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Modo: Corpus Pro

ACUERDO DE INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EMITIRLO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2017. · Registro digital (IUS): 27544
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-01-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo II, Pág. 547.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 30 DE MAYO DE 2017. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ, MARÍA JESÚS SALCEDO, GUSTAVO GALLEGOS MORALES, ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO Y JOSÉ ENCARNACIÓN AGUILAR MOYA. DISIDENTE: DAVID GUERRERO ESPRIÚ. PONENTE: ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO. SECRETARIA: KARMINA MOLINA ÁLVAREZ.

Mexicali, Baja California, acuerdo del Pleno del Decimoquinto Circuito, correspondiente al día treinta de mayo de dos mil diecisiete.

Vista, para resolver, la contradicción de tesis 9/2017; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia de contradicción de tesis. Mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana y recibido el mismo día en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en dicha ciudad, **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Sindicatura Municipal de Tijuana, Dirección General de Responsabilidades de la Sindicatura Municipal y Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana.

La demanda de amparo se admitió mediante auto de siete de diciembre de dos mil quince y una vez tramitado el sumario constitucional, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo solicitado.

Inconformes con tal determinación, las autoridades responsables síndico procurador, director de Responsabilidades de la Sindicatura Municipal y el secretario de Seguridad Pública y presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública, interpusieron recurso de revisión, el cual por cuestión de turno correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, el cual fue admitido a trámite mediante autos de presidencia de dieciséis de marzo y veintidós de abril, ambos de dos mil dieciséis, el cual fue registrado con el consecutivo ********** de amparo en revisión fue resuelto en sesión de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, y cuyo sentido fue modificar el fallo recurrido y conceder la Protección Federal solicitada.

Asimismo, en dicha sentencia se ordenó denunciar la contradicción de tesis contra el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión **********, de su índice.

SEGUNDO.-Trámite de la contradicción de tesis. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno del Decimoquinto Circuito tuvo por recibida la denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo **********, y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al fallar el amparo directo en revisión administrativo **********.

Asimismo, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis **********, admitió a trámite la denuncia de que se trata, se ordenó notificar la radicación del asunto a los tribunales contendientes, sin que se solicitara copia certificada de la ejecutoria dictada en el expediente **********, al haber sido adjuntada a la denuncia; no así la relativa al amparo en revisión administrativo **********, por lo que se solicitó al Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito remitiera copia certificada de la ejecutoria dictada en dicho expediente, para efectos de tramitar y resolver la denuncia de contradicción de tesis.

En auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informando que después de una búsqueda realizada por el secretario general de Acuerdos del Alto Tribunal, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis que guardara relación con el tema que comprende la materia de la presente.

En acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno del Decimoquinto Circuito ordenó turnar los autos para su estudio al Magistrado Adán Gilberto Villarreal Castro, representante del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno de este Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el Acuerdo General 8/2015 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por dos Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima, dado que el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por el entonces presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto, Magistrado Inosensio del Prado Morales.

TERCERO.-Existencia de la contradicción de tesis. A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios tal y como se admitió y fue denunciada, debe precisarse que el tema de la denuncia de contradicción de tesis consiste en determinar si el presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, cuenta o no con facultades para emitir los acuerdos de inicio de los procedimientos del régimen disciplinario o del Servicio Profesional de Carrera por falta de requisitos de permanencia, o si es atribución del secretario técnico dar fe con su firma de las actuaciones que deriven de la comisión, o si es la comisión, como órgano colegiado quien será quien conozca de los procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial y el Régimen Disciplinario de los miembros policiales y quien resuelva la suspensión preventiva del miembro al inicio del procedimiento de separación definitiva o de remoción del cargo o de revocar o confirmar la decretada por la sindicatura, además de dictar acuerdos de radicación y, en su caso, de inicio del procedimiento.

