Corpus
Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. DESDE EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO, LA AUTORIDAD PUEDE CLASIFICAR COMO GRAVE LA CONDUCTA REPROCHADA AL SERVIDOR PÚBLICO, A PESAR DE QUE ÉSTA NO HAYA SIDO DEFINIDA EXPRESAMENTE COMO TAL POR EL LEGISLADOR EN UNA NORMA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2022. · Registro digital (IUS): 31164
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2023-01-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO OCTAVO Y EL PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo IV, Pág.4463.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO OCTAVO Y EL PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE OCTUBRE DE 2022. MAYORÍA DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, EMMA GASPAR SANTANA, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTES: ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS Y JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. PONENTE: MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ. SECRETARIA: ALICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ.

Ciudad de México, resolución del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito de once de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por oficio recibido el nueve de febrero de dos mil veintidós, en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, **********, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Décimo Octavo y el Primer Tribunales Colegiados en la materia y jurisdicción citados, al resolver el amparo directo D.A. 232/2017, que dio origen a la tesis aislada I.18o.A.86 A (10a.) y el amparo en revisión R.A. 238/2021, respectivamente.

SEGUNDO.—En acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictado por el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, se ordenó la formación del expediente electrónico correspondiente a la contradicción de tesis PC01.I.A.09/2022.C.

En dicho auto se precisó que la promovente de la contradicción, ********** señaló que le asiste el carácter de parte en el amparo en revisión R.A. 238/2021, por lo que se solicitó a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que informara si dicha persona efectivamente tuvo ese carácter en ese medio de defensa, a efecto de determinar si quien suscribe la denuncia se encuentra legitimada conforme al artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio en el que el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, informó que la denunciante de la contradicción reviste el carácter de parte quejosa en el asunto de su conocimiento, por ende, se admitió a trámite la posible contradicción de criterios denunciada.

Asimismo, se solicitó a las presidencias del Primer y Décimo Octavo Tribunales Colegiados de Circuito (sic) en Materia Administrativa del Primer Circuito remitieran los archivos digitales de las ejecutorias materia de contradicción e informaran si sus criterios se encontraban vigentes, o en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

CUARTO.—Por oficio DGCCST/X/90/03/2022, de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a través del diverso SGA/GVP/188/2022, de quince del propio mes y año, el secretario general de Acuerdos del Alto Tribunal informó que, de la revisión a su base de datos, advirtió que no se encuentra radicada alguna contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar guarde relación con: "DETERMINAR SI PARA EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, AL MOMENTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LA GRAVEDAD DE LAS SANCIONES DEBE ENTENDERSE LIMITADA A LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA O SI POR EL CONTRARIO, LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA PUEDE CONSIDERAR/CALIFICAR COMO GRAVE CUALQUIER CONDUCTA Y ASÍ PRECISARLO DESDE EL OFICIO CITATORIO AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, EN EL QUE SE HAGA SABER AL JUSTICIABLE EL INICIO DEL MISMO".

QUINTO.—Por acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, se dio cuenta al presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito con el estado procesal de la contradicción, de cuyos autos se advertía que no habían sido girados los oficios para requerir las ejecutorias y los informes de los Tribunales Primero y Décimo Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que se solicitó de nueva cuenta a la presidencia de los mencionados órganos jurisdiccionales las ejecutorias y los informes de referencia.

SEXTO.—El veintitrés y veintisiete de junio de dos mil veintidós, los Magistrados presidentes del Primer y Décimo Octavo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito enviaron al correo electrónico del Pleno de Circuito de la misma materia y sede, la versión digitalizada de las sentencias dictadas en el amparo en revisión R.A. 238/2021 y en el amparo directo D.A. 232/2017, de sus índices y rindieron el informe solicitado informando que los criterios ahí sustentados se encontraban vigentes.

SÉPTIMO.—En proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se turnó el expediente virtual a la Magistrada María Elena Rosas López, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, con sus modificaciones, y con la circular SECNO/17/2021, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal (que determina, en lo que interesa, que los Plenos de Circuito continuarán ejerciendo sus atribuciones hasta tanto entren en funciones los Plenos Regionales), al haberse planteado una probable contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito Judicial.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por una de las partes en el amparo en revisión R.A. 238/2021, cuyo criterio contiende en el presente asunto.

