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Modo: Corpus Pro

CONTRATO DE TRANSACCIÓN PARA PREVENIR UNA CONTROVERSIA FUTURA. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA, LO ELEVA A CATEGORÍA DE SENTENCIA EJECUTORIA Y DECRETA SU EJECUCIÓN, ES UN ACTO FUERA DE JUICIO Y COMO TAL, ES COMPETENCIA DE UN JUZGADO DE DISTRITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2015. · Registro digital (IUS): 26104
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-01-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Pág. 2036.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, GERARDO DOMÍNGUEZ, GUILLERMO DAVID VÁZQUEZ ORTIZ, FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ Y ENRIQUE DUEÑAS SARABIA. PONENTE: GERARDO DOMÍNGUEZ. SECRETARIO: CÉSAR AUGUSTO VERA GUERRERO.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veintinueve de septiembre de dos mil quince.

VISTOS, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 3/2015, y;

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia. Mediante oficio 38/2015, recibido el tres de febrero de dos mil quince, en la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito,(1) la Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 230/2014, y el que sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, en el amparo en revisión 174/2014.

SEGUNDO.-Trámite. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil quince,(2) el presidente del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, admitió a trámite la posible denuncia de contradicción de tesis y ordenó registrarla bajo el expediente 3/2015; ahí mismo, requirió a los presidentes de los tribunales contendientes para que remitieran las copias certificadas de las ejecutorias relativas y para que informaran si los criterios sustentados en dichos asuntos se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

En proveído de dieciocho de febrero de dos mil quince,(3) el presidente de este Pleno de Circuito, recibió el oficio 31/2015 remitido por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el que, por un lado, adjuntó copia certificada de la ejecutoria emitida en la revisión principal 174/2014, y por otro, informó que el criterio sustentado en ese fallo, continúa vigente.

Por auto de veinte de febrero de la citada anualidad,(4) el presidente del Pleno de Circuito, recibió el oficio CCST-X-50-02-2015 suscrito por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que informó que no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en la que el punto a dilucidar guardara relación con el tema de la presente.

TERCERO.-Turno. Mediante acuerdo pronunciado el veinte de abril de dos mil quince,(5) el presidente del Pleno de Circuito, tuvo por recibido el oficio 1/2015-ST suscrito por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por el que remitió copias certificadas de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 230/2014, e informó que el criterio ahí sustentado continúa vigente; y, en ese mismo auto, se turnaron los autos de la presente contradicción al Magistrado Gerardo Domínguez, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente. Cabe señalar, que en proveído de veinticuatro de ese mismo mes, el presidente del Pleno de Circuito, a solicitud del Magistrado ponente, amplió el plazo de elaboración del proyecto de sentencia de la presente contradicción de tesis, por quince días hábiles más.

CUARTO.-Reposición del procedimiento. Mediante auto de presidencia emitido el dos de junio de dos mil quince, se ordenó reponer el procedimiento de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, por ende, se dejó sin efectos el auto de veinte de abril de dos mil quince, en que se turnó para la elaboración del proyecto de sentencia el asunto; y se solicitó al Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Estado de Jalisco, remitiera copia certificada de resolución de treinta y uno de octubre de dos mil doce, dictada en el amparo directo 668/2012 de su índice, el archivo digital que contenga la versión pública de la misma, así como que informara si el criterio sustentado en dicha determinación sigue vigente. Ello, atento a que es ese asunto (y no el amparo en revisión 174/2014), el que contiene el criterio opuesto al sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la ejecutoria de catorce de noviembre de dos mil catorce, en que se resolvió el recurso de queja 230/2014.

QUINTO.-Returno. Una vez cumplimentado lo anterior, en acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil quince, se returnó la presente contradicción de tesis, al Magistrado Gerardo Domínguez, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente. Es trascendente destacar, que en auto de veintiséis de junio del año en cita, el presidente del Pleno de Circuito, a solicitud del Magistrado ponente, amplió el plazo de elaboración del proyecto de sentencia, por quince días hábiles más.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(6) 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(7) 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(8) y transitorio primero del Acuerdo General 8/2015 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de amparo vigente,(9) al formularla una Juez de Distrito.

TERCERO.-Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias que propician la presente contradicción de tesis, son las siguientes:

I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 230/2014, en sesión de catorce de noviembre de dos mil catorce, estableció lo que sigue:

"TERCERO.-No será necesario abordar el estudio del auto recurrido ni los agravios enderezados en su contra, toda vez que en el caso se advierte que el juicio de amparo indirecto que se interpuso, en atención de la naturaleza del acto reclamado, debió tramitarse en la vía directa y no en la biinstancial, motivo por el cual habrá de revocarse el aludido auto.-En efecto, lo anterior y a fin de justificar la decisión apuntada, debe considerarse que de las constancias remitidas por el Juez Federal para la sustanciación de este recurso, las cuales tienen valor probatorio pleno, por ser documentales públicas, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo.-En escrito presentado el tres de septiembre de dos mil catorce, **********, autorizado de **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Juez Undécimo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, el oficial mayor notificador, secretario ejecutor adscritos al juzgado de la autoridad primeramente aludida, así como del director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, en contra de los siguientes actos: 1. A la autoridad judicial señalada como responsable ordenadora se le reclama lo siguiente: La ilegal y arbitraria resolución de 14 de marzo de 2013 (así como su ejecución) emitida en mi contra al interior de la ejecución forzosa -en la vía de apremio- del convenio de transacción inmerso en la copia certificada de la escritura pública número ********** autorizada por el notario público número 15 de **********, Jalisco que dicho juzgador admitió y aprobó al interior de los autos del procedimiento judicial registrado bajo expediente número 248/2013 así como todo lo actuado al interior de dicho procedimiento judicial con posterioridad a la determinación judicial de 14 de marzo de 2013.-2. A la autoridad judicial señalada como primera responsable ejecutora se le reclama lo siguiente: La falta de legal llamamiento al procedimiento judicial del que emanan los actos reclamados y en el inconcedido supuesto de que se me hubiese emplazado, se reclama que dicha notificación es ilegal, de lo que apenas me enteré.-Asimismo, se reclama el incumplimiento en su obligación de emplazarme al procedimiento judicial así como el incumplimiento de la observancia de las normas establecidas en los artículos 63, 64, 70, 104-B, 106, 109, fracción I, 111, 112, 112 Bis y 125 del enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco para llevar al cabo (sic) la notificación inicial de la peticionaria; actos reclamados estos que le dejaran en completo estado de indefensión. Traduciéndose los anteriores actos en: a) El ilegal cumplimiento que -dijo el C. Oficial mayor notificador adscrito juzgado responsable- haberle dado a la resolución de 14 de marzo de 2013 dictada por el Juez referido y consistente en la ilegal notificación que de la misma supuestamente se me hizo; y, b) La falta de legal notificación, emplazamiento o llamamiento al procedimiento judicial de origen respecto a la suscrita exponente.-Ello, al interior de los autos del procedimiento judicial del que emergen los actos reclamados, esto es, el individualizado con el dígito 248/2013 del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco promovido por la tercero interesada en mi contra.-3. A la autoridad judicial señalada como segunda responsable ejecutora se le reclama lo siguiente: La ejecución que dijo haber llevado a cabo respecto de los autos de 14 de mayo de 2013 como del diverso de 14 de julio de 2014, pronunciados ambos por el Juez ordenador responsable al interior del procedimiento judicial del que emergen los actos reclamados; traduciéndose lo anterior en: La ilegal, arbitraria e ilegítima diligencia de lanzamiento de 07 de agosto de 2014 que practicó dicha autoridad judicial responsable ejecutora respecto del inmueble marcado con el número ********** de la calle ********** en la colonia ********** fraccionamiento ********** de la ciudad de ciudad de Guadalajara, Jalisco.-4. A la autoridad responsable ejecutora registral, se le reclama la ejecución y cumplimiento que esta dio a la orden dictada por el Juez responsable ordenador inmersa en su oficio número 3494/2013 de fecha 22 de noviembre de 2013 y, en cuya virtud se procedió al registro del embargo de la finca ********** de la calle ********** del fraccionamiento **********, de esta municipalidad de Zapopan, Jalisco y que se incorporó en el folio real número **********. (fojas 24 a 25 de la presente queja).-Mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil catorce, el secretario encargado del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, desechó la demanda de garantías, por estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción IV, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, esto es, porque el amparo indirecto procede contra actos emitidos en ejecución de sentencia, siempre y cuando sea la última resolución dictada dentro de ésta, en la cual podrán reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, ya que en sentido contrario no procede. Por lo que se registró como juicio de amparo indirecto 972/2014; posteriormente, el quejoso contra tal determinación promovió queja, la cual tocó conocer a este órgano jurisdiccional.-Ahora bien, la quejosa reclamó lo actuado en el juicio biinstancial 972/2014, en el que mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil catorce, el secretario encargado del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, desechó el pliego de garantías, como ya se dijo en párrafos anteriores; ya que según del escrito presentado se advirtió la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, que señalan que el amparo es improcedente, en el primer artículo, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; y en el segundo numeral antes referido, que el amparo es procedente cuando se dé contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.-Y como se mencionó anteriormente, en sentido opuesto a lo referido en el párrafo anterior, no procede el amparo indirecto.-En efecto, la quejosa reclamó del Juez natural el auto de catorce de marzo de dos mil trece, que elevó el convenio de transacción a categoría de sentencia ejecutoriada, la cual registró con el número 248/2013, así como lo actuado con posterioridad al mismo, esto es, la falta de llamamiento a juicio natural, la ejecución forzosa (el lanzamiento del inmueble arrendado), así como la inscripción de embargo a bienes de la quejosa recurrente.-En el mismo orden de ideas, la parte actora celebró un convenio de transacción con la demandada, aquí recurrente, mediante escritura pública **********, ante el notario público número quince, de Tlaquepaque, Jalisco; y que a través del auto pronunciado el catorce de marzo de dos mil trece, el Juez de origen lo elevó a categoría de sentencia ejecutoriada, por lo que se estima cosa juzgada.-Ahora bien, el artículo 170 de la Ley de Amparo, dispone: El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.-Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley.-Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.-Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.-Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.-En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.-Por otra parte, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el amparo directo procede contra resoluciones que ponen fin al juicio, según se advierte de la jurisprudencia publicada en la página 37, Tomo IV, del citado Apéndice 1917-2000, que dispone: ‘AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero, de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.’.-El sentido literal del artículo y de los criterios reproducidos, son bastante claros en cuanto a la procedencia del amparo directo, ya que únicamente provienen contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a un juicio.-En el caso, se reitera, uno los actos reclamados lo constituye el auto que elevó a categoría de sentencia ejecutoriada, del convenio de transacción, a través del proveído dictado el catorce de marzo de dos mil trece, por tanto, es una resolución que puso fin al juicio de origen, en cuyo supuesto la competencia recaería en un Tribunal Colegiado de Circuito y no en un Juzgado de Distrito.-Lo que precede, encuentra sustento en la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 577, Tomo IV, Civil, precedentes relevantes del Apéndice 1917-2000 al Semanario multicitado, que señala: ‘CONVENIO. EL AUTO QUE LO APRUEBA Y DA POR CONCLUIDO EL JUICIO ELEVÁNDOLO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA, ES ANALIZABLE EN AMPARO DIRECTO.-El auto en que se aprueba un convenio celebrado entre las partes y establece la obligación a su cargo de estar y pasar por él en todo tiempo y lugar como si se tratara de sentencia ejecutoriada, elevándolo a la categoría de cosa juzgada, sin decidir el juicio en lo principal, pero que sin embargo lo da por concluido, no admite más recurso que el de responsabilidad, por lo que en su contra es procedente el amparo directo en términos de los artículos 44 y 46, último párrafo, en relación con el 158, todos de la Ley de Amparo.’.-Se invoca la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro digital: 166307, de rubro y texto siguientes: ‘RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTIMA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ERA INCOMPETENTE PARA EMITIR LA SENTENCIA IMPUGNADA, POR TRATARSE DE ACTOS RECLAMABLES EN LA VÍA DIRECTA, DEBE DECLARAR INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECURRIDA Y REMITIR LOS AUTOS AL TRIBUNAL COMPETENTE, LO CUAL DEBE REALIZARSE A TRAVÉS DE LOS TRÁMITES ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS GENERALES EMITIDOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.