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Modo: Corpus Pro

AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI), ENTRE OTROS CASOS, CUANDO SE LE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA EL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2020. · Registro digital (IUS): 29940
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-07-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEXTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, Pág. 1823.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEXTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 25 DE MAYO DE 2021. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ, BLANCA EVELIA PARRA MEZA, GUSTAVO GALLEGOS MORALES, SUSANA MAGDALENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO, ALEJANDRO GRACIA GÓMEZ, ROSA EUGENIA GÓMEZ TELLO FOSADO Y MARÍA ELIZABETH ACEVEDO GAXIOLA. PONENTE: MARÍA ELIZABETH ACEVEDO GAXIOLA. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Quinto y Sexto de este Décimo Quinto Circuito.

Así como con lo dispuesto en los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales mediante un nuevo esquema de trabajo ante la contingencia por el virus COVID-19.

SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el Magistrado Alejandro Gracia Gómez, en su carácter de presidente del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios, se precisa que el tema de la contradicción expresado en la denuncia no vincula a este Pleno de Circuito a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, puesto que por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, al resolverla se puede acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis, con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de sus integrantes.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. V/2016 (10a.),(1) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."

Bajo tal marco de referencia, es necesario reseñar brevemente y en lo conducente, las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo en revisión 305/2019, en lo que interesa:

• Destacó que se recurrió una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó del director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), el oficio mediante el cual negó la pensión por viudez y por orfandad.

• Agregó que el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento respecto de ese acto reclamado con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que el ISSSTECALI no tiene el carácter de autoridad al actuar como ente asegurador.

• Consideró inoperante el segmento del agravio en el que el recurrente alegó que el Juez amparo violó sus derechos fundamentales, e infundado en la parte en que se argumentó que no operó la causa de improcedencia porque el ISSSTECALI sí actuó con el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, al realizar actos equivalentes a los de autoridad, ya que no puede estar en un plano de igualdad cuando en respuesta a su petición que le negó de manera unilateral el pago de la pensión por viudez y orfandad.

• Lo anterior, porque calificó de acertada la decisión del Juez de Distrito en atención a que la negativa a la solicitud de pensión por viudez y orfandad emitida por la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTECALI, no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, al no derivar de una relación de supra a subordinación con los particulares, sino de una (sic) la relación existente entre un asegurado o beneficiario y el referido instituto, sobre una prestación que en materia de seguridad social corresponde otorgar a dicho organismo, aun cuando en la demanda se impugne la inconstitucionalidad del precepto en que se funda, y debe controvertirse en la vía laboral.

• Decisión que apoyó en las jurisprudencias 2a./J. 12/2012 (10a.) (registro digital 2000464), y la diversa 543 (registro digital 1002609), de título y subtítulo siguientes:

"El (sic) "SEGURO SOCIAL. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES."

"SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL."

• Y agregó, que no inadvertía la resolución de la contradicción de tesis 341/2015, en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) (registro digital: 2011948), en la que precisó que la única finalidad del amparo, en el supuesto ahí tratado, es que el funcionario o servidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social dé respuesta a la petición, por lo cual contra de ésta no procede la ampliación de la demanda, sino que una vez conocida, en su caso, el asegurado o beneficiario puede acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California; lo cual acotó, corrobora el argumento relativo a que al emitir una resolución de otorgamiento de pensión, el referido instituto no actúa con el carácter de autoridad para efectos del amparo.

• Agregó que como lo consideró el Juez de Distrito, al ser improcedente el juicio de amparo por lo que hace al acto de aplicación reclamado (resolución de negativa de otorgamiento de pensión por viudez y orfandad), el sobreseimiento también debía decretarse respecto a la norma impugnada, declaró sin materia la revisión adhesiva, y confirmó el sobreseimiento.

En supuesta contraposición a lo anterior, el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 28/2019, en lo conducente:

• Destacó que se recurrió una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó:

• Del director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), el oficio mediante el cual negó la pensión por edad y tiempo de servicios.

• Agregó que el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento respecto de ese acto reclamado con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que el ISSSTECALI no tiene el carácter de autoridad al actuar como ente asegurador.

• En suplencia de la queja, consideró que no se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, con sustento en las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 116/2005, en la que estableció que las resoluciones administrativas dictadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o por sus órganos dependientes que concedan, nieguen, revoquen, suspendan, modifiquen o reduzcan las pensiones, son actos de autoridad impugnables a través del juicio contencioso administrativo, previamente al amparo, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad.

• Agregó que de esa resolución derivó la jurisprudencia 2a./J. 111/2005,(2) de rubro siguiente:

"INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."

• Agregó que esas consideraciones fueron retomadas posteriormente por la propia Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 176/2009, en la que además, sostuvo que no obstante las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia u organismo en la cual haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el ISSSTE es una nueva relación de naturaleza administrativa, que es de supra a subordinación, en la que el interesado, como gobernado, se somete al imperio del instituto de referencia, quien ante él adquiere el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del pensionado.

• Contradicción de tesis 176/2009, que agregó (sic) dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2009(3) (registro digital: 166110), de rubro siguiente:

"PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN."

• De igual manera citó las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 412/2009, e indicó que reiteró que si bien es cierto las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado; de manera que cuando se reclame la indebida cuantificación de una pensión a cargo del instituto, corresponde conocer de la misma al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León.

• Lo que dijo, se reflejó en la jurisprudencia 2a./J. 3/2010 (registro digital 165492), intitulada:

"PENSIONES DEL ISSSTELEÓN. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN."

• Agregó que el oficio reclamado constituye un pronunciamiento que refleja la última voluntad oficial del ISSSTECALI, pues por sí y ante sí, sin mayores exigencias que la del cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, negó la pensión por edad y tiempo de servicios.

• Oficio que concluyó, fue emitido bajo una relación de naturaleza administrativa, bajo los siguientes argumentos:

"Además, esta nueva relación es de supra a subordinación, ya que ********** se sometió al imperio del instituto de referencia, quien ante él adquirió el carácter de autoridad, pues como se vio, dicho organismo puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del gobernado, en el particular, negó reconocer la existencia de un derecho solicitado por el impetrante.

"Sin que resulten aplicables las tesis que se invocan en la sentencia de amparo, de rubros: ‘SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.’; e ‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.’

"Lo anterior ya que en dichos criterios la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la naturaleza de un organismo diverso al que aquí se estudia, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual el legislador expresamente contempló que la vía para impugnar los conflictos individuales de seguridad social entre los gobernados y dicho instituto, es la prevista en los artículos 295 de la Ley del Seguro Social,(4) en relación con el 899-A de la Ley Federal del Trabajo.(5)

"Lo anterior, permitió concluir que la naturaleza del Instituto Mexicano del Seguro Social, al emitir su respuesta a una solicitud de pensión, era la de un ente asegurador, ya que la vía ordinaria en la cual se impugnarían tales resoluciones sería la laboral, ya que el conflicto entre la parte actora (trabajador) y demandada (instituto), se daba en un plano de igualdad.

"Situación que no se actualiza en relación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, pues contrario a lo afirmado en la sentencia que se revisa, la vía para impugnar las resoluciones que emita dicho organismo en materia de pensiones, no es la laboral, sino la contenciosa administrativa, en atención a que la controversia entre el instituto y el gobernado se da en una relación de supra subordinación.

"Así es, las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, pertenecen a la materia administrativa, porque si bien es cierto que se enmarcan dentro de las prestaciones de seguridad social y que derivan de la antigüedad en una relación de trabajo, también lo es que la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, porque precisamente, la pensión tiene su justificación en el otorgamiento de prestaciones en dinero otorgadas por el cumplimiento de determinados requisitos de antigüedad, edad y otros diversos, para permitir la subsistencia del trabajador o de sus derechohabientes, después de concluida la relación de trabajo.

"Aunado a lo anterior, la negativa del derecho a una pensión por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, no pertenece a la materia laboral, porque no afecta de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en el apartado A) del artículo 123 de la Constitución Federal, ni en la Ley Federal del Trabajo, derivado de la relación obrero patronal.

"Lo anterior es así, porque las pensiones del referido instituto no se ubican dentro de ese apartado, sino del apartado B) del precepto constitucional referido y, además, si bien es cierto que encuadran dentro de la fracción XI relativa a la seguridad social, del mencionado apartado B), también lo es que la negativa a obtener la pensión que otorga el instituto, en todo caso, proviene de una nueva relación de naturaleza administrativa entre dicho órgano autónomo y los trabajadores o sus derechohabientes, constituida por la obligación derivada del cumplimiento de los requisitos legales de antigüedad, edad y otros diversos, para el pago de las prestaciones económicas correspondientes.

"En tal virtud, es (sic) que este tribunal concluye que ante la naturaleza de la pensión que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, su negativa pertenece a la materia administrativa y, por ende, constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. ..."

• Por lo anterior, revocó el sobreseimiento decretado (con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo) y, conforme a lo dispuesto por el diverso numeral 93, fracciones I y V, de la ley en cita, reasumió jurisdicción para examinar los conceptos de violación.

CUARTO.—Existencia de la contradicción. En principio, debe considerarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado qué se requiere para determinar si existe una contradicción de tesis, para lo cual deben advertirse los elementos siguientes:

a) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten, expresa o implícitamente, criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales; y,

b) Que sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)

Y la diversa P./J. 93/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(7)

Bajo ese contexto existe la contradicción de tesis, puesto que los Tribunales Colegiados sostuvieron criterios discrepantes sobre el mismo punto de derecho consistente en determinar si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) tiene el carácter de autoridad responsable cuando se le reclama la resolución que niega el otorgamiento de una pensión.

Lo anterior, en la medida en que en los dos amparos en revisión en los que se dictaron las resoluciones que contienen los criterios denunciados como contradictorios, se impugnó una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó del ISSSTECALI el oficio mediante el cual negó el otorgamiento de una pensión (de viudez y de orfandad en el caso del Cuarto Tribunal Colegiado, y por edad y tiempo de servicios en el caso del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito).

En los dos casos, el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que el ISSSTECALI no tiene el carácter de autoridad al actuar como ente asegurador.

En los dos asuntos, la parte quejosa interpuso recurso de revisión contra esa parte de la sentencia y los dos Tribunales Colegiados se pronunciaron en torno a si la citada hipótesis de improcedencia se actualizó, es decir, en particular analizaron si el ISSSTECALI tiene el carácter de autoridad responsable cuando en respuesta a una solicitud niega el otorgamiento de una pensión y resolvieron en sentido opuesto.

En efecto, mientras el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió que en ese caso el ISSSTECALI actúa en un plano de coordinación con el solicitante de la pensión y no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito decidió que esa relación se da en un plano de supra a subordinación y el referido instituto sí tiene la calidad de autoridad responsable.

SÉPTIMO.—Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno del Decimoquinto Circuito que se desarrolla a continuación.

El punto jurídico a dilucidar, como se anticipó, es el relativo a determinar si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) tiene el carácter de autoridad responsable cuando se le reclama la resolución que, en respuesta a una solicitud, niega el otorgamiento de una pensión.

Para resolver lo anterior, debe precisarse que se parte de lo expuesto y considerado por este Pleno de Circuito en la diversa contradicción de tesis 2/2020, en la medida que también involucró el análisis inherente a si el ISSSTECALI tiene el carácter de autoridad responsable cuando actúa en su carácter de ente asegurador, pero en un supuesto distinto al que es materia de este expediente.

En efecto, en la contradicción de tesis 2/2020, el análisis fue en torno a cuando se reclama al ISSSTECALI la omisión y/o modificación y/o suspensión y/o retención de pago de una pensión o jubilación.

Mientras la materia de esta contradicción de tesis 5/2020, es tocante a cuando se reclama al ISSSTECALI la resolución que niega el otorgamiento de una pensión.

Si bien es cierto que existe una gran similitud en ambos temas y la resolución del primer expediente abona a la decisión del segundo, cierto es también que no al grado de dejarlo sin materia, principalmente porque, conforme a lo previsto en los artículos 217, 225 y 226 de la Ley de Amparo, una jurisprudencia derivada de una contradicción de tesis obliga únicamente respecto del punto jurídico en contradicción, por lo cual el resto de las consideraciones expresadas pueden ser orientadoras pero no obligatorias.

Luego, si se decide declarar sin materia esta contradicción de criterios, podría dar lugar a que en futuros asuntos se argumente que la jurisprudencia emitida no es exactamente aplicable, por ello, en aras de privilegiar la seguridad jurídica que se pretende generar con la unificación de criterios, es preferente fijar de manera expresa el criterio que debe prevalecer en cada caso en particular.

Ahora bien, para resolver la contradicción de tesis es importante considerar que conforme a lo previsto en el artículo (sic) 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

La propia Ley de Amparo, en su artículo 5o., fracción II, establece que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Precepto que de manera novedosa, en comparación con la abrogada Ley de Amparo, establece que, para los efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

Aquí podemos decir que la vigente Ley de Amparo acogió el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (más reciente en el momento de su expedición emitido bajo la abrogada legislación), en torno al concepto de autoridad responsable, contenido en la tesis 2a./J. 164/2011,(8) que se transcribe:

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."

También es pertinente tener en cuenta algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con el tema en contradicción, entre las que destacan aquellas en las que se ha pronunciado en torno a su (sic) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene el carácter de autoridad responsable cuando actúa como ente asegurador.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al interpretar la abrogada Ley de Amparo, se pronunció en la contradicción de tesis 57/2009, y sostuvo que cuando se reclama al IMSS la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en su carácter de ente asegurador, no podía considerarse que tuviera el carácter de autoridad, porque actuaba en una relación de coordinación, criterio que quedó plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 211/2009,(9) que se reproduce:

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente."

Posteriormente, ya bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, y que, como se anticipó, de manera novedosa prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 341/2015, para ahora sostener que el juicio de amparo procede contra la omisión del IMSS de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición que debe responder en su carácter de ente asegurador.

Resolución en la que se precisó que el IMSS constituye un ente público del Estado, independientemente de que (sic) su naturaleza formal, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse, situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios.

También se indicó que de manera excepcional, el juicio de amparo indirecto sería procedente para conocer de los actos que emite el instituto como ente asegurador y en los que sea necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados; como el caso de la resolución que niega una pensión, con base en un artículo de la Ley del Seguro Social, cuya constitucionalidad es cuestionada.

Resolución de la que surgió la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.),(10) que es del siguiente tenor:

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJE

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29940-b2483704/autoridad-responsable-para-efectos-del-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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