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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN ES DE 2 DÍAS HÁBILES (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: QUEJA 168/2014. · Registro digital (IUS): 25818
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-09-04
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III , Pág. 1877.

QUEJA 168/2014. 6 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARMANDO ERNESTO PÉREZ HURTADO. SECRETARIO: UBALDO GARCÍA ARMAS.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Oportunidad del recurso. Resulta innecesario transcribir y realizar el estudio del proveído recurrido, así como de los agravios propuestos, en razón de que el recurso de queja es extemporáneo, de conformidad con las consideraciones siguientes:

Los artículos 97, fracción II, inciso b); 98, fracción I; y 99 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente:

"Artículo 97. El recurso de queja procede:

"...

"II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos:

"...

"b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;

"..."

"Artículo 98. El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las excepciones siguientes:

"I. De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional; y

"..."

"Artículo 99. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

"En el caso de que se trate de actos de la autoridad responsable, el recurso deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio."

De los anteriores dispositivos legales, se obtiene que el recurso de queja es procedente, entre otros supuestos, en contra de las resoluciones en las se provea sobre la suspensión, se conceda o se niegue.

Que el plazo para su interposición es de cinco días, salvo que se trate de suspensión de plano o provisional, supuesto en el cual, el término será de dos días hábiles.

Que el recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, a menos de que se trate de actos de la autoridad responsable, caso en el cual deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio.

Ahora, en el caso concreto, se está en el supuesto del invocado artículo 97, fracción II, de la ley de la materia, dado que se recurre la determinación de la Junta responsable que resolvió sobre la suspensión solicitada, en relación con el laudo emitido dentro del juicio laboral número **********.

En cuanto al plazo para su interposición, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que se trata de un caso de excepción a la regla general, en razón de que se impugna una suspensión resuelta de plano, por lo que el término para interponer dicho medio de impugnación, es de dos días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida.

En efecto, para poner en evidencia el porqué se trata de una suspensión resuelta de plano, a las que hace referencia el invocado artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo, precisa traer a colación algunas generalidades sobre la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo:

1. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso, conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo.(1)

La suspensión de oficio es la que se concede sin que previamente exista ninguna gestión del agraviado solicitando su otorgamiento. La procedencia de la suspensión oficiosa deriva de un acto unilateral y motu proprio de la jurisdicción y obedece a la gravedad del acto reclamado, al peligro o riesgo de que, de ejecutarse, quede sin materia el juicio de amparo por la imposibilidad de que se cumpla la sentencia constitucional que conceda el amparo.

Por su parte, la suspensión a petición de parte es procedente en todos aquellos casos en que la Ley de Amparo no establezca que se decrete oficiosamente, y está sujeta a que sea solicitada.

En el juicio de amparo indirecto, conforme al dispositivo 126,(2) se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Casos en los cuales, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda.

La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.

Conforme al artículo 127,(3) el incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en casos de extradición; y siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado.

El numeral 128,(4) determina que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que la solicite el quejoso.

En el amparo directo, del contenido de los artículos 190 y 191 de la Ley de Amparo,(5) se abstrae que únicamente cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable, con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada; pero en las demás materias, sólo se decretará a petición del quejoso.

2. Tratándose de la suspensión en amparo directo, atento al contenido del artículo 190 de la ley de la materia, será la autoridad responsable la que decida sobre la misma.

A diferencia de lo que sucede en el incidente de suspensión en amparos indirectos, en el que se suscita una verdadera controversia que se dirime por la interlocutoria respectiva, tratándose del amparo directo, esta medida cautelar se concede o niega de plano, es decir, sin sustanciación especial, bastando la petición del quejoso o si se trata de la materia penal, con la simple promoción del juicio de amparo. Por ende, en lo que concierne al juicio de amparo directo, no existe suspensión provisional ni definitiva, sino la suspensión única.

Incluso, así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2002-SS, donde consideró que el presidente del tribunal del trabajo, al acordar sobre la suspensión en amparo directo, debe decidir con base en los elementos de convicción que obren en el expediente natural y aun los que alleguen las partes, siempre que no impliquen preparación o impidan resolver de plano, ya que señaló:

"... También es importante señalar que el presidente del tribunal del trabajo al acordar sobre la suspensión en amparo directo actúa en auxilio de la Justicia Federal, por lo que la facultad discrecional que tiene para conceder o negar la suspensión de la ejecución parcial del laudo, por el monto necesario que permita la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de garantías promovido por el patrón, no puede ejercerse en forma indiscriminada o arbitraria, dado que como todo acto jurisdiccional debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que al decidir sobre dicha medida cautelar debe tomar en cuenta los elementos de convicción que obren en el expediente natural y aun los que alleguen las partes, siempre que no impliquen preparación o impidan resolver de plano.

