SUMISIÓN EXPRESA A LA JURISDICCIÓN DE UN TRIBUNAL POR RAZÓN DE SU FUERO. SON APLICABLES LAS REGLAS TERRITORIALES CORRESPONDIENTES A ÉSTE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 1/2019 (10a.)].
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 47/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, AMBOS CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 14 DE DICIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE, Y DE LOS MAGISTRADOS ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS Y ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE. SECRETARIA: XOCHILPILLI NUÑO NAVARRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
9. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 6 fracción I, 9 y 14 fracción I del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales; en relación con los artículos 1 fracción I, punto 3, así como 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de la denuncia de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a la misma Región, además que el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializado este Pleno Regional.
SEGUNDO.—Legitimación.
10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por una secretaria en funciones de Magistrada integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, órgano jurisdiccional que sostuvo uno de los criterios que participan en la presente contradicción.
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes.
11. A fin de dilucidar si existe o no contradicción entre los criterios denunciados y, en su caso, determinar cuál es que debe prevalecer, es necesario precisar el contexto de los asuntos que dieron lugar a tales criterios.
• PRIMER CRITERIO
12. El primer criterio fue emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, al resolver el juicio de amparo directo civil 506/2021, en la sesión celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno.
13. El acto reclamado en dicho juicio consistió en un proveído que emitió el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, mediante el cual desechó la demanda presentada en la vía oral mercantil, por una persona física en contra de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial, Valle de México Centro, zona Chapingo, y Comisión Federal de Electricidad, Distribución Valle de México Centro, Zona Chapingo; en reclamo de la declaración de nulidad de tres procedimientos de verificación y los avisos de cobro por ajuste de facturación derivados de tales procedimientos, así como del convenio de reconocimiento de adeudo y pagos diferidos celebrado por las partes, entre otras prestaciones accesorias.
14. Según se advierte de la síntesis inserta en la ejecutoria de amparo, las consideraciones expresadas por el juzgador de origen para sustentar su determinación fueron las siguientes:(1)
"Síntesis de las consideraciones de la sentencia reclamada.
"En principio, el juez tuvo por cumplida la prevención que se le hizo a la parte actora mediante auto de veintidós de septiembre del año en curso, con la que aclaró el motivo por el cual demanda a las empresas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad.
"Indicó que, antes de pronunciarse respecto a la admisión o inadmisión de la demanda, era procedente realizar un nuevo análisis del escrito inicial y sus anexos, a efecto de determinar la competencia de ese órgano jurisdiccional, al constituir un presupuesto procesal insoslayable, de análisis preferencial a la procedencia o improcedencia de la demanda, de conformidad con la tesis: ‘COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. PRIMER PROVEÍDO EN EL QUE PUEDE SER DECLINADA DE OFICIO POR EL JUZGADOR, ES AQUEL EN EL QUE SE DEFINE EL DESTINO DE LA DEMANDA O DE LA RECONVENCIÓN.’
"Del análisis de la demanda y sus anexos, el juzgador determinó inhibirse para conocer del asunto por razón del fuero, por las siguientes razones:
"1. El artículo 1092 del Código de Comercio, establece: ‘Es juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente.’
"Por su parte el artículo 1093 de dicho ordenamiento legal, dispone: ‘Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. En el caso que se acuerden pluralidad de jurisdicciones, el actor podrá elegir a un tribunal competente entre cualquiera de ellas.’
"Del análisis sistemático de los preceptos legales invocados, advirtió que en los asuntos de carácter mercantil será competente el juez a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente (cláusula de sumisión expresa), y que hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero que la ley les concede.
"2. En la especie, en la cláusula décimo tercera del convenio de reconocimiento de adeudo y pagos diferidos, número **********, celebrado por las partes, y cuya nulidad se reclama; se convino que, para la interpretación y cumplimiento del citado convenio, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de Texcoco, México, renunciando al fuero que posean en razón de su domicilio ya sea presente o futuro.
"3. Bajo dicho contexto, advirtió que las partes en el Convenio de reconocimiento de adeudo y pagos diferidos, número **********, establecieron una cláusula de sumisión expresa, al someterse a los Tribunales Federales de la Ciudad de Texcoco, México, y renunciando clara y terminantemente a cualquier otro fuero que la ley les concede; por tanto, se actualizan los supuestos jurídicos contenidos en los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio; motivo por el cual el juzgador determinó que el juzgado es incompetente para conocer del asunto.
