SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL NO PROCEDE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL INCREMENTO DE UNA PENSIÓN ALIMENTICIA, PUES CON TAL MEDIDA SE IMPIDE EL PAGO DE ALIMENTOS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 39/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS DE LA MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE Y ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. DISIDENTE: MAGISTRADO ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE. SECRETARIA: XOCHILPILLI NUÑO NAVARRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
10. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 6, fracción I, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con los artículos 1, fracción I, punto 3, así como 2, y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de la denuncia de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a la misma Región, además que el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializado este Pleno Regional.
SEGUNDO.—Legitimación.
11. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por ********** ********** ********** **********, en su calidad de mandatario judicial de ********** ********** ********** ********** ********** **********, quien tiene el carácter de parte en el asunto que motivó los juicios de amparo y los recursos de queja en los que fueron emitidos tales criterios.
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes.
12. A fin de dilucidar si existe o no contradicción entre los criterios denunciados y, en su caso, determinar cuál es que debe prevalecer, es necesario precisar el contexto de los asuntos en que fueron emitidos, según se advierten de las constancias que obran en los expedientes electrónicos relativos y de la información que aparece capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal.
Antecedentes relativos al juicio de origen
13. En principio, cabe mencionar que ambos criterios derivan de un mismo juicio familiar, promovido por una mujer por su propio derecho y en representación de su hijo adolescente, en contra del progenitor de éste, de quien demandó un incremento a la pensión alimenticia previamente establecida en favor del hijo de ambos, entre otras prestaciones.(2)
14. La demanda se radicó en el Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Guanajuato, Guanajuato, y durante la quinta etapa de la audiencia preliminar celebrada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Jueza familiar determinó modificar el monto de la pensión provisional previamente establecida y aumentarla en una determinada cantidad.(3)
15. Inconforme con ello, la parte actora promovió el juicio de amparo indirecto 505/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Guanajuato, donde le fue concedida la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y, con plenitud de jurisdicción, analizara las pruebas existentes hasta ese momento procesal y se pronunciara de nueva cuenta sobre la revisión de medidas provisionales.(4)
16. Lo anterior bajo el argumento de que, para poder resolver sobre la petición de incremento de la pensión alimenticia, era necesario analizar si había existido algún incremento en las necesidades del adolescente acreedor, en virtud de la posible variación de las circunstancias que prevalecían al momento de que se estableció la pensión provisional de manera inicial.
17. Dicha determinación fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 54/2022.(5)
18. En cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, la juzgadora de origen realizó un nuevo pronunciamiento y resolvió incrementar la pensión provisional en una cantidad aún mayor.(6)
19. En contra de esa determinación, el demandado promovió un nuevo juicio de amparo indirecto, el cual fue radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Guanajuato, bajo el número 871/2023. Por auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito determinó conceder la suspensión provisional de ese acto, bajo los argumentos siguientes:
"A efecto de resolver sobre la suspensión provisional solicitada, es necesario atender a la naturaleza del acto y que se satisfagan los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, que señala como requisitos de procedencia para el otorgamiento de la suspensión:
"I. Que la solicite el quejoso, y
"II. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"III. El que se pueda ocasionar perjuicios de difícil reparación para el quejoso con la ejecución del acto reclamado.
"Ahora bien, el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión se impida el pago de alimentos.
"Sin embargo, el diverso numeral 138 de la Ley de Amparo, dispone que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.
"De lo que se colige que si con la concesión de la suspensión del acto reclamado, se impide el pago de alimentos, por disposición expresa del artículo 129 precitado, debe negarse la medida suspensional.
"De tal manera que el presente caso, versa sobre el incremento del pago de pensión alimenticia que mediante resolución provisional se condenó a pagar al quejoso, es decir, no se refiere a los alimentos que responden a una necesidad imperiosa e inaplazable del acreedor alimentista, pues éstos no se refieren a las pensiones presentes o futuras, sino a un aumento en dicha pensión alimenticia, por lo que no se está en el caso de que con la suspensión solicitada se impida el pago de alimentos.
"Por tanto, al ponderar la apariencia del buen derecho en el presente asunto y teniendo en cuenta que en el acto reclamado cuya suspensión se solicita, la autoridad responsable determinó mediante interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil vientres, que se aumentará en favor de la parte acreedora alimenticia a la cantidad de ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********.
