PENSIÓN ALIMENTICIA. LA SENTENCIA QUE REDUCE O CANCELA LA ESTABLECIDA PROVISIONALMENTE, POR REGLA GENERAL, NO ES SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE SI SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN SU CONTRA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 6/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 4 DE MAYO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES Y CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. DISIDENTE: MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. SECRETARIOS: EDGAR ULISES PARTIDA RODRÍGUEZ, MIGUEL MORA PÉREZ Y LUIS FERNANDO CASTILLO PORTILLO.
RESUMEN DEL CASO
La materia de la presente contradicción de criterios consiste en determinar si ¿Puede ejecutarse la sentencia que fija en definitiva la pensión alimenticia, cuando se reduce o cancela la cantidad que se estableció por ese concepto de manera provisional, aun cuando se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto en su contra?
Este Pleno Regional determina que, a fin de eliminar el carácter supraincluyente de la disposición consistente en que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza, el criterio que debe prevalecer es que, en atención a la interpretación de los artículos 392, fracción III, 393, fracción III, así como 566, todos del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a partir de los derechos fundamentales de los acreedores alimentarios (vida, subsistencia, nivel de vida digno y adecuado), así como del principio constitucional de proporcionalidad y la subsistencia o el mínimo vital de la persona deudora alimentaria, por regla general no procede la ejecución de la sentencia que fija en definitiva la pensión alimenticia, en la parte donde se reduce o cancela la cantidad establecida por ese concepto de manera provisional, cuando se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto en su contra y, en consecuencia, se debe continuar con el pago de la pensión inicialmente fijada, salvo que la persona juzgadora, previo ejercicio de ponderación, considere, conforme a lo sentenciado, el peso excepcional de la necesidad de evitar el cobro de una pensión notoriamente excesiva o el peligro en que se puede encontrar la subsistencia o derecho al mínimo vital de la persona deudora alimentaria que incluso ponga en riesgo el propio pago de la pensión o bien de otros derechos o bienes en juego, como podrían ser los de otros acreedores alimentarios.
Guadalajara, Jalisco. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, en la sesión correspondiente al cuatro de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
En la que se resuelve la contradicción de criterios 6/2023, relativa a la denuncia planteada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez. Dicha contradicción se suscita entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 14/2020, 129/2020 y 52/2021, y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del mismo Circuito Judicial, al emitir el fallo del amparo en revisión 68/2019.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción. El Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, denunció la posible contradicción de criterios que sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 14/2020, 129/2020 y 52/2021, y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del mismo Circuito al emitir el fallo del amparo en revisión
68/2019.
2. El Juez denunciante señaló que la probable contradicción de criterios la advirtió, al emitir la sentencia en el juicio de amparo 75/2022 de su estadística, con relación al tema de si es o no posible la ejecución de lo fallado en la sentencia definitiva de un juicio de alimentos cuando en su contra se interpuso el recurso de apelación admitido en efecto devolutivo.
3. Trámite. El Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez remitió la denuncia reseñada al extinto Pleno del Vigésimo Primer Circuito. El cual la admitió a trámite con el número de expediente 6/2022. Se integraron al expediente las ejecutorias en contienda; se recabó la información sobre la vigencia de los criterios denunciados y se hizo saber la radicación al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien comunicó la ausencia de alguna contradicción de criterios en trámite ante el Alto Tribunal, sobre el tema del asunto.
4. Mediante oficio 2/2023, de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la presidencia del aludido Pleno del Vigesimoprimer Circuito ordenó remitir el expediente reseñado a este Pleno Regional.
5. Avocamiento. La presidencia de este Pleno Regional se avocó al conocimiento del asunto. La denuncia fue admitida por auto de presidencia de uno de febrero de dos mil veintitrés. Ordenó su registro como contradicción de criterios 6/2023; lo que ordenó hacerlo saber al órgano denunciado, así como de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización de Tesis del Alto Tribunal, de quien ya obraba el informe correspondiente. Se turno al Magistrado Cuauhtémoc Cuéllar de Luna, para la formulación del proyecto de resolución, una vez integrado el expediente y se estableció que en su oportunidad se confirmaría el turno.
6. El veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se confirmó el turno del expediente en comento, por lo que se remitieron los autos a la ponencia del Magistrado en cita.
II. COMPETENCIA
7. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios. En atención a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Todos en relación con los artículos 2 del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, en adición con el 14 del Acuerdo General 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(1) Ello, por suscitarse entre Tribunales Colegiados especializados en la materia de este Pleno (civil), pertenecientes al Vigésimo Primer Circuito, el cual forma parte de la Región Centro-Sur.(2)
III. LEGITIMACIÓN.
8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por un Juez de Distrito del Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez quien, al emitir una resolución, advirtió que existía el diferendo de criterios entre los Tribunales Colegiados del Vigésimo Primer Circuito.
IV. EXISTENCIA
9. El presente asunto cumple con los requisitos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010,(3) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos a la configuración de la contradicción de criterios, consistentes en:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de abordar la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial:
10. Este requisito se cumple, pues los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de criterios, tal como se verá a continuación.
Primera postura
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO
AMPAROS EN REVISIÓN 14/2020, 129/2020 Y 52/2021
ANTECEDENTES AMPARO EN REVISIÓN 14/2020
• Un Juez del Estado de Guerrero admitió a trámite un juicio especial de alimentos promovido por una madre por propio derecho y en representación de su menor hijo; seguido que fue el juicio por sus etapas, se dictó sentencia en la que ordenó dejar sin efectos el descuento del cincuenta por ciento que se aplicaba al salario del deudor, por concepto de alimentos provisionales (en favor de la progenitora y el menor) y en lo sucesivo se descontara por ese concepto el veinticinco por ciento de sus percepciones únicamente a favor del infante, es decir, esa prerrogativa ya no sería también para la madre; de igual forma, en esa determinación se ordenó girar oficio al área de Recursos Humanos de la fuente de trabajo del deudor alimentario para los efectos precisados con antelación.
• En desacuerdo, la actora, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra la ejecución de dicho fallo. En éste, se concedió el amparo solicitado, a fin de que mientras durara la tramitación del recurso de apelación y adquiriera firmeza la sentencia que en ella se pronuncie, continuara surtiendo efectos la medida provisional de alimentos adoptada en el juicio.
EJECUTORIA 14/2020
• Inconforme con esa determinación, el tercero interesado interpuso recurso de revisión. El órgano colegiado determinó confirmar la sentencia recurrida que concedió el amparo bajo las consideraciones siguientes:
I. De la interpretación conjunta de los artículos 385, 386, 392, fracción III, y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, se colige que las sentencias dictadas en los juicios de alimentos son susceptibles de impugnarse a través del recurso de apelación, con la finalidad de que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique la determinación recurrida; además, serán ejecutadas en forma provisional sin fianza.
II. La sentencia de primer grado que determina lo relativo a la prestación de alimentos, en definitiva, es susceptible de apelación y conforme a la interpretación más favorable de los preceptos que regulan la tramitación de ese recurso ordinario de defensa, es dable que los acreedores alimentistas continúen percibiendo el monto de los alimentos provisionales, hasta que la sentencia definitiva quede firme.
III. Es así, pues si bien formalmente la sentencia definitiva resuelve la acción de alimentos, incluso la hipótesis en la cual no deban otorgarse y sustituye a la resolución que los estableció provisionalmente, esto no es así desde el punto de vista material, porque los alimentos son de tracto sucesivo y los efectos materiales de la pensión provisional sólo deberán dejar de producirse cuando la pensión definitiva ya es susceptible de ejecución.
IV. Etapa que sólo podrá considerarse actualizada una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el recurso de apelación, porque no sea objeto de petición de protección constitucional o habiéndolo sido, no merezca la concesión de amparo, entre otras circunstancias.