No obstante, la probable divergencia de criterios precisada en la denuncia relativa, no vincula a este Pleno a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, puesto que, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Magistrados integrantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."(1)

Bajo tal marco de referencia, resulta necesario reseñar brevemente las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

1. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo **********, estableció que el acuerdo reclamado (auto de inicio del procedimiento de separación definitiva contra el quejoso en el juicio de amparo de origen) sí cumple con el requisito de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional, toda vez que fue emitido por autoridad competente, pues lo dictó el presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, en unión del encargado de despacho del Servicio Profesional de Carrera, asistido de dos testigos, quien en términos del artículo 197 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, cuenta, entre otras, con atribuciones de autorizar y emitir el acuerdo de inicio de los procedimientos del régimen disciplinario o del servicio profesional de carrera (fracción XI) como en el caso del acto reclamado de treinta de julio de dos mil quince, consistente en el acuerdo de inicio de procedimiento de separación definitiva del cargo de los quejosos, como agentes de la Policía Municipal de Tijuana Baja California.

Que tal facultad deriva del numeral 197 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, en relación con lo dispuesto por los diversos 1, 107, 103, fracción VI, así como con el sexto transitorio, todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, reglamentarios del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Constituyente Permanente previno que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes y podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes establezcan en el momento del acto, para permanecer en dichas instituciones; es evidente entonces, que para verificar el cumplimiento del principio de legalidad, debe atenderse a las leyes establecidas por el legislador ordinario.

Que por tanto, si el Congreso del Estado, en ejercicio de dicha facultad, estableció la Ley de Seguridad Pública, en cuyo artículo 1o. se estipuló que dicha ley es de orden público e interés general y tiene por objeto desarrollar las bases de aplicación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios, así como regular la prestación del servicio de seguridad pública y la relación administrativa ente los Miembros de las Instituciones Policiales del Estado de Baja California y las Dependencias de la Administración Pública Centralizada Estatal o Municipal, con motivo de la prestación de sus servicios, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y a su vez, en el numeral 107 estipuló, en la parte que interesa, que los Municipios establecerán instancias colegiadas para conocer y resolver toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario de los Miembros de las Instituciones Policiales, lo cual se reafirma en lo previsto por el ordinal sexto transitorio de la ley en cuestión, al señalar que los Ayuntamientos deberán expedir el ordenamiento para la integración, organización, y funcionamiento de las instancias encargadas del conocimiento y resolución de los procedimientos de carrera policial y régimen disciplinario.

Entonces, si el Municipio de Tijuana expidió el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, en cuyo artículo 1o. estableció, que dicho cuerpo normativo es de orden público, interés social y observancia obligatoria para los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, así como para las demás autoridades municipales a quienes se encomienda una función en el mismo y tiene por objeto regular los procedimientos del Sistema de Desarrollo Policial para los Miembros de la Secretaría del Municipio de Tijuana, Baja California, con motivo de la prestación de sus servicios, por lo que es la norma que en el ámbito municipal resulta reglamentaria del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.

Por lo que de esa manera, resultaba fundado lo aducido por la autoridad recurrente, al señalar que conforme al precepto 197 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, el presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, cuenta con facultades para autorizar y emitir los acuerdos de inicio de los procedimientos del régimen disciplinario o del servicio profesional de carrea que se siguen a los miembros de la institución policial.

Ello, porque la propia Constitución Federal en su artículo 123, apartado B, fracción XIII, ha establecido una especialización de normas reguladoras de los cuerpos policiacos, para ser separados de sus cargos, si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalan para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, supeditando su sustanciación a las leyes establecidas y, en el caso concreto, el Municipio de Tijuana, en términos de lo previsto por los artículos 107, 131, fracción IV, en relación con el sexto transitorio, todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, cuenta con una facultad reglamentaria para regular, entre otras cuestiones, la relación administrativa entre los miembros de los cuerpos policiacos; lo cual realiza a través de la aplicación del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, cuyo numeral 197, faculta al presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, para autorizar y emitir los acuerdos de inicio de los procedimientos del régimen disciplinario o del servicio profesional por falta de requisitos de permanencia.

2. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo **********, determinó sustancialmente, que si bien del precepto 197, fracción XI, del reglamento en cuestión, se advertía la facultad del presidente para autorizar y emitir el acuerdo de inicio de los procedimientos del régimen disciplinario o del servicio profesional de carrera, mientras que en el diverso 198, fracción XIII, se establece como atribución del secretario técnico el dar fe, con su firma, de las actuaciones que se deriven de la sustanciación de los procedimientos de los que conozca la comisión; sin embargo, dichas facultades no resultan suficientes para estimar que eran las autoridades competentes para emitir el auto de inicio, ello considerando lo dispuesto por el diverso numeral 189 del propio reglamento, en el que se establece que la comisión como órgano colegiado será quien conocerá de los procedimientos del servicio profesional de carrera policial y el régimen disciplinario de los miembros, mientras que el diverso 196, apartado A), puntos 2 y 12, establece que en materia del régimen disciplinario será la comisión quien resolverá sobre la suspensión preventiva del miembro al inicio del procedimiento de separación definitiva o de remoción del cargo, o revocar o confirmar la decretada por la sindicatura municipal, además de dictar los acuerdos de radicación y, en su caso, de inicio del procedimiento, con el acuerdo que dicte la sindicatura municipal, mediante el acta administrativa o el instrumento correspondiente.

Que, en ese contexto, el auto de inicio del procedimiento debe ser emitido de manera colegiada de conformidad con la legislación aplicable, al precisar las funciones e intervención de cada uno de los miembros de la comisión, pero generalizando los términos en que debe actuar dicho órgano colegiado en el inicio del procedimiento, lo que trae consigo que no es suficiente el simple actuar del presidente y del secretario técnico, sino que implica la decisión colegiada de dicha comisión.

En estas circunstancias, el punto de derecho divergente, entre los dos criterios antes plasmados, consiste en determinar si el presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en unión con el secretario técnico, cuenta con facultades para emitir los acuerdos de inicio de los procedimientos del Régimen Disciplinario o del Servicio Profesional de Carrera por falta de requisitos de permanencia o bien, si la facultad de emitir los referidos acuerdos de inicio, es exclusiva de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, actuando de forma colegiada.

CUARTO.-Contradicción de tesis existente. Una vez establecidas las posturas que originaron la denuncia de contradicción de tesis en estudio, corresponde verificar su existencia.

Con esa finalidad, conviene precisar que, sobre la existencia de la contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan temas jurídicos esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a los cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones contenidos en las sentencias respectivas.

Dicho criterio está reflejado en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, registro digital: 164120, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

En atención a lo expuesto, y con base en los razonamientos que tuvieron en cuenta los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto del Décimo Quinto Circuito, ambos con residencia en esta ciudad, los cuales fueron resumidos en el considerando que antecede, se advierte que existe la contradicción de criterios denunciada, ya que los mencionados órganos judiciales, al resolver los asuntos que participan en esta contienda, examinaron temas jurídicos sustancialmente iguales, en específico, a quién corresponde la facultad de radicar los procedimientos de régimen disciplinario o del servicio profesional contra los elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio del Tijuana, Baja California.

Al respecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito concluyó que el presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, está facultado para autorizar y emitir los acuerdos de inicio de los procedimientos del régimen disciplinario o del servicio profesional por falta de requisitos de permanencia.

Por otro lado, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito concluyó que el acuerdo de inicio de los procedimientos del régimen disciplinario o del servicio profesional de carrera, debe ser emitido por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, de manera colegiada, de conformidad con lo previsto por los artículos 189 y 196, apartado A), puntos 2 y 12, del citado reglamento, preceptos legales que disponen que será la comisión, como órgano colegiado, quien conocerá de los procedimientos del servicio profesional de carrera policial y el régimen disciplinario de los miembros y quien además resolverá sobre la suspensión preventiva del miembro al inicio del procedimiento de separación definitiva o de remoción del cargo, o en su caso revocar o confirmar la decretada por la sindicatura municipal.