"En ese sentido, si se negara la suspensión, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, desde el punto de vista de que en una eventual concesión del amparo, no podría recuperar la cantidad excedente que hubiese otorgado; en tanto que los alimentos se consumen de momento a momento, de manera que esa suma habría sido consumido de manera irreparable."
20. Así, el Juzgado de Distrito concedió la medida cautelar para el efecto de suspender la ejecución el acto reclamado y evitar que se aplicara el aumento a la pensión alimenticia a cargo del quejoso, con la precisión de que debía continuar pagando la cantidad originalmente establecida.
21. Esta determinación constituyó la materia de estudio en el recurso de queja 130/2023, en el que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito emitió uno de los criterios denunciados.
22. Por otra parte, el doce de enero de dos mil veintitrés la Juez familiar de origen emitió la sentencia de fondo que puso fin a la primera instancia y, en lo que ahora trasciende, declaró procedente el aumento de la pensión alimenticia y condenó al demandado a pagar la cantidad de mensual de $18,113.92 (dieciocho mil ciento trece pesos con noventa y dos centavos) en favor de su hijo, equivalente al 75 % setenta y cinco por ciento de las necesidades del adolescente.
23. Ambas partes interpusieron recurso de apelación en contra de ese fallo,(7) el trece de abril de dos mil veintitrés el tribunal de alzada emitió la sentencia de segunda instancia correspondiente, mediante la cual modificó la determinación apelada a efecto de incrementar la pensión alimenticia a cargo del progenitor para quedar en $24,151.90 (veinticuatro mil ciento cincuenta y un pesos con noventa centavos) mensuales.
24. Inconforme con esa determinación, el condenado presentó una demanda de amparo directo ante la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.
25. Por auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, la referida Sala proveyó lo conducente y, en lo que ahora trasciende, determinó negar la suspensión del acto reclamado bajo el razonamiento siguiente:(8)
"Suspensión del acto reclamado. En la resolución reclamada de fecha trece de abril del año en curso, esta Sala modificó la sentencia dictada en fecha doce de enero del mismo año, dentro del expediente relativo al juicio oral ordinario F566/2020, y determinó lo siguiente: 1. Se condenó al ahora quejoso al pago de una pensión alimenticia a favor de su hijo por la cantidad de ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** de forma mensual.—2. Se le condenó además a pagar un tratamiento de ortodoncia a favor de su hijo con un pago inicial de ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********.—3. Asimismo, se le condenó para que constituya hipoteca por la cantidad de $2’028,759.60 (Dos millones veinticuatro (sic) mil setecientos cincuenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional), respecto del inmueble del cual se practicó embargo.—Se niega suspensión respecto de los arábigos 1 y 2.—Se niega la suspensión en cuanto a las condenas indicadas en los puntos 1 y 2 establecidos en la modificación de esta alzada, ya que giran en torno a pago de alimentos y tratamiento médico de un menor, al no reunirse el requisito de procedibilidad establecido en los artículos 125, 126, 128, 129, fracciones VIII y IX, 130, 132, 136, 138, 147 y 190; pues ello ocasionaría que esos derechos de orden público pudieran resultar afectados, lo que atenta también al interés social.—En efecto, de acuerdo al citado numeral 129 en las fracciones señaladas, se considera que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión, se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico y se impida el pago de alimentos.—Respecto al pago de alimentos en primera instancia se condenó al demandado a cubrir la cantidad de ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** , cantidad que como ya se mencionó fue modificada por esta autoridad.—En tal virtud, resulta de mayor beneficio para el adolescente en este momento la actualización decretada, por lo que de concederse la medida cautelar puede ocasionar perjuicio al interés social, de ahí que sea improcedente la suspensión del acto reclamado.—Por otro lado, en una controversia de orden familiar que decrete el tratamiento médico, la autoridad responsable deberá negar la medida cautelar respecto de este punto, porque con la suspensión del acto reclamado, se afecta la posibilidad de mejorar el estado físico y emocional de padres e hijos.—Apoyan lo anterior, las jurisprudencias que dicen: ‘ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE.’ y ‘SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA QUE CONTINÚE EL RÉGIMEN DE CONVIVENCIAS Y ORDENA TRATAMIENTOS MÉDICOS O PSICOLÓGICOS.’.