PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMOCIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES. EL ACUERDO DE INICIO DEBE CONTENER LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE TUVO LUGAR LA CONDUCTA REPROCHADA, DE MANERA QUE ENCUADRE EXACTAMENTE EN LA HIPÓTESIS TIPIFICADA COMO FALTA GRAVE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 25 DE MAYO DE 2021. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ, BLANCA EVELIA PARRA MEZA, GUSTAVO GALLEGOS MORALES, SUSANA MAGDALENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO, ALEJANDRO GRACIA GÓMEZ, ROSA EUGENIA GÓMEZ TELLO FOSADO Y MARÍA ELIZABETH ACEVEDO GAXIOLA. PONENTE: ROSA EUGENIA GÓMEZ TELLO FOSADO. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto de este Décimo Quinto Circuito.
Así como con lo dispuesto en los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales mediante un nuevo esquema de trabajo ante la contingencia por el virus COVID-19.
SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 227, fracción III, de la Ley de Amparo y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se formuló por el Magistrado Alejandro Gracia Gómez, adscrito al Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali.
TERCERO.—Criterios contendientes. A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios, se precisa que el tema de la contradicción expresado en la denuncia no vincula a este Pleno de Circuito a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, puesto que, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, al resolverla se puede acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de sus integrantes.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. V/2016 (10a.),(1) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."
Bajo tal marco de referencia, es necesario reseñar brevemente y en lo conducente, las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió el amparo en revisión 433/2019, cuyos pormenores son los siguientes:
• Destacó que se recurrió una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó de la Comisión de Honor y Justicia del XXII Ayuntamiento de Mexicali, así como del secretario técnico y del notificador adscritos a la misma, el acuerdo de inicio del procedimiento de remoción del cargo como agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del quejoso, la notificación de dicho acuerdo y la inminente remoción del cargo, en la que, por una parte se sobreseyó, en otra se negó el amparo y en una más se concedió la protección constitucional.
• Agregó que el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento por considerar actualizada la causa prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto del acto consistente en la inminente remoción o separación del cargo, al considerar que no se demostró su existencia; así como que negó el amparo (en el considerando octavo y resolutivo segundo), respecto de los temas de prescripción y competencia de la autoridad para emitir el acuerdo reclamado y decretó que ello no era materia de estudio del recurso de revisión por no haber sido impugnado por la parte quejosa a quien pudiera perjudicar.
• Al emprender el estudio de los agravios hechos valer por la autoridad responsable, contra la concesión del amparo, cuyo problema jurídico redundó en si la motivación del auto de inicio del procedimiento de remoción reclamado era suficiente respecto con la conducta que se atribuyó al quejoso para dar origen al inicio del procedimiento, los calificó fundados.
• Luego, hizo cita textual de las principales consideraciones de la sentencia recurrida, para después precisar que: "como aduce la autoridad recurrente, sí se advierte cuál es la conducta que se le atribuyó al quejoso para dar origen al inicio del procedimiento. Sin que se prejuzgue sobre las infracciones, pues la responsable inició el procedimiento al considerar que existían indicios para presumir tales infracciones."
• Seguidamente hizo cita textual, en lo conducente, de los segmentos del auto de inicio del procedimiento reclamado (en los que la autoridad responsable determinó que el quejoso y otros veintitrés agentes policiales infringieron las obligaciones previstas en el artículo 20, fracciones XXXI, XXXV y LVIII, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali),(2) para concluir que sí se precisaron qué acciones u omisiones supuesta y presuntamente realizó el quejoso (sin hacer pronunciamiento de la circunstancia de que se consideró que las acciones u omisiones las llevó a cabo conjuntamente con otros veintitrés policías) para ser merecedor de la apertura del procedimiento, sin que hasta ese momento pudiera ponerse de manifiesto que efectivamente infringió lo dispuesto en dichas porciones normativas, porque la autoridad responsable se limitó a señalar, en el primer punto del acuerdo, que se decretaba el aludido procedimiento de remoción por existir suficientes indicios para presumir que el agente de policía vulneró las obligaciones consideradas como graves contempladas en el artículo 20, fracciones XXXI, XXXV y LVIII, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, Baja California (sin ponderar que se atribuyó que lo hizo conjuntamente con otros veintitrés policías).