TERCERO.—Para determinar si se actualiza la contradicción de criterios, es útil informar, en primer lugar, respecto de las consideraciones sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicción de tesis basta que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, a condición de que tales variaciones o diferencias no incidan o sean determinantes para el problema jurídico a resolver.

También sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

Como se observa, para estimar existente una contradicción de tesis, es necesario que los órganos judiciales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que los aspectos fácticos que lo rodean no sean exactamente iguales, es decir, que emitan diversa solución a una problemática jurídica semejante mediante un determinado ejercicio interpretativo.

En ese orden de ideas, para definir si existe la contradicción entre los criterios objeto de la denuncia, se estima oportuno dar noticia de la parte considerativa que interesa, adoptada por los órganos colegiados contendientes:

1. Criterio del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el juicio de amparo directo D.A. 232/2017:

"TERCERO.—Conceptos de violación.

"Los conceptos de violación expuestos por el SERVIDOR PÚBLICO sancionado son, en síntesis, los siguientes:

"1. No se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento administrativo disciplinario pues en el oficio citatorio ********** se le imputó la transgresión a las fracciones I, III y XXIV del artículo 8, (sic) la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, mismas que se calificaron como graves, a pesar de que la propia ley no las incluye como tales. Además de que dicha calificación de la conducta no puede hacerse desde ese momento procesal sino hasta que se individualice la sanción, como lo dispone el artículo 14 del ordenamiento legal el (sic) comento; que es el momento en donde se puede realizar el análisis lógico-jurídico de los elementos con los que se integra el expediente. Máxime que, dice, por lógica, es hasta ese momento que puede valorarse la gravedad, pues antes no se ha escuchado al imputado ni se han valorado las pruebas que se tienen que aportar.

"Con lo que se pone de manifiesto que la ‘pre-calificación’ de la conducta fue para estar en posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo respecto del cual sus facultades sancionatorias se encontraban prescritas. Ilegalidad que además trasgrede su garantía de audiencia, debido proceso y su derecho a la presunción de inocencia.

"Insiste, la conducta presuntamente irregular es la expedición del oficio **********, el cual data del 6 de agosto de 2010, lo que significa que hasta el 28 de marzo de 2015, cuando le fue notificado el oficio citatorio al procedimiento sancionador, habían transcurrido 4 años y 7 meses, por lo que en términos del artículo 34 de la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS la facultad sancionatoria se encontraba prescrita pues las irregularidades previstas en las fracciones I, III y XXIV del artículo 8, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no están catalogadas como graves y su plazo de prescripción es de 3 años.

"Sostiene, suponiendo sin conceder, que la autoridad pudiese ‘pre-calificar’ la gravedad de la conducta desde el oficio citatorio, en el caso, el argumento para calificarla como grave lo es que se causó un daño o perjuicio de **********; sin embargo, en la propia resolución recurrida se determinó que una vez valorado el caudal probatorio no se tiene elemento alguno que permita acreditar dicho daño –y de hecho, dice, la propia Sala responsable afirmó que no se demostró daño económico alguno y que por ello no se había impuesto sanción pecuniaria–. Esto, insiste, demuestra que al precalificar la gravedad de la conducta la autoridad demandada no contaba con elementos probatorios y que dicha precalificación fue sólo un medio para extender sus facultades que ya se encontraban prescritas.

"2. Sostiene que la sanción impuesta resulta desproporcional, pues, de inició (sic), resulta contrario a lo establecido en el artículo 13 de la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS en donde se ordena que ‘cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a un año de inhabilitación’. Así, si en el caso no existen elementos para poder determinar perjuicio alguno, no pudo haberse impuesto una sanción que sólo está reservada para los casos en que se ocasionan daños o perjuicios; motivo por el cual se evidencia la falta de congruencia de la sentencia reclamada.

"No obsta a lo anterior, dice, que la conducta se haya calificado como grave pues, precisamente, el fundamento para calificarla como tal fue el monto del daño que se reprochaba, mismo que, insiste, ya no logró acreditar la AUTORIDAD DEMANDADA.

"Afirma que en la resolución sancionadora, la autoridad demanda modificó los motivos de la gravedad de la conducta y señaló que se puso en riesgo el cobro del crédito; lo cual, sostiene, es un argumento falaz ya que siguen a salvo los derechos de la financiera. Argumenta que dicho cambio en la motivación, de por sí ilegal, transgrede su derecho a la defensa pues él acudió al procedimiento a defenderse del supuesto daño patrimonial, no a desacreditar el haber puesto en riesgo el cobro del crédito, pero, insiste en que, sobre todo, evidencia el hecho de que al precalificar la gravedad de la conducta la autoridad demandada no contaba con elementos probatorios y que dicha precalificación fue sólo un medio para extender sus facultades que ya se encontraban prescritas.

"CUARTO.—Cuestión previa.

"Del análisis de las constancias del expediente contencioso de origen se advierte que la autoridad enjuiciada, al contestar la demanda incoada en su contra, exhibió como prueba el expediente administrativo sancionador del cual derivó la resolución impugnada; sin embargo, el (sic) Magistrada presidente de la SALA RESPONSABLE no los allegó al sumario, pues de la papeleta de turno y del sello de recibido de este tribunal solamente se hizo constar la entrega de un expediente, que corresponde al juicio contencioso administrativo.

"No obstante ello, este tribunal está en aptitud de emitir la decisión que en derecho corresponda con las actuaciones procesales que conforman el expediente de nulidad, lo cual es acorde con el principio de justicia pronta, contemplado en el artículo.

"QUINTO.—Estudio de fondo.

"Para dar solución a los conceptos de violación es menester precisar que el problema jurídico en el caso consiste en determinar si, para efectos de la prescripción, la gravedad de las sanciones debe entenderse limitada a las establecidas en el artículo 13 de la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, o si, por el contrario, ¿la autoridad administrativa sancionadora puede considerar/calificar como grave cualquier conducta (ex-ante) y así precisarlo desde el oficio citatorio al procedimiento sancionador?

"5.1 Marco jurídico aplicable a la figura de la prescripción en procedimientos de responsabilidad administrativa. "En primer lugar, este Tribunal Colegiado debe considerar cuáles son las normas y el régimen jurídico aplicable a la figura de la prescripción y al caso concreto.

"La figura de la prescripción está prevista en el artículo 34 de la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS:

"‘Artículo 34. Las facultades de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de Responsabilidades, para imponer las sanciones que la ley prevé prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

"‘En tratándose de infracciones graves el plazo de prescripción será de cinco años, que se contará en los términos del párrafo anterior.

"‘La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción.’

"De lo anterior se deriva que el plazo para la prescripción de las facultades de la autoridad sancionadora está relacionado con la gravedad de la sanción; esto es, se trata de una figura que obedece a una cuestión objetiva (el carácter de la infracción y el mero transcurrir del tiempo) y no se refiere a la apreciación subjetiva de la autoridad administrativa ni, de hecho, al momento en que ésta tuvo conocimiento de la conducta que pretende sancionar.

"Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 200/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"‘PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA RESPONSABILIDAD O A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE ÉSTA HUBIERE CESADO, SI FUESE DE CARÁCTER CONTINUO (LEGISLACIONES FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y DE GUERRERO). Los artículos 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; 75 de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, disponen que el plazo para que opere la prescripción para imponer sanciones a los servidores públicos inicia a partir del día siguiente al en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que ésta hubiere cesado, si fuese de carácter continuo, por lo que para computar el plazo de la prescripción es irrelevante la fecha en que las autoridades tuvieron conocimiento de la conducta infractora del servidor público a quien se pretende sancionar.’

"Y es que, vista desde un enfoque de derechos, la prescripción constituye un límite a la facultad sancionadora, pues representa una autolimitación a la atribución de sancionar las conductas irregulares, así que no puede ser entendida como dependiente de la apreciación que en cada caso determine la autoridad o como una concesión gratuita que se ofrece a los servidores públicos, sino que representa una garantía de seguridad jurídica a favor del servidor público, pues con la prescripción se le asegura que no sea infraccionado una vez que transcurrió el plazo previsto en la ley.

"Si ha de funcionar precisamente como tal, como garantía, la prescripción debe estar anclada a elementos objetivos que no puedan ser manipulados por la autoridad administrativa. Y, por ello, en el caso de la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ello significa atender de manera estricta a las conductas que han sido clasificadas como graves.

"Al respecto, el artículo 13 del citado ordenamiento legal establece:

"‘Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

"‘I. Amonestación privada o pública;

"‘II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año;

"‘III. Destitución del puesto;

"‘IV. Sanción económica, e

"‘V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

"‘Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a un año de inhabilitación.

"‘Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

"‘En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

"‘En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XVI, XIX, XIX-C, XIX-D, XXII y XXIII del artículo 8 de la ley.

"‘Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

"‘La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.’

"Una interpretación sistemática del artículo en cita conduce a entender que, en lo que se refiere a la prescripción de la facultad sancionadora, las conductas ahí enumeradas son las únicas que están sujetas al plazo ampliado de cinco años para la prescripción. Pues lo contrario pugnaría con el enfoque de derechos que se ha señalado y erosionaría la garantía que corresponde a los servidores públicos que no han sido acusados de conductas consideradas prima facie por el legislador.

"Sobre el deber de atender de manera estricta a los plazos y supuestos de prescripción resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 186/2004, de rubro y texto:

"‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONADORA CON RELACIÓN A LAS CONDUCTAS NO ESTIMABLES EN DINERO, ES EL INDICADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMAS PUBLICADAS EL 21 DE JULIO DE 1992 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 78, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982, establecía que «las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente: I. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero...». Ahora bien, al reformarse la mencionada ley mediante Decreto publicado en el citado órgano de difusión oficial el 21 de julio de 1992, el legislador derogó la referencia expresa que se hacía a la responsabilidad no estimable en dinero, y en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente precisó que ello obedecía a que hay conductas que sin tener repercusiones económicas pueden ser constitutivas de actos u omisiones graves. En consecuencia, la anterior derogación no significa que en los casos señalados la facultad sancionadora haya quedado sin plazo de prescripción para su ejercicio, sino que en la frase «en los demás casos» contenida en la fracción II del precepto legal referido quedan incluidas aquellas conductas no previstas en la fracción I, como sucede con las no estimables en dinero, resultando que la facultad para sancionarlas prescribe en tres años de conformidad con aquella fracción, sobre todo que la redacción de las fracciones I y II del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no deja margen de discrecionalidad a las autoridades sancionadoras para decidir el plazo de prescripción correspondiente, pues su regulación debe considerarse estricta, por lo que si la conducta infractora genera un impacto económico menor a diez veces el salario mínimo mensual vigente, la posibilidad de sancionarla prescribe en un año, de acuerdo con la primera de las fracciones señaladas; en cambio, conforme a la segunda, si la conducta produce un daño o beneficio mayor a esas diez veces de salario o no es cuantificable en dinero la facultad para sancionarla prescribe en tres años.’ (Énfasis añadido)

"En otras palabras, calificar (ex-ante) como grave cualquier infracción diversa a las previstas de manera expresa haría nugatoria esa otra dimensión de la figura de la prescripción (como derecho de los servidores públicos), en tanto sometería a los servidores públicos a una apreciación subjetiva de las circunstancias específicas que se hayan presentado en el caso.

"Se insiste, la figura de la prescripción es una forma de extinción de la responsabilidad. Se refiere a la pérdida de facultades de la autoridad para resolver las cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, tomando en cuenta que su finalidad es la consolidación de las situaciones jurídicas por el transcurso del tiempo.

"Y en ese entendido, la clasificación legal de las conductas que se consideran –por definición– graves, atiende precisamente a la necesidad de otorgar seguridad jurídica sobre la imposibilidad de perseguir y sancionar esas conductas una vez trascurrido el tiempo. Entender lo contrario conduciría a admitir que a pesar de que toda conducta que no esté clasificada como grave por el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31164-f9e00777/prescripcion-de-la-responsabilidad-administrativa-desde-el-acuerdo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.