REENCAUSAMIENTO DE LA VÍA. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ES APLICABLE ANALÓGICAMENTE AL RECURSO DE QUEJA PROMOVIDO EN TÉRMINOS DEL DIVERSO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL MISMO ORDENAMIENTO, CONTRA EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO QUE DEBIÓ TRAMITARSE COMO DIRECTO.
QUEJA 275/2022. 18 DE NOVIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN. ENCARGADO DEL ENGROSE: LUCIO HUESCA BALLESTEROS, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIOS: DULCE ELVIRA REYES ESTRADA Y ALAN IVÁN TORRES HINOJOSA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—De la tramitación del juicio de amparo en la vía directa. En términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que la demanda de amparo presentada por ********** en contra de actos atribuidos a la Octava Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y otras, procede en la vía directa; por lo que debe dejarse sin efectos el trámite del juicio de amparo número ********** del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado y devolver los autos a la presidencia de este Tribunal Colegiado de Circuito para que dé el trámite correspondiente, para lo cual deberá solicitar al indicado juzgado la demanda de amparo y demás anexos; lo anterior de conformidad con las consideraciones que al efecto se pasa a explicar.
En efecto, el artículo 44 de la Ley de Amparo indica lo siguiente:
"Artículo 44. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito.
"Si en el mismo supuesto del párrafo anterior quien conoce de la revisión es un Tribunal Colegiado de Circuito, declarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará al conocimiento en la vía directa."
Este artículo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que por competencia conozca del amparo en revisión, la obligación de declarar insubsistente la sentencia recurrida y avocarse a su conocimiento en la vía directa, cuando advierta que el juicio debió haberse tramitado en esa vía.
Ese artículo parece limitar su aplicación a los casos en que: 1) el Tribunal Colegiado de Circuito conozca de un amparo en revisión; 2) interpuesto contra la sentencia definitiva; y, 3) dictada en un juicio (de amparo indirecto) que debió tramitarse en la vía directa; y excluir su aplicación a los casos que, aunque guardan similitud a esos casos, no se encuentran previstos en forma expresa.
Sin embargo, en criterio de este tribunal, la exclusión es sólo aparente, porque este órgano colegiado considera que la regla contenida en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de Amparo es aplicable por analogía y mayoría de razón, a los casos en que el Tribunal Colegiado de Circuito conozca del recurso de queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento,(1) interpuesto en contra de la determinación que desecha la demanda de amparo.
En efecto, en la hipótesis de impugnación prevista en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito conoce y resuelve como órgano de alzada sobre la legalidad en acuerdos de admisión o desechamientos de demandas de amparo intentadas en la vía indirecta o sus ampliaciones.
Situación que guarda similitud con la señalada en el segundo párrafo del artículo 44 del ordenamiento en mención, pues en esos casos, el Tribunal Colegiado de Circuito conoce y resuelve como órgano de alzada sobre la legalidad de una sentencia de amparo tramitada en la vía indirecta; básicamente la diferencia principal estriba en que en uno el órgano de alzada revisa una sentencia y en el otro un auto de admisión o desechamiento de una demanda o de sus ampliaciones.
La norma contemplada en el artículo 44, párrafo segundo, en mención se sustenta en el respeto infranqueable al debido proceso legal, pues a la luz del parámetro de regularidad constitucional, todos los actos, incluyendo las sentencias de amparo, deben dictarse por autoridad competente y en la vía procesal correspondiente.
Así pues, siguiendo el aforismo legal "en donde impera una misma razón, debe imperar una misma disposición", podemos establecer que en los casos en que el tribunal de alzada advierta la improcedencia de la vía indirecta en que se tramitó el juicio de amparo y, por ende, la falta de competencia del Juez de Distrito para desechar o admitir la demanda o sus ampliaciones, debe entenderse que esa facultad la tiene tanto al conocer de amparos en revisión como de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo.
Ello por analogía y por mayoría de razón, porque con esa segunda facultad también se tutela al debido proceso legal y, en ese momento, también se puede advertir la improcedencia de la vía y, por ende, la falta de competencia del Juzgado de Distrito.
Además, con este modo de proceder se respeta la debida diligencia y el principio de privilegiar el fondo sobre la forma contenido en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Federal. Ello ya que, en virtud de dichos principios, toda autoridad materialmente jurisdiccional debe privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso o derechos de las partes, para lo cual debe evitar la dilación del proceso y actuaciones innecesarias.
Así, con la aplicación analógica del artículo 44 de la Ley de Amparo al caso contemplado en el artículo 97, fracción I, inciso a), la acción del órgano encargado de administrar justicia habrá evitado la producción innecesaria de dilación procesal del juicio en la vía indirecta, pues ningún fin práctico conducía negar que el Tribunal Colegiado de Circuito cuente con esa facultad al conocer del recurso de queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y previo desarrollo del juicio de amparo en la vía indirecta, dictar sentencia, la cual ante una eventual impugnación el tribunal revisor ahora sí cuente con facultades para declarar insubsistente la sentencia producto de un juicio tramitado en la vía errónea, cuando ello pudo haberlo realizado antes de producir actuaciones judiciales en forma innecesaria.
