Corpus
Modo: Corpus Pro

LAUDO ARBITRAL. EN CONTRA DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO ESPECIAL EN QUE SE DILUCIDE SU NULIDAD, O BIEN, SU RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 250/2019. · Registro digital (IUS): 29357
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo I, Pág. 236.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 250/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTES: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: CLAUDIA LISSETTE MONTAÑO MENDOZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre un Pleno de un Circuito y un Tribunal Colegiado de diverso Circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

Así lo ha establecido el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de día veintiséis de enero de dos mil quince, al resolver la contradicción de tesis 271/2014, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito y el Pleno del Trigésimo Circuito, en cuya sesión se decidió, por mayoría de nueve votos, que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus Salas, atendiendo a su especialidad, tienen competencia para resolver contradicciones de tesis sustentadas entre un Pleno de un Circuito y un Tribunal Colegiado de diverso Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por la Magistrada presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el cual es uno de los órganos entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. Criterio del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, quien conoció de la contradicción de tesis **********, y de la cual se advierten los siguientes antecedentes:

Denuncia. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil quince, ante la presidencia del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, el Magistrado Fernando Rangel Ramírez, presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del referido Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo, Sexto y Décimo Primero –todos– en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los recursos de reclamación **********, ********** y el juicio de amparo directo **********, respectivamente; en contra de los emitidos por los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Séptimo, Octavo, Décimo Segundo y Décimo Tercero –todos– en Materia Civil del mismo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo **********, **********, **********, **********, ********** y **********, respectivamente.

Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito admitió la denuncia a trámite y la registró bajo el número **********.

Resolución. En sesión de diez de noviembre de dos mil quince, se resolvió la citada contradicción de tesis bajo la siguiente argumentación:

En primer lugar, apuntó que para la resolución deben atenderse temas previos, como lo son: i) marco jurídico aplicable, ii) derecho comparado, iii) interpretación jurídica de las normas aplicables al caso, iv) características esenciales de la reforma legal al Código de Comercio publicada el veintisiete de enero de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, en lo referente al arbitraje comercial; y, v) alcances de la reforma legal al Código de Comercio en materia de arbitraje. Hecho lo cual, procedió a definir la procedencia del juicio de amparo en el caso.

i) Marco jurídico aplicable

El juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje se encuentra regulado en los artículos del 1470 al 1477 del Código de Comercio. De dichos preceptos concluyó que:

• El Código de Comercio establece expresamente la existencia de un proceso denominado "juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje".

• El artículo 1470 del citado código establece las materias sobre las que puede versar dicho proceso y, esencialmente, abarcan aspectos relacionados con la intervención judicial en los arbitrajes.

• Los artículos del 1472 al 1476 del código en cita disponen las reglas de tramitación del citado proceso.

• Existe la posibilidad de acumular los asuntos que dentro del "juicio especial" versen sobre la nulidad o el reconocimiento, y ejecución de un laudo arbitral.

ii) Derecho comparado

Acudió al texto de Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, al considerarla el precedente de la normatividad mexicana. De igual manera, trajo a colación la nota explicativa que realizó la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional al respecto.

La semejanza entre el Código de Comercio recae en sus artículos 1457, 1461, 1462, 1463, 1471 y 1480, respecto de los artículos 34, 35 y 36, respectivamente, de la Ley Modelo; ello en cuanto la nulidad, el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales.

Ahora, en cuanto a la mencionada nota explicativa precisó que en ella se plasmaron los motivos por los que puede pedirse la nulidad de un laudo arbitral, y su paralelismo con las razones que se incluyen para negar su reconocimiento y ejecución, aunado al reconocimiento expreso de que dichos procedimientos conciernen a una acción ante un tribunal judicial, y que dichos procesos los regulará cada país.

Asimismo –la nota– explica que la Ley Modelo pretende establecer un tratamiento uniforme en la ejecución de los laudos, independientemente del país en que sean dictados.

En el mismo apartado, expresó referencias doctrinales en cuanto a la Convención de Nueva York (antecedente de la Ley Modelo en comento), de las cuales destacó que los Jueces, al interpretar la citada convención, deben adoptar una postura a favor de la ejecución de los laudados arbitrales, con la finalidad de facilitar el comercio.

