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Modo: Corpus Pro

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. EL PLAZO CON QUE CUENTA LA SINDICATURA MUNICIPAL PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN DE DESARROLLO POLICIAL EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CONTRA LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, SE INTERRUMPE AL PRESENTARSE LA SOLICITUD O DENUNCIA CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. · Registro digital (IUS): 27501
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-12-01
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDE
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo II, Pág. 1537.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, SINALOA. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ, MARÍA JESÚS SALCEDO, GUSTAVO GALLEGOS MORALES, DAVID GUERRERO ESPRIÚ, ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO Y JOSÉ ENCARNACIÓN AGUILAR MOYA. PONENTE: DAVID GUERRERO ESPRIÚ. SECRETARIA: MARIVELDA TAFOYA GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno del Décimo Quinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito con sede en esta ciudad, lugar donde este Pleno ejerce jurisdicción.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, puesto que fue formulada por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Tijuana.

TERCERO.-Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:

1. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito conoció del amparo en revisión administrativa **********, interpuesto por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California.

En el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, del que derivó el amparo en revisión **********, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, se reclamó la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, en la que sobreseyó en el juicio de amparo y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, para que la autoridad responsable, Comisión del Servicio Profesional de Carrera (antes Comisión de Desarrollo Policial) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Tijuana: dejara insubsistente el auto de dieciocho de marzo de dos mil quince dictado en la queja **********, y dictara otro, en el que se declare la prescripción para el inicio del procedimiento de remoción del agente **********, confirmó, en lo que fue materia de revisión, la sentencia recurrida.

Las consideraciones expresadas por el Tribunal de Circuito del conocimiento, al resolver el amparo en revisión de referencia, en la parte que interesa, son las que a continuación se transcriben:

"QUINTO.-Son infundados los agravios formulados por la autoridad responsable, aquí recurrente, Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, en mérito a las consideraciones que a continuación se exponen:

"Previo al estudio de las inconformidades planteadas por el recurrente, conviene precisar los siguientes antecedentes:

"Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Tijuana, Baja California, el cuatro de junio de dos mil quince, turnado al siguiente día al Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera de Tijuana, Baja California (antes Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública), de quien reclamó:

"‘De la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública, de Tijuana, Baja California, se reclama:

"‘1. La omisión de pronunciarse respecto de prescripción de las facultades de la Sindicatura Municipal para solicitar e iniciar el procedimiento de remoción contra el suscrito, sin que se funde y motive esta negativa, ya que mediante escrito recibido por la responsable, en fecha 18 de marzo de 2015, solicité se acordara la prescripción prevista en el artículo 184 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California (es decir, el determinar la prescripción de las facultades para iniciar el procedimiento de remoción en contra del quejoso con motivo de la queja **********, iniciada por el síndico procurador del Ayuntamiento de Tijuana); sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

"‘2. La prescripción de las facultades de la síndica procuradora para solicitar el inicio del procedimiento de remoción respecto de la queja **********, como consecuencia el impedimento legal para que la autoridad responsable (sic) para sustanciar el procedimiento y, en su lugar, acuerde de la prescripción y remita el expediente a la Contraloría Interna (Sindicatura Municipal).

"‘3. Los efectos y consecuencias que se deriven de los actos reclamados que señaló con anterioridad.

"‘Todos y cada uno de los actos de autoridad que señalo en la presente demanda de amparo, los atribuyo a las autoridades responsables, bien sea que lo lleven a cabo por sí o por conducto de sus ejecutores o inferiores jerárquicos o subalternos.’

"La Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, por acuerdo de ocho de junio de dos mil quince, admitió a trámite la demanda de amparo y la registró con el número **********; seguido el juicio en todas sus etapas, el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, celebró la audiencia constitucional y en el mismo día, mes y año, dictó sentencia en la que SOBRESEYÓ y CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso.

