REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. LAS AUTORIDADES CON EL CARÁCTER DE PARTE ACTORA O DEMANDADA EN EL JUICIO, NO ESTÁN OBLIGADAS A INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE LA UNIDAD ENCARGADA DE SU DEFENSA JURÍDICA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VEINTE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, ARTURO ITURBE RIVAS, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. PONENTE: LUZ CUETO MARTÍNEZ. SECRETARIA: KARLA FERNANDA FERNÁNDEZ BARRIOS.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.
VISTOS, para resolver, los autos de la contradicción de tesis 44/2016, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, en auxilio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Primero y Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción. Por oficio número 2TCAUX 2026/2016, recibido el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, denunciaron la posible contradicción entre el criterio que sustentó ese tribunal auxiliar, al resolver el recurso de revisión contenciosa administrativa ********** (cuaderno auxiliar **********), en sesión de catorce de julio de dos mil dieciséis, en auxilio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y los sostenidos por los Tribunales Colegiados Primero y Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los recursos de revisión contenciosa administrativa **********, en sesión de ocho de octubre de dos mil quince y **********, en sesión de seis de octubre de dos mil catorce, respectivamente.
SEGUNDO.-Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciséis, el Magistrado Decano del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis; además, ordenó formarla y registrarla con el número de expediente PC01.I.A.44/2016.C; asimismo, solicitó a los presidentes contendientes la remisión del archivo digital que contuviere las ejecutorias pronunciadas en los recursos de revisión contenciosa administrativa números ********** (cuaderno auxiliar **********) ********** y **********, a la cuenta de correo electrónico: kathia.gonzalez.flores@correo.cjf.gob.mx, para la debida integración del expediente; igualmente, requirió el informe sobre la subsistencia de los criterios sustentados; y ordenó que, en su momento, se turnara el asunto al Magistrado que le correspondiera.
TERCERO.-Informe y remisión de archivo. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó remitir a la presidencia del Pleno en Materia del Primer Circuito, la versión digitalizada de la sentencia dictada en el recurso de revisión contenciosa administrativa ********** e informó que el criterio sustentado por ese órgano colegiado, al resolver el asunto en comento, se encontraba vigente.
Por otra parte, por oficio 4762-I, la secretaria del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó a la presidencia del Pleno en Materia del Primer Circuito, el contenido del acuerdo que se dictó el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se ordenó enviar, vía electrónica, la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión contenciosa administrativa ********** de su índice; asimismo, informó que el criterio contenido en la referida ejecutoria, había sido emitido por una integración diversa a la que a la fecha conformaba ese órgano colegiado y que esa última integración no se había pronunciado respecto al mismo tema.
CUARTO.-Solicitud de información. Mediante oficio de siete de septiembre de dos mil dieciséis, la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que no se detectó la existencia de alguna contradicción de tesis radicada ante ese Alto Tribunal en la que el punto a dilucidar guardara relación con la materia del presente asunto.
QUINTO.-Turno del asunto. En proveído de tres de octubre de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito acordó que, en atención a que el expediente había quedado debidamente integrado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41-Quarter-1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; debía turnarse el expediente virtual a la Magistrada Luz Cueto Martínez, integrante del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
SEXTO.-Prórroga. En auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, se concedió a la ponente la prórroga solicitada por oficio presentado en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el dieciocho de octubre del referido año, a fin de que el proyecto de resolución fuera analizado con la oportunidad debida; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, facción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, pues la posible contradicción se suscitó entre criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito y uno de un Centro Auxiliar que apoyó a uno en la materia y circuito mencionados.
Sirven de fundamento a la decisión anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tesis PC.I.A. 1 K (10a.), de este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de los rubros y textos siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."(1)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA RESOLVER EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Cuando un Tribunal Colegiado Auxiliar resuelve en apoyo de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con independencia de la región o residencia a la que pertenezca, debe considerarse que se trata de órganos jurisdiccionales de la misma especialidad y circuito, pues aunque en términos del artículo 6 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados auxiliares no integrarán Plenos, no debe pasar por alto el hecho de que éstos fueron creados como órganos jurisdiccionales auxiliares encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de las sentencias en los lugares con alta carga de trabajo por lo que se requiere que otro órgano jurisdiccional de la misma competencia y capacidad resuelva. Así la competencia para conocer de las contradicciones de tesis entre dichos tribunales se define en razón de que el órgano auxiliar resolvió en apoyo de un tribunal especializado integrante del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que tiene la misma naturaleza y, en consecuencia, la competencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito para resolverla se da en la medida en que la decisión del Tribunal Colegiado Auxiliar surte efectos jurídicos dentro del ámbito territorial del propio Pleno de Circuito."(2)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, que es uno de los órganos jurisdiccionales que emitió, en auxilio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, uno de los criterios contendientes, al resolver el recurso de revisión contenciosa administrativa ********** (correspondiente al cuaderno auxiliar **********).
TERCERO.-Criterios contendientes. Para verificar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es necesario atender las consideraciones emitidas por los órganos jurisdiccionales contendientes:
I. En sesión de seis de octubre de dos mil catorce, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión contenciosa administrativa **********, sostuvo, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"SEGUNDO.-El recurso de revisión contenciosa administrativa fue hecho valer por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 52(3) y 140, primer párrafo,(4) de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues lo hizo valer **********, en su carácter de autorizado del **********, autoridad demandada en los autos del juicio contencioso administrativo número **********, del índice de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, personalidad que le fue reconocida mediante proveído de veintidós de abril de dos mil trece, que obra a foja doscientos treinta y uno del referido juicio.
"Para arribar a la anterior determinación, este Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estima pertinente precisar que de las constancias del juicio contencioso administrativo del que deriva la sentencia recurrida, se advierte que la contestación a la demanda de nulidad, fue signada por el ********** (fojas doscientos veintiséis a doscientos veintinueve del juicio de nulidad), quien autorizó, en términos del artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, entre otros, a ********** (quien interpuso el recurso en que se actúa).
"Es importante destacar que el artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, prevé el recurso de revisión y determina que el ente legitimado