Así, la aplicación analógica y por mayoría de razón del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley de Amparo al caso en que se recurra mediante la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo el auto que desecha la demanda de amparo presentada en la vía indirecta, no vulnera la igualdad entre las partes, el debido proceso ni otros derechos, sino que los hace efectivos.
Se afirma lo anterior, porque la vía procesal para la tramitación del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se concibe como el conjunto de formalidades adjetivas, plazos, términos y demás elementos que integran un procedimiento particular, estructurado y previamente establecido por el legislador en el cual deben seguirse los diferentes tipos de controversias que se puedan someter a la jurisdicción de un tribunal o autoridad que ejerce una función materialmente jurisdiccional, cuyo objetivo es dar efectividad a los derechos sustantivos de las personas.
En ese sentido, al tratarse de un presupuesto procesal, constituye una condición esencial de la validez del proceso y su seguimiento no es un mero formalismo, sino el respeto a toda la estructura creada por el legislador para la sustanciación de la controversia, cuya ausencia impide tener plena certeza de que se respetaron los derechos de la persona reo a la seguridad jurídica y legalidad.(2) Así, el seguimiento del proceso en la vía incorrecta transgrediría el debido proceso legal y la seguridad jurídica.
Por ello, el que el tribunal de alzada corrija la vía de tramitación del proceso constitucional al advertir que se sigue en el incorrecto, no vulnera el debido proceso legal, sino que tiende a respetarlo. Asimismo, el cambio de la vía indirecta a la directa no supone restricción o limitación del derecho a un recurso judicial efectivo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juicio de amparo respeta los estándares del recurso judicial efectivo, en tanto resulta realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y provee lo necesario para remediarla, en cualquiera de sus dos vías.(3)
Finalmente, la corrección de la vía indirecta a la vía directa no supone algún tipo de desigualdad para las partes dentro del juicio, ya que todas deberán someterse a los términos y plazos de la vía directa, con lo cual no se producen tratamientos diferenciados ni desigualdad de armas.
En relación con lo anterior, también es de señalar que la aplicación analógica del artículo 44, segundo párrafo, al caso en comento, pasa por un principio de economía procesal.
En efecto, tanto de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma y adiciones a la Constitución General, formuladas para el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión del mes de abril de mil novecientos ochenta y siete, en que se propuso la reforma del inciso a) de la fracción III del artículo 107, para incorporar a la procedencia de la vía directa las resoluciones que pusieran fin al juicio, como de los dictámenes de las Comisiones Unidas de Justicia y Segunda de Estudios Legislativos del Congreso de la Unión, se advierte la incorporación del principio de economía procesal al juicio de amparo.
Ello, en tanto se legitimó la reforma a la Constitución en el hecho de que esas resoluciones que se veían en dos instancias gozaban de la misma entidad o naturaleza al poner fin al controvertido del mismo modo que las sentencias definitivas y los laudos, pues era innecesario el desarrollo de un proceso biinstancial en el que existía audiencia de recepción de pruebas.
En ese tenor, una interpretación evolutiva del principio de economía procesal nos lleva a entender que no cuenta con merito procesal alguno, establecer que la hipótesis del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se refiere únicamente a los recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias en amparo indirecto, excluyendo a la queja interpuesta en contra del auto que admite o desecha la demanda de amparo en esa vía. Ello, porque se generan costos de tramitación innecesarios tanto para el erario público, como para las personas y autoridades litigantes.(4)
En ese tenor, los vocablos "sentencia definitiva" y "revisión" que emplea el artículo 44, párrafo segundo, de la Ley de Amparo como elementos diferenciadores del momento en que se aplica la norma, no son elementos con contrastes sustanciales a los que supone que esa facultad también se cuenta al momento de conocer el recurso de queja previsto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 de la Ley de Amparo.
Esto es, esos elementos "sentencia definitiva" y "revisión", si bien tienen una relación de medio-fin con la tutela al debido proceso (finalidad del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley de Amparo), lo cierto es que esos elementos no pueden ser establecidos de forma arbitraria, ni son los únicos que cuentan con una relación medio-fin con la tutela al debido proceso legal, como puede ser también el "auto recurrido" y "queja".
Por tanto, se estima que el artículo 44 de la Ley de Amparo opera también, para el caso en que el Tribunal Colegiado de Circuito conozca de la queja interpuesta en contra de la determinación que desechó o admitió la demanda de amparo o sus ampliaciones en la vía indirecta, que debió tramitarse en la directa.
