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SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA LLEVE A CABO TODAS SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, EXCEPTO EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE DECIDA SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, HASTA EN TANTO SE DECIDA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE DICHO PRECEPTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2017. · Registro digital (IUS): 27888
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-06-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo III, Pág. 2400.

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA LLEVE A CABO TODAS SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, EXCEPTO EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE DECIDA SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, HASTA EN TANTO SE DECIDA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE DICHO PRECEPTO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 10 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ, GRACIELA M. LANDA DURÁN, GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO, FABRICIO FABIO VILLEGAS ESTUDILLO, INOSENCIO DEL PRADO MORALES Y ABEL A. NARVÁEZ SOLÍS. PONENTE: GRACIELA M. LANDA DURÁN. SECRETARIA: LAURA ADAME GALVÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis presentada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito con sede en esta ciudad, lugar en donde este Pleno ejerce jurisdicción.

SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, órgano colegiado que emitió una de las resoluciones materia de la contradicción.

TERCERO.—Criterios contendientes. Con el propósito de establecer si, en el caso, existe o no la contradicción de tesis denunciada, es pertinente transcribir a continuación las consideraciones en que se apoyan las resoluciones contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el recurso de queja 198/2015, en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil quince, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO.—Son fundados los agravios que hace valer la parte recurrente.

"En estos en esencia aduce que el Juez de amparo no atendió con acierto los efectos de la suspensión solicitada en el juicio de amparo, en razón precisamente a que ésta se pidió con la finalidad de que los documentos e información obtenida con motivo de los requerimientos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y entregadas por las instituciones bancarias no sea empleada para determinar su situación fiscal por el ejercicio dos mil once, además de que no sea información compartida con otra autoridad en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, debiendo ser conservada como información confidencial en términos del artículo 69 de la misma codificación fiscal.

"Esto es (sic) afirma que contrario a lo resuelto en la resolución recurrida no se solicitó la suspensión ni del procedimiento de obtención de información a la referida comisión porque éste ya concluyó y la información incluso ya obra dentro de las actuaciones de la visita domiciliaria que dio origen al procedimiento de fiscalización al que se encuentra sometido por las autoridades responsables.

"De modo que el recurrente sostiene que en forma indebida se aplica la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo toda vez que no se pidió la suspensión respecto del procedimiento de obtención de información ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque éste ya concluyó ni tampoco respecto de la visita domiciliaria; esto es, se insiste en que el objetivo de la medida suspensional en realidad estriba en los efectos del acceso a la información y documentación que se recabó de terceros; es decir, en el impedir que dicha información sea valorada y/o usada por la autoridad fiscal.

"En estas condiciones, afirma el recurrente, se debió ponderar la apariencia del buen derecho del que goza el reclamo del quejoso, al verse beneficiado por la legislación fiscal del año dos mil once con una reglamentación simplificada en materia de contabilidad, entre los cuales, no se encuentran indicados los estados de cuenta bancarios como elementos integrantes de su contabilidad y, por ello, afirma ser titular del derecho humano a la privacidad reconocido en la ley bancaria en la modalidad de secrecía bancaria y, por ello, tales documentos no pueden estar al alcance de alguna otra autoridad fiscal o integrados a otro procedimiento hasta en tanto se determine la constitucionalidad de su obtención en el juicio principal.

"Como se anunció son fundados los agravios en estudio.

"De primer orden, es preciso dejar en claro que los actos reclamados en el libelo inicial de amparo, esencialmente se hicieron consistir en:

"‘Emisores del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito ...

"‘Proceso legislativo de creación de la ley ...

"‘Promulgación de la Ley de Instituciones de Crédito

"‘La aplicación del artículo 142 de la Ley Instituciones de Crédito, mediante solicitud de información que dirigió a la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional autoridad en el punto b2 que antecede, girada, mediante formato de requerimiento *********** de fecha 17 de octubre de 2014, el cual, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no conozco su contenido y cuya existencia se desprende del oficio número *********** de fecha 11 de junio de 2015 mediante la cual, la ordenadora, me da a conocer la información obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en desarrollo del procedimiento establecido en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito que reclamo como inconstitucional.