"Lo anterior es así, ya que jurisprudencialmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado directriz en el sentido que al establecer la cláusula de sometimiento expreso, las partes tienen la facultad de indicar el fuero del tribunal al que se someten, dado que en materia mercantil la jurisdicción es concurrente y, sólo en el caso que no lo especifiquen, se concede facultad al actor para acudir al Tribunal Federal o Local de su elección; lo anterior conforme al criterio jurisprudencial: ‘JURISDICCIÓN CONCURRENTE. SI EN EL CONTRATO MERCANTIL LAS PARTES NO ESPECIFICAN EL FUERO DEL TRIBUNAL A CUYA COMPETENCIA SE SOMETEN, DEBE QUEDAR A SALVO SU DERECHO PARA ACUDIR A LA POTESTAD JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL O LOCAL DE SU ELECCIÓN.’
"Luego, señaló que si las partes determinaron que los Tribunales Federales de la Ciudad de Texcoco, conocerían de las controversias surgidas y derivadas del consensual cuya nulidad reclama, era inconcuso que a tales tribunales compete conocer del juicio, ya que para tal efecto la documental de referencia tiene valor probatorio, de conformidad con la jurisprudencia: ‘COMPETENCIA. PARA SU RESOLUCIÓN DEBE DARSE VALOR PROBATORIO PLENO A LAS DOCUMENTALES QUE CONTENGAN SOMETIMIENTO EXPRESO DE LAS PARTES.’
"En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 1090, 1092, 1093 y 1115 del Código de Comercio, se inhibió del conocimiento del asunto por considerarse incompetente en razón del fuero y desechó la demanda.
"Apoya la determinación anterior la jurisprudencia del rubro: ‘COMPETENCIA. LA FACULTAD DE LOS TRIBUNALES PARA INHIBIRSE DEL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO EN EL PRIMER PROVEÍDO, SIGNIFICA DESECHAR LA DEMANDA Y PONERLA A DISPOSICIÓN DEL ACTOR CON SUS ANEXOS, MÁS NO ENVIARLA A OTRO TRIBUNAL.’
"Finalmente, se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido, y se dejó a disposición del accionante los documentos que exhibió."
15. El Tribunal Colegiado de Circuito desestimó los conceptos de violación planteados por el quejoso (actor en el juicio de origen) y negó la protección constitucional solicitada bajo los razonamientos esenciales siguientes:
"29. Previo al análisis de los conceptos de violación es necesario precisar que el juez de origen se inhibió del conocimiento del asunto bajo la premisa principal que del contrato en la cláusula décimo tercera del convenio de reconocimiento de adeudo y pagos diferidos, número **********, celebrado por las partes, y cuya nulidad se reclama, se convino que, para la interpretación y cumplimiento del citado convenido, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de Texcoco, México, renunciando al fuero que posean en razón de su domicilio ya sea presente o futuro.
"30. Sin embargo, el convenio de referencia que exhibió la parte actora no obra en autos, pues en la resolución reclamada se ordenó el archivo del asunto y se dejaron a disposición del accionante los documentos que exhibió, obrando en el expediente la comparecencia de **********, autorizado del quejoso en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, de veinte de septiembre del año en curso, de la que se advierte que recibió todos los documentos que exhibió con su escrito inicial de demanda, entre los que se encuentra el citado convenio; lo que se corrobora con lo manifestado por la autoridad responsable al rendir su informe justificado en el que señaló que mediante la citada comparecencia la parte actora recogió todos los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda, por lo que no los remitía con su informe.
"31. Sin embargo, lo anterior no es óbice para la resolución del presente asunto atendiendo a las consideraciones que se expondrán, relacionadas con la cuestión de competencia resuelta en la sentencia reclamada.
"32. Ahora bien, el quejoso aduce en el primer concepto de violación, medularmente, que si bien es que en el convenio del que se reclama la nulidad hay un supuesto sometimiento expreso a la jurisdicción federal, lo cierto es que únicamente se sometían a dicho fuero para efecto de interpretación y cumplimiento, pero nunca existió un sometimiento expreso respecto de los procedimientos de verificación de los cuales, emanó el citado convenio, es decir, en el caso no se pidió la interpretación de las cláusulas de dicho pacto de voluntades, ni se exigió el cumplimiento del mismo, pues no se demandó su nulidad por vicios propios, sino su nulidad al ser el producto de un procedimiento irregular fuera de lo estipulado por las partes en el contrato de suministro de energía eléctrica, así como lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.
"33. Lo anterior resulta infundado.
"34. Como puede apreciarse de lo planteado por el quejoso, pretende desvincular el procedimiento de verificación, cuya nulidad demandó, del convenio base de la acción, en el que se estipuló la cláusula de competencia; ello para el efecto de justificar que dicha cláusula no es aplicable y evitar someter el conocimiento del asunto a los tribunales del fuero federal.