V. Señaló que es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 92/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO CESA EN SUS EFECTOS CON EL MERO DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LOS FIJA EN DEFINITIVA, PUES DEBEN APRECIARSE TANTO LOS YA PRODUCIDOS COMO LOS QUE PUEDE SEGUIR GENERANDO."
VI. Aclaró que no es obstáculo lo establecido en el párrafo último del artículo 566 de la ley adjetiva civil, en cuanto a que "Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza", pues la intención del legislador fue privilegiar el derecho de los acreedores alimentarios, en el sentido de que podrán ejecutar la sentencia en la que se hubiese establecido ese derecho, sin que el demandado pueda evitarlo, es decir, sin el deber de otorgar fianza.
VII. Así, en el asunto, en el cual se dictó una sentencia definitiva y se redujo el porcentaje que por concepto de alimentos se fijó de manera provisional contra el inconforme, demandado en el juicio de origen, no ha adquirido firmeza ni ha causado ejecutoria hasta tanto se resuelva el medio de impugnación ordinario referido, pues éste no sólo puede dar lugar a que se confirme o modifique la sentencia, sino también a que se revoque; de modo que, a fin de salvaguardar los derechos incorporados a la parte acreedora alimentaria mediante la pensión provisional, es que el demandado no puede pedir la ejecución de la que la sustituyó; de ahí, concluyó que el criterio del Juez de Distrito se encuentra ajustado a derecho.
VIII. Citó la tesis IV.3o.C.14 C (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CUANDO LA SENTENCIA EN LA QUE SE DECRETE SE RECURRA POR ESTIMARSE INSUFICIENTE, NO ADQUIRIRÁ FIRMEZA NI CAUSARÁ EJECUTORIA HASTA EN TANTO SE RESUELVA LA APELACIÓN, POR LO QUE EL DEMANDADO NO PUEDE PEDIR LA EJECUCIÓN DE LA QUE LA SUSTITUYÓ, PUES ELLO EQUIVALDRÍA A VIOLENTAR EL PRINCIPIO BÁSICO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y EL DEBER DE LOS ASCENDIENTES DE PRESERVARLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."
ANTECEDENTES AMPARO EN REVISIÓN 129/2020(4)
• Un Juez con residencia en Chilpancingo, Guerrero admitió a trámite el juicio especial de alimentos promovido por una madre por sí, y en representación de su menor hija; seguido que fue el juicio por sus etapas, se emitió sentencia donde se condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de ellas únicamente por el treinta y cinco por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que el demandado percibiera quincenalmente. También ordenó girar oficio a la autoridad ejecutora, a fin de que realizara el descuento indicado.
• Lo que se materializó con posterioridad mediante acuerdo pronunciado a petición de la parte demandada. Por lo que ordenó dejar sin efectos el descuento del sesenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que por ley correspondían al demandado conforme lo decretado en la pensión provisional y procediera a realizar el porcentaje citado que se determinó en la sentencia definitiva. Por lo que ordenó girar el oficio respectivo.
• La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia. El Juez ejecutó la sentencia definitiva a petición del deudor alimentario, pese a no haber adquirido firmeza.
• Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo indirecto contra el acuerdo donde se ordenó ejecutar la sentencia. Se concedió el amparo para que se ordenara cancelar el oficio que se libró para materializar lo decidido en la sentencia respecto al tema de los alimentos. En caso de haberse ejecutado la orden decretada por el Juez en perjuicio de las quejosas, se deberían devolver las cantidades descontadas y se continuará con el descuento de la pensión provisional consistente en el sesenta por ciento de los haberes del demandado, hasta que no recibiera una comunicación diversa del juzgador de origen.
EJECUTORIA 129/2020
• Inconforme con esa determinación, el tercero interesado interpuso recurso de revisión, el que resolvió en los mismos términos antes indicados.
