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Modo: Corpus Pro

LAUDO ARBITRAL. LA CIRCUNSTANCIA QUE CONSTITUYA UN TÍTULO EJECUTIVO, NO DA LUGAR A QUE AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y ARBITRAJE PARA EL RECONOCIMIENTO Y SU EJECUCIÓN, SE EMITA AUTO DE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 358/2013. · Registro digital (IUS): 25705
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-06-26
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Pág. 2253.

AMPARO EN REVISIÓN 358/2013. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, POR ESTIMAR QUE LA CONFIRMACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DEBE OBEDECER A OTRAS RAZONES Y DERIVADO DE ELLO, LA REVISIÓN ADHESIVA DEBÍA HABERSE DECLARADO INFUNDADA. PONENTE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIA: ARGELIA ROMÁN MOJICA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Es pertinente indicar que no serán materia de la revisión, los razonamientos expuestos por la Juez Federal en la resolución recurrida, relativos a los actos reclamados consistentes en los proveídos de veintiséis de abril de dos mil trece, emitidos en el procedimiento de transacciones comerciales y reconocimiento y ejecución de laudo arbitral **********, en virtud de que la parte recurrente no combate esas consideraciones.

En otro contexto, los agravios expresados por las recurrentes se analizarán en la forma planteada; esto es, se estudiará en primer término lo relativo a la personalidad de quien promueve el amparo indirecto en nombre de las quejosas; luego, la causal de improcedencia que invoca y, finalmente, el fondo del asunto.

Previo al estudio de este tópico, resulta pertinente hacer una breve referencia a los antecedentes del procedimiento especial sobre transacciones comerciales y arbitraje para el reconocimiento y ejecución de laudo arbitral **********, constancias que fueron remitidas al informe justificado que rindió la autoridad responsable en el juicio de amparo en revisión ********** del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, y que tienen pleno valor probatorio por ser documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se advierte:

**********, por conducto de sus apoderados, promovieron procedimiento especial sobre transacciones comerciales y arbitraje para el reconocimiento y ejecución de laudo arbitral en contra de ********** y de **********.

En acuerdo de trece de marzo de dos mil trece, el Juez Septuagésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal dio trámite al referido procedimiento especial y ordenó emplazar a las codemandadas, requerirles de pago y, en su caso, embargarles bienes suficientes para garantizar las cantidades que ahí precisó -acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo en revisión-.

El dieciséis de abril de dos mil trece, se llevaron a cabo las diligencias ordenadas en el supracitado proveído, en las que se embargaron bienes para garantizar el pago de lo reclamado -diligencias que también se reclaman en el juicio de amparo en revisión-.

********** y **********, ambas **********, comparecieron al juicio de origen por conducto de su apoderado **********.

********** acreditó su personalidad como apoderado para pleitos y cobranzas de **********, con el testimonio notarial número ********** de veintiséis de julio de dos mil cuatro, pasado ante la fe del notario público ********** del Distrito Federal, al contestar la demanda instaurada en su contra.

La parte actora promovió incidente de falta de personalidad contra el apoderado de **********, el cual fue resuelto por el Juez del conocimiento mediante interlocutoria de veintiuno de junio de dos mil trece, en la que declaró improcedente -infundado- el incidente de falta de personalidad de **********, como apoderado de dicha persona moral.

Contra dicha determinación, la parte actora promovió amparo indirecto, el cual fue del conocimiento del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, bajo el número **********, en el cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Resolución que fue combatida mediante el recurso de revisión, el cual fue del conocimiento de este Tribunal Colegiado de Circuito, bajo el número **********, en el que se determinó revocar la resolución recurrida y sobreseer en el juicio de amparo indirecto.

Luego, de las constancias que integran el juicio de amparo ********** en revisión, se advierte lo siguiente:

Demanda de amparo indirecto promovida por **********, ambas **********, por conducto de su apoderado ********** -quien respecto de la primera sociedad nombrada acreditó su personalidad con el testimonio número **********, de dieciocho de diciembre de dos mil doce, pasado ante la fe del notario público número ********** del Distrito Federal; y en torno a **********, con el testimonio número ********** de veintiséis de julio de dos mil cuatro, pasado ante la fe del notario público ********** del Distrito Federal-, en la que se reclamó el auto de exequendo de trece de marzo de dos mil trece, las diligencias de embargo practicadas el dieciséis de abril del citado año, y el auto de veintiséis del mencionado mes y año, en contra del Juez Septuagésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal y actuarios adscritos.