"Así, de una interpretación sistemática de los preceptos que regulan la suspensión del acto reclamado a través del juicio de amparo directo, siguiendo las reglas protectoras del trabajador y dado que el salario es la base de sustentación económica de su familia, se arriba a la conclusión de que la oportunidad procesal que tiene el patrón para demostrar que el trabajador no queda en peligro de subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, se agota al presentar la solicitud de suspensión a la que puede anexar los elementos de convicción que estime pertinentes, dado que es al acordar sobre dicha solicitud cuando el presidente del tribunal del trabajo está en posibilidad de justipreciar sin demora alguna las pruebas que tenga a su alcance, a fin de resolver lo conducente.

"Por tanto, si el patrón solicita la suspensión del laudo reclamado y ofrece pruebas para demostrar que no es necesario que garantice la subsistencia del trabajador, y tales pruebas requieren tiempo para su desahogo, el presidente del tribunal del trabajo no puede, jurídicamente, abrir un incidente probatorio, ya que su trámite retardaría la resolución sobre la suspensión y, en su caso, la ejecución parcial del laudo, lo que haría nugatoria la tutela jurídica del trabajador que ya obtuvo fallo favorable, lo cual resulta inadmisible porque el aseguramiento de la subsistencia del obrero es uno de los derechos sociales que en relación con el salario derivan del artículo 123 constitucional.

"Aquí conviene señalar que el artículo 174 de la Ley de Amparo, no establece restricción alguna para que el quejoso pueda aportar pruebas tendientes a demostrar que el trabajador no queda en peligro de subsistir mientras se resuelve el juicio de garantías, mas ello no significa que aquél tenga derecho a la apertura de un incidente probatorio o a que se manden desahogar las pruebas que estime pertinentes, ya que si ésa hubiese sido la intención del legislador, así lo hubiera contemplado en los preceptos relativos a la suspensión en amparo directo, tal como lo hizo al regular la suspensión en amparo indirecto, respecto de la cual el artículo 131 de la citada ley establece la posibilidad de que en la audiencia incidental se reciban sólo ciertas pruebas, como la documental, la inspección ocular y, excepcionalmente, la testimonial cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el numeral 17 del propio ordenamiento.

"Luego, si el legislador no previó la apertura de un incidente o de un periodo probatorio en el que se puedan desahogar pruebas tendientes a demostrar la procedencia de la medida suspensional en amparo directo, debe entenderse que ello obedeció a la naturaleza del acto reclamado cuya ejecución, debido a la tutela de los derechos del trabajador, no admite demora alguna y el presidente del tribunal del trabajo responsable debe resolver de plano, con base en las constancias que obran en el juicio natural y, en su caso, justipreciando las que tenga a su alcance por haberlas allegado las partes, sin que previamente a resolver tenga que ordenar desahogo alguno.

"En estas condiciones, es incorrecto que la apertura de un periodo probatorio o el mandar desahogar pruebas, aunque sea en forma sumaria, se pretenda justificar en la garantía de defensa que a favor de los gobernados establece el artículo 14 constitucional, pues es claro que si existe un laudo favorable al obrero es porque el patrón demandado ya fue oído y vencido en juicio, de tal modo que dicha garantía no tiene el alcance que le pretende dar el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, tratándose de la suspensión en amparo directo.

"Por consiguiente, el presidente del tribunal del trabajo debe negar la suspensión solicitada en los casos en que, a su juicio, se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de garantías, en cuanto sea necesario para asegurar tal subsistencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley de Amparo, sin que exista posibilidad alguna de abrir un periodo probatorio para desahogar pruebas tendientes a acreditar que el obrero no está en peligro de subsistir en tanto se dicta resolución en el fondo del amparo, ya que el patrón no queda en estado de indefensión al estar en posibilidad de aportar directamente los medios probatorios que estime pertinentes." El subrayado es propio de esta ejecutoria.