ANTECEDENTES AMPARO EN REVISIÓN 52/2021(5)
• Un Juez con residencia en Iguala, Guerrero, admitió a trámite un juicio especial de alimentos promovido por una madre por propio derecho y en representación de sus menores hijos; fijó una pensión alimenticia provisional del cincuenta por ciento del sueldo y demás prestaciones del demandado; seguido que fue el juicio por sus etapas, se dictó sentencia en la que resolutor canceló el descuento de la pensión alimenticia que se le efectuaba al demandado, para lo cual ordenó girar el oficio correspondiente al pagador de Recursos Humanos del lugar de trabajo de dicha parte procesal.
• La actora, por su propio derecho y representación de la entonces menor de edad, así como su diverso hijo mayor de edad, interpusieron recurso de apelación contra la sentencia.
• Inconforme además con la ejecución de la sentencia, promovió juicio de amparo indirecto. Éste se tramitó únicamente por lo que respecta a la madre y a uno de sus hijos. Se negó el amparo solicitado.
• Lo anterior, porque el Juez de Distrito calificó como infundados los conceptos de violación expresados por la inconforme, al considerar, en esencia, que el actuar de la autoridad responsable era acertado, porque el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en el juicio natural fue admitido a trámite en el efecto devolutivo, por lo que en términos de los artículos 391, fracción I y 392, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, no se suspende la ejecución de la sentencia apelada, pues la intención del legislador estatal fue que las sentencias sobre alimentos se ejecutaran sin necesidad de caución, lo que era acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 566 del mismo ordenamiento jurídico.
• Así, el juzgador concluyó que la sentencia dictada en el juicio especial de alimentos del que derivó el acto reclamado era susceptible de ejecución forzosa y provisional, aun cuando se encontraba sujeta al recurso de apelación interpuesto en su contra, porque los artículos 392, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, facultaban al Juez responsable para ejecutar la sentencia definitiva que declaró la improcedencia de la acción intentada por la inconforme y, por tanto, ordenó la cancelación del porcentaje fijado por concepto de alimentos provisionales.
EJECUTORIA 52/2021
• Inconforme con esa determinación, la –parte– quejosa interpuso recurso de revisión. En éste se revocó la sentencia impugnada y se concedió el amparo solicitado, con base en similares consideraciones a las que previamente se acotaron.
Segunda postura
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO
AMPARO EN REVISIÓN 68/2019
ANTECEDENTES AMPARO EN REVISIÓN 68/2019
• Un Juez, con residencia en Tecpan de Galeana, Guerrero, admitió a trámite el juicio especial de alimentos promovido por una madre en representación de su menor hija; seguido que fue el juicio por sus etapas, en la sentencia se condenó al demandado a pagar una pensión alimenticia definitiva a favor de su menor hija equivalente al treinta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibía quincenalmente, para lo cual se ordenó girar oficio a su centro de trabajo, con objeto de que se realizara el descuento respectivo y se dejara sin efectos la medida provisional de alimentos fijada del cuarenta por ciento por dicho concepto.
• En desacuerdo, la actora promovió juicio de amparo indirecto contra la ejecución de la sentencia, pese a que señaló que ésta no había causado ejecutoria. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo. EJECUTORIA
• Esa determinación fue combatida por la parte quejosa a través del recurso de revisión, y resuelta por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en la que rigieron las consideraciones siguientes:
I. Consideró que la causa de improcedencia analizada de oficio por el Juez Federal no se actualizaba.
II. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 367 y 368, así como 416, fracción II, 417, fracción I, 418, primer párrafo y 566, todos del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, en relación con los conceptos doctrinarios de cosa juzgada y de las medidas cautelares, se concluye que las sentencias de primera instancia que fueren apelables, sólo tendrán la calidad o atributo de cosa juzgada cuando el órgano jurisdiccional que la emitió declare judicialmente que ésta ha causado ejecutoria, o bien, cuando dicha declaración sea por ministerio de ley (sin necesidad de declaración expresa); de manera que sólo cuando ocurran estos supuestos, procederá la ejecución forzosa o directa de las mismas y, por excepción, respecto de aquellas que aun sin tener tal calidad o atributo, procede su ejecución provisional conforme a la ley.