Razones para estimar que la demanda de amparo de origen debe ser tramitada en la vía directa
Ahora bien, de la lectura del escrito inicial de demanda y sus anexos, así como del escrito de desahogo de prevención se obtiene que los actos reclamados y autoridades a quienes se les atribuyen son las siguientes:
Ver cuadro
En palabras de la persona quejosa, reclama disposiciones normativas del Código Civil para el Estado de Veracruz en virtud de su aplicación en la resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós emitida por la Octava Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en el toca ********** de su índice, la cual confirmó la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno dentro del juicio ordinario civil **********, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Xalapa, Veracruz, que decretó el divorcio sin expresión de causa.
De este modo, cuando se promueve amparo en contra de una norma general en virtud de su aplicación a un caso concreto, el juzgado de amparo no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación porque es el acto de aplicación el que causa perjuicio a la persona promovente y no la ley por sí sola. Lo anterior encuentra sustento en la tesis siguiente:
"Registro digital: 389674
"Instancia: Pleno
"Séptima Época
"Materia: constitucional
"Tesis: 221
"Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995
"Tomo I, Parte SCJN, página 210
"Tipo: jurisprudencia
"LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación."
En esa guisa, la vinculación entre el acto de aplicación y la norma o normas reclamadas es central en la determinación tanto de la procedencia como de la competencia del juicio de amparo.
Así, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, resultará procedente en contra de la norma reclamada.(5) Además, si el acto de aplicación de la norma o normas reclamadas constituye una sentencia, laudo o resolución que puso fin al juicio, la competencia deberá fincarse en favor del Tribunal Colegiado de Circuito,(6) en términos de los artículos 103, 107, fracciones III, inciso a y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, puesto que, cuando se reclama en el juicio de amparo la constitucionalidad de una ley con motivo de su aplicación, debe conocer de éste el órgano jurisdiccional al que corresponda conocer del juicio de amparo en contra del acto en el que se hizo la aplicación.(7)
Ahora bien, en el caso concreto, se destaca que el acto de aplicación de las normas reclamadas (artículos 141 y 143 del Código Civil para el Estado de Veracruz, vigente) constituye la resolución de alzada que confirmó la que declaró el divorcio entre las partes quejosa y la señalada como tercero interesada.
En ese tenor, la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País indicó que la resolución que decreta el divorcio, aun sin resolver la totalidad de las cuestiones inherentes al matrimonio, se constituye materialmente como una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se le refiera; por lo que, en su contra procede el juicio de amparo en la vía directa.
Lo anterior encuentra sustento en la tesis siguiente:
"Registro digital: 2021695
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materias: civil y común
"Tesis: 1a./J. 1/2020 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 75, Tomo I, febrero de 2020, página 597
"Tipo: jurisprudencia
"DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito."
Por tanto, se considera que, en el caso concreto, al reclamarse una resolución que confirmó la que decretó el divorcio, constituye materialmente una sentencia definitiva. Por lo que, en términos de los artículos 170 y 175, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, procede la vía directa para analizar tanto el acto de aplicación como las normas impugnadas. En ese tenor, es pertinente la aplicación analógica del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
En corolario de lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito sostiene el criterio siguiente:
Hechos: Se presentó en la vía indirecta una demanda de amparo en la que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 14 y 143 del Código Civil para el Estado de Veracruz en virtud de su aplicación en una resolución de segundo grado que confirmó el divorcio sin expresión de causa, sin resolver las restantes prestaciones en litigio, dictado en un juicio ordinario civil. El Juzgado de Distrito determinó desechar la demanda de amparo, al no haberse cumplido con una prevención que se formuló para precisar los antecedentes del acto reclamado. Ante lo cual, la persona quejosa interpuso queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo.
Criterio jurídico: El reencausamiento de la vía que comprende el artículo 44, párrafo segundo, de la Ley de Amparo es aplicable en forma analógica al recurso de queja promovido en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del auto que desechó la demanda de amparo.