Asimismo, señaló la regulación del procedimiento judicial para realizar el reconocimiento, la ejecución, o la nulidad de laudos arbitrales en las legislaciones de Alemania y España. De lo cual concluyó que el reconocimiento, ejecución o nulidad de laudos arbitrales se desarrolla en la vía judicial, pero también permiten realizar la ejecución provisional del laudo o la suspensión de dicha ejecución.

iii. Interpretación jurídica de las normas aplicables al caso

Descartó el mero uso de la interpretación literal o gramatical, pues el Código de Comercio no establece la autonomía del juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje respecto del procedimiento arbitral, ni tampoco los efectos que producen las resoluciones que de manera terminante decidan el referido juicio, por lo que dicha interpretación resultaría insuficiente para desentrañar los verdaderos alcances y funciones de ese juicio dentro del sistema normativo donde se encuentra ubicado.

Por tanto, se determinó utilizar la interpretación literal, causal y teleológica para conocer la verdadera intención del legislador, al reformar el Código de Comercio, respecto al tema que se trata.

iv. Características esenciales de la reforma legal al Código de Comercio, publicada el veintisiete de enero de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, en lo referente al arbitraje comercial.

Hizo referencia a la exposición de motivos presentada en la Cámara de Diputados con la iniciativa de decreto, al dictamen de las Comisiones Unidas de Economía, y de Justicia de la Cámara de Diputados, y al dictamen emitido por la Cámara Revisora.

A partir de ello, el Pleno contendiente fue aterrizando que la reforma legal modificó la regulación del arbitraje comercial en el Código de Comercio, por medio de una nueva reglamentación de la intervención judicial en los arbitrajes, para lo cual, en el título cuarto "Del arbitraje comercial" se incluyó el capítulo X "De la intervención judicial en la transacción comercial y el arbitraje". Así, la propuesta de reforma abarcó los siguientes aspectos:

• El trámite de la solicitud de remisión al arbitraje.

• La vía de jurisdicción voluntaria, tratándose de la solicitud de designación de árbitros, asistencia para el desahogo de las pruebas y la consulta sobre honorarios del tribunal arbitral.

• La firmeza de las resoluciones que dicte el Juez cuando interviene en el arbitraje, mediante el establecimiento de la improcedencia de recurso alguno contra sus resoluciones, salvo el derecho de las partes a recusar al árbitro o árbitros.

• El señalamiento de que el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales no requiere de homologación; sin embargo, se contempló que, en cuanto a que la obtención de tales aspectos, siempre se promovería el "juicio especial", salvo que dichas cuestiones se solicitaran como defensa en un juicio u otro procedimiento.

• El establecimiento del denominado "juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje" que tiene como materias aspectos relacionados con la intervención judicial en los arbitrajes.

• La regulación específica de dicho "juicio especial".

v. Alcances de la reforma legal al Código de Comercio en materia de arbitraje

Primera conclusión

La finalidad de la multicitada reforma legal consistió en reglamentar la intervención judicial en los arbitrajes.

Conclusión que sustentó bajo diversas consideraciones, en cuanto a la función, naturaleza y características del Juez y del árbitro.

Así, refirió que la principal diferencia entre ambos actores lo constituye la carencia de imperium por parte de los árbitros y que, por ello, las legislaciones han tratado de conferírselo a través de uno u otro sistema, como lo es el de separación de los sistemas identificados como los de "separación" y de "asimilación".

Con lo anterior, refirió cuatro puntos relevantes que permiten ejemplificar la intervención judicial en todo arbitraje:

1. La constitución del tribunal arbitral.

2. La adopción o determinación de medidas previas o cautelares.

3. La administración de la prueba.

4. El establecimiento de los procedimientos respectivos para lograr el reconocimiento, ejecución o, en su caso, la nulidad del laudo arbitral.

Atento a ello, marcó la relevancia de la reforma, pues ha quedado en evidencia la importancia que tiene la relación existente entre árbitros y Jueces.

Segunda conclusión

La inclusión del "juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje" tuvo como finalidad la creación de un proceso que si bien guarda vinculación con el arbitraje, lo cierto es que tiene una litis con sustantividad propia.

Pues bien, de los argumentos del legislador –respecto al juicio referido– se advierte que buscaba la creación de un proceso independiente del arbitraje, en la medida en que cuenta con una litis específica, al cual se le denominó "juicio especial".

Asimismo, la tramitación de dicho proceso contempla las siguientes fases: a) de apertura de la instancia e integración de la litis; b) probatoria; c) de alegatos; y, d) sentencia. También se establece que las resoluciones intermedias y la sentencia que resuelva el citado juicio especial serán irrecurribles.

De ello concluyó que el juicio especial cuenta con todas las etapas y formalidades propias de un juicio, por lo cual, la intención del legislador fue la de abandonar el sistema de regulación incidental de los procedimientos relacionados con el arbitraje comercial y, en contrapartida, establecer un juicio especial.