En dicho juicio de amparo, las terceras interesadas promovieron incidente de falta de personalidad respecto de **********, quien se ostenta como apoderado de la quejosa **********.

En dicho juicio de amparo se dictó sentencia definitiva -materia de esta revisión-, el diecinueve de septiembre de dos mil trece, en la que se declaró infundado el incidente de falta de personalidad y, además, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa.

Expuesto lo anterior, es procedente analizar los agravios formulados por la parte recurrente ********** -actoras y terceras interesadas en el amparo en revisión-, relativos al tema de personalidad.

PERSONALIDAD

Las ahora recurrentes en sus agravios manifestaron:

Existe contradicción en la resolución de la Juez de Distrito, porque por una parte, declaró infundado el incidente de falta de personalidad y, por otra parte, confirmó e hizo suyos los criterios manifestados por las recurrentes, en torno a que es el consejo de administración quien tiene la representación de **********.

Tal alegación es infundada, en virtud de que si bien la autoridad federal en la resolución recurrida precisó, entre otras cuestiones, que el consejo de administración como órgano colegiado tiene, entre otras facultades, poder general para pleitos y cobranzas y laborales con todas las facultades; y, por tanto, es quien representa a la sociedad quejosa en comento y tiene que actuar de manera colegiada y no individualmente, ello no constituye una contradicción, toda vez que, aun cuando estuvo de acuerdo con los recurrentes en ese aspecto, posterior a ello, indicó que no obstante no se podía soslayar que en el contrato de coinversión de veintinueve de enero de dos mil diez, **********, habían reconocido y aceptado que ********** fuera el director general de **********, con las facultades y poderes que se habían precisado en la tabla de delegación de facultades, entre las que se encontraba, la de un poder general para pleitos y cobranzas que ejercería en forma individual, situación que estimó la Juez Federal para llegar a la conclusión de que dicha persona física tenía la representación de la sociedad quejosa en cita; de ahí que en ese aspecto, la resolución recurrida no es contradictoria.

Luego, en otra parte de sus agravios, la parte recurrente aduce que la Juez de amparo incongruentemente manifestó la imposibilidad para proceder a analizar la personalidad de **********, debido a que las recurrentes plantearon una pretensión contradictoria; sin embargo, de manera contradictoria con las constancias de autos y la propia ejecutoria impugnada, la Juez de Distrito sí se pronunció en cuanto a que el poder de ********** era insuficiente, con lo que suplió indebidamente la queja en beneficio de las quejosas al concluir que cualquier deficiencia en el poder de éste se subsanaba con su calidad de "director general" de la persona moral en comento.

Desestimó erróneamente las pretensiones de las recurrentes al considerar que eran contradictorias, lo que es injustificado, puesto que era claro que la revocación del poder de ********** surtió plenos efectos al momento en que éste firmó el contrato, pues se hizo sabedor de dicha revocación; lo que era totalmente distinto a la circunstancia de que las quejosas no habían cumplido corporativamente con la formalización de la revocación de dicho poder; por lo que desestimó indebidamente las pretensiones de las recurrentes, sin analizar que son cuestiones complementarias y no contradictorias.

El poder con el que ********** acreditó su personalidad en el juicio de amparo fue revocado mediante la celebración del contrato de coinversión y accionistas, por lo que tal poder dejó de surtir sus efectos a partir del veintinueve de enero de dos mil diez -fecha de cierre-; ello en virtud de lo expuesto en la sección 4.15 -cuatro punto quince- del mencionado contrato, en la que se estableció que, al cierre, se revocarían todos los poderes y demás facultades otorgadas o delegadas por ********** previamente a la fecha del cierre; por lo que se debió atender a lo previsto en el artículo 2596 del Código Civil del Distrito Federal y lo expresado en la tesis aislada I.5o.C.448 C, de rubro: "MANDATO, REVOCACIÓN DEL. DEBE NOTIFICARSE FEHACIENTEMENTE AL MANDATARIO."

La revocación fue del pleno conocimiento del supuesto apoderado, debido a que era el presidente del consejo de administración de **********; además, firmó el contrato a nombre de tal persona moral, lo que hacía evidente que la revocación surtiera plenos efectos.