"35. Sin embargo, ello resulta desacertado, pues si bien el convenio ********** de tres de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo como origen los procedimientos de verificación a que se refiere, estos únicamente constituyen la causa que le dio origen, lo cual implica necesariamente que todas las cuestiones relacionadas con el propio convenio, así como la causa que lo motivó deben resolverse a partir de lo pactado, lo cual supone la aplicación de la cláusula de competencia a que se refiere.
"36. Esto es, que los procedimientos de verificación solo constituyen el motivo que condujo a las partes a externar la voluntad de realizar convenio, por lo que si éstas establecieron el sometimiento competencial por razón de fuero a cualquier disputa que derivara de dicha relación, dentro de ello debe entenderse dicho motivo, pues es precisamente el origen del convenio.
"37. De estimarse lo contrario, se estaría desvinculando la causa del origen, esto es, los procedimientos de verificación del convenio, lo cual no tiene sustento alguno en la medida en que no puede analizarse la validez de forma independiente, al constituir actos jurídicos relacionados, dividiendo la continencia de la causa.
"38. Por ello, no basta que el quejoso señale que si bien existe la cláusula de sometimiento competencial expreso en el convenio por razón de fuero, ello no puede ser aplicable a los procedimientos de verificación debido a la estrecha relación que guardan entre ellos y constituir éste la causa que generó aquél.
"39. Lo anterior, así se corrobora puesto que el propio quejoso señaló dentro del hecho 4 de la demanda que el tres de septiembre de dos mil veintiuno:
"‘... ********** me entregó un convenio, el cual, se encontraba firmado por ********** , en su carácter de representante de Comisión Federal de Electricidad y me indicó que el mismo contenía las cantidades que se tenían que pagar, así como las fechas de pago y que además tenía que suscribir una serie de 11 pagarés a favor de «CFE SSB».
"‘En ese sentido, me vi obligado a firmar por dos tantos el convenio ********** de fecha ***********, así como una serie de 11 pagarés por las cantidades descritas en la cláusula CUARTA del convenio de mérito; al término de la misma me fueron entregados:
"‘I. Un tanto en original del convenio ********** de fecha *********;
"‘II. Una copia de la ficha de depósito con número de folio electrónico ********** de ********** por la cantidad de $********** expedido por la institución de Banca Múltiple Grupo Financiero ********** con acuse de recibo de su original por **********, con registro de empleado ********** de la demandada COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DIVISIÓN COMERCIAL VALLE DE MÉXICO CENTRO; y
"‘III. EL PAGARÉ NÚMERO 01/11 de fecha ********** con fecha de pago de la misma fecha, pues éste ya había sido cubierto mediante la ficha de depósito;
"‘IV. Copia simple sin acuse de recibo de mi solicitud de unificación de ajuste, de convenio de pago y de restablecimiento de energía eléctrica.’
"40. Como puede apreciarse de lo anterior, si bien el quejoso indicó que ‘se vio obligado’ a suscribir el convenio de **********, lo cierto es que aceptó haberlo firmado, más allá de los motivos que haya tenido para ello, por lo cual, dicha exteriorización de la voluntad lo vincula a la cláusula competencial que ahí se contiene.
"41. En la inteligencia, que, si bien reclamó la nulidad de dicho convenio, como se advierte de la prestación número 2, ello constituye parte del análisis del fondo del asunto de conformidad con los hechos que haya narrado y con las pruebas que hubiere ofrecido para acreditarlo, pero no desestima el sometimiento que manifestó al haber suscrito el convenio en los términos apuntados.
"42. Sin que en nada le beneficie el criterio que invoca de rubro y texto:
"‘ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.’
"43. Toda vez que no se establece que pueda analizarse de forma independiente un convenio entre particulares y la causa que le dio origen, como en el caso acontece.
"44. Atendiendo a lo anterior, como se adelantó son infundados los motivos de disenso en estudio.
"45. Por otra parte, en el segundo concepto de violación el quejoso aduce, de forma medular que no existe sometimiento expreso a la jurisdicción del fuero federal ni renuncia al fuero que por razón de su domicilio le correspondiera, porque si bien conforme al artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos, esa regla genérica no es absoluta tratándose del pacto de sumisión expresa, toda vez que dicho pacto se rige por la norma especial contenida en los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, que son limitativos y no enunciativos, puesto que por su finalidad es garantizar que en la materia mercantil la actividad jurisdiccional se realice logrando una justicia pronta, imparcial y completa.
"46. Aduce que el presente caso representa una excepción a la aplicación de las reglas contenidas en el artículo 1093 del Código de Comercio, toda vez que tratándose de contratos de adhesión, cuando se someta al usuario a la jurisdicción a un lugar diferente al de su residencia habitual (lo cual en el caso concreto acontece), no debe tenerse por perfeccionado dicho pacto de sumisión expresa.
"47. Ello lo estima así al señalar que si bien es cierto que en el convenio del que se demanda su nulidad se estipuló el sometimiento a los Tribunales Federales de la Ciudad de Texcoco, Estado de México, lo cierto es que los órganos jurisdiccionales del fuero federal que ejercen jurisdicción en el Distrito Judicial de Texcoco, tienen su residencia en el municipio de Nezahualcóyotl, lo cual, es un hecho notorio.
"48. Para ilustrar lo anterior, refiere que es un hecho notorio, que la distancia que existe entre el domicilio del quejoso en relación con la ubicación del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Nezahualcóyotl (que es lugar donde se encuentran ubicados los juzgados de distrito que ejercen su jurisdicción en materia de juicios federales en el municipio de Texcoco, Estado de México), es de 19 kilómetros aproximadamente, mientras que la distancia existente entre su domicilio y el palacio de justicia de Texcoco, Estado de México (edificio donde se encuentra ubicado el Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México y que ejerce jurisdicción en dicha materia en este Distrito Judicial), es de aproximadamente 8 kilómetros, por tanto, la autoridad responsable en aras de garantizar un acceso efectivo a la justicia del suscrito, no debió inhibirse de conocer del asunto y obligarlo a promover la demanda en sede federal, ya que ello lo obligaría a realizar gastos extraordinarios y realizar un desplazamiento excesivo.
"49. Aunado a lo anterior, sostiene que como lo manifestó en su escrito inicial de demanda, no participó en la elaboración del convenio toda vez que fue redactado de manera unilateral por parte de la demandada, quedando la autonomía de la voluntad del suscrito a aceptarlo o rechazarlo, por lo que al ser un contrato de adhesión no es válido el pacto de sometimiento de jurisdicción territorial en que se sustentó la autoridad responsable.
"50. Lo anterior es infundado.
"51. Para una mejor comprensión del asunto resulta necesario precisar que la cláusula de sometimiento expreso de la que se inconforma el quejoso atiende a un criterio de fuero, el cual consiste en elegir al órgano que habrá de conocer de la disputa judicial entre el ámbito federal y el local. En el caso, como lo sostuvo el juez de origen, en el convenio reclamado las partes acordaron someter el conflicto a los órganos del Poder Judicial de la Federación. "52. Frente a ello, también debe precisarse que la competencia territorial implica una división geográfica, y atiende a los lugares en específico, precisados por las leyes aplicables dentro de los cuales cada órgano jurisdiccional habrá de ejercer sus funciones. En el caso, no se advierte que las partes hayan establecido una determinada circunscripción territorial para someter la competencia del asunto, sino solo ello atendió al fuero.
"53. Precisado lo anterior, contrario a lo que sostiene el quejoso, no existe sustento legal alguno que impida considerar la aplicabilidad del artículo 78 del Código de Comercio, ni tampoco la validez de la sumisión expresa a la competencia del fuero federal, en términos de los artículos 1092 y 1093 del mismo ordenamiento, dado que el convenio base de la acción se trata de un contrato de adhesión y que ello constituye una excepción a las reglas de competencia.
"54. Se afirma lo anterior, dado que, si bien el documento base de la acción podría ser considerado un contrato de adhesión (cuyo análisis correspondería al fondo del asunto), lo cierto es que, por regla general, no existe dispositivo legal alguno que reste validez a la cláusula de sometimiento competencial en esta clase de acuerdo de voluntades.
"55. En efecto, es verdad que el contrato de adhesión tiene como característica distintiva que las partes no pactan en igualdad de condiciones ni tienen la posibilidad de transigir o negociar entre iguales, por lo que una de las partes ve limitada la autonomía de su voluntad, pues ésta se reduce a decidir si acepta o no los términos del contrato; de modo que carece de auténtica ‘libertad de contratación’, es decir, a influir de manera decisiva en el contenido y regulación de la relación jurídica que entabla.