Asimismo, resaltó que otro rasgo que permite identificar con claridad la sustantividad propia del juicio especial de mérito, derivaba de lo previsto en los artículos 1457 y 1462 del Código de Comercio, al regular:

a) Los supuestos en los que puede anularse un laudo arbitral, estableciendo hipótesis en las que el juzgador analiza la incapacidad de alguna de las partes que integró el acuerdo arbitral, o bien, que la invalidez derive de la ley a la que sometieron dicho acuerdo.

b) El supuesto de anulabilidad y/o negativa del reconocimiento o la ejecución y/o dicha nulidad de un laudo arbitral, respectivamente, mediante el cual el Juez compruebe, de acuerdo con la legislación mexicana, que el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o bien, que el reconocimiento o la ejecución del laudo son contrarios al orden público.

También es dable concluir que el juicio especial goza de sustantividad, pues el juzgador se ocupa de verificar supuestos que versan sobre la capacidad de las partes, o bien, la viabilidad de la controversia de acuerdo con la ley en que se sustenta y el orden público.

Lo que pone de relieve que, cuando "el juicio especial" versa sobre el reconocimiento, ejecución o nulidad de laudo arbitral, no se ocupa únicamente de analizar cuestiones adjetivas vinculadas al arbitraje y que nada tienen que ver con la solución de fondo de la controversia suscitada, por el contrario, su regulación claramente abarca el estudio de aspectos sustantivos del arbitraje cuya verificación y/o solución por parte del juzgador permitirá corroborar la viabilidad del laudo dentro del sistema jurídico nacional.

vi. Definición de la procedencia del juicio de amparo en el caso

Por todo lo expuesto, determinó que procede el juicio de amparo directo contra la resolución que de manera terminante decide respecto la nulidad o el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral en el "juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje".

Lo anterior, porque dichas resoluciones pueden considerarse como sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a un juicio, para efectos de la procedencia del juicio de amparo uniinstancial.

En efecto –con base en las reformas referidas– al plantearse en sede judicial, la problemática sobre el reconocimiento, ejecución y/o nulidad de un laudo arbitral, se evidencia que ese tipo de procesos dan origen a una litis principal y autónoma del procedimiento arbitral, referida a cuestiones que no resultan accesorias, ni se suscitan dentro de otro juicio o proceso que tenga relación inmediata, pues la materia se encuentra comprendida desde un inicio como problema jurídico a resolver.

Por tanto, si bien los aspectos de reconocimiento y ejecución o nulidad de las resoluciones arbitrales que integran el juicio especial se vinculan con el procedimiento arbitral, lo cierto es que se buscó contar con una regulación específica para que este tipo de asuntos revistiera todas las formalidades propias de un juicio principal.

Tan es así que, de manera ejemplificativa, el legislador pasó de identificar la denominación como "incidente" (antes de las reformas), para ser incluido dentro de un proceso llamado "juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje".

No inadvierte que algunos de los tribunales contendientes adoptaron la postura sobre la procedencia del amparo indirecto, basándose en la jurisprudencia emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LAUDO ARBITRAL. LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE NULIDAD NO TIENE DEFINITIVIDAD PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; empero, dicho criterio no resulta aplicable analógicamente, porque se apoyó en la interpretación de una regulación anterior que comprendía la resolución de los problemas sobre el reconocimiento, ejecución y/o nulidad de laudos arbitrales, en forma incidental.

De la ejecutoria anterior derivó la siguiente jurisprudencia:

"LAUDO ARBITRAL. LA RESOLUCIÓN TERMINAL SOBRE SU NULIDAD O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN EMITIDA EN EL JUICIO ESPECIAL, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación armónica y teleológica de la normativa que regula el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje y de la reforma al Código de Comercio publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011 que le dio origen, se concluye que el legislador pretendió reglamentar la intervención judicial en el arbitraje, así como agilizar de los procedimientos de nulidad o reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral. En ese sentido, el citado proceso especial puede considerarse como un juicio autónomo e independiente al arbitraje –en función de la materia que lo integra– del que deriva una sentencia definitiva, en tanto que su creación derogó el sistema de regulación incidental de los procedimientos relacionados con el arbitraje comercial y, en contrapartida, estableció un procedimiento especial que reviste todas las formalidades propias de un juicio principal, estableciendo un medio concreto para dilucidar eficazmente dichas temáticas. Por lo anterior, las resoluciones terminales sobre nulidad o ejecución de laudos dictadas en ese proceso especial, pueden considerarse como sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin a un juicio, para efectos de la procedencia del amparo directo, lo que equivale a otorgar el carácter que el legislador quiso darle a dicho proceso, sin desvirtuar el objetivo para el cual fue creado."

II. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien conoció del amparo directo **********, del que se desprenden los antecedentes siguientes:

Origen del acto reclamado. **********, por conducto de su apoderada general para pleitos y cobranzas, solicitó la homologación y ejecución del laudo arbitral de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, dictado por el corredor público número nueve en la Plaza del Estado de Puebla, en contra de la persona moral **********, en su carácter de acreditado, así como de ********** en su carácter de garante hipotecario y obligado solidario; y reclamó las siguientes prestaciones:

"A. La cantidad de $******** (**********), por concepto de capital adeudado.—B. El pago de intereses ordinarios que se han generado tomando en consideración la tasa ordinaria pactada en el contrato de origen de la presente deuda, a razón de la tasa fija anual al diecinueve punto noventa y nueve por ciento.—C. El pago de intereses moratorios, que se han generado desde el día inmediato siguiente al vencimiento de la fecha pactada para el pago de sus amortizaciones, hasta el día en que dicha cantidad quede total y completamente pagada a razón de la tasa de interés anual que resulte de multiplicar la tasa de interés ordinaria aplicable (tasa fija del 19.99% por ciento anual) por el factor dos punto cinco.—D. El pago de gastos y costas judiciales que se originen por la tramitación del presente juicio.—E. El pago de Impuesto al valor agregado por los intereses moratorios causados."

De la demanda correspondió conocer a la Juez Décimo Primero Especializada en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla y registró la demanda bajo el número **********, tuvo a la parte actora promoviendo juicio especial de ejecución de laudo arbitral –al ser ésta la denominación correcta de la acción intentada de acuerdo con el Código de Comercio– y ordenó emplazar a juicio a los demandados.

Seguido el juicio, el quince de agosto de dos mil dieciocho se emitió sentencia, en la que se reconoció como vinculante para las partes el laudo de trece de noviembre de dos mil catorce, dictado por el corredor público número nueve en la Plaza del Estado de Puebla en su carácter de árbitro, emitido dentro del procedimiento especial arbitral **********.

Juicio de amparo indirecto.**********, promovió demanda de amparo indirecto, en la que señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

"III. Autoridades responsables: ‘Señalo con tal carácter a las siguientes: a) Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla.—b) Secretario de Acuerdos del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla.—Todos con domicilio oficial bien conocido en **********.

"IV. Actos reclamados.—Reclamo de las autoridades señaladas como responsables, la sentencia definitiva de fecha quince de agosto del año dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del expediente número **********, de los del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, reclamando asimismo de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: a) La resolución pronunciada a contrario imperio de la ley por el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, dictada dentro de los autos del expediente número **********, mismo que en la parte que interesa a continuación se transcribe: ‘... Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: PRIMERO.—El suscrito Juez fue competente para conocer y fallar del presente asunto.—SEGUNDO.—Se reconoce como vinculante el laudo de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, dictado por el corredor público ********** en la Plaza del Estado de Puebla, en su carácter de árbitro, dentro del expediente **********, relativo al procedimiento especial arbitral de vencimiento anticipado de la vigencia del contrato de crédito simple con garantía hipotecaria y prendaria, promovido por la sociedad mercantil **********, en su carácter de ‘la acreditante’, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas, en contra de la sociedad mercantil denominada **********, con el carácter de deudor principal y garante prendario, así como en contra de **********, en su carácter de obligado solidario, garante hipotecario y prendario, y es por lo que el mismo se eleva a categoría de cosa juzgada y se condena a las partes a estar y pasar por él como si se tratara de sentencia ejecutoriada ... Notifíquese personalmente a las partes cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Eliseo Ramos Durán, Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, ante la ciudadana licenciada Silvia Ortíz Márquez, que autoriza. Doy fe.’.—b) Asimismo, reclamo todos los actos y consecuencias jurídicas, que se deriven directa o indirectamente de dicha resolución y que se traducen en la ejecución de la misma, incluyendo el embargo, desposeimiento, remate y adjudicación de bienes propiedad de mi representada, que traten de llevar a cabo las autoridades señaladas como responsables en favor del tercero interesado."

De esa demanda correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien se declaró legalmente incompetente para conocer de tal demanda, toda vez que el acto reclamado se trataba de una resolución que ponía fin al juicio y, en consecuencia, remitió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito.