Justificación: El artículo 44, segundo párrafo, de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que por competencia conozca del amparo en revisión, la obligación de declarar insubsistente la sentencia recurrida y avocarse a su conocimiento en la vía directa, cuando advierta que el juicio debió haberse tramitado en esa vía; sin embargo, dicha regla es aplicable por analogía y mayoría de razón, a los casos en que el Tribunal Colegiado de Circuito conozca del recurso de queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento, interpuesto en contra de la determinación que desecha la demanda de amparo. Ello porque, en ese caso, el Tribunal Colegiado de Circuito conoce y resuelve como órgano de alzada sobre la legalidad en acuerdos de admisión o desechamientos de demandas de amparo intentadas en la vía indirecta o sus ampliaciones, en donde puede advertir, de igual modo, tanto la improcedencia del juicio como la incompetencia legal del tribunal de amparo, situación que guarda similitud con la señalada en el segundo párrafo del artículo 44 del ordenamiento en mención; básicamente la diferencia principal estriba en que en uno el órgano de alzada revisa una sentencia y en el otro un auto de admisión o desechamiento de una demanda o de sus ampliaciones; por tanto, siguiendo el aforismo legal "en donde impera una misma razón, debe imperar una misma disposición", puede aplicarse analógicamente dicha regla. Con este modo de proceder se respeta la debida diligencia y el principio de privilegiar el fondo sobre la forma contendido en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General, ya que el órgano de alzada podrá evitar una innecesaria dilación procesal del juicio en la vía indirecta, pues a ningún fin práctico conduciría negar esa facultad al inicio del proceso de amparo en la vía indirecta, y previo desarrollo de éste, se dicte sentencia, la cual ante una eventual impugnación el tribunal revisor ahora sí cuente con facultades para declarar insubsistente la sentencia producto de un juicio tramitado en la vía errónea, cuando ello pudo haberlo realizado antes de producir actuaciones judiciales en forma innecesaria. Esta aplicación analógica no vulnera el debido proceso, sino que hace efectivo en el sentido de que dicho derecho humano se ve vulnerado en sí mismo, cuando se actúa en una vía incorrecta; en ese tenor, el cambio de vía indirecta a la vía directa no supone restricción o limitación del derecho a un recurso judicial efectivo, porque el juicio de amparo respeta los estándares del recurso judicial efectivo, en tanto resulta realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y provee lo necesario para remediarla, en cualquiera de sus dos vías. Tampoco supone alguna vulneración a la igualdad de las partes, ya que todas deberán someterse a los términos y plazos de la vía directa, con lo cual no se producen tratamientos diferenciados. Aunado a todo lo anterior, por interpretación evolutiva al principio de economía procesal, porque seguir el proceso constitucional en una vía incorrecta, genera costos de tramitación innecesarios tanto para el erario público, como para las personas y autoridades litigantes.
En esas condiciones, lo procedente es dejar sin efectos el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y, tramitar el presente asunto en la vía directa, para lo cual deberán volver los autos a presidencia, quien deberá solicitar al Juzgado de Distrito la demanda de amparo y actuaciones correspondientes.
CUARTO.—Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizada para ello, previa razón actuarial.
Por lo expuesto y fundado se
RESUELVE:
PRIMERO.—Se deja sin efectos el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad.
SEGUNDO.—Este órgano colegiado se avoca al conocimiento del asunto en la vía directa.
TERCERO.—Devuélvase a la Secretaría de Acuerdos este expediente, para que se dé el trámite procesal que corresponde.
Notifíquese; anótese en el libro de gobierno, remítanse la sentencia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), vía interconexión, así como los autos correspondientes al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por mayoría de votos de los ciudadanos Magistrado Isidro Pedro Alcántara Valdés y el secretario en funciones de Magistrado Lucio Huesca Ballesteros, en contra del voto particular emitido por el Magistrado Alfredo Sánchez Castelán. Fue ponente el tercero de los antes mencionados y el segundo encargado de la redacción de mayoría.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, octavo y duodécimo transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000, 1a./J. 29/2021 (11a.) y 1a./J. 22/2014 (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 235; en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 12 de noviembre de 2021 a las 10:23 horas y 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 7, Tomo II, noviembre de 2021, página 1374 y Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325, con números de registro digital: 191311, 2023791 y 2005917, respectivamente.
Las tesis aisladas de rubros: "COMPETENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES APLICADAS EN SENTENCIAS." y "COMPETENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES POR SU INCONSTITUCIONALIDAD APLICADAS EN RESOLUCIONES QUE TIENEN CALIDAD DE SENTENCIAS." citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 97 a 102, Tercera Parte, enero a junio de 1977, página 54 y Volumen 68, Tercera Parte, agosto de 1974, página 47, con números de registro digital: 238179 y 238504, respectivamente.
La tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de febrero de 2020 a las 10:30 horas.
________________
1. "Artículo 97. El recurso de queja procede:
"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:
"a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación."
2. Véase tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2021 (11a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DEL FONDO SOBRE LA FORMA. LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EN LA VÍA INCORRECTA NO ES UN MERO FORMALISMO QUE PUEDA OBVIARSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO TERCERO, CONSTITUCIONAL)."
3. Véase tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL."
4. Al respecto véase tesis: (sic).
5. Véase tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN."
6. Véase tesis aislada de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES APLICADAS EN SENTENCIAS."
7. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES POR SU INCONSTITUCIONALIDAD APLICADAS EN RESOLUCIONES QUE TIENEN CALIDAD DE SENTENCIAS."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31265-3b7a32aa/reencausamiento-de-la-via-el-previsto-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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