fehaciente de que así sea, se haya deshonrado al señor **********, con esa afectación que supone el asesor jurídico, porque estamos en un delito de orden al honor, no patrimonial.

Agregó que si bien se menciona la participación de un entrevistado **********, no se establece a razón de que tiene conocimiento de las publicaciones de **********, si le es conocido al señor ********** y, por otra parte, consideró que a pesar de todas esas documentales que fueron aducidas por el asesor jurídico, no hay un dato fidedigno que haga dilucidar que por la sola publicación en la red social "Facebook" se haya establecido esta interrupción de contratos y descrédito, lo cual no sería materia de análisis en esa audiencia, ya que se estaba analizando el honor de una persona.

Concluyó la citada Juez que aunque once personas diferentes dieron "like" a esta publicación y cuatro la replicaron, tampoco se desprendía un dato objetivo de que haya establecido un resultado de deshonra o descrédito para el señor **********, por lo que estableció que los datos de prueba que fueron mencionados por el accionante privado no son inherentes para acreditar el hecho con característica de delito de difamación, por ello estimó la no vinculación a proceso en favor de **********.

Resolución en contra de la cual la víctima interpuso recurso de apelación, resuelto el veintidós de junio de dos mil veintiuno, confirmándose el auto de no vinculación a proceso emitido dentro de la carpeta judicial **********, en favor de **********.

Ahora bien, de lo dispuesto por el artículo 107(9) de la Ley de Amparo, se desprende la regla general sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, entre otros supuestos, contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación (fracción V); mientras que del diverso artículo 170(10) de la propia Ley de Amparo, deviene la regla de que el juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; acotando la definición en cuanto a que por sentencia definitiva o laudo, son las que decidan el juicio en lo principal, en tanto que por resoluciones que pongan fin al juicio, son las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.

En este último supuesto de la procedencia del juicio de amparo directo, se ubican los actos reclamados por **********, puntualizados con antelación.

El último párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo señala que, para efectos de esa propia ley, en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control.

El artículo 211(11) del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el procedimiento penal comprende la etapa de investigación, tanto inicial como complementaria, la etapa intermedia y la de juicio.

Asimismo, dicho numeral dispone que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. A la vez, señala que el ejercicio de la acción penal inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia.

Luego, atendiendo a que el acto reclamado consiste en la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la Magistrada de la Undécima Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado en favor de **********, emitido por la Jueza de Control y de Juicio Oral del Estado, al estimar que los datos de prueba que fueron mencionados por el accionante privado no son inherentes para acreditar el hecho con característica de delito de difamación, este Tribunal Colegiado considera que esa determinación puso fin al proceso, que en el caso se siguió en la referida carpeta judicial, pues sin decidirla en lo principal, la dio por concluida, por no reunirse alguno de los requisitos para su dictado.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 44(12) de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar insubsistente la resolución recurrida y todo lo actuado desde el auto de admisión en el juicio de amparo indirecto del que deriva este recurso de revisión; por ende, se impone que este Tribunal Colegiado de Circuito asuma competencia y se avoque al conocimiento de la demanda de amparo en la vía directa.

Al efecto, remítanse los autos a la Secretaría de Acuerdos de este órgano colegiado, a fin de que se provea respecto al conocimiento del asunto y se dicten las medidas legales y administrativas que procedan, relacionadas con el registro estadístico del expediente y la comunicación correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal.

En el entendido de que se deberá desglosar la demanda de amparo original para que el Magistrado de la Décimo Cuarta Sala Penal y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado cumpla con las obligaciones previstas en el artículo 178 de la Ley de Amparo(13) y, hecho lo anterior, remita las constancias relativas a este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, para que se determine lo conducente sobre el conocimiento del asunto.

Tiene aplicación el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXV/2015 (10a.),(14) cuyos datos de localización aparecen al calce, de rubro y texto siguientes:

"RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTIMA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ERA INCOMPETENTE PARA EMITIR LA SENTENCIA IMPUGNADA, POR TRATARSE DE ACTOS RECLAMADOS EN LA VÍA DIRECTA, DEBERÁ DECLARARLA INSUBSISTENTE Y AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA EN LA VÍA DIRECTA (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Esta Primera Sala, en la jurisprudencia 1a./J. 62/2009, interpretó el artículo 94 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía que en el caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito resolvieran un recurso de revisión en el que se analizara una sentencia dictada por un Juez de Distrito que debió emitirse en un juicio de amparo directo, aquellos órganos debían, por una parte, declarar insubsistente la sentencia recurrida y, por otra, tenían dos opciones para subsanar la incompetencia del Juez de Distrito y enderezar la vía procesal: 1) remitir el asunto a un Tribunal Colegiado de Circuito; o, 2) avocarse al conocimiento del amparo. Así, esta Primera Sala estimó que la opción 1) sería aplicable en aquellos casos en que hubiera dos o más Tribunales Colegiados en el mismo Circuito, en cuyo caso, el del conocimiento debía enviar los autos a la Oficina de Correspondencia Común, quien a su vez, lo remitiría al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, de conformidad con el turno o las reglas establecidas en el Acuerdo General 50/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2001. En consecuencia, la opción 2), esto es, avocarse al conocimiento del asunto, sólo sería aplicable cuando hubiera un único Tribunal Colegiado en el Circuito de que se tratara. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, cambió el tratamiento que debe aplicarse, pues proporciona una regla específica en su artículo 44 para resolver el problema, que ya no establece una alternativa. En efecto, del citado precepto se colige que cuando el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso de revisión de que se trata, advierta que la sentencia que se recurre deriva de un juicio de amparo indirecto y estime que dicho juicio debió tramitarse en la vía directa, será el propio Tribunal Colegiado de Circuito quien declarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará al conocimiento de la demanda, debiendo darle trámite en la vía directa. Esto es, por disposición del citado artículo 44, existe el imperativo legal de que los tribunales referidos, en dicho supuesto, cumplan con dos obligaciones jurisdiccionales: declarar insubsistente la sentencia recurrida y avocarse al conocimiento de la demanda de amparo en la vía directa. Sin que para ello sea obstáculo la jurisprudencia citada, pues como fue explicado, lo señalado en ese criterio fue emitido a partir de lo que disponía el artículo 94 de la Ley de Amparo abrogada, el cual permitía esa interpretación, que ya no admite la ley vigente y, por tanto, se encuentra superada, en los términos del artículo sexto transitorio de la ley vigente, que establece que ‘la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley.’"

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Se declara dejar insubsistente la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado dentro del juicio de amparo indirecto 806/2021, de su estadística.

SEGUNDO.—Se ordena dar trámite en la vía directa a la demanda de amparo promovida por **********.

Notifíquese y comuníquese esta determinación a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Circuito, para lo que corresponda y, en su oportunidad archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, licenciados Jesús María Flores Cárdenas, Felisa Díaz Ordaz Vera y Mauricio Javier Espinosa Jiménez, para efectos de engrose, el primero de los nombrados en su calidad de presidente y ponente, así como en sustitución de la segunda la licenciada María de los Ángeles Cordero Morales, autorizada por oficio CCJ/ST/1223/2023, de fecha veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, signado electrónicamente por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Magistrada del veintiocho de marzo al tres de abril de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 86, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y 174 del diverso Acuerdo General que reglamenta la Carrera Judicial, quienes firman para todos los efectos legales, con el secretario de Acuerdos licenciado David Gerardo López Fernández, que autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis aislada 1a. XXV/2015 (10a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de enero de 2015 a las 9:20 horas.

___________________

9. "Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

"Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:

"a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;

"b) Las leyes federales;

"c) Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

"d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;

"e) Los reglamentos federales;

"f) Los reglamentos locales; y

"g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;

"II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;

"III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

"a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y

"b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;

"IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.

"Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.

"En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;

"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;

"VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;

"VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño;

"VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y

"IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

"Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida."

10. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:

"I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

"Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.

"Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.

"Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control;

"II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.

"En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo."

11. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal

"El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:

"I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:

"a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación, e

"b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;

"II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y

"III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento.

"La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación.

"El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme."

12. "Artículo 44. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito.

"Si en el mismo supuesto del párrafo anterior quien conoce de la revisión es un Tribunal Colegiado de Circuito, declarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará al conocimiento en la vía directa."

13. "Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá:

"I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas.

Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente;

"II. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y

"III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión.

"En el sistema procesal penal acusatorio, se acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes."

14. "Registro digital: 2008316, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia: Común, Tesis: 1a. XXV/2015 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Tomo I, enero de 2015, página 771, Tipo: Aislada."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31755-ad7c294c/auto-de-no-vinculacion-a-proceso-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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