• Finalmente, luego de analizar el concepto de violación cuyo estudio omitió el Juez de Distrito y declararlo infundado, modificó la sentencia y negó el amparo solicitado.
En contraposición al criterio anterior, el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 434/2019, argumentó lo siguiente:
• Destacó que se recurrió una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó de la Comisión de Honor y Justicia del XXII Ayuntamiento de Mexicali, así como del secretario técnico y del notificador adscritos a la misma, el acuerdo de inicio del procedimiento de remoción del cargo como agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del quejoso, la notificación de dicho acuerdo y la inminente remoción del cargo, en la que, por una parte se sobreseyó, en otra se negó el amparo y en una más se concedió la protección constitucional.
• Al hacer el estudio de los agravios hechos valer por la autoridad responsable contra la concesión del amparo, cuyo problema jurídico fue la motivación del auto de inicio del procedimiento de remoción, los calificó infundados.
• Calificó de apegada a derecho la decisión del Juez de Distrito de conceder el amparo para que se individualizara la conducta que se reprochó al agente de policía (quejoso). Precisó que observaba que efectivamente la autoridad recurrente fundó su determinación en la ley y reglamento que estimó adecuados al caso, narró los hechos que le fueron denunciados, englobó al quejoso junto con diversos agentes de la propia corporación en diferentes supuestos, y luego de analizar los hechos, la autoridad responsable determinó que el quejoso y otros veintitrés agentes policiales infringieron las obligaciones previstas en el artículo 20, fracciones XXXI, XXXV y LVIII, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali.
• Agregó que el acuerdo de inicio del procedimiento de remoción estaba fundado y motivado; sin embargo, la motivación era insuficiente, de manera que impactaba de manera contraria el derecho de defensa del quejoso, así como el principio de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional, en virtud de que no se individualizó la conducta que se le reprocha.
• Justificó que era así, porque precisamente los hechos y circunstancias de la conducta que se estimó incumplida, deben darse a conocer al agente policiaco, porque serán la base para determinar el curso de la defensa que podrá establecer a fin de desvirtuar las imputaciones que se le realizan.
• Añadió que la autoridad responsable indicó las infracciones supuestamente cometidas por el quejoso, pero era necesario que también precisara las conductas concretas que el quejoso desplegó, con base en las cuales consideró que se actualizaban las referidas hipótesis normativas; es decir, las acciones u omisiones concretas realizadas por el peticionario del amparo, para que pudiera defenderse.
• Así, al haberse considerado que con la declaración rendida por una persona, se concluyó que el declarante y otros detenidos no gozaban de buena visibilidad mientras fueron agredidos, por lo que se presumió que el quejoso y otros veintitrés agentes de policía, eran presuntamente responsables de contrariar lo previsto en el numeral 20, fracción XXXV, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, empero, se dejó de explicar qué conducta concreta y específica que encuadre en alguna de las que establece dicha fracción, realizó el quejoso.
• Porque concluyó la responsable, que el quejoso y otros veintitrés agentes de policía, trastocaron la fracción LVII citada, al realizar una detención en el interior de un domicilio privado, sin consentimiento para introducirse en él, sin precisar qué conducta ejecutó el quejoso.
• Porque a partir de la declaración de un detenido, se concluyó que el quejoso y otros veintitrés agentes de policía, incumplieron con la fracción XXXV del artículo 20 del citado reglamento, ya que se presume que le propinaron diversos golpes al intervenirlo y someterlo, pero tampoco refirió de manera exacta qué conducta ejecutó el quejoso.
• Que del contenido de la constancia de video realizada el cinco de abril de dos mil diecinueve, se apreciaba que varios agentes agredieron a tres detenidos, sin que el quejoso y los multicitados veintitrés agentes de policía, detuvieran esas agresiones, no obstante, no se aclaró circunstancia de modo, tiempo o lugar detallada de la intervención del quejoso, o si se apreció su identidad o de los demás agentes en dicho video, o alguna conducta específica desarrollada por él.
• Precisó que para que el presunto infractor pueda establecer una defensa adecuada es necesario hacerle saber cuál es la conducta concreta y específica que se le atribuye y corresponde a la autoridad administrativa encuadrar dicha conducta en cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 20 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali.