-El artículo 94 de la Ley de Amparo establece que en el caso de que la Suprema Corte o los Tribunales Colegiados resuelvan un recurso de revisión en el que se analice una sentencia emitida por un Juez de Distrito que debió emitirse en un juicio de amparo directo, estos órganos deberán establecer dos determinaciones: 1) declarar insubsistente la sentencia recurrida y 2) remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito o avocarse al conocimiento del amparo, dictando las resoluciones que procedan. Ahora bien, esta segunda determinación contiene dos opciones que deben entenderse como vehículos procesales para subsanar la incompetencia del Juez de Distrito y enderezar la vía procesal. Con base en lo anterior, la individualización de las opciones que establece la segunda de las determinaciones establecidas en el artículo 94 de la Ley de Amparo debe realizarse tomando en cuenta el contexto jurídico en que se ubica, propiciando un entendimiento armónico con el resto de las normas constitucionales y legales, para lo cual debe acudirse a los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, por ser el órgano facultado para regular los trámites administrativos conforme a los cuales se debe realizar la asignación de los asuntos a los órganos del Poder Judicial de la Federación y los trámites jurídicos que deben agotarse de manera previa al hecho en el cual un Tribunal Colegiado conoce y resuelve un amparo directo, en los términos de los artículos 94 y 100 constitucionales. En consecuencia, debe concluirse que el Tribunal Colegiado, al emitir su resolución en el recurso de revisión, debe declarar insubsistente la sentencia recurrida y ordenar la remisión del asunto al Tribunal Colegiado competente, lo cual no debe realizarlo de manera directa, sino de manera indirecta remitiendo los autos del caso a la Oficina de Correspondencia Común de dichos tribunales, quien lo remitirá al colegiado que corresponda de conformidad con el turno o las reglas establecidas en el Acuerdo General 50/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de dos mil uno, por tratarse del acuerdo que actualmente regula este aspecto. Finalmente, debe señalarse que esta regla encuentra una excepción en la hipótesis en la cual la revisión sea resuelta por el único Tribunal Colegiado existente en el circuito y el asunto deba permanecer en dicho circuito, pues en este caso, se actualiza la opción del artículo 94 de la Ley de Amparo, consistente en que el colegiado debe avocarse al conocimiento del asunto dictando las resoluciones que procedan, ya que en esta hipótesis no existe razón jurídica para remitir los autos del caso a la Oficina de Correspondencia Común.’.-Por otra parte, se estima que si el convenio de transacción, que se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada, es una resolución que puso fin al juicio, y que es competencia de amparo directo, no menos lo es, que los actos llevados a cabo con posterioridad, por la falta de llamamiento a juicio, del convenio elevado, son consecuencia de aquel auto, ya que de las características descritas tienen un vínculo jurídico causal que hace lógico concluir que la ejecución corra, por derivación necesaria de la misma suerte de aquél.-Se invoca por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 200082, de rubro y texto siguientes: ‘AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES A QUIENES SE ATRIBUYA LA EJECUCIÓN, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO RECLAMADO.-Si el amparo directo es procedente contra los actos de ejecución que se impugnan en vía de consecuencia al reclamarse una sentencia definitiva o laudo, en esa medida es procedente designar como responsable a la autoridad a la que se atribuyan tales actos de ejecución, de conformidad con el artículo 166 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que en su fracción III, dispone: La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: ... III. La autoridad o autoridades responsables ..., expresión que, al estar empleada también en plural, es indicativa de que la ley mencionada no limita el señalamiento de autoridades sólo a la que emitió la resolución definitiva reclamada, sino que también permite la designación de otras, como pudiera ser la autoridad a quien se atribuye la ejecución de la misma, máxime que la Ley de Amparo, en el artículo 11, dispone que: Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.’.-En consecuencia, al ser el convenio de transacción, una resolución que pone fin al juicio, es incuestionable que su análisis constitucional debe hacerse bajo las reglas del juicio de amparo directo y no del biinstancial, como con desacierto lo hizo el secretario encargado adscrito a dicho juzgado federal del conocimiento; motivos por los cuales, lo que procede es dejar insubsistente el auto impugnado, y ordenar al Juez de Distrito que proceda a declararse incompetente para conocer de la demanda de garantías, conforme a derecho. ..."