"56. Lo anterior tiene sustento en la tesis, que invoca el quejoso, de rubro y texto:
"‘CONTRATOS DE ADHESIÓN. SU NATURALEZA JURÍDICA. El contrato de adhesión tiene como característica distintiva que las partes no pactan en igualdad de condiciones ni tienen la posibilidad de transigir o negociar entre iguales. Por ello, es sumamente significativo que una de las partes ve limitada la autonomía de su voluntad (a la mera «libertad de contratar»), pues ésta se reduce a decidir si acepta o no los términos del contrato; de modo que carece de auténtica «libertad de contratación», es decir, a influir de manera decisiva en el contenido y regulación de la relación jurídica que entabla. Así, la característica distintiva del contrato de adhesión reside en el hecho de que no son ambas partes las que redactan el clausulado, sino que éste es predispuesto (e impuesto a veces) por una de ellas a la otra, que no puede más que aceptarlo o rechazarlo. Es decir, la naturaleza del contrato de adhesión no depende de que haya sido redactado por una de las partes, sino en que la autonomía de la voluntad de la contraparte queda reducida a su mínima expresión, ya sea simple aceptación, ya limitada a pequeñas modificaciones del articulado, debiendo en lo demás adherirse plenamente a lo previamente redactado. Sobre las bases apuntadas, no se debe catalogar un contrato de adhesión por el solo hecho de que esté elaborado o no en formatos o porque esté o no inscrito con esa calidad en el registro que tenga a su cargo la entidad administrativa correspondiente que regula la actividad de las entidades financieras o proveedores. El criterio adecuado para clasificar un contrato de adhesión es, según se dijo, el que pueda constatarse que las cláusulas esenciales fueron producto de negociación entre las partes aunque materialmente no intervengan en la redacción o se trate de formatos impresos; la característica de adhesión redunda en la posibilidad que tengan las partes para establecer, modificar o proponer los términos de sus cláusulas; de modo que el usuario del servicio financiero o consumidor no queda en una situación de limitarse a aceptar o rechazar los términos del contrato, en uso de su libertad contractual, sino que debe haber contenidos que reflejen el ejercicio de su autonomía de la voluntad en la negociación, previa a la firma del contrato de que se trate.’
"57. Sin embargo, su naturaleza no es un obstáculo para incluir dentro de su clausulado lo atinente a la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que puedan someterse las partes en caso de conflicto, pues no existe sustento legal que prevea dicha limitación.
"58. Es verdad que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la regla de competencia por sumisión expresa establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio no resulta aplicable en contratos de adhesión, pero dicho criterio solamente se refiere a contratos de naturaleza bancaria; criterio que fue citado por el quejoso para apoyar sus determinaciones y que se contiene en la jurisprudencia de rubro y texto:
"‘COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1093 y 1120 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable, en atención a que las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar a través del pacto de sumisión, mediante el cual los interesados manifiestan su voluntad en forma expresa. Sin embargo, para que se configure esa sumisión, necesariamente debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa. Ahora, si bien es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos –entre los que se encuentran los contratos de adhesión de prestación de servicios bancarios–; también lo es que esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual. Efectivamente, constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por tales actividades. Por lo anterior, resulta lógico y razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, máxime si estamos en presencia de un contrato mercantil de adhesión cuyos términos no resultan negociables. Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia.’
"59. Como puede apreciarse del referido criterio, el Máximo Tribunal fue claro en analizar que la sumisión expresa a la competencia es inaplicable pero solo refiriéndose a los contratos bancarios de adhesión, lo cual no ocurre en el presente caso en el que como se advierte de las constancias del juicio de origen, la relación jurídica cuya nulidad se demandó la constituye la prestación del servicio de energía eléctrica que brinda la Comisión Federal de Electricidad al ahora quejoso.
"60. Pero además, del propio criterio jurisprudencial se advierte que la sumisión competencial a la que se refiere es por razón de territorio, lo cual tampoco resulta aplicable a al caso que nos ocupa en la que las partes se sometieron a la competencia de los tribunales por razón de fuero (federal).
"61. Lo anterior resulta relevante porque en el criterio transcrito, el Máximo Tribunal fue claro en asentar que es inaplicable la competencia por sumisión expresa (en lo contratos de adhesión bancarios) porque las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo un lucro por tales actividades. Además, porque no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para acceder a la justicia.
"62. Asimismo, dicho criterio es enfático en precisar que si existe sumisión expresa a la competencia de juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial (lo cual atiende a un criterio de competencia territorial y no de fuero) lo cierto es que ello es inaplicable tratándose de contratos de adhesión con instituciones bancarias.
"63. Por tales motivos, la tesis jurisprudencial en cita no puede servir de sustento para
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32237-42eef52b/sumision-expresa-a-la-jurisdiccion-de-un-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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