"‘De ella también reclamo el uso ilegal de la información de naturaleza privada del quejoso, que obtuvo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al ser ilegalmente incorporada a la visita domiciliaria, expediente *********** iniciado por ella el pasado día 26 de septiembre de 2014, según consta en acta parcial de hechos de fecha 16 de junio de 2014 redactada por los funcionarios enlaces adscritos a ella.’

"Por su parte en el apartado de suspensión se precisó:

"‘Suspensión del acto. Con fundamento en los artículos 122, 123, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, solicito en este mismo acto se suspendan las consecuencias de los actos reclamados consistentes en la aplicación del artículo 142 de la ley que reclamo como inconstitucional, materializados en la obtención de la información de movimientos bancarios realizados por el suscrito durante el año 2011, entregada por Banco ***********, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero *********** México y Banco *********** México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ***********.

"‘La suspensión de los efectos de los actos reclamados es procedente, en virtud de que los documentos de naturaleza privada no pueden surtir efectos en el procedimiento fiscal en el que se han obtenido o en cualquier otro.

"‘La suspensión de los efectos debe ser otorgada, con la finalidad de que los documentos e información obtenida no sean compartidos con otra autoridad en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, debiendo ser conservada como información confidencial en términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

"‘Los efectos del acto inconstitucional también se representan en la visita domiciliaria mediante el análisis y la valoración que de dicha información pueda realizar la autoridad fiscal, por lo que deben paralizarse dichos efectos, impidiendo que la autoridad use la información de naturaleza privada del contribuyente, como elementos probatorios para determinar mi situación fiscal por el ejercicio 2011.

"‘De los efectos del acto reclamado: Se cumple con la primer hipótesis de la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión provisional y también de la definitiva, dado que el hoy quejoso, evidentemente ya resiente la violación al derecho humano de privacidad respecto de sus actividades bancarias las cuales, según la ley fiscal del 2011 no tienen relación con mi contabilidad y por ello, no son accesibles para la autoridad fiscal y sus efectos en el procedimiento denominado visita domiciliaria pueden ser tan diversos como la información que en ellos se contienen y que evidentemente emanara de la valoración que dicha autoridad fiscal realice, lo que se acredite indiciariamente con el acta parcial deja la visita domiciliaria de fecha 16 de junio de 2015, en la cual son incorporados los documentos bancarios a la visita domiciliaria.

"‘Su señoría también debe atender que la autoridad fiscal tiene la facultad de intercambiar dicha información con otras autoridades administrativas y judiciales de acuerdo con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, lo que indiciariamente representa una consecuencia del acto reclamado y evidencia la lesión al derecho humano de privacidad del que goza el hoy quejoso.

"‘Por otra parte, su señoría también debe ponderar la apariencia del buen derecho del que goza el reclamo del quejoso, al verse beneficiado por la legislación fiscal del año 2011 con una reglamentación simplificada en materia de contabilidad, entre los cuales, no se encuentran los estados de cuenta bancarios como elementos integrantes de mi contabilidad y, por ello, soy titular del derecho humano a su privacidad reconocido en la ley bancaria en la modalidad de secrecía bancaria y, por ello, no pueden estar al alcance de ninguna autoridad.

"‘Adicionalmente, no se lesiona el interés social de la norma y mucho menos regula disposiciones de orden público, porque no se pide la suspensión contra la visita domiciliaria, la materia de la suspensión son los efectos de la obtención de mi información bancaria, los cuales, pueden ejecutarse en esta visita o en cualesquier otro procedimiento que desarrolle la autoridad en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, en el que se apoya para realizar la notificación del acto reclamado, de ahí entonces, que debe decretarse la suspensión de los efectos para que dicha información y documentos se mantengan en el resguardo de la confidencialidad que establece el artículo 69 del Código Fiscal de ls (sic) Federación y la misma no surta efectos en el procedimiento administrativo en el que se obtuvo o en cualesquier otro que pueda emanar de las facultades de la autoridad responsable.’