• Acotó que al aplicar los principios del derecho penal es importante resaltar el de tipicidad, que exige una predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes de manera que no queda margen a la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón, por ende, resultaba de suma importancia, como lo dijo el Juez de Distrito, que la conducta atribuida se individualizara.
• Finalmente, concluyó que modificaba la sentencia para eliminar el resolutivo que negó el amparo y confirmar el diverso que concedió la protección constitucional.
CUARTO.—Existencia de la contradicción. En principio, debe considerarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado qué se requiere para determinar si existe una contradicción de tesis, para lo cual deben advertirse los elementos siguientes:
a) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten, expresa o implícitamente, criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales; y,
b) Que sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.
Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)
Y la diversa P./J. 93/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(4)
Bajo ese contexto, existe la contradicción de tesis puesto que los Tribunales Colegiados sostuvieron criterios discrepantes sobre el mismo punto de derecho, consistente en determinar el parámetro de motivación que debe cumplir el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de un policía municipal, respecto (sic) la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo, destacada y específicamente cuando las infracciones supuestamente cometidas (en la detención, traslado e internamiento de tres personas), se atribuyen de manera conjunta a veinticuatro policías.
Lo anterior es así, porque los dos Tribunales Colegiados sostuvieron expresamente su criterio bajo el mismo contexto, es decir, las cuestiones fácticas que lo originaron fueron exactamente iguales, lo que en gran medida obedeció a la circunstancia de que los dos amparos indirectos de origen derivaron del mismo expediente de investigación interna y del mismo procedimiento de remoción iniciado conforme a lo previsto en los artículos 109, fracción I y 180, fracción II, de (sic) Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California (vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte) y sus correlativos 233 y 238 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Mexicali.
Asimismo, en las demandas de amparo subyacentes, de manera coincidente, fungieron como autoridades responsables la Comisión de Honor y Justicia del XXII Ayuntamiento de Mexicali, así como la secretaria técnica y el notificador adscritos a dicha comisión, a quienes los quejosos reclamaron tres actos, derivados del mismo procedimiento administrativo de remoción (que a su vez derivó del mismo procedimiento de investigación interna municipal), que en la parte materia de los amparos en revisión de origen, se inició a veinticuatro policías municipales, entre ellos los quejosos en los amparos en cuestión, quienes reclamaron:
1) El acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de su cargo como agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (policías);
2) La inminente remoción o separación del cargo; y,
3) La notificación del citado acuerdo de inicio.
Los dos amparos fueron sustanciados y resueltos en similares términos por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California y los recursos de revisión en ambos casos fueron interpuestos por las autoridades responsables.
Como se adelantó, la contradicción de criterios aconteció respecto a la motivación que debe cumplir el acuerdo de inicio del procedimiento de remoción de un servidor público, debido a que, tocante a ese tópico, el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que el auto de inicio del procedimiento administrativo de remoción reclamado estaba fundado y motivado, pero la motivación era insuficiente, porque no se individualizó la conducta reprochada, ya que era necesario señalar con precisión las conductas concretas que el quejoso desplegó, con base en las cuales se consideró que se actualizaban las hipótesis normativas; es decir, las acciones u omisiones concretas realizadas por el peticionario del amparo, para que de esa forma éste pudiera enderezar su defensa.
Acotó que, conforme al principio de tipicidad, inmerso en el diverso de legalidad, no debe quedar margen a la arbitrariedad de las autoridades, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida.
Y en particular, señaló que ese principio de legalidad no se observó, toda vez que:
1. Al haberse considerado que con la declaración rendida por una persona, se concluyó que el declarante y otros detenidos no gozaban de buena visibilidad mientras fueron agredidos, por lo que se presumió que el quejoso y veintitrés agentes de policía más, eran presuntamente responsables de contrariar lo previsto en el numeral 20, fracción XXXV, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, empero, sin explicar de forma alguna qué conducta concreta y específica realizó el quejoso, que encuadre en alguna de las que establece dicha fracción.
2. Al concluir la autoridad responsable, que el quejoso y veintitrés agentes trastocaron la fracción LVII del artículo 20 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, dado que realizaron una detención en el interior de un domicilio privado, sin consentimiento para introducirse en él, pero sin precisar qué conducta ejecutó el quejoso.
