Corpus
Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES DE 5 DÍAS HÁBILES, AL NO TRATARSE DE ALGÚN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2015. · Registro digital (IUS): 26174
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-02-26
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo II , Pág. 1556.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 11 DE DICIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO LÓPEZ BRAVO, ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO Y FERNANDO COTERO BERNAL. DISIDENTE: JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS. PONENTE: ALEJANDRO LÓPEZ BRAVO. SECRETARIA: YURIDIA ARIAS ÁLVAREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos séptimo y décimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, párrafo segundo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Quáter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1, 3 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de posible contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que se formuló por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, constitucional y los diversos 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(1)

TERCERO.-Consideraciones contenidas en los criterios denunciados. Con el propósito de dilucidar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que habrá de prevalecer, es conveniente conocer los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias respectivas.

I. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Recurso de queja 56/2015:

1. La persona moral y persona física demandadas en el juicio laboral 1270/2013/4-F, interpusieron recurso de queja en contra de los acuerdos de nueve de abril de dos mil quince, dictados por la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, mediante los cuales se dio trámite a las demandas de amparo directo promovidas por cada uno de los recurrentes por separado y en los cuales se proveyó sobre la suspensión solicitada.

2. Por razón de turno, correspondió conocer del aludido recurso de queja al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito; quien lo radicó bajo el número de expediente 56/2015, y requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe con justificación y remitiera copia certificada de las constancias necesarias para la tramitación de dicho medio de impugnación. Luego, por auto de ocho de mayo de dos mil quince, se desechó por extemporáneo dicho recurso. Auto que fue combatido mediante el recurso de reclamación, que se registró bajo el número 8/2015, el cual se declaró fundado.

3. En cumplimiento a lo resuelto en el aludido recurso de reclamación, por acuerdo de presidencia de dicho tribunal, se dejó insubsistente el acuerdo de ocho de mayo de dos mil quince y se requirió a los recurrentes para que aclararan su escrito de agravios. De igual forma, se solicitó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, remitiera copia certificada de todo lo actuado en los juicios de amparo directo 403/2015 y 407/2015 de su índice.

4. En acuerdo de quince de julio de dos mil quince, se tuvo únicamente a la persona moral demandada, cumpliendo con el requerimiento efectuado, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe con justificación y remitiera las constancias necesarias para la tramitación del recurso de queja.

5. Luego, en acuerdo de diez de agosto de dos mil quince, se tuvo a la Junta responsable rindiendo su informe con justificación y se admitió dicho recurso de queja en contra de los acuerdos dictados por la Junta responsable en el juicio laboral 1270/2013/4-F, a través de los cuales proveyó lo conducente sobre las demandas de amparo promovidas por los recurrentes, concretamente, respecto de la suspensión del acto reclamado.

6. En sesión de dieciocho de septiembre de dos mil quince, se resolvió el recurso de queja de referencia, y en lo que interesa se sostuvo:

"El recurso de queja interpuesto por **********.

"Es improcedente por extemporáneo el medio de defensa, suscrito por **********, por propio derecho, toda vez que no se presentó dentro del plazo de cinco días que prevé el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, cuyo tenor literal es el siguiente:

"‘Artículo 98. El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las excepciones siguiente:

"‘I. De dos días hábiles, cuando se trata de suspensión de plano o provisional; y,

"‘II. En cualquier tiempo cuando se omita tramitar la demanda de amparo.’

"Del precepto legal transcrito, se deduce que el legislador previó tres plazos para la interposición del recurso de queja, uno de manera general, en el que otorgó cinco días hábiles; otros dos de manera especial, concediendo dos días hábiles, cuando se trata de suspensión de plano o provisional; y, en cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo, supuesto este último en el que se dejó abierta la posibilidad de impugnar en cualquier tiempo la omisión de la autoridad.

"En este supuesto debe estarse a la regla general, al no tratarse de una suspensión de oficio y de plano a la que alude la fracción I del citado numeral, pues ésta es procedente contra los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o bien, cuando se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas; como lo disponen los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo vigente, cuyos textos refieren:

"‘Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

"‘En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado.

"‘Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas.

"‘Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al procurador general de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos.

"‘Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda.

"‘Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el Juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona.’

"‘Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

"‘En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.

"‘La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.’

"En tanto que, la suspensión provisional, se encuentra regida por los artículos 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 152, entre otros, de la norma en cita, cuyo tenor literal es el siguiente:

"‘Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso.’

"‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:

"‘I. Que la solicite el quejoso; y

"‘II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

"‘La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.’

"‘Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

"‘I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;

"‘II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;

"‘III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

"‘IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;

"‘V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;

"‘VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;

"‘VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;

"‘VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;

"‘IX. Se impida el pago de alimentos;

"‘X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional;

"‘XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;

"‘XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;

"‘XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"‘El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.’

"‘Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.’

"‘Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.

"‘En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.’

"‘Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.

"‘Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

"‘La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos.’

"‘Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.

"‘No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

"‘Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía.’

"‘Artículo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá:

"‘I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía;

"‘II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y

"‘III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito.’

"‘Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

"‘El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos:

"‘I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal;

"‘II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y

"‘III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

"‘En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía.’

"‘Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido.

"‘Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional.’

"‘Artículo 137. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta ley exige.’

"‘Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:

"‘I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;

"‘II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y

"‘III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.’

"‘Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.

"‘Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional.’

"‘Artículo 140. En el informe previo la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Las partes podrán objetar su contenido en la audiencia.

"‘En casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas públicas de comunicaciones.’

"‘Artículo 141. Cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo, y no sea posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso de los medios a que se refiere el artículo anterior, se celebrará la audiencia incidental respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas. La resolución dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes.’

"‘Artículo 142. La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.

"‘Tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general o en su publicación, únicamente rendirán el informe previo cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general, se impugne por vicios propios.

"‘La falta del informe previo de las autoridades legislativas, además de lo señalado en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción alguna.’

"‘Artículo 143. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.

"‘En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial. Tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de esta ley, será admisible la prueba testimonial.

"‘Para efectos de este artículo, no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas en el cuaderno principal.’

"‘Artículo 152. Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.’

"Por tanto, la suspensión decretada por la Junta laboral respecto del laudo reclamado, prevista en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la vigente Ley de Amparo, se encuentra en el supuesto general de cinco días para la interposición del recurso de queja respectivo, como lo refiere el primer párrafo del artículo 98 en comento, dado que no se encuentra en los supuestos especiales que prevé la ley de la materia.

"En este tenor, si el auto reclamado por el cual se proveyó respecto de la suspensión, se notificó por medio de lista el catorce de abril de dos mil quince, como se advierte de las constancias respectivas (fojas 225 a 231 del presente asunto); por tanto, el término de cinco días que señala el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, para interponer el recurso de queja inició el dieciséis de abril del año que transcurre, día hábil siguiente al en que surtió sus efectos la notificación realizada a la parte demandada, aquí recurrente, de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la vigente Ley de Amparo y concluyó el veintidós de abril del año en curso; por lo que si el escrito de agravios fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad, hasta el veinticuatro de abril del presente año, es indudable que se interpuso fuera del término de cinco días que prevé el primer párrafo del artículo referido, por lo cual debe declararse improcedente el recurso de queja promovido por **********, toda vez que, al no presentarse en tiempo debe entenderse que la resolución reclamada fue tácitamente consentida.

"Lo que se esquematiza de la forma siguiente:

Ver esquematización

"En este tenor, se concluye que es improcedente el recurso de queja interpuesto por **********.

"Ello sin que pase inadvertida la jurisprudencia número III.4o.T. J/2 (10a.), que sustenta el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se publicó el viernes cuatro de septiembre de dos mil quince a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que al rubro y texto precisa:

"‘RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN ES DE 2 DÍAS HÁBILES (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El referido numeral establece, como regla general, que el plazo para interponer el recurso de queja es de 5 días, salvo que se trate de suspensión de plano o provisional, supuesto en el cual, el término será de 2 días hábiles. Ahora bien, la determinación que niega o concede la suspensión en el amparo directo es única y se decide de plano, en tanto se emite sin sustanciación especial; de ahí que encuadra en el supuesto previsto por el artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, por lo que debe interponerse en el término de 2 días, contados a partir de aquel en que surte efectos la notificación de la resolución que decide sobre la medida cautelar, ya que cuando dicha porción normativa hace referencia a «De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional; y», no solamente alude a las determinaciones de suspensión emitidas en la vía indirecta (de manera oficiosa o a petición de parte), sino también a las que se dictan en amparo directo.’

"Como se puede observar del criterio jurisprudencial transcrito, el órgano emisor refiere que el recurso de queja contra la resolución que niega o concede la suspensión en el amparo directo, debe interponerse en el plazo de dos días hábiles, conforme a la interpretación que realiza de la fracción I del artículo 98 de la ley de amparo vigente, aspecto que este Tribunal Colegiado no comparte.

"Esto es así, dado que se destacó al inicio del presente estudio, que el recurso de queja contra el auto en el que se provea respecto de la suspensión del laudo reclamado, se encuentra prevista en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, por tanto, no se trata de una suspensión de oficio y de plano (por no encontrarse en los supuestos que regulan los artículos 15 y 126 de la citada norma), ni tampoco de la suspensión provisional (125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, entre otros, de la legislación en comento); sino que, más bien constituye una suspensión que reviste un carácter definitivo, dado que lo que se decrete regirá hasta el que resuelva el juicio de amparo directo respectivo.

"Son aplicables al particular, las tesis siguientes:

"‘SUSPENSIÓN CONTRA LA EJECUCIÓN PARCIAL DE UN LAUDO CONDENATORIO. CARECE DE MATERIA CUALQUIER MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTENTADO POR EL TRABAJADOR CONTRA LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD DEL TRABAJO DE REALIZAR AQUÉLLA, SI LA PETICIÓN SE PRESENTA CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EN EL AMPARO DIRECTO QUE CONCEDIÓ AL PATRÓN LA PROTECCIÓN FEDERAL.-Las condiciones y requisitos en que, con fundamento en el artículo 174 de la Ley de Amparo, debe fijar el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje al proveer sobre la suspensión de la ejecución de los laudos condenatorios a acciones derivadas de despido injustificado, se rige por principios específicos y generales; dentro de los primeros se ubica el mecanismo especial para la suspensión de la ejecución de los laudos que benefician a la parte obrera, que contempla la facultad discrecional del referido presidente para negar parcialmente al patrón la medida suspensional cuando advierta que el trabajador carece de medios para subsistir mientras se resuelve el juicio de garantías; dicha negativa parcial tiene como efecto jurídico conceder al trabajador que obtuvo laudo favorable en los términos anotados, la posibilidad de ejecutar en esa parte dicha resolución, cuyo importe, si llegara a negarse el amparo, debe considerarse como pago parcial de la condena y deducirse de las prestaciones económicas que correspondan al trabajador. Sin embargo, esa prerrogativa otorgada al obrero no es ilimitada, dado que, al derivar de una providencia decretada en el incidente de suspensión que tiene una vida efímera, subsiste sólo mientras se resuelve el fondo del amparo contra el laudo, por lo que tal ejecución parcial debe efectuarse precisamente durante la vigencia de la suspensión, pues si no cobra ese dinero en dicho lapso, no podrá reclamarse posteriormente, porque al resolverse el fondo del amparo deben quedar insubsistentes todas las providencias decretadas en la resolución de suspensión, entre ellas, la relativa a la posibilidad de la ejecución parcial aludida; por tanto, carece de materia cualquier medio de impugnación intentado por el trabajador contra la negativa a efectuar la ejecución del laudo en las condiciones apuntadas.’ (2a./J. 62/2010. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 842)

"‘TRABAJO, FORMA DE LA SUSPENSIÓN EN MATERIA DE.-Si el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje niega la suspensión que se solicita, tan sólo por la suma de trescientos pesos que, en concepto del trabajador, no son bastantes para que pueda subsistir, mientras se resuelve en cuanto al fondo el juicio de garantías relativo, hizo uso de la facultad que al afecto le concede el artículo 174 de la Ley de Amparo, sin que sea de estimarse lo alegado por dicho trabajador, en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26174-0da3b3f8/recurso-de-queja-contra-la-resolucion-que-niega · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.