"Como se ve, la petición de la medida suspensional, como lo afirma el recurrente no fue analizada a la luz de los actos verdaderamente reclamados que ven a la inconstitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, por virtud de su primer acto de aplicación y, en consecuencia, al estudio de la legalidad de la obtención de estados de cuenta bancarios de diversas instituciones, tomando en cuenta que conforme al artículo 133 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, preceptos legales vigentes en el año dos mil once (años sujeto a fiscalización) establecen que los documentos e información obtenida por medio de la Comisión Bancaria y de Valores no tienen tratamiento contable.

"En estas condiciones, es patente que la solicitud de otorgar la medida suspensional ve estrictamente a proporcionar un tratamiento de confidencialidad a la información que la autoridad fiscal ya tiene en su poder, en tanto se resuelve el fondo del asunto, que se reitera, al margen de la inconstitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, se entrelaza con el tema de que en el fondo se logre definir si en la anualidad fiscalizada (2011) formaba parte de la contabilidad del contribuyente la información que por gestión se obtuvo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, por ende, concluir si legalmente era dable que para definir su situación fiscal se pudiera echar mano de la información que proporcionaron las instituciones bancarias.

"Sin que se pase por alto el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito que contiene facultades de excepción para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el manejo del secreto bancario, como lo estableció el juzgador federal, habida cuenta que no se cuestiona la potestad que tiene la responsable de allegarse información en aras de esa facultad, sino si en el caso concreto atendiendo a la legislación vigente en dos mil once y el tipo de obligaciones fiscales con las que se encuentra dado de alta el quejoso era posible el manejo de esa información para efecto de determinar su situación fiscal en ese periodo.

"En estas condiciones y con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, ante lo fundado de los agravios hechos valer por el recurrente lo procedente es, revocar el proveído impugnado y ante la imposibilidad de reenvío, este órgano jurisdiccional procede hacer el pronunciamiento respectivo a la concesión de la suspensión provisional, esto es, se precisan los efectos concretos a los que deberá sujetarse su cumplimiento.

"Así, el artículo 139 de la Ley de Amparo, establece:

"‘Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.

"‘Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional.’

"Del precepto legal transcrito se desprende que la suspensión tiene por objeto mantener las cosas en el estado en que se encuentren al momento de solicitarla y hasta en tanto se dicte la resolución correspondiente.

"En otras palabras, la naturaleza de la suspensión es conservar la materia de la litis y evitar afectaciones hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto.

"De tal forma que los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al momento de otorgarse, con la finalidad de mantener viva la materia del juicio constitucional, evitando daños o perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa.

"Ahora bien, en el caso se encuentran satisfechos los requisitos que se establecen en el artículo 128 de la Ley de Amparo, que son: I. Que la solicite el quejoso y II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"Lo anterior es así, toda vez que ***********, comparece a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, y en su demanda solicitó que se concediera la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados a fin de conservar la materia del fondo del asunto.

"Por otra parte, se acredita el segundo de los requisitos, tomando en cuenta que es de interés público la aplicación exacta de las normas.

"Luego, si en la especie, como materia del fondo del asunto aunado al tema de la inconstitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito se encuentra sub júdice el relativo al ámbito de aplicación temporal de normas al aducir el quejoso que en términos de la legislación aplicable en dos mil once –año fiscalizado en la visita domiciliaria de la que es parte– no se encuentran incluidos los estados de cuenta bancarios como elementos integrantes de la contabilidad, la adopción de cualquier decisión de la autoridad responsable con fundamento en la información que se obtuvo a través de la Comisión Nacional Bancaria sí implicaría una afectación en la esfera del peticionaria (sic) de amparo, sobre todo trastocando la materia del fondo del asunto.

"Luego, si la base para que una ley se aplique, especialmente las del orden fiscal, por regirse por el principio de taxatividad, es que los supuestos de hecho y de derecho se encuentren un subsunción, pues de lo contrario implicaría una arbitrariedad, y eso es precisamente lo que se encuentra pendiente desentrañar en el juicio de amparo principal en relación con la normativa vigente en dos mil once que regule las obligaciones del contribuyente quejoso, es dable colegir que no se afecta en modo alguno el interés social, en el sentido de que se obstaculice el propio procedimiento de visita, pues no se vulnera el derecho que tiene la autoridad responsable de obtener información de instituciones bancarias con fines fiscales, con fundamento en el referido 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, simplemente que la información obtenida en esos términos, hasta que no se resuelva en el fondo el juicio constitucional no se use o comparte a otras autoridades.

"Sirve de apoyo la jurisprudencia número l.3o.A. J/16 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Tomo» V, enero de mil novecientos noventa y siete, la cual dispone lo siguiente:

"‘SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.—De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan la preocupaciones fundamentales de una sociedad.’

"En suma, tomando en consideración que la suspensión del acto reclamado fue solicitada por la parte quejosa, que con la concesión de la medida cautelar aludida, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí por el contrario, ponderando la apariencia del buen derecho, dado que la naturaleza del acto lo permite, se aprecia que con la ejecución del acto reclamado se causarían daños y perjuicios de difícil reparación; a fin de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, tal y como lo previene el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que se suspendan las consecuencias de la aplicación del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, esto es, que los documentos e información obtenida de las cuentas bancarias del aquí quejoso, no sean tomados en cuenta para definir la situación fiscal del quejoso respecto al ejercicio fiscal dos mil once o compartidos con otras autoridades con motivo de la visita domiciliaria de la que es objeto u otros procedimientos paralelos.

"En estas condiciones, los efectos de la suspensión se traducen en resguardar o mantener la confidencialidad de la información bancaria obtenida a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hasta en tanto se dicte sentencia y se defina la legalidad o no de la obtención de esa información y, en consecuencia, el uso de la misma para definir la situación fiscal del contribuyente quejoso, con fundamento en los artículos 63 y 69 del Código Fiscal de la Federación.

"Cabe precisar que la medida otorgada surtirá efectos retroactivos a la fecha en que se emitió el auto recurrido y hasta en tanto no se comunique lo que se resuelva en definitiva sobre la medida suspensional.

"En la inteligencia de que la anterior medida, se condiciona a que de existir un crédito fiscal líquido y exigible, la parte quejosa deberá depositar el total del monto en efectivo ante autoridad exactora que garantice el interés fiscal, y acreditarlo ante y a satisfacción del Juzgado de Distrito del conocimiento, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así cesarán los efectos de la medida suspensional en comento, lo anterior con apoyo y en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo."

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado de este Circuito, en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dictó resolución en el incidente en revisión administrativo 134/2016 en la que, por unanimidad de votos, determinó lo siguiente:

"SEXTO.—Dada la materia del presente asunto (administrativo), y en virtud de ella es que en el presente recurso que nos ocupa no se actualiza ninguno de los supuestos que autorizan suplir la queja deficiente, la legalidad de la sentencia interlocutoria impugnada se analizará en estricta relación con los agravios expuestos por la autoridad recurrente.

"En el primer agravio y en parte del segundo motivo de inconformidad, la autoridad recurrente sostiene que el resolutor del amparo contravino lo dispuesto por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, pues aduce que la concesión de la suspensión afecta normas de orden público, ya que con dicha determinación se obstaculiza el normal funcionamiento de sus facultades de comprobación, al impedírsele tomar en consideración todos los elementos a su alcance para comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del quejoso.

"Indica, que el Juez de amparo al momento de conceder la suspensión que se combate, pasó por alto que dicha información se obtuvo por virtud del procedimiento de fiscalización al que se encuentra sujeto el quejoso, con la finalidad de comprobar el debido cumplimiento a sus obligaciones fiscales.

"Señala que la violación cometida por el resolutor de amparo controvierte el orden público, si se toma en consideración que el ejercicio de las facultades de comprobación, como en el caso, en una visita domiciliaria, se encuentran sujetas a un plazo perentorio de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, por lo que éstas deben ser concluidas en dicho plazo.

"De ahí que, dice, se limite el normal desarrollo de las facultades de comprobación de la autoridad responsable, causando con ello un perjuicio al interés social, pues de resultar procedente se encontrará impedida para determinar correctamente la situación fiscal del quejoso.

"Resulta parcialmente fundado el citado agravio.

"En primer término, es preciso atender a lo resuelto por el juzgador de amparo, en el que señaló lo siguiente (énfasis añadido):

"‘...

"‘En el caso se encuentran satisfechos los requisitos que se establecen en el artículo 128 de la Ley de Amparo, que son: I. Que la solicite el quejoso y II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"‘Lo anterior es así, toda vez que el quejoso ***********, comparece a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, y solicitó que se concediera la suspensión de los actos reclamados a fin de conservar la materia del fondo del asunto.

"‘Por otra parte, se acredita el segundo de los requisitos, tomando en cuenta que es de interés público la aplicación exacta de las normas.

"‘Luego, si en la especie, como materia del fondo del asunto aunado al tema de la inconstitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito se encuentra sub júdice el relativo al ámbito de aplicación temporal de normas al aducir el quejoso que en términos de la legislación aplicable en dos mil once –año fiscalizado en la visita domiciliaria de la que es parte– no se encuentran incluidos los estados de cuenta bancarios como elementos integrantes de la contabilidad, la adopción de cualquier decisión de la autoridad responsable con fundamento en la información que se obtuvo a través de la Comisión Nacional Bancaria sí implicaría una afectación en la esfera del peticionario de amparo, sobre todo trastocando la materia del fondo del asunto.

"‘Luego, si la base para que una ley se aplique, especialmente las del orden fiscal, por regirse por el principio de taxatividad, es que los supuestos de hecho y de derecho se encuentren un subsunción, pues de lo contrario implicaría una arbitrariedad, y eso es precisamente lo que se encuentra pendiente desentrañar en el juicio de amparo principal en relación con la normativa vigente en dos mil once que regule las obligaciones del contribuyente quejoso, es dable colegir que no se afecta en modo alguno el interés social, en el sentido de que se obstaculice el propio procedimiento de visita, pues no se vulnera el derecho que tiene la autoridad responsable de obtener información de instituciones bancarias con fines fiscales, con fundamento en el referido 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, simplemente que la información obtenida en esos términos, hasta que no se resuelva en el fondo el juicio constitucional no se use o comparta a otras autoridades.

"‘Sirve de apoyo la jurisprudencia número I.3o.A. J/16 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Tomo» V, enero de mil novecientos noventa y siete, la cual dispone lo siguiente:

"‘«SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.—De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan la preocupaciones fundamentales de una sociedad.»

"‘En suma, tomando en consideración que la suspensión del acto reclamado fue solicitada por la parte quejosa, que con la concesión de la medida cautelar aludida, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y si por el contrario, ponderando la apariencia del buen derecho, dado que la naturaleza del acto lo permite, se parecía que con la ejecución del acto reclamado se causarían daños y perjuicios de difícil reparación; a fin de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, tal y como lo previene el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto de que se suspendan las consecuencias de la aplicación del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, esto es, que los documentos e información obtenida de las cuentas bancarias del aquí quejoso, no sean tomados en cuenta para definir la situación fiscal del quejoso respecto al ejercicio fiscal dos mil once o compartidos con otras autoridades con motivo de la visita domiciliaria de la que es objeto u otros procedimientos paralelos.

"‘En estas condiciones, los efectos de la suspensión se traducen en resguardar o mantener la confidencialidad de la información bancaria obtenida a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hasta en tanto no se dicte sentencia y se defina la legalidad o no de la obtención de esa información y, en consecuenc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27888-b9fc98ab/suspension-del-acto-reclamado-procede-concederla-respecto-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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