De dicha contradicción de tesis, emanó la jurisprudencia 2a./J. 119/2002, cuyos rubro y texto dicen:

"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO DIRECTO LABORAL. PARA DECIDIR SI EL TRABAJADOR ESTÁ EN PELIGRO DE NO PODER SUBSISTIR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE GARANTÍAS, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE RESOLVER CON LAS PRUEBAS DEL EXPEDIENTE O LOS DOCUMENTOS QUE LE ALLEGUEN LAS PARTES, PERO SIN FORMAR INCIDENTE, SINO DE PLANO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley de Amparo, la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente del tribunal de trabajo no se ponga al obrero en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de garantías; la urgencia de esta decisión suspensional no impide que para considerar la cuestión mencionada, se valoren las pruebas que obren en el expediente y aun las que alleguen las partes, siempre que no impliquen preparación e impidan resolver de plano, pero si el patrón solicita la suspensión del laudo reclamado y ofrece pruebas para demostrar que no es necesario que garantice la subsistencia del trabajador, y tales pruebas requieren tiempo para su desahogo, el presidente no puede, jurídicamente, abrir un incidente probatorio, ya que su trámite retardaría la resolución sobre la suspensión y, en su caso, la ejecución del laudo, lo cual haría nugatoria la tutela jurídica del trabajador que ya obtuvo fallo favorable. No obsta a la anterior conclusión el hecho de que el referido precepto no establezca restricción alguna para que el quejoso pueda aportar pruebas en materia de suspensión, pues si la intención del legislador hubiese sido establecer un periodo probatorio para ese efecto, así lo habría contemplado en forma expresa, como lo hizo al regular la suspensión en amparo indirecto, respecto de la cual el artículo 131 de la citada ley establece la posibilidad de que en la audiencia incidental se reciban sólo ciertas pruebas, como la documental, la inspección ocular y, excepcionalmente, la testimonial, incidente que no se establece en la suspensión del amparo directo."(6)

De igual forma, al resolver la diversa contradicción de tesis 143/2006-SS, la misma Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consideró que al decidir el recurso de queja contra el auto que niega o concede la suspensión o que fija el monto de la fianza en el amparo directo laboral, el Tribunal Colegiado de Circuito está facultado para reparar, por regla general, los vicios que se expongan en relación con su fundamentación y motivación, puesto que la suspensión en amparo directo se resuelve de plano, dada la urgencia e inmediatez de esa medida, por lo que sería contrario a su naturaleza, la existencia del reenvío en el recurso de queja de que se trata.

"... Aún más se justifica la anterior postura, si se toma en cuenta que la suspensión en amparo directo se resuelve de plano, dada la urgencia e inmediatez de esa medida, por lo que sería contrario a su naturaleza la existencia del reenvío en el recurso de queja de que se trata, tal como se corrobora con los criterios que llevan por rubros, textos y datos de localización, los siguientes: ..."

De esta contradicción, surgió la jurisprudencia 2a./J. 150/2006, que literalmente dice:

"QUEJA CONTRA EL AUTO QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN O QUE FIJA EL MONTO DE LA FIANZA EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA REPARAR, POR REGLA GENERAL, LOS VICIOS QUE SE EXPONGAN EN RELACIÓN CON SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De la interpretación de los artículos 107, fracciones X y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, 173 y 174 de la Ley de Amparo, se advierte que corresponde al presidente del tribunal o Junta responsable pronunciarse sobre la suspensión de la ejecución de los actos reclamados en el juicio de amparo directo en materia laboral, así como, en su caso, fijar el monto de la fianza, actuando en auxilio de la Justicia Federal y en ese aspecto se convierte en un órgano de amparo al decidir sobre esa medida cautelar, cuyas decisiones puede revisar un Tribunal Colegiado de Circuito a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VIII, de la mencionada ley reglamentaria. En ese sentido, resulta evidente que el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver dicho recurso, puede asumir plenitud de jurisdicción para subsanar los vicios relacionados con la fundamentación y motivación del acuerdo recurrido, por tratarse de irregularidades cometidas en una resolución de amparo directo, no en una instancia común, además de que la suspensión en este tipo de juicios se resuelve de plano, dada la urgencia e inmediatez de esa medida, por lo que sería contrario a su naturaleza la existencia del reenvío, en virtud de que ello ocasionaría retardo de la ejecución, generalmente, de los laudos que benefician a la parte obrera, produciéndole perjuicios de difícil reparación; lo anterior, salvo que el Tribunal Colegiado no cuente con los elementos jurídicos necesarios para emitir un pronunciamiento completo en la indicada queja, pues de actualizarse este supuesto de excepción debe reenviarse el asunto al tribunal o Junta laboral para que subsane la omisión o imprecisión advertida, con base en el material que no haya puesto a disposición del órgano revisor."(7)

Aunque dichos criterios jurisprudenciales derivaron del análisis de la Ley de Amparo abrogada, en términos del artículo sexto transitorio del decreto de reformas a la ley de la materia, continúan en vigor, en tanto que no se oponen a la legislación vigente.