Consecuentemente, al no haber correspondencia entre las posturas adoptadas por los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados y, por tanto, actualizarse la contradicción de tesis denunciada, corresponde a este Pleno de Circuito definir si el presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en unión con el secretario técnico, cuenta con facultades para emitir los acuerdos de inicio de los procedimientos del Régimen Disciplinario o del Servicio Profesional de Carrera por falta de requisitos de permanencia o bien, si la facultad de emitir los referidos acuerdos de inicio, es exclusiva de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, actuando de forma colegiada.

QUINTO.-Criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia. Una vez establecida la existencia de la contradicción de tesis, es necesario que este Pleno de Circuito determine cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, en términos del artículo 226, fracción III, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario tomar en consideración el contexto normativo que rige en el procedimiento del régimen disciplinario y del servicio profesional de carrera, entre los que destacan los artículos 153 y sexto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, 180, 188, 189, 196, 197 y 198 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Tijuana, que textualmente disponen:

"Artículo 153. El procedimiento iniciará por acuerdo de la comisión correspondiente, de acuerdo a lo previsto en la ley y las disposiciones reglamentarias que correspondan."

"Sexto. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos deberán expedir el ordenamiento para la integración, organización y funcionamiento de las instancias encargadas del conocimiento y resolución de los procedimientos de carrera policial y régimen disciplinario."

"Artículo 180. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, es el órgano colegiado de carácter honorífico, encargado de conocer, resolver e imponer las sanciones, así como recibir y resolver el recurso correspondiente que interponga el probable responsable. Tratándose de conductas probablemente constitutivas de delito o violaciones a leyes administrativas, deberá hacerlas del conocimiento, sin demora a la autoridad competente, independientemente de la sanción, corrección disciplinaria o acto de separación que deba ejecutar dicha comisión."

"Artículo 188. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, deberá estar integrada como mínimo de la siguiente forma:

"I. Un presidente que será el secretario de Seguridad Pública Municipal con voz y voto.

"II. Un secretario técnico, que será un representante de sindicatura municipal, sólo con voz.

"III. Un vocal, que será un representante de recursos humanos o su equivalencia de la secretaria, con voz y voto.

"IV. Un vocal, que será un representante de la sindicatura municipal o su equivalente, con voz y voto.

"V. Un representante del departamento jurídico de la secretaria o su equivalencia, sólo con voz.

"VI. Un vocal de mandos, con voz y voto.

"VII. Un vocal de elementos, con voz y voto.

"El secretario será el encargado de nombrar a los vocales y sus funciones. Los últimos serán personas de reconocida experiencia, de buena solvencia moral o destacados en su función. Se puede ampliar el número de vocales y sus funciones acorde a las necesidades. El único integrante que tendrá suplente será el titular de la comisión."

"Artículo 189. Se establece la comisión como instancia colegiada de la secretaria, para conocer y resolver toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos del servicio profesional de carrera policial y el régimen disciplinario de los miembros."

"Artículo 196. Son atribuciones de la comisión las siguientes:

"I. Realizar el análisis de las violaciones, faltas cometidas y causales de separación extraordinaria de los policías, escuchando en todo caso los argumentos del probable responsable y emitir la resolución correspondiente;

"II. Determinar y graduar la aplicación de sanciones y correcciones disciplinarias a los probables responsables, de conformidad con el presente reglamento;

"III. Resolver sobre el recurso que interponga el probable responsable, en contra de las resoluciones que esta comisión emita;

"IV. Coordinar y dirigir el servicio profesional de carrera;

"V. Aprobar y ejecutar todos los procesos y secciones del servicio establecidos en este reglamento;

"VI. Evaluar todos los procesos y secciones del servicio a fin de determinar quienes cumplen con los requisitos que se establecen en todos los casos;

"VII. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los policías en todo tiempo y expedir los pases de examen para todas las evaluaciones.

"VIII. Aprobar directamente los procedimientos y mecanismos para el otorgamiento de estímulos a los integrantes de instituciones policiales;

"IX. Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupuestales de la institución policial, la reubicación de los integrantes;

"X. Proponer las reformas necesarias a los procedimientos jurídicos que regulan el servicio;

"XI. Conocer y resolver sobre el otorgamiento de constan

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27544-a3449d92/acuerdo-de-inicio-de-los-procedimientos-del-regimen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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