II. Por otra parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el amparo directo 668/2012, el treinta y uno de octubre de dos mil doce, pronunció el acuerdo plenario siguiente:

"Zapopan, Jalisco, treinta y uno de octubre de dos mil doce.-Visto lo de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, 47, último párrafo, 114 y 158 de la Ley de Amparo, se estima que este Tribunal Colegiado es legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías formulada por **********, quien se ostenta apoderado de **********, contra los actos del Juez y del secretario ejecutor adscritos al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado, consistentes sustancialmente en el auto de quince de agosto de dos mil once, mediante el cual, entre otras cosas, se acordó lo siguiente: ... De conformidad a lo dispuesto por los artículos 2633, 2634, 2640, 2641 y demás relativos y aplicables del Código Civil vigente en el Estado, así como a los establecido en los artículos 1, 2, 29 fracción II, 86, 87, 88 y demás aplicables del enjuiciamiento civil del Estado, se admite como procedimiento especial, la solicitud que realizan del contrato de transacción judicial ... .-ÚNICA.-Se aprueba para todos los efecto legales el contrato de transacción judicial celebrado por las partes en este Juicio, y se eleva a la categoría de sentencia ejecutoriada, condenándose a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar.-Igualmente, y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 2641, 2649 y demás relativos y aplicables del Código Civil vigente en el Estado, así como a lo establecido en los artículos 1, 2, 504 y 506 y demás aplicables del enjuiciamiento civil del Estado, y atento a lo establecido en el contrato fundatorio, se decreta ejecución con efecto de mandamiento en forma ...; ello, dentro del expediente **********, del índice del precitado juzgado.-Es así, porque tales actos no constituyen una sentencia definitiva ni resolución que hubiera puesto fin a un juicio, en términos del artículo 158 de la ley de la materia, que son los únicos casos en que procede amparo directo en materia civil, entendiéndose por la primera la que decide el juicio en lo principal y, por la segunda, aquella que sin resolverlo lo da por concluido, respecto de las que las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.-Los artículos 2633, 2634, 2641 y 2649 del Código Civil del Estado, señalan: ‘Artículo 2633.-La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura.’.-‘Artículo 2634. La transacción debe formalizarse: I. Para prevenir una controversia futura y que se trate de derechos personales, mediante escrito en el cual estén autenticadas las firmas de los otorgantes; II. Cuando se refiera a una controversia presente o para prevenir una controversia futura y se trate de derechos personales o reales o ambos a la vez, mediante ocurso presentado y ratificado ante la autoridad judicial que sea competente para conocer del negocio o en escritura pública ante notario.’.-‘Artículo 2641. La transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada, pero podrá pedirse la nulidad o la rescisión de aquélla en los casos autorizados por la ley.’.-‘Artículo 2649. La transacción podrá tener por objeto: I. Crear, transmitir, modificar o extinguir derechos respecto de ambas partes o de una de ellas, siempre y cuando guarden alguna relación con los derechos dispu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26104-f62629fe/contrato-de-transaccion-para-prevenir-una-controversia-futura · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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