III. Asiste razón a la parte quejosa cuando afirma que la sentencia de primer grado dictada en el procedimiento de origen aún no constituye autoridad de cosa juzgada, pues dicho fallo es objeto de impugnación por las partes a través del recurso de apelación en su contra, por lo que no puede hablarse de que ésta ha causado ejecutoria.
IV. Sin embargo, es infundado que no proceda su ejecución hasta tanto se resuelvan los recursos aludidos, toda vez al tratarse de una sentencia que resuelve en definitiva sobre los alimentos de la menor quejosa, es procedente su ejecución provisional aun sin que tenga dicha calidad o atributo otorgado por la ley, porque así se dispone respecto de tales fallos en el artículo 566 código procesal de la materia, donde se determina que las sentencias sobre alimentos que fueran apelables, se ejecutarán sin fianza.
V. Con lo cual, se otorga provisionalidad en su ejecución como medio de eficacia, lo cual tiene correlación con el diverso numeral 392 del propio ordenamiento procesal, al disponer que la apelación en el efecto devolutivo no suspende la ejecución de la resolución apelada, pero podrá ejecutarse si previamente se otorga caución para responder de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la contraparte con motivo de la ejecución provisional; y en tratándose de sentencia sobre alimentos, puede llevarse adelante su ejecución provisional sin necesidad de caución.
VI. En ese tenor, es correcta la orden de ejecutar la sentencia de primera instancia. Pues se trata de una condena que decidió sobre el derecho sustancial de alimentos, lo que implica un dar o hacer por parte del obligado, en el caso, suministrar alimentos al necesitado respecto del treinta por ciento sobre el salario mensual y demás prestaciones obtenidas por el demandado en favor de la menor quejosa; de ahí que, conforme a la ley, sea factible su ejecución provisional porque emerge de procedimientos tendentes a asegurar la efectividad de la prestación reconocida en ese fallo (alimentos definitivos), para el caso de insatisfacción por parte del obligado, o de ambas partes, como en el caso sucedió al interponer los recursos de apelación en contra del fallo de primera instancia; de manera que la eficacia de la sentencia aludida, no está limitada a una mera declaración del derecho, sino también a su ejecución provisional por tratarse de una sentencia cautelar.
VII. Además, el hecho de que con el acto reclamado se ejecute provisionalmente la sentencia que tiene por objeto la reducción de la pensión provisional por decretarse en su lugar la definitiva como resultado de una valoración de pruebas aportadas durante el juicio, en modo alguno vulnera el derecho de audiencia de la quejosa, porque el dictado de las medidas cautelares provisionales responde a una necesidad efectiva y actual de alejar un daño jurídico mientras se determina en definitiva si ese posible daño en realidad afectó o no un derecho o un posible derecho, esto es, si el demandado debe o no los alimentos y en qué medida, o bien, quién de los dos debe hacerlo; de manera que al ejecutarse la pensión alimenticia definitiva, como se consideró, sólo se trata de un procedimiento tendiente al aseguramiento de la efectividad de la prestación reconocida en la sentencia de alimentos, mientras se decide lo conducente por el tribunal de alzada respecto de los recursos interpuestos en su contra por insatisfacción por las partes.
VIII. La legalidad de la ejecución de la sentencia no puede calificarse en función de su contenido, comparado con la pensión provisional, esto es, que se haga depender de que en la definitiva se disminuya o se incremente el monto de la pensión, pues en ambos casos se trata de una sentencia que establece condena sobre alimentos, única condición que exigen los artículos 392 y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero para su ejecución inmediata.
IX. Aunado a lo anterior, la racionalidad de la ejecución inmediata de la sentencia definitiva de primera instancia se basa en una presunción de mayor validez de ésta, respecto de la resolución que fijó los alimentos en forma provisional, porque dada su naturaleza suelen fijarse con la versión y la prueba de una de las partes, lo que implica un conocimiento limitado de los hechos y de las pruebas, el cual es superado una vez que la parte contraria tuvo la oportunidad de plantear su versión y de probar a lo largo del proceso.
X. Motivo por el cual, es más racional que la obligación alimentaria, cuando es de condena, se ejecute de acuerdo con lo fijado en la sentencia definitiva de primera instancia, y no mantener la situación fijada en la resolución provisional, racionalidad que se mantiene indistintamente para los casos en que se incremente o se disminuya el monto de la pensión.
XI. Por tanto, el acto reclamado no vulnera en perjuicio de la menor quejosa los derechos de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ante el hecho de que la sentencia de primera instancia se encuentre sujeta a un medio de impugnación por las partes, pues, aun cuando dicho fallo no tenga la calidad o atributo de cosa juzgada, por la naturaleza de los derechos que resuelve y la eficacia de la misma, se considera una determinación que conforme a la ley se debe ejecutar provisionalmente y sin necesidad de garantía alguna.
XII. Razones por la cuales, dicho órgano colegiado determinó que lo que procedía era modificar la sentencia recurrida y, por una parte, sobreseer en el juicio y, por la otra, negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
11. Conforme a lo expuesto, se advierte que se encuentra acreditado el primer requisito, relativo a que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos
12. Exigencia que también se cumple, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes existe un punto de disenso respecto a la misma cuestión jurídica analizada.
13. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito sostiene que la pensión alimenticia provisional continua vigente hasta que causa ejecutoria la sentencia. De ahí que el demandado no puede pedir la ejecución del fallo de primer grado cuando éste ha sido apelado.
14. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito sostuvo en su ejecutoria que las sentencias que fijan en definitiva los alimentos pueden ser ejecutadas mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto en su contra, pues el único requisito que exigen los artículos 392 y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, para su ejecución inmediata, es que la condena verse sobre alimentos.
15. Posturas que son incompatibles entre sí, puesto que un tribunal indica que la sentencia recurrida en apelación, en la parte donde reduce o cancela la pensión por alimentos, no puede ser ejecutada de manera provisional y el diverso tribunal señala que dicha sentencia sujeta a revisión una vez dictada puede ser ejecutada.
Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver
16. Igualmente se colma este elemento, pues una vez advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, se plantea la pregunta detonante en los términos siguientes:
17. ¿Puede ejecutarse la sentencia que fija en definitiva la pensión alimenticia, cuando se reduce o cancela la cantidad que se estableció por ese concepto de manera provisional, aun cuando se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto en su contra?
V. CUESTIÓN PREVIA
18. Este Pleno Regional no soslaya que los hechos de los asuntos que originan la presente contradicción de criterios no son coincidentes en su integridad, a) en una resolución afecta tanto a la madre como a el o los niños, niñas o adolescentes, b) otra sentencia causa un perjuicio únicamente a la niña y, c) la otra determinación causa agravio en lo personal a la progenitora. En las resoluciones se arribaron a diversas conclusiones, en algunas se ordenó la reducción de la cantidad que se percibía por el concepto de alimentos y en otra se canceló esa prerrogativa.
19. Aun cuando las cuestiones fácticas difieren, al emitir cada una de las resoluciones que forman parte en esta contienda, fue examinado el mismo tema jurídico: Si conforme al marco normativo del Código de Procesal Civil del Estado de Guerrero es posible o no ejecutar anticipadamente la sentencia recurrida en apelación en materia de alimentos. Lo anterior, con respuestas divergentes ya detalladas. Lo que obliga a dar certidumbre jurídica respecto del tema.
20. Tambié
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31589-889108ed/pension-alimenticia-la-sentencia-que-reduce-o-cancela · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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