Juicio de amparo directo. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito aceptó la competencia declinada por el Juez de Distrito, solicitó al Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla rindiera su informe justificado y cumpliera con lo previsto por el artículo 178 de la Ley de Amparo; una vez realizado lo anterior, el entonces presidente del aludido tribunal admitió a trámite la demanda de amparo, precisando que no se tendría como autoridad responsable al secretario de Acuerdos del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, porque su actuación carecía de las facultades que distinguían a los actos de autoridad, en términos de lo establecido por el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo; y dictó sentencia el once de abril de dos mil diecinueve, en la que declaró que carecía de competencia legal para conocer en la vía directa de la demanda de amparo promovida por ********* y ordenó remitir los autos al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.

Dicha determinación la sustentó –en lo que interesa para la resolución de la presente contradicción–, en los razonamientos siguientes:

En principio, estableció que carecía de competencia legal para conocer del asunto y estimó que debían devolverse los autos al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla –órgano jurisdiccional que conocía en la vía indirecta de la demanda de amparo–; en atención a que la resolución que fungía como acto reclamado no era una sentencia definitiva susceptible de ser analizada mediante el juicio de amparo directo, sino que en realidad tiene el carácter de un acto dictado fuera de juicio respecto del que es procedente el juicio constitucional en su vía indirecta.

Así, consideró que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, que gira en torno de la idoneidad reconocida a una autoridad para conocer o resolver determinados asuntos que se someten a su potestad; y estimó que del contenido del artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se advertía que el juicio de amparo directo procede, entre otros supuestos, contra sentencias definitivas y laudos, entendiéndose por tales, aquellas determinaciones que decidan el juicio en lo principal, inclusive, cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas.

En apoyo de lo anterior citó la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."

En ese tenor, trajo a colación algunos antecedentes del asunto, para enseguida señalar que de la lectura integral de la demanda de amparo formulada por el quejoso se advertía que promovió la acción constitucional en contra de la sentencia de quince de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Décimo Primero Especializada en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, dentro del juicio especial de ejecución de laudo arbitral **********, así como su ejecución (señalando también como autoridad responsable al secretario de Acuerdos adscrito al juzgado de origen).

Que bajo ese contexto, aun cuando "la sentencia" de quince de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio especial de ejecución de laudo arbitral ********** constituía el acto reclamado en la especie; lo cierto era que dicha resolución no tiene la naturaleza jurídica de una verdadera sentencia definitiva para la procedencia del juicio de amparo directo, toda vez que no decidió en lo principal la litis que las partes dirimieron, sino que ello fue propio del procedimiento arbitral seguido en forma de juicio al que se acogieron los interesados, cuyo laudo es el que resolvió precisamente la controversia que se suscitó, tramitándose a partir de ese momento solamente la ejecución de la determinación que en definitiva resolvió la controversia principal, lo que se logra por medio del "juicio especial de ejecución de laudo arbitral".

Luego, señaló que los lineamientos del juicio especial de ejecución de laudo arbitral se encuentran contemplados en los capítulos denominados "Reconocimiento y ejecución de laudos" y "De la Intervención Judicial en la Transacción Comercial y el Arbitraje" del Código de Comercio, y destacó para el contenido de los artículos 1461, 1462 y 1471; y, estableció que de tales disposiciones legales se seguía que un laudo arbitral puede ser reconocido como vinculante y ejecutado por un Juez, para lo cual, no es necesario que exista homologación, bastando el desahogo del juicio especial cuya tramitación contemplan los artículos 1472 a 1476 del Código de Comercio, al que deberá allegarse el original del laudo debidamente autenticado o su copia certificada, así como el acuerdo de arbitraje respectivo, destacándose, al respecto, que sólo la existencia de circunstancias muy precisas podrá ocasionar el que se deniegue el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral.

Que de la lectura del artículo 1462 del Código de Comercio se aprecia que las hipótesis específicas que provocarán el que no se reconozca o ejecute un laudo arbitral, giran en torno a la actualización de deficiencias formales o del procedimiento arbitral que nada tienen que ver con el fondo del fallo que hubiere emitido el árbitro, es decir, la litis principal en cuestión ya se encuentra resuelta y el procedimiento respectivo no puede ocuparse de ella, limitándose a verificar la viabilidad de la ejecución forzosa de lo decidido.

Dijo que lo anterior encuentra justificación en el hecho de que el arbitraje es un medio alternativo de solución de conflictos en el que los interesados voluntariamente eligen a un sujeto de de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29357-247d23bc/laudo-arbitral-en-contra-de-la-sentencia-emitida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.