En términos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los estatutos sociales actuales y el contrato de coinversión, el único representante legal de **********, era el consejo de administración.

En los estatutos sociales de la empresa citada -póliza número ********** de dieciséis de marzo de dos mil diez-, se estableció en el artículo vigésimo sexto, que la administración de tal empresa estaría confiada a un consejo de administración, formado por cuatro miembros propietarios; asimismo, en el diverso vigésimo noveno de los estatutos actuales, se estableció que el consejo de administración sería el representante legal de la sociedad, otorgándole, entre otros, poder general para pleitos y cobranzas; por lo que resultaba inconcuso que el consejo de administración de la citada empresa tenía las facultades más amplias para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y para conferir poderes generales y especiales a terceros; por lo que las decisiones respecto a esa empresa debían ser adoptadas de manera conjunta y no de forma individual por alguno de los miembros que la componían.

En ningún momento se adoptó que con posterioridad a la celebración del contrato y a la aprobación de los estatutos sociales actuales, determinación por parte del consejo de administración para otorgar facultades o poderes a ********** para actuar en representación de **********; por tal motivo hubo una indebida valoración de las pruebas que obran en los autos del juicio de amparo.

La Juez Federal confundió conceptos, porque concluyó erróneamente que las recurrentes reconocieron y aceptaron que **********, en su calidad de director general, tendría un poder general para pleitos y cobranzas que ejercería en forma individual para representar a **********; pues debió observar que pretendió acreditar su personalidad en el juicio de amparo, en virtud del poder formalizado mediante escritura pública **********, de veintiséis de julio de dos mil cuatro, otorgado por el notario público número **********, y no en su calidad de director general de **********.

Según la tabla de delegación de facultades contenida en el contrato, ********** contaba con facultades para actuar en representación de tal sociedad; sin embargo, dichas facultades se encontraban limitadas expresamente a operaciones o controversias de no más de quinientos mil dólares americanos; por lo que resultaba incuestionable que las facultades de tal persona eran claramente limitadas e insuficientes para promover en representación de la quejosa en comento, pues los actos reclamados por los cuales se promovió el juicio de amparo indirecto tenían por objeto asegurar el pago de las cantidades solicitadas en el natural, monto que ascendía a la cantidad de dieciséis millones diecinueve mil doscientos sesenta dólares americanos; el cual evidentemente excedía del referido límite monetario impuesto a las facultades de representación.

En ese sentido, no obstante la limitación contractual y estatutaria que tenía ********** para representar a la empresa en comento, la autoridad federal se limitó a resolver con ligereza, cuando de autos se advertía claramente la falta de personalidad de tal persona física, lo que se omitió valorar conforme a derecho; citó al respecto la tesis aislada, de rubro: "NULIDAD, JUICIO DE. CASO EN QUE EL PROMOVENTE NO ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD ACTORA."

La Juez erróneamente concluyó que la circunstancia de que ********** representara a **********, y ser familiar, accionista y consejero del consejo de administración de **********, no era suficiente argumento para que existiera conflicto de intereses; ello es así, porque el conflicto de intereses no surgió ni fue argumentado únicamente por cuestiones de índole personal y familiar, sino porque a pesar de que ambas empresas eran deudoras en el natural, no tenían los mismos intereses.

**********, tenía dos accionistas, la recurrente ********** -titular del cincuenta por ciento de acciones- y ********** -titular del otro cincuenta por ciento de acciones-; por tanto, si la primera es deudora de **********, lo cierto es que también tenía que velar por los intereses de sus accionistas, en el caso **********.

La circunstancia de que ********** fueran representadas por la misma persona -**********-, implicaba forzar a ********** a aliarse con uno de sus accionistas -**********- para perjudicar al otro accionista -**********- y no pagarle a lo que fue condenada en el arbitraje.

Al ser representadas ambas demandadas por un mismo apoderado, formaban un auténtico litisconsorcio activo y hacían valer las mismas defensas, cuando ello le estaba prohibido a **********, porque perjudicaba a uno de sus accionistas -**********-; sin embargo, su representante ********** pasaba por alto esa prohibición societaria como director general de ********** y aceptaba de manera dolosa colitigar como representante del otro accionista **********.