"El Juez de Distrito, para conceder el amparo solicitado, expuso, esencialmente, los siguientes argumentos:

"‘Al respecto, el quejoso refiere, en sus conceptos de violación, que lo aducido por las autoridades en sus informes justificados transgrede sus derechos de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues aun cuando la Sindicatura Municipal presentó ante la Comisión de Desarrollo Policial las constancias que integran la queja **********; esta última no ha iniciado el procedimiento en cuestión, lo que implica que el plazo para la prescripción no se ha interrumpido, pues el único acto procesal que tiene ese efecto, es el auto de inicio del procedimiento, el cual, no se ha emitido.

"‘Es esencialmente fundado el concepto de violación reseñado.

"‘...

"‘Se estima que es fundado el argumento del quejoso, pues el plazo para la prescripción se interrumpe con el auto de inicio de procedimiento, en la medida en que dicho proveído es una consecuencia inmediata de la solicitud que al efecto realiza la Sindicatura Municipal a la Comisión de Desarrollo Policial, dado que en ninguna parte del procedimiento establecido en las legislaciones citadas en párrafos precedentes, se prevé que esta última disponga de facultades para continuar con las investigaciones que previamente realizó el sindica procurador (sic).

"‘Esto es, el procedimiento previsto en la Ley de Seguridad Pública y en el Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana establecen dos fases para la sustanciación del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa:

"‘La primera, ante la Sindicatura Municipal o Contraloría Interna, según corresponda, en la que se llevarán a cabo las investigaciones relativas a la falta que se atribuye al servidor público; y,

"‘La segunda, ante la comisión, quien una vez recibido el expediente integrado, dictará auto de inicio, fijará la fecha de audiencia y, concluidas las etapas de pruebas y alegatos, citará para oír la resolución que corresponda; facultad que prescribirá en el plazo de dos años, contados a partir de la celebración de la audiencia en mención.

"‘En ese sentido, la ley y reglamento respectivos, por una parte, no disponen que la Comisión de Desarrollo Policial pueda llevar a cabo investigaciones en torno a los expedientes cuyo inicio se les solicite por parte de la Sindicatura Municipal; y, por otra, el hecho de que los ordenamientos de referencia prevean que el plazo para que el síndico solicite el inicio de los procedimientos prescriba en un año a partir de que tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia o ha incurrido en responsabilidad administrativa grave; tiene como consecuencia directa e inmediata, que la comisión a quien presentará la investigación respectiva, realice lo propio, esto es, dé entrada a la misma a través del auto de inicio de procedimiento; actuación que de ninguna forma podrá postergar, pues ni la ley ni el reglamento en cita prevén esa posibilidad.

"‘Así, una recta intelección de los preceptos 58, 59 y 92 del Reglamento del Servicio de Seguridad Pública del Municipio de Tijuana, Baja California, lleva a concluir que el plazo de un año a que se refiere el último de los citados numerales para que la Sindicatura Municipal solicite a la Comisión de Desarrollo Policial, el inicio del procedimiento correspondiente (separación o responsabilidad), no se interrumpe con el hecho de que la primera de las mencionadas autoridades remita el expediente a la segunda, pues, entonces, dejaría a esta última la libertad de decidir cuándo iniciar el procedimiento y, en su caso, prolongarlo indefinidamente, en contravención al derecho a la seguridad jurídica que tiene todo gobernado y que el legislador pretendió privilegiar con el establecimiento de términos perentorios durante la sustanciación del procedimiento respectivo.

"‘Por ende, debe estimarse que el plazo de un año a que se refiere tanto el artículo 184 de la Ley de Seguridad Pública, como el diverso 92 del Reglamento del Servicio de Seguridad Pública del Municipio de Tijuana, Baja California, se interrumpen una vez que se dicta el auto de inicio de procedimiento por la Comisión de Desarrollo Policial, pues sólo de esa forma puede garantizarse la seguridad jurídica de los procedimientos, al tiempo que se satisface la garantía de acceso a la justicia que debe prevalecer en el orden jurídico nacional.

"‘...