3. Porque al aducirse que de la declaración de un detenido se desprende que el quejoso y los referidos veintitrés agentes, incumplieron con la fracción XXXV del artículo 20 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, ya que se presume que le propinaron diversos golpes al intervenirlo y someterlo, empero, tampoco se refirió de manera exacta qué conducta ejecutó el quejoso.
4. Al expresar que del contenido de la constancia de video realizada el cinco de abril de dos mil diecinueve, se apreció que varios agentes agredieron a tres detenidos, sin que el quejoso y los multicitados veintitrés agentes de policía detuvieran esas agresiones; no obstante, tampoco se aclaró circunstancia de modo, tiempo o lugar detallada de la intervención del quejoso, o si se apreció su identidad o de los demás agentes en dicho video, o alguna conducta específica desarrollada por él.
Circunstancias las anteriores que también fueron ponderadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, pero con un criterio y valoración distinta, que incluso lo llevó a adoptar una decisión contraria, al grado de calificar fundado el agravio formulado por la autoridad responsable recurrente y decidir que no existió una insuficiente motivación. Agravio que fue similar al que el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito declaró infundado.
Es así, puesto que el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito determinó que del acto reclamado sí se advertía cuál fue la conducta que se le atribuyó al quejoso para dar origen al inicio del procedimiento. Consideración con lo cual demeritó la ponderación del Juez de Distrito en el sentido de que era necesario individualizar la conducta que se atribuía al presunto infractor y encuadrarla exactamente en cada una de las tres hipótesis de infracción que se le reprocharon (conjuntamente con otros veintitrés policías).
Agravio en el que importa destacar que la autoridad responsable recurrente alegó, medularmente, que fue ilegal la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que "no se advertía cuál es la conducta que se le atribuyó al quejoso para dar origen al procedimiento".
Disenso que esencialmente consiste en el sentido de que se alegó que era inexacto que se debía individualizar la conducta atribuida al agente de policía quejoso y encuadrarla de manera exacta en la hipótesis normativa, así como que era suficiente indicarla de manera genérica y englobada con los veintitrés diversos agentes a los que se reprocharon las mismas tres faltas administrativas, sin individualizarla, que fue el argumento del Juez de Distrito en la resolución recurrida.
Es así, puesto que el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, luego de calificar fundado el agravio y hacer cita textual de las principales consideraciones de la sentencia recurrida,(5) indicó que: "como aduce la autoridad recurrente, sí se advierte cuál es la conducta que se le atribuyó al quejoso para dar origen al inicio del procedimiento. Sin que se prejuzgue sobre las infracciones, pues la responsable inició el procedimiento al considerar que existían indicios para presumir tales infracciones."
Y, luego de transcribir, en lo conducente, los segmentos del auto de inicio del procedimiento reclamado (en los que la autoridad responsable determinó que el quejoso y otros veintitrés agentes policiales infringieron las obligaciones previstas en el artículo 20, fracciones XXXI, XXXV y LVIII, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali),(6) concluyó:
"Como se observa, sí se precisaron diversas conductas en el auto reclamado; es decir, sí se asentó qué acciones u omisiones supuesta y presuntamente realizó el quejoso para ser merecedor de la apertura del procedimiento, sin que hasta el momento pueda ponerse de manifiesto que efectivamente infringió lo dispuesto en dichas porciones normativas, pues la responsable se limitó a señalar, en el primer punto del acuerdo, que se decretaba el aludido procedimiento de remoción por existir suficientes indicios para presumir que el agente de policía vulneró las obligaciones consideradas como graves y que se encuentran contempladas en el artículo 20, fracciones XXXI, XXXV y LVIII, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, Baja California."(7)
Bajo esas circunstancias, se puede concluir que el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito consideró que para motivar el auto de inicio del procedimiento de remoción de un policía municipal es suficiente englobar las conductas que supuestamente realizó un presunto infractor conjuntamente con otros veintitrés infractores, sin necesidad de individualizarlas y precisar sus circunstancias de manera que encuadren exactamente en cada una de las hipótesis legales.
Mientras el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito consideró que para cumplir con el requisito de motivación para iniciar un procedimiento de remoción, se debe individualizar la conducta reprochada al presunto infractor, y señalar con precisión las conductas concretas que desplegó, con base en las cuales se consideró que se actualizaban las hipótesis normativas; es decir, las acciones u omisiones concretas realizadas por el servidor público que tipifican las infracciones que se le reprochan.
De manera que la divergencia de criterios gira en torno a determinar cuál es el parámetro de motivación que debe cumplir el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de un policía municipal, iniciado conforme a lo previsto en los artículos 109, fracción I y 180, fracción II, de (sic) Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California (vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte) y sus correlativos 233 y 238 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Mexicali, respecto de la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo y si se debe o no precisar de manera individualizada la acción u omisión concreta realizada por el servidor público que tipifica la infracción que se le reprocha.
Lo anterior, sin dejar de ponderar la particularidad inherente a cuando las infracciones supuestamente cometidas (en la detención, traslado e internamiento de tres personas) se atribuyen de manera conjunta a veinticuatro policías.
Punto de contradicción de criterios que se considera existente no obstante que deriva de aspectos de valoración jurisdiccional (pruebas), como es la calidad y existencia de pruebas y su ponderación, sobre todo porque la conclusión divergente surgió del análisis de la misma cantidad y naturaleza de medios de convicción, ya que no debemos olvidar que en ambos amparos indirectos el acto reclamado fue el mismo auto de inicio del procedimiento de remoción, que derivó de un mismo procedimiento de investigación interna municipal, así como que la sustanciación y resolución de ambos amparos la llevó a cabo el mismo Juez de Distrito y las autoridades responsables recurrentes fueron las mismas.
Se toma en consideración también la circunstancia inherente a que pese a la similitud de los asuntos que dieron origen a los criterios contendientes, el pronunciamiento del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito no fue exactamente en torno a los mismos elementos y/o argumentos, debido a que no se pronunció sobre la aplicación de los principios del derecho penal que operan en la materia del derecho administrativo sancionador (legalidad y tipicidad), por lo cual es válido afirmar que la disidencia fue en ese punto implícita, lo que no es un obstáculo para declarar existente la contradicción de tesis, ya que su sentido puede deducirse, indubitablemente, de las circunstancias particulares del caso, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 93/2006, citada al inicio de este considerando.
SÉPTIMO.—Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno del Decimoquinto Circuito que se desarrolla a continuación.
Como se anticipó, la materia de esta contradicción de tesis es determinar cuál es el parámetro de motivación que debe cumplir el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de un policía municipal de Mexicali, respecto de la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo y si se debe o no precisar de manera individualizada la acción u omisión concreta realizada por el servidor público que tipifica la infracción que se le reprocha.
Lo anterior, sin dejar de ponderar la particularidad inherente a cuando las infracciones supuestamente cometidas (en la detención, traslado e internamiento de tres personas) se atribuyen de manera conjunta a veinticuatro policías.
Importa destacar que la motivación exigida para iniciar un procedimiento administrativo sancionador de un miembro de una institución policial respecto a la infracción cometida y la conducta reprochada que la configura, debe ser la misma en cualquier caso, ya sea que se atribuya a un individuo o, a dos o más de manera conjunta; sin embargo, en el caso se enfatiza el análisis en torno a cuando la conducta tipificada como infracción grave se atribuye a veinticuatro policías, porque de esa circunstancia derivaron los criterios contendientes.
En efecto, en los asuntos que originaron los criterios denunciados como contradictorios, como ya se explicó, se inició un procedimiento administrativo de remoción [conforme a lo previsto en los artículos 109, fracción I y 180, fracción II, de (sic) Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California (vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte) y sus correlativos 233 y 238 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Mexicali], a veinticuatro policías que supuestamente participaron en la detención, traslado e internamiento de tres personas, a quienes se les reprochó que una de esas personas fue detenida dentro de un domicilio particular al que ingresaron sin autorización, además de que fueron golpeados, tanto al ser detenidos como al ser internados en las celdas de la comandancia municipal, sin evitar que ello sucediera y sin dar aviso a la a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29944-1363e0cb/procedimiento-administrativo-de-remocion-de-policias-municipales-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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