La circunstancia de que ********** representara tanto a ********** como a **********, constituía una violación a las obligaciones inherentes a su cargo como presidente del consejo de administración de **********, particularmente a su deber de lealtad, lo que era aplicable a cualquier miembro de un consejo de administración, que asumió expresamente, según lo planteado en la sección seis punto siete -6.07- del contrato de coinversión.

De conformidad con el artículo 156 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el administrador que en cualquier operación tuviera interés opuesto a la de la sociedad, debía manifestarlo a los demás administradores, y abstenerse de toda deliberación y resolución; por lo que tal persona física debió abstenerse de cualquier deslealtad frente a la quejosa **********, que resultara en beneficio de un determinado accionista. Citó en su apoyo la tesis aislada I.3o.C.229 C, de rubro: "REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR DE SOCIEDADES. DIFERENCIAS ENTRE REPRESENTACIÓN FUNCIONAL U ORGÁNICA Y MANDATO."

Tales motivos de disenso son inoperantes por las siguientes consideraciones:

En efecto, este tribunal estima que en el caso no procede hacer pronunciamiento alguno respecto al incidente de falta de personalidad planteado en el juicio de amparo cuya sentencia ahora se revisa, pues el debate formulado a través de los referidos agravios versa medularmente en las circunstancias de que el poder exhibido por ********** para acreditar su personalidad en el juicio de amparo indirecto en revisión, fue revocado mediante la celebración del contrato de coinversión y accionistas de veintinueve de enero de dos mil diez -documento base de laudo arbitral-; revocación que fue de pleno conocimiento del referido apoderado debido a que era el presidente del consejo de administración de **********; consejo que es el único representante de dicha sociedad quejosa; entre otras alegaciones.

En ese sentido, cabe precisar que dichas alegaciones no pueden ser analizadas en amparo indirecto, en virtud de que se trata de argumentos que están relacionadas con parte del tema de debate del juicio de origen; esto es, tiene que ver con la falta de personalidad de ********** para representar a la referida sociedad quejosa y demandada en el procedimiento especial de transacciones comerciales y arbitraje para el reconocimiento y ejecución del laudo número **********, pues lo que se pretende analizar en ese incidente de falta de personalidad interpuesto dentro del referido juicio de amparo indirecto **********, es el testimonio notarial número ********** de veintiséis de julio de dos mil cuatro, pasado ante la fe del notario público ********** del Distrito Federal, con el cual, ********** acreditó su personalidad en el referido juicio de origen.

Así, los agravios son inoperantes por versar sobre cuestiones relativas a la personalidad de ********** respecto de una de las quejosas, demandada en el juicio de origen, aspecto que no puede examinarse en este amparo indirecto en revisión, pues ello implicaría prejuzgar sobre un tema procesal del asunto natural que, expresamente, sólo puede ser estudiado como violación procesal en el amparo que se llegare a promover en contra de la resolución final emitida en el procedimiento de origen.

Así entonces, la personalidad con la que se ostenta ********** en el referido juicio de amparo indirecto está sub júdice de manera provisional a lo que se resuelva en el juicio de origen; por ende, debe reconocérsele, para efectos de este juicio de amparo, en los términos en que se le reconoció en dicho procedimiento natural, sin que ello implique que se le tenga por acreditada de forma definitiva, porque como se dijo, dicha personalidad, en todo caso, es materia del amparo en contra de la resolución que ponga fin a dicho asunto.

Máxime que en el diverso recurso de revisión ********** del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito, se determinó sobreseer el juicio de amparo indirecto **********, por considerar que el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria, mediante la cual se declaró infundada la falta de personalidad de ********** en el juicio natural, no es un acto de ejecución de imposible reparación, por tratarse de una cuestión procesal que necesariamente debe plantearse al promover el juicio de amparo contra la resolución final de dicho asunto.

En ese orden, se reitera, si los agravios relativos a la personalidad versan sobre cuestiones que necesariamente deben ser estudiadas como violación procesal en amparo contra la resolución definitiva, es inconcuso que no pueden ser materia de análisis en este amparo indirecto.

En esa guisa, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados en relación con lo resuelto en el incidente de falta de personalidad promovido por las ahora recurrentes, es procedente analizar lo relativo a la causal de improcedencia que también hicieron valer.

SEXTO.-Análisis de la causal de improcedencia hecha valer por las recurrentes.

En el segundo de los agravios, las terceras interesadas refirieron que en el juicio de amparo indirecto, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo pues, al respecto, en esencia, manifestaron:

El juicio de amparo debía ser sobreseído, en virtud de que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa para impugnar el acto reclamado consistente en el auto de trece de marzo de dos mil trece.

No existía posibilidad de que se aplicara una excepción al principio de definitividad en favor de las quejosas, ya que no se ubicaban en los supuestos de excepción establecidos por la propia ley.

La Juez Federal en la resolución recurrida omitió considerar que el artículo 1476 del Código de Comercio claramente hace referencia a las resoluciones intermedias dictadas en el procedimiento especial, y no a las promociones de las partes; que, por ende, era incorrecta la conclusión de la Juez, respecto a que el auto de exequendo no era la primera resolución inicial, ya que le precedía la demanda, cuando era evidente que las promociones de las partes obviamente no son resoluciones y, por tanto, el auto reclamado sí constituía la única resolución inicial y no intermedia, por lo que debió ser combatido mediante el recurso de apelación y no a través del juicio de amparo indirecto. Citó al respecto las tesis de rubros: "APELACIÓN, RECURSO DE. ES PROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO."; "FORMA DEL JUICIO, APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE LA FIJA." y "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDE CONTRA EL AUTO ADMISORIO CUANDO SE CUESTIONA LA PROCEDENCIA DE LA VÍA."

A toda presentación de la demanda, le debía recaer un acuerdo de admisión, desechamiento, aclaración, etcétera, el cual, contrario a lo estimado por la Juez Federal, constituía el auto inicial, pues no basta la sola presentación de la demanda, sino que el juzgador se pronunciara al respecto.

Las quejosas debieron agotar la apelación prevista en el artículo 1345, fracción I, del Código de Comercio, o bien, el diverso 1345 Bis 8, para lograr la suspensión de los actos; además, del numeral 1476 del citado ordenamiento legal, se desprende que únicamente las resoluciones intermedias y la sentencia dictada en ese tipo de juicio no serán recurribles, por lo que a contrario sensu las resoluciones iniciales, como el auto de exequendo, son recurribles.

Si el legislador hubiera estimado que no procedía recurso alguno en contra de ningún tipo de resolución en el procedimiento especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, simplemente lo hubiera determinado y no hubiese hecho la distinción entre resoluciones intermedias y sentencias.

Si bien el juicio de amparo es procedente en contra de actos dictados durante el juicio cuya ejecución son de imposible reparación, tal circunstancia no debe considerarse como una excepción al principio de definitividad pues, previo al amparo, necesariamente, debe agotarse el recurso correspondiente. Aplica al respecto las tesis 1a./J. 44/2012 (10a.) y I.3o.C. J/39, de rubros: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." y "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE."

El resto de los actos reclamados diferentes al auto de exequendo, es consecuencia directa e inmediata de éste y, por ello, actos derivados de otro consentido; por tanto, también respecto a esos actos procedía sobreseer en el juicio de amparo. Citó en su apoyo las tesis aisladas de rubros: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO." e "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS."

Tales manifestaciones son infundadas por las siguientes consideraciones:

La Juez de Distrito, en la resolución recurrida, en la parte relativa a las causales de improcedencia, argumentó:

*El juicio de amparo resulta procedente en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, pues los actos reclamados se hacen consistir en un auto con efectos de mandamiento, así como el embargo de bienes de las sociedades quejosas; citó al respecto la jurisprudencia 1a./J. 6/2010, de rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO."

*Conforme al artículo 1476 del Código de Comercio, no son recurribles las resoluciones intermedias dictadas en el procedimiento especial sobre transacciones comerciales y arbitraje para solicitar el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral y, por ende, es procedente el amparo indirecto en contra de los acuerdos de trece de marzo y veintiséis de abril, ambos de dos mil trece.

*No es obstáculo a lo anterior el hecho de que en el proveído de trece de marzo último, se hubiera admitido a trámite el proceso, pues el juicio iniciaba con la presentación de la demanda; de ahí que esa resolución debía considerarse como intermedia.