—No se soslaya que el peticionante hace alusión a una resolución de recurso de queja, otra emitida en diverso juicio de amparo las cuales indican se encuentran en los autos de un toca de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, empero al no haberlas acompañado no obstante haya solicitado sean recabadas por esta autoridad, no es posible atenderlas, aunado a que tales resoluciones no pueden ser vinculantes a esta autoridad, máxime que ya fueron expuestos los motivos para negar la misma respecto de los puntos aludidos.—Se concede la suspensión respecto del punto 3. Con fundamento en los artículos 125, 126, 128, 130, 132, 136, 138, 147 y 190 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión del acto reclamado que solicita, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, pues la solicita la parte agraviada, no se contraviene disposición alguna del orden público ni se causa perjuicio al interés social, a más de que el acto es susceptible de suspenderse, pero siempre que exhiba garantía.—Así, mediante la suspensión solicitada la parte quejosa pretende que de momento sigan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran, esto es, no se constituya la hipoteca por la cantidad de ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, hasta que se resuelva el amparo que es de aproximadamente seis meses, ello atendiendo a los plazos previstos en la ley de la materia ..."
26. Esta determinación judicial fue la materia de estudio en el recurso de queja 121/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en el cual se emitió uno de los criterios denunciados.
• PRIMER CRITERIO
27. En la sesión de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito emitió el primero de los criterios contendientes, al resolver la queja civil 121/2023, en contra del auto referido en el párrafo anterior, por el que la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato negó la suspensión del acto reclamado, por cuanto al incremento de la pensión alimenticia y el tratamiento médico que el quejoso debe pagar en favor de su hijo adolescente.
28. El Tribunal Colegiado de Circuito declaró parcialmente fundado el recurso de queja y concedió la medida cautelar solicitada, a la luz de los razonamientos siguientes:
"SEXTO.—Los agravios transcritos son parcialmente fundados, mismos que serán analizados en diverso orden al en que fueron planteados.
"En un apartado del primer motivo de inconformidad, el peticionario del amparo, ahora recurrente, aduce en esencia que la autoridad responsable indebidamente analiza de manera autónoma las consecuencias que derivan de la modificación de la sentencia de primera instancia, ya que, afirma, en el caso solicitó la suspensión total del acto reclamado y, por tanto, tal determinación no debe ser analizada de forma fragmentada.
"Al respecto, debe decirse, de inicio, que dicho planteamiento deviene insuficiente para variar las conclusiones a las cuales arribó la autoridad responsable, pues el hecho de que la sala civil, al pronunciarse sobre la procedencia de la medida suspensional, hubiese analizado de forma individual sus consecuencias, es decir, si la medida cautelar procedía respecto del aumento de pensión alimenticia, del pago inicial de un tratamiento de ortodoncia y en cuanto a la constitución de una hipoteca, esto en nada trasciende a la legalidad de la decisión recurrida, pues finalmente, cada una de esas determinaciones asumidas en el fallo reclamado, son de naturaleza distinta y tienen diversas consecuencias, de ahí que la responsable estaba en aptitud jurídica de establecer de manera independiente, si la suspensión solicitada resultaba o no procedente a la luz de los artículos 128 y 129 de la ley de la materia.
"Ahora, en cuanto al pago inicial del tratamiento de ortodoncia decretado en favor del acreedor alimentario, debe decirse que la autoridad responsable estuvo en lo correcto al negar su suspensión, pues efectivamente de concederse la medida cautelar, se verían afectados los intereses del menor o se le podría originar un trastorno emocional o psíquico por no recibir en el momento adecuado el tratamiento en cuestión; ello a la luz del artículo 129, fracción VIII, de la ley de la materia, el cual dispone expresamente que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión, se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. Así, contrario a lo alegado por el recurrente, sí resulta aplicable al caso el criterio del rubro: ‘SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA QUE CONTINUAR EL RÉGIMEN DE CONVIVENCIAS Y ORDENA TRATAMIENTOS MÉDICOS O PSICOLÓGICOS.’, pues con independencia de que hable o no de tratamientos médicos ya concluidos, lo cierto es que en el caso la medida cautelar impediría el pago inicial de un procedimiento de ortodoncia, que de no recibirlo en el momento adecuado, podría afectar los intereses del acreedor alimentario, incluso verse mermada su salud.
"Desde otro aspecto, no le asiste la razón al inconforme cuando asevera, en su segundo agravio, que la negativa de la suspensión traerá como consecuencia la consumación del acto reclamado y, por ende, la improcedencia del amparo directo; lo anterior es así, pues si bien el pago inicial de un tratamiento de ortodoncia puede materializarse ante la improcedencia de la medida cautelar que fue solicitada respecto de esa determinación, lo cierto es que ello no impediría al órgano constitucional pronunciarse sobre la legalidad del acto reclamado y en su caso, restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que hubiese sido transgredido.
"En diverso apartado del primer motivo de agravio, el peticionario del amparo, ahora recurrente, arguye en esencia que la autoridad responsable indebidamente niega la suspensión del acto reclamado en relación con el incremento de la pensión alimenticia definitiva, ya que, afirma, la medida cautelar fue solicitada con el objeto de que no se materialice dicho aumento, empero, ello no afecta de modo alguno la subsistencia del adolescente cuando éste tiene reconocido en su favor el pago de alimentos provisionales, los cuales, deben subsistir hasta en tanto se resuelve el juicio de amparo en definitiva. Sigue arguyendo que la decisión de la sala civil resulta dogmática y carente de argumentación jurídica, porque en el caso no se pidió la suspensión con la finalidad de no cubrir el pago de los alimentos, sino para impedir el incremento decretado en el fallo reclamado y seguir cubriendo aquellos que fueron fijados en forma provisional; por tanto, señala, el auto recurrido carece de la debida fundamentación y motivación, al no explicarse en él, el por qué la negativa de la suspensión genera mayores beneficios al acreedor alimentario, ni el por qué su otorgamiento pudiese ocasionar perjuicios al interés social.
"El anterior motivo de inconformidad es fundado por lo siguiente.
"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 113/2014, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Quinto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, y el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito consideró que las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, sólo son enunciativas, pues el juzgador tiene libertad de analizar en qué otros supuestos puede afectarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público. En esos términos, señaló que en esa libertad, es donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso, así como la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis, determine si es o no factible conceder la suspensión. "En esos términos, concluyó que cuando en el acto reclamado se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a examinar cada caso con la finalidad de determinar si dicho acto, por sí solo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción IX del artículo 129 de la ley de la materia.
"Sentado lo anterior, debe decirse que le asiste la razón al inconforme cuando asevera que la autoridad responsable se equivoca al denegar la suspensión del acto reclamado en cuanto al incremento de una pensión alimenticia definitiva.
"En efecto, la sala responsable al pronunciarse sobre la procedencia de la medida cautelar relacionada con el aumento de la pensión alimenticia, consideró que de concederse, se seguirían perjuicios al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público al impedirse el pago de alimentos
"Sin embargo, dicha autoridad pierde de vista que la subsistencia de aquélla se encuentra garantizada con el pago de los alimentos provisionales y que el aumento de la pensión ya no responde a una necesidad, imperiosa e inaplazable del acreedor alimentista. Ello es así, porque el monto definitivo de la pensión definitiva ya no fue decretado para cubrir la necesidad ingente e imperiosa de la subsistencia del acreedor alimentario, la cual, se ve cubierta con los alimentos provisionales, de ahí que la sala civil indebidamente haya negado la suspensión respecto de la condena o el aumento de los alimentos definitivos, toda vez que en la especie no se pone en riesgo la subsistencia del acreedor alimentario.
"Aquí, cabe destacar como hecho notorio, que de acuerdo con los antecedentes del juicio de amparo directo número 445/2023, del índice de este órgano colegiado, promovido por ********** ********** **********, se advierte que en resolución interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, fue incrementada y fijada una pensión provisional en favor del menor de iniciales ********** , por la cantidad de ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, por lo tanto, resulta lógico concluir que esa cantidad pude (sic) seguir cubriendo las necesidades básicas del acreedor alimentario si se tiene en cuenta que el incremento cuestionado se decretó en sentencia de trece de abril de dos mil veintitrés.
"Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que este órgano colegiado comparte, visible en el Tomo XIV, Octubre de 2001, página 939 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, del rubro y texto siguientes: ‘HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE.—Se considera que son hechos notorios para un tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por ser quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de convicción y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su artículo 2o., pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria a un diverso juicio de garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes.’
"En esos términos, contrario a lo resuelto por la responsable, también procede conceder la suspensión del acto reclamado respecto de la condena relativa al aumento de la pensión alimenticia y, por tanto, la autoridad judicial no podrá ejecutar el monto decretado en el acto reclamado hasta en tanto se decida el juicio de amparo directo.
"Ahora bien, de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, en los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Es decir, el objeto de la garantía estriba en asegurar la reparación de las posibles pérdidas o menoscabos patrimoniales (daños) y las privaciones de ganancias lícitas (perjuicios) que podría sufrir la parte tercero interesada por no haber obtenido inmediatamente las prerrogativas que le confiere el acto suspendido, si el quejoso no obtuviere sentencia favorable. Así, la garantía suspensional no busca asegurar el pago de las prestaciones conferidas a la parte tercero interesada en el acto reclamado, sino enmendar los daños y perjuicios que podría causar la demora en el cumplimiento de esas obligaciones, derivada de la suspensión.
"En el caso concreto, resulta evidente que con motivo de la suspensión pueden generarse daños y perjuicios al tercero interesado, desde el momento en que no estará en condiciones de percibir el incremento de la pensión alimenticia decretado en el acto reclamado y, por ello, resulta procedente fijar una garantía a fin de asegurar esos daños y perjuicios que pueden generar la demora en el cumplimiento de esa obligación.
"Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que este tribunal comparte, visible en el Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, página 2937, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. SI LA SENTENCIA DE ALIMENTOS ABSUELVE AL DEUDOR, DONDE NO HAY MENORES NI INCAPACES, PROCEDE FIJAR UNA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUELLA MEDIDA.’ (transcribe texto)
"Como se dijo supralíneas, en resolución interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, fue incrementada y fijada una pensión provisional en favor del menor **********; por la cantidad de $********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, sin embargo, en la sentencia reclamada se resolvió lo relativo a la pensión alimenticia definitiva, fijándose ésta por un monto de ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, por lo tanto, resulta claro que el acreedor alimentario, con motivo de la suspensión, no podrá recibir la diferencia que resulta de dichas cantidades, es decir, los ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** que representan dicho incremento, y sobre esta base, deberán ser calculados los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero interesado.
"Así, para efecto de determinar el monto de los daños, resulta necesario acudir al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues este factor resulta idóneo para establecer las posibles pérdidas o menoscabos patrimoniales que pudieran generarse ante la imposibilidad de recibir el incremento decretado en el acto reclamado. Y por lo que ve a los perjuicios o a la privación de ganancias lícitas que pudieran obtenerse con la cantidad aumentada, se deberá tener en consideración para su cálculo la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, publicada por el Banco de México, TIIE, en el enlace: https://www.banxico.org.mx.
"En ese contexto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para el mes de mayo de dos mil veintitrés, era de 128.084 (10.67 anualizado), mientras que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, publicada por el Banco de México a veintiocho días es de 11.50 % (0.95 % mensual) al tres de junio del presente año.
"Precisado lo anterior, si tenemos que el incremento objeto de la suspensión asciende a ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, estos multiplicados por el 10.67 (Índice Nacional de Precios al Consumidor anualizado), nos da como resultado un monto de ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** , los cuales, divididos entre doce meses, nos da un monto de ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, que multiplicados por diez meses (tiempo probable para solución del amparo directo), da un total de ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, que deberán cubrirse por concepto de daños.
"Por lo que ve a los perjuicios, cabe decir que si el incremento de la pensión alimenticia fue de $********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, estos multiplicados por el 11.50 % (TIIE), nos da como resultado la cantidad de ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, que al ser divididos entre doce para anualizarlo conforme a la jurisprudencia 1a./J. 6/2017, arroja la cantidad de ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********, mismos que multiplicados por diez meses, n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32059-6c140924/suspension-en-el-juicio-de-amparo-por-regla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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