A partir de las anteriores premisas, este Tribunal Colegiado de Circuito concluye que la determinación sobre la suspensión que emite la autoridad responsable en amparo directo, encuadra en el supuesto previsto por el artículo 98, fracción I, de la ley de la materia, al tratarse de una suspensión de plano, en tanto que se emite sin sustanciación especial.

Dado que cuando dicha porción normativa hace referencia a "De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional; y..."; no solamente hace alusión a las determinaciones de suspensión que se emiten en amparo indirecto (de manera oficiosa o a petición de parte), sino que también a las que se dictan en amparo directo, como en la especie.

De ahí que el recurso de queja contra la determinación que niega o concede la suspensión en el amparo directo, debe promoverse en el plazo de dos días hábiles, contados a partir de aquel en que surte efectos la notificación de esa determinación.

Puntualizado lo anterior, se tiene que en la especie, la resolución materia de la inconformidad fue notificada al recurrente el día martes veintitrés de septiembre de dos mil catorce (fojas 29 vuelta y 30 del cuaderno en que se actúa).

Luego, si la aludida notificación surtió sus efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, el día siguiente hábil, esto es, el miércoles veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, entonces el término de dos días que tuvo el inconforme para interponer el recurso de queja en contra de la resolución reclamada (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo) inició el día jueves veinticinco y feneció el viernes veintiséis de septiembre de dos mil catorce.

Pero de las constancias que integran el toca relativo, se advierte que el recurso de queja fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Tercer Circuito, el treinta de septiembre de dos mil catorce (según el sello de la oficina de correspondencia respectivo); recurso que fue recibido en este tribunal el uno de octubre del mismo año; de ahí que su interposición se hizo fuera del término legal.

Por tanto, si el recurso de queja se interpuso cuando ya había transcurrido el plazo previsto en el artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo; entonces, con fundamento en el artículo 91 de la citada ley, ha lugar a desechar el recurso de queja.

Así lo consideró ya este Tribunal Colegiado de Circuito, al fallar por unanimidad de votos, los diversos recursos de queja **********, **********, ********** y **********.

No obsta a la anterior determinación la circunstancia de que por auto de siete de octubre de la presente anualidad se hubiere admitido el recurso de queja de que se trata, puesto que los autos de presidencia no causan estado, por ser determinaciones de trámite que se dictan para la continuación del procedimiento.

Tal consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia VI.1o.P. J/53,(8) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que dice y se comparte:

"AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO.-El auto admisorio de presidencia del Tribunal Colegiado es un acuerdo de trámite derivado del examen preliminar de los antecedentes que no causa estado, por lo que se refiere al Pleno de este tribunal, tomando en consideración que en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de los asuntos de la competencia del Tribunal Colegiado, el presidente sólo tiene atribución para dictar los acuerdos de trámite, correspondiendo a dicho órgano colegiado en Pleno decidir sobre la procedencia y el fondo de tales asuntos y, por lo mismo, el tribunal en Pleno deberá reexaminarlos."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Se desecha el recurso de queja interpuesto por el ********** por conducto de su apoderado **********, en contra de la resolución de **********, dictada por la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, en el juicio laboral **********.

Notifíquese; anótese en los libros de gobierno, registro y electrónico correspondientes; engrósese la presente ejecutoria; con testimonio de la misma, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa, el cual se clasifica como depurable en cumplimiento a lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 2/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, integrado por los Magistrados Armando Ernesto Pérez Hurtado (presidente), José de Jesús López Arias y Miguel Lobato Martínez, siendo ponente el primero de los nombrados; quienes conforme a lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley de Amparo vigente, firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso."

2. "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.

"En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.

"La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal."

3. "Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos:

"I. Extradición; y

"II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado."

4. "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el quejoso; y

"..."

5. "Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.

"Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

"Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta ley."

"Artículo 191. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable, la cual deberá ponerlo en libertad caucional si la solicita y ésta procede."

6. Novena Época, Registro digital: 185482, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, noviembre de 2002, materia(s): laboral, página 438.

7. Novena Época, Registro digital: 174033, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, materia(s): laboral, tesis: 2a./J. 150/2006, página 368.

8. Novena Época, Registro digital: 175143, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, mayo de 2006, materia(s): común, página 1506.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25818-c820008e/recurso-de-queja-contra-la-resolucion-que-niega · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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