*En cuanto a los actos reclamados consistentes en las diligencias de emplazamiento, requerimiento y embargo efectuadas el dieciséis de abril de la presente anualidad, procedía en su contra el amparo indirecto, sin necesidad de agotar el principio de definitividad a través del incidente de nulidad de notificaciones, dado que se actualizaba la excepción prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

*Ello era así, porque el artículo 1476 del Código de Comercio establece que las resoluciones intermedias dictadas en los procesos como el de origen, no serán objeto de recurso alguno; pero, dicho precepto legal no revela en forma clara si en el supuesto de que una notificación o diligencia se estimara indebida, éstas también son inimpugnables como las resoluciones ahí tomadas si se tomaba en consideración que las notificaciones o diligencias tienen una naturaleza distinta a las resoluciones.

*Entre los medios de comunicación que los Jueces y tribunales utilizan en el proceso para hacer saber a las partes las resoluciones que dictan, se encuentra el emplazamiento, la notificación, la citación y el requerimiento; el emplazamiento es el llamado judicial que se hace para que dentro del plazo señalado la parte demandada comparezca al juicio; y el requerimiento es el acto de intimar a una persona en virtud de una resolución judicial, para que haga o se abstenga de hacer algo.

*De conformidad con el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando deciden cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando deciden el fondo del negocio.

*En ese tenor, si el artículo 1476 del Código de Comercio no es claro en cuanto a que son recurribles o no las diligencias o notificaciones que se practiquen en los procedimientos de transacción comercial, a través del incidente de nulidad, se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor.

*A mayor abundamiento, dado el sentido de la resolución -que ahora se revisa-, se estima que la procedencia del juicio de amparo en contra de las diligencias de dieciséis de abril último, involucra una argumentación íntimamente relacionada con el estudio del fondo del asunto acerca del auto de ejecución de trece de marzo del mismo año, por lo que, en primer lugar, debe analizarse la constitucionalidad de ese acuerdo.

Con base en lo expuesto por las recurrentes y por la Juez Federal, se estima que primero debe analizarse lo relativo a si el acto reclamado consistente en el acuerdo de trece de marzo de dos mil trece -acuerdo de exequendo-, es recurrible o, por el contrario, se ubica en el supuesto previsto en el artículo 1476 del Código de Comercio.

Es dable relacionar algunas constancias relativas al procedimiento especial sobre transacciones comerciales y arbitraje para el reconocimiento y ejecución de laudo arbitral **********, origen de los actos reclamado, y que integran el juicio de amparo indirecto **********; a las que ya se les concedió pleno valor probatorio y de las que se observa, en lo que aquí interesa:

1. **********, por conducto de su apoderado, promovieron en contra de **********, ambas **********, un procedimiento especial sobre transacciones comerciales y arbitraje para el reconocimiento y ejecución de laudo arbitral.

2. El Juez Septuagésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal, al conocer del asunto, en auto de trece de marzo de dos mil trece, admitió a trámite la demanda y con fundamento en el artículo 1391, fracción I, del Código de Comercio, ordenó se requiriera a la parte demandada para que, en el acto de la diligencia, hiciera pago de las cantidades que ahí precisó; y en caso de no pagarlas, se embargaran bienes propiedad de las demandadas suficientes para garantizar dichas cantidades; asimismo, se les emplazara a juicio.

3. El dieciséis de abril del citado año, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, y se embargó a las demandadas diversos bienes. Diligencias que se ordenaron agregar en auto de veintiséis siguiente.

4. El catorce de mayo de dos mil trece, las demandadas dieron contestación a la demanda.

5. Contra la determinación de exequendo, las demandadas promovieron amparo indirecto del que tocó conocer al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el cual determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.

Ahora bien, con base en lo expuesto, cabe precisar que, contrario a lo estimado por las recurrentes, el auto de trece de marzo de dos mil trece reclamado -exequendo- no es recurrible, puesto que se trata de una resolución intermedia y, por tanto, tal como lo prevé el artículo 1476 del Código de Comercio, aplicable al procedimiento especial en comento, ese tipo de resoluciones son irrecurribles.

En efecto, el citado numeral establece:

"Artículo 1476. Celebrada la audiencia el Juez citará a las partes para oír sentencia. Las resoluciones intermedias dictadas en este juicio especial y la sentencia que lo resuelva no serán recurribles."

Ahora, al disponer el precepto transcrito que las resoluciones "intermedias" y la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25705-5a5eff6d/laudo-arbitral-la-circunstancia-que-constituya-un-titulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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