"‘Por ende, si en el particular, como se precisó, el legislador previó una etapa de investigación, a partir del cual se determinará si existen elementos para iniciar un procedimiento al servidor público, la cual prescribiría en un año; así como una etapa posterior ante la Comisión de Desarrollo Policial, quien concluiría si debía iniciarse o no dicho procedimiento que prescribiría en dos años, es inconcuso que el primer plazo, se interrumpe hasta que se da inicio a dicho procedimiento, en el que se cita a la audiencia de ley; mientras que el segundo, se interrumpe con la celebración de dicha audiencia, pues de lo contrario, bastaría que la comisión no se pronunciara en torno a los expedientes que le fueron presentados, para hacer nugatorios tales plazos, en la medida en que el primero quedaría paralizado con la presentación de la investigación, y el segundo, ni siquiera iniciaría, ante la falta de trámite del mismo y, por ende, de la celebración de la audiencia que es la que produce ese efecto.

"‘Por ende, si en el caso, la sindicatura procuradora municipal, el veintiocho de octubre de dos mil once, tuvo conocimiento de los hechos por los cuales es sujeto de procedimiento el aquí quejoso, mediante el escrito que presentó el director de la Policía Bancaria e Industrial y hasta la fecha (veinticuatro de noviembre de dos mil quince), y aún no se ha emitido el auto de inicio del procedimiento por parte de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera; es inconcuso que, al tenor de los razonamientos expuestos, desde el veintiocho de octubre de dos mil doce, prescribió la queja **********.

"‘En ese tenor, lo procedente es conceder la protección constitucional, para que la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera (antes Comisión de Desarrollo Policial) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana:

"‘Deje insubsistente el auto de dieciocho de marzo de dos mil quince, dictado en la queja **********, y dicte otro, en el que declare la prescripción para el inicio del procedimiento de remoción del agente de policía **********. Concesión que se hace extensiva respecto del síndico procurador del Ayuntamiento de Tijuana, a fin de que subsane la omisión que se le atribuye y solicite a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera (antes Comisión de Desarrollo Policial) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, la remisión de la queja **********, para archivarla como asunto concluido ...’

"Ahora bien, el recurrente señala en sus agravios, esencialmente, las siguientes inconformidades:

"a) Que en la sentencia definitiva que se recurre, se afirma que la recurrente decretó que no operaba la prescripción que aludía el impetrante en su escrito de petición; sin embargo, dice que esa autoridad, hasta el momento, no se ha pronunciado respecto de la figura jurídica de la prescripción dentro del procedimiento administrativo incoado al miembro policial **********, pues sólo refiere la recurrente que se le dijo al quejoso, que en virtud de que el procedimiento incoado en su contra, aún no se le había notificado, es que no estaba en aptitud de resolver sobre la hipótesis jurídica que aludía en su escrito de petición, por lo que, en todo caso, debió concederse el amparo para que esa autoridad se pronunciara respecto a la procedencia de la prescripción.

"b) Señala que del estudio analítico y sistemático de la legislación aplicable, se habrá de notar, que no cabe interpretación diferente a la que ya está establecida dentro de la normatividad, esto es, que a la Contraloría Interna le prescribe en un año, a partir de que tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia o que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa grave, y que, una vez que la Contraloría Interna solicite el inicio de procedimiento de separación definitiva a la comisión, se interrumpe el término del año, por lo que en el caso, la Contraloría Interna tuvo conocimiento de los hechos en que fundó la investigación administrativa en fecha veintiocho de octubre de dos mil once, asimismo, solicitó el inicio de procedimiento de separación definitiva a la comisión en fecha veinticinco de abril de dos mil doce, teniendo la comisión por recibidas en fecha dos de mayo de dos mil doce, las documentales que integran la investigación administrativa **********, en las cuales viene inmersa la solicitud por parte de la Contraloría Interna, por lo que considera improcedente y contrario a derecho, el interpretar de diferente manera lo estipulado en los artículos 184 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California y 92 del Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California.

"Es infundado el motivo de agravio sintetizado en el inciso a), en donde refiere que esa autoridad, hasta el momento, no se ha pronunciado respecto de la figura jurídica de la prescripción dentro del procedimiento administrativo incoado al miembro policial **********, pues, contrario a lo alegado se observa, el proveído de dieciocho de marzo de dos mil quince, en el que la secretaria técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera (Comisión de Desarrollo Policial) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, al atender a la solicitud hecha por el quejoso, en el sentido de que se decretara la prescripción para sustanciar la investigación y solicitar el procedimiento a la comisión, resolvió lo siguiente:

"‘... por otra parte, en lo concerniente a la solicitud de prescripción a que alude en su escrito de cuenta, dígasele, que en virtud de que el procedimiento incoado en su contra, aún no le ha sido notificado, es que no se ha instaurado formalmente el procedimiento administrativo en su contra, por lo cual, esta autoridad, procesalmente, no está en aptitud de resolver la hipótesis jurídica que alude en su escrito de cuenta, respecto de la prescripción que refiere. En las relatadas condiciones, NO SE ACUERDA DE CONFORMIDAD lo solicitado por el promovente en su escrito de cuenta, hasta en tanto se notifique el acuerdo de inicio emitido por esta autoridad, mismo que recayó procesalmente, de la investigación administrativa **********.’

"De lo anterior se observa que, contrario a lo alegado, sí existió por parte de la autoridad un pronunciamiento para no acordar de conformidad a la solicitud de prescripción que le había hecho valer la parte quejosa, sin que valga su argumento de que no se ha pronunciado específicamente respecto de la figura jurídica de la prescripción dentro del procedimiento administrativo incoado al miembro policial **********, pues es evidente que cuando se le solicitó tal conducta, rechazó la procedencia de la misma estableciendo que no se había instaurado formalmente el procedimiento administrativo en su contra, por lo cual, según dijo, esa autoridad, procesalmente, no estaba en aptitud de resolver la hipótesis jurídica a que aludía el quejoso en su escrito de referencia, lo que constituye un rechazo a la procedencia de dicha figura; por tanto, resulta correcta la determinación de la quo, al pronunciarse sobre la procedencia de tal prescripción, ya que, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto positivo con efectos negativos, lo procedente era obligar a la responsable a respetar el derecho que le fue violado al gobernado, lo que en el caso representa, resolver favorablemente respecto de la solicitud de prescripción que había sido oportunamente solicitado por el quejoso.

"De igual forma es infundado lo alegado en el motivo de agravio sintetizado en el inciso b), en donde señala que no cabe interpretación diferente a la que ya está establecida dentro de la normatividad, esto es, que a la Contraloría Interna le prescribe en un año, a partir de que tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia o que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa grave, y que una vez que la Contraloría Interna solicite el inicio de procedimiento de separación definitiva a la comisión, se interrumpe el término del año; sin embargo, contrario a lo alegado, este Tribunal Colegiado considera correcta la determinación del a quo y, para ello, es oportuno transcribir los siguientes numerales:

"‘Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California

"‘Prescripción

"‘Capítulo único

"‘Artículo 183. Prescribirá en un año la facultad para la aplicación de correcciones disciplinarias, contado a partir de que por cualquier medio se tenga conocimiento de que el miembro incumplió alguna de sus obligaciones en los términos de esta ley.’

"‘Artículo 184. Prescribe en un año la facultad de la Contraloría Interna para solicitar a la comisión el inicio del procedimiento respectivo, contado a partir del día en que por cualquier medio se tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia previstos en esta ley y demás casos contemplados en la misma o que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa grave.

"‘Prescribe en dos años la facultad da la comisión, para dictar la resolución definitiva y notificarla al afectado contados a partir de la notificación fiel acuerdo de inicio del procedimiento correspondiente.’

"‘Artículo 185. La prescripción a que alude el segundo párrafo del artículo anterior se interrumpirá en los siguientes casos:

"‘I. Con la celebración de la audiencia administrativa, y

"‘II. Con la interposición de algún juicio o medio de defensa en contra de la resolución que se hubiese emitido dentro del procedimiento.’

"‘Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California

"‘Artículo 91. Prescribirá en un año la facultad para la aplicación de correcciones disciplinarias, contado a partir de que por cualquier medio se tenga conocimiento de que el miembro incumplió alguna de sus obligaciones en los términos de la ley y este reglamento.’

"‘Artículo 92. Prescribe en un año la facultad de la Sindicatura Municipal a través de la Dirección de Responsabilidades para solicitar a la comisión el inicio del procedimiento respectivo, contado a partir del día en que por cualquier medio se tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia previstos en esta ley y demás casos contemplados en la misma o que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa grave.’

"‘Artículo 93. Prescribe en dos años la facultad de la comisión, para dictar la resolución definitiva y notificarla al afectado contados a partir de la notificación del acuerdo del inicio del procedimiento correspondiente.’

"‘Artículo 94. La prescripción que alude el artículo anterior se interrumpirá en los siguientes casos:

"‘I. Con la celebración de la audiencia administrativa, y

"‘II. Con la interposición de algún juicio o medio de defensa en contra de la resolución que se hubiese emitido dentro del procedimiento.’

"De las transcripciones anteriores, se puede apreciar que, si bien los referidos numerales no prevén expresamente que el plazo para la prescripción se interrumpe con el auto de inicio de procedimiento, en la medida en que sólo se precisa que prescribe en un año la facultad de la Sindicatura Municipal a través de la Dirección de Responsabilidades para solicitar a la comisión el inicio del procedimiento respectivo, lo cierto es que el auto de inicio de procedimiento es una consecuencia inmediata de la solicitud que al efecto realiza la Sindicatura Municipal a la Comisión de Desarrollo Policial.

"Esto es, en el procedimiento previsto en el Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, se dispone lo siguiente:

"‘Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California

"‘Artículo 57. Los miembros serán separados definitivamente cuando dejen de reunir alguno de los requisitos de permanencia o incurra en cualquiera de las hipótesis contenidas en la fracción I del artículo del presente reglamento, o suspendidos temporalmente o removidos del cargo cuando incurran en responsabilidad administrativa grave.’

"‘Artículo 58. La Dirección de Responsabilidades será la encargada de la investigación administrativa y de solicitar fundada y motivadamente a la comisión, el inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, remitiéndole el expediente del presunto infractor.’

"‘Artículo 59. El procedimiento iniciará por acuerdo de la comisión correspondiente, de acuerdo a lo previsto en la ley y las disposiciones reglamentarias que correspondan.’

"‘Artículo 60. Todos los días y horas serán hábiles para la sustanciación del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa.’

"‘Artículo 61. El acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa deberá contener por lo menos lo siguiente:

"‘I. Lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 159 de la ley, misma que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dicte el acuerdo;

"‘II. Motivos que dan origen al procedimiento, y el derecho del miembro a imponerse de autos a fin de que conozca las imputaciones que se le fincan, y pueda defenderse por sí, o por persona de su confianza;

"‘III. El derecho del miembro a ofrecer pruebas y alegar a lo que su derecho convenga; y

"‘IV. El apercibimiento, en caso de que en la audiencia el miembro no señale domicilio en la ciudad para oír y recibir notificaciones, las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se realizarán en los estrados de la institución policial y de las comisiones.’

"De lo anterior, se observa que se establecen dos fases para la sustanciación del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa; la primera, ante la Sindicatura Municipal o Contraloría Interna, según corresponda, en la que se llevarán a cabo las investigaciones relativas a la falta que se atribuye al servidor público; y la segunda, ante la comisión, quien una vez recibido el expediente integrado, dictará auto de inicio, fijará la fecha de audiencia y concluidas las etapas de pruebas y alegatos, citará para oír la resolución que corresponda; facultad que prescribirá en el plazo de dos años, contados a partir de la celebración de la audiencia en mención.

"En ese sentido, de las disposiciones legales antes transcritas se puede apreciar que el plazo para que el síndico solicite el inicio de los procedimientos prescribe en un año a partir de que tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia o ha incurrido en responsabilidad administrativa grave; esto tiene como consecuencia directa e inmediata, que la comisión a quien presentará la investigación respectiva, realice lo propio, esto es, dé entrada a la misma a través del auto de inicio de procedimiento; actuación que, como lo sostuvo el a quo, de ninguna forma puede postergar, pues ni la ley ni el reglamento en cita prevén esa posibilidad.

"Por tanto, de acuerdo a los preceptos 58, 59 y 92 del Reglamento del Servicio de Seguridad Pública del Municipio de Tijuana, Baja California, se puede concluir que el plazo de un año a que se refiere el último de los citados numerales para que la Sindicatura Municipal solicite a la Comisión de Desarrollo Policial, el inicio del procedimiento correspondiente (separación o responsabilidad), no se interrumpe con el solo hecho de que la primera de las mencionadas autoridades remita el expediente a la segunda, pues, entonces, se dejaría a esta última la libertad de decidir cuándo iniciar el procedimiento y, en su caso, prolongarlo indefinidamente, en contravención al derecho a la seguridad jurídica que tiene todo gobernado.

"Es de señalarse que el legislador expidió la Ley de Seguridad Pública del Municipio de Tijuana, Baja California y el Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para ese Municipio, con la intención de evitar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que cometan actos ilícitos en detrimento de la función pública y de la sociedad.

"Para lograr este importante cometido, el legislador otorgó a las autoridades administrativas facultad para sancionar a aquellos servidores públicos que hubieran incurrido en actividades ilícitas, las cuales describió el propio legislador.

"En esta noción legislativa, el tiempo guarda una posición especial, toda vez que el legislador la estableció en la ley para que la autoridad administrativa pudiera cumplir, en una primera pero trascendental etapa, con su función de evitar y sancionar conductas ilícitas de los servidores públicos. Así, las autoridades sancionadoras cuentan con un plazo de un año, a partir de que se tiene conocimiento de la conducta ilícita para solicitar a la Comisión de Desarrollo Policial, el inicio del procedimiento correspondiente con la intención de sancionar al servidor público involucrado.

"Si en dicho lapso la autoridad no ejerce su facultad sancionadora, se considerará que dicha facultad ha prescrito, por lo que la institución jurídica de la prescripción, debe entenderse como la extinción, en virtud del paso del tiempo, de la facultad que tiene la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas ilícitas.

"Conforme a lo antes expuesto, es dable considerar, que si bien existe un interés de la sociedad por evitar y, en su caso, sancionar las actividades ilícitas de individuos que tienen un compromiso distinto al resto de las personas en tanto que son servidores públicos, también lo es que no es aceptable que las autoridades sancionadoras puedan ejercer sus atribuciones en cualquier tiempo, ya que ello dejaría en un estado de incertidumbre jurídica al gobernado contrario a su dignidad y honradez, pues se mantiene latente una sospecha de responsabilidad por supuestos actos realizados en el desempeño de su trabajo.

"La duda respecto de la función desempeñada por un servidor público por el bien de la sociedad y del individuo mismo, no debe quedar permanentemente abierta.

"Por tal motivo, el legislador previó la posibilidad de que las facultades de las autoridades administrativas prescribieran, de esta manera, si la intención del legislador era la de no prolongar por más de un año esa etapa de investigación y obligar a la Contraloría Interna a que durante ese lapso solicitara el inicio de procedimiento para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas ilícitas, por tanto, es correcto considerar, que el plazo para la prescripción se interrumpe con el auto de inicio de procedimiento, pues caso contrario se dejaría a la Comisión de Desarrollo Policial, la libertad de decidir c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27501-e50dc052/servicio-profesional-de-carrera-de-la-secretaria-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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