PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TIJUANA. EL PLAZO DE 2 AÑOS PARA QUE OPERE DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE RECIBE LA SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TIJUANA. EL PLAZO DE 2 AÑOS PARA QUE OPERE DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE RECIBE LA SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ, JAIME RUIZ RUBIO, GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO, FABRICIO FABIO VILLEGAS ESTUDILLO, INOSENCIO DEL PRADO MORALES Y ABEL A. NARVÁEZ SOLÍS. PONENTE: FABRICIO FABIO VILLEGAS ESTUDILLO. SECRETARIA: CINTHYA IVETTE VALENZUELA ARENAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—El Pleno de este Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una contradicción de tesis suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, dado que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, en los juicios de amparo 1730/2016, 1913/2016 y 1876/2016, de su índice, en atención a lo establecido por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que los Jueces en los asuntos que las motivaron podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente.
TERCERO.—A fin de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, conviene destacar las consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias que contienen los criterios materia de contradicción.
I. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en sesión de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, resolvió por unanimidad el amparo en revisión administrativo 89/2018, interpuesto contra la resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en el juicio de amparo 1739/2016 (fojas 3 a 18 del cuaderno de contradicción).
El órgano colegiado sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
• Deben atenderse las consideraciones expuestas por el Pleno de este Circuito en la contradicción de tesis 8/2017, a las cuales se encuentra sujeto el Tribunal Colegiado, no obstante que la materia a dilucidar en la contradicción se circunscribió a determinar si el plazo de prescripción de un año con el cual cuenta la sindicatura municipal de Tijuana y/o la contraloría interna para que lleve a cabo las investigaciones relativas a la falta que se atribuye a un servidor público y presente la denuncia, se interrumpe hasta que se dicta el auto de inicio del procedimiento respectivo por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera (antes Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública) de Tijuana, Baja California; o, bien, si se interrumpe una vez que se presenta la referida denuncia ante la citada Comisión del Servicio Profesional de Carrera.
• Lo anterior, porque de acuerdo al análisis efectuado por el Pleno de este Circuito sobre el contenido de los artículos 183, 184 y 185 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California; los numerales 92, 93 y 94 del Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, así como 217, 218 y 219 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, se desprende que se estableció que únicamente existen dos hipótesis para que se actualice la prescripción en los procedimientos seguidos contra miembros policiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California.
• La primera hipótesis incide en la facultad de la contraloría interna o sindicatura municipal para solicitar a la comisión el inicio del procedimiento respectivo, supuesto en el cual es un año a partir de que se tenga conocimiento de los hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con los requisitos de permanencia. El segundo supuesto versa sobre la facultad de la comisión para emitir la resolución definitiva y notificarla al afectado, para lo cual, tiene el plazo de dos años.
• En ese contexto, el Pleno de este Circuito estableció que el legislador determinó con precisión el término para que opere la prescripción de la facultad de la contraloría interna o sindicatura municipal para solicitar a la comisión el inicio del procedimiento respectivo; así como en relación con la facultad de la comisión para emitir la resolución definitiva y notificarla al afectado; de ahí que no sea válido interpretar que existe una etapa más en la cual es factible que opere la figura jurídica en cuestión para emitir y notificar el acuerdo de inicio del procedimiento, porque estimarlo así, implicaría contrariar lo resuelto en la jurisprudencia emitida por el Pleno de este Circuito, la cual es de observancia obligatoria para el Tribunal Colegiado del propio Circuito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.
• En apoyo a lo anterior, cita la tesis PC.XV. J/26 A (10a.), del Pleno de este Circuito, de título y subtítulo: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. EL PLAZO CON QUE CUENTA LA SINDICATURA MUNICIPAL PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN DE DESARROLLO POLICIAL EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CONTRA LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, SE INTERRUMPE AL PRESENTARSE LA SOLICITUD O DENUNCIA CORRESPONDIENTE."
II. El Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en sesión de cinco de octubre de dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad de votos los amparos en revisión administrativos 100/2017 y 188/2017, interpuestos contra las resoluciones de veintiocho de febrero y diez de mayo de dos mil diecisiete, dictadas por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en los juicios de amparo 1913/2016 y 1876/2016, respectivamente (fojas 20 a 57 del cuaderno de contradicción).
El órgano colegiado sostuvo, en ambos asuntos, lo siguiente:
• El procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, previsto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California y en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, está conformado por tres etapas que se distinguen por una resolución determinante con la cual concluye cada una de ellas.
• La primera etapa es la de investigación, la cual inicia con la denuncia de un hecho posiblemente generador de responsabilidad administrativa de un servidor público, el cual tiene conocimiento la sindicatura municipal o la contraloría interna; concluye con la resolución por la que dichas autoridades solicitan el inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa.
• La segunda etapa relativa al ejercicio de las facultades de la Comisión de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario de los miembros de las instituciones policiales, en la cual se determina si con los elementos aportados en la etapa de investigación, es procedente ordenar el inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa; por tanto, es con la notificación de dicha determinación, con la cual concluye esta segunda etapa.
• Una vez justificado el inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, continúa la tercera etapa, la cual, seguidas las formalidades del procedimiento, concluye con la notificación de la resolución definitiva.
• Los artículos 184 y 185 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como los numerales 217, 218 y 219 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, contemplan los plazos para que se actualice la prescripción tanto de las facultades de investigación, como de las facultades sancionadoras de la administración pública; lo cual pone en evidencia que la prescripción está plenamente reconocida por el legislador local para el procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, por ser una institución que libera de una responsabilidad a quien incurre en ella, cuando por voluntad o por omisión de quien puede ejercer la facultad, no lo hace durante el término que la ley concede.
• Razón por la cual, no debe estimarse que la segunda etapa del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, esto es, aquella que inicia con la solicitud del auto de inicio y concluye con la notificación de éste, no está sujeta a prescripción alguna; porque la aplicación de esta institución resulta indispensable para dar seguridad jurídica a los particulares frente a los actos de autoridad, ya que, de lo contrario, las autoridades estarían en aptitud de actuar en cualquier momento, sin encontrar límite temporal.
• Aun cuando existe un interés de la sociedad por evitar, en su caso, sancionar las conductas infractoras de los servidores públicos, no es aceptable que las autoridades sancionadoras puedan ejercer sus atribuciones en cualquier tiempo, dando lugar a incertidumbre jurídica para el gobernado respecto de la posibilidad de sanción por supuestos actos realizados en el desempeño de su cargo.
• En ese contexto, los artículos 184 y 185 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como los numerales 217, 218 y 219 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, contemplan la prescripción de las facultades de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, para dictar y notificar el auto de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, una vez que han recibido la solicitud por parte de la sindicatura municipal o la contraloría interna, ya que de esa manera se otorga certidumbre jurídica a las actuaciones de la referida comisión, en aras de respetar los derechos fundamentales de los gobernados.
• Sin que resulte óbice el hecho de que los numerales en cita no establezcan expresamente un plazo para la prescripción para esta segunda etapa, toda vez que el propio legislador local determinó que en lo no previsto por la ley o reglamento, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. En apoyo a lo anterior, cita la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de rubro: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.", así como la jurisprudencia 3a./J. 18/91, de rubro: "LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA."
• A pesar de que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, contemplan la institución de la prescripción de las facultades sancionadoras; el legislador no estableció el plazo de la prescripción entre la solicitud de dicho auto de inicio y su notificación; sin que las normas aplicables supletoriamente, esto es, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, contravengan los ordenamientos legales a suplir; por el contrario, complementan los vacíos de manera congruente con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate, en este caso, la prescripción de las facultades sancionadoras de la administración pública, como se desprende del contenido de los artículos 89 y 137, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, los cuales establecen que las normas adjetivas en consulta, prevén el plazo de tres días para dictar las actuaciones, a partir de la promoción correspondiente.
• En ese sentido, al aplicar las anteriores disposiciones supletoriamente al procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa regulado por la ley y su reglamento, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, cuenta con tres días para notificar el auto de inicio del procedimiento respectivo, contados a partir de que recibe la solicitud correspondiente por parte de la sindicatura municipal o la contraloría interna; aplicación supletoria que permite integrar eficazmente el vacío en la ley y en el reglamento, lo cual otorga seguridad jurídica a los gobernados, al limitar el propio legislador las facultades sancionadoras de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, e impidiendo que esta autoridad sea quien determine el momento en que debe resolver sobre la procedencia del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa.
CUARTO.—Expuestos los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada, para lo cual se analiza si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y llegaron a conclusiones opuestas respecto a la solución que debía darse a dichas cuestiones.
Sin que sea necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, página 7, registro: 164120, del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Sobre esa base, este Pleno de Circuito determina que en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, en relación con los criterios sustentados por el Tercer y Sexto Tribunales Colegiados de este Circuito, al resolver los asuntos de su conocimiento.
En efecto, según se observa en párrafos precedentes, el Tercer y Sexto Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los amparos en revisión administrativos 89/2018, 100/2017 y 188/2017, de sus respectivos índices, se enfrentaron a idéntica problemática relativa a la prescripción de las facultades de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, para dictar el acuerdo de inicio del procedimiento y realizar la notificación correspondiente de dicho auto.
Además, como común denominador en dichos asuntos, se desprende que el acto reclamado consistió en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, atribuido a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California.
Conforme a lo anterior, en la sentencia dictada en el amparo en revisión 89/2018, el Tercer Tribunal Colegiado consideró que únicamente existen dos hipótesis para que se actualice la prescripción en los procedimientos seguidos contra miembros policiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana.
1) La primera hipótesis incide en la facultad de la contraloría interna o sindicatura municipal para solicitar a la comisión el inicio del procedimiento respectivo, y para que opere debe transcurrir un año a partir de que se tenga conocimiento de los hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con los requisitos de permanencia.
2) El segundo supuesto versa respecto a la facultad de la comisión para emitir la resolución definitiva y notificarla al afectado; evento en el que se requiere para su actualización, el transcurso de dos años.
Lo anterior sustentó en la interpretación que realizó el Pleno de este Circuito, al resolver la contradicción de tesis 8/2017, que dio como origen la jurisprudencia PC.XV. J/26 A (10a.), respecto de los artículos 183, 184 y 185 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California; 92, 93 y 94 del Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, así como 217, 218 y 219 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California.
En cambio, en las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión administrativos 100/2017 y 188/2017, el Sexto Tribunal Colegiado estimó que el procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, previsto en la ley y su reglamento, se conforma por tres etapas:
a) La primera es la investigación que realiza la sindicatura municipal o contraloría interna, la cual inicia con la denuncia de un hecho generador de una posible responsabilidad administrativa de un servidor público, y concluye con la solicitud del inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa.
b) La segunda etapa es el ejercicio de las facultades de la Comisión de la Carrera Policial, en la cual se determina si con los elementos aportados en la etapa de investigación, es procedente ordenar el inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa; por tanto, es con la notificación de dicha determinación, con la cual concluye esta segunda etapa.
c) Una vez justificado el inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, continúa la tercera etapa, la cual, seguidas las formalidades del procedimiento, concluye con la notificación de la resolución definitiva.
En ese sentido, el órgano colegiado señaló que la segunda etapa, aquella que inicia con la solicitud del auto de inicio y concluye con la notificación, se encuentra sujeta a prescripción, porque la aplicación de esta institución es indispensable para dar seguridad jurídica a los particulares frente a los actos de autoridad, porque de lo contrario, las autoridades estarían en aptitud de actuar en cualquier momento, sin encontrar límite temporal.
En atención a dichas premisas, el Sexto Tribunal Colegiado concluyó que los artículos 184 y 185 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como los numerales 217, 218 y 219 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, contemplan la prescripción de las facultades de la comisión, para dictar y notificar el auto de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, una vez que han recibido la solicitud por parte de la sindicatura municipal o la contraloría interna, cuyo plazo para que opere es de tres días, en atención a los artículos 89 y 137 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, cuya aplicación supletoria e interpretación sistemática se aplica para integrar eficazmente el vacío en la ley y en el reglamento.
Consideraciones que ponen en evidencia que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver la cuestión litigiosa sometida a su consideración, se pronunciaron sobre una misma cuestión jurídica que giró en torno a la prescripción de las facultades de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, para dictar el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo y realizar la notificación correspondiente; conforme a lo cual, arribaron a posiciones antagónicas sustentadas en normas jurídicas que regulan las mismas situaciones de hecho.
En ese sentido, la materia de la contradicción de tesis debe constreñirse en dilucidar si las facultades de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, para dictar el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo y realizar la notificación correspondiente, se sujetan a un límite temporal para la prescripción.
QUINTO.—Este Pleno de Circuito considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos:
Como cuestión previa, conviene destacar que el artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal establece que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes.
Por su parte, el numeral 113 constitucional vigente al momento en que se expidió la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California (veintiuno de agosto de dos mil nueve), así como el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana (seis de diciembre de dos mil trece), establecía que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.
Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 6047/2015, vertió las siguientes consideraciones:
• El principio de legalidad, propio de la materia penal, también es aplicable al derecho administrativo sancionador, dado que constituye un importante límite externo al ejercicio de ius puniendi del Estado, el cual exige que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado conforme a las leyes establecidas con anterioridad al hecho que se sanciona; tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado por la facultad que tiene para imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos, respecto de los cuales deben imperar los principios constitucionales que rigen para la materia penal.
• En ese sentido, el principio de legalidad previsto en la norma constitucional, exige que las infracciones y las sanciones deben estar impuestas en una ley en sentido formal y material.
• La elección entre pena y sanción administrativa no es completamente disponible para el legislador en tanto que es susceptible de ser controlable a través de un juicio de proporcionalidad y razonabilidad en sede constitucional.
• La Constitución Federal prevé cinco vertientes del derecho administrativo sancionador, entre ellas, las sanciones a que estén sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos, en términos del título cuarto de la Constitución Federal.
• El derecho administrativo sancionador en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos tampoco envuelve una potestad ilimitada del Estado para ejercer el ius puniendi, al constituir un deber observar y respetar los derechos humanos de quienes son sometidos a este tipo de procedimiento, en virtud de una presunta conducta infractora y otorgar iguales garantías que tendría cualquier otra persona en condiciones similares.
• Los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, constitucionales, establecen el principio de seguridad jurídica consistente en que los gobernados no sufrirán actos de autoridad, sino a través de los requisitos constitucionales y legales que se prevean al efecto; además, el segundo precepto constitucional garantiza que las personas no sufrirán actos de molestia por parte de las autoridades, sino a través de mandamiento escrito, emitido por autoridad competente y debidamente fundado y motivado.
• Además, en virtud de que los derechos no deben ser analizados, necesariamente, de manera aislada, en tanto se rigen bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, es necesario traer a colación el derecho de acceso a la justicia.
• El artículo 17 de la Constitución, resulta pertinente en materia de derecho administrativo sancionador relativo a responsabilidades administrativas de los servidores públicos, debido a que los procedimientos para determinar las presuntivas responsabilidades en las cuales incurran dichas personas, deberán llevarse a cabo en forma de juicio y conforme a leyes que establezcan las reglas procesales relativas.
Sobre esas premisas, conviene destacar el contenido de los artículos 183, 184 y 185 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como los numerales 217, 218 y 219 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, que establecen:
Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California
"Artículo 183. Prescribirá en un año la facultad para la aplicación de correcciones disciplinarias, contado a partir de que por cualquier medio se tenga conocimiento de que el miembro incumplió alguna de sus obligaciones en los términos de esta ley."
"Artículo 184. Prescribe en un año la facultad de la contraloría interna para solicitar a la comisión el inicio del procedimiento respectivo, contado a partir del día en que por cualquier medio se tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia previstos en esta ley y demás casos contemplados en la misma o que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa grave.
"Prescribe en dos años la facultad de la comisión, para dictar la resolución definitiva y notificarla al afectado contados a partir de la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento correspondiente."
"Artículo 185. La prescripción a que alude el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28149-5d6c1158/prescripcion-de-las-facultades-de-la-comision-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. EL PLAZO CON QUE CUENTA LA SINDICATURA MUNICIPAL PARA SOLICITAR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ACUERDO DE INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUAN (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPANTE NO FAVORECIDO EN E (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SECRETARIO INSTRUCTOR. CARECE DE FACULTADES PARA INADMITIR LA DEMANDA Y ARCHIVAR EL ASUNTO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2019). (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. CASO EN EL QUE EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LA QUE SE PRESENTA ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UN (PC.III.A.1 K (10a.))
- TESIS, CONTRADICCION DE. NO COMPETE RESOLVERLA AL TRIBUNAL COLEGIADO. (s/clave)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO EN LA SESIÓN DEL PLENO DE CIRCUITO EN QUE SE LISTÓ EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN RESPECTIVO SE INFORMA SOBRE EL CAMBIO DE CRITERIO DE UNOS DE LOS TRIBUNA (PC.I.P.1 K (10a.))
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TENER A LA VISTA LA EJECUTORIA DE LA QUE DERIVÓ ALGUNO DE LOS CRITERIOS QUE SE ESTIMAN DIVERGENTES, SI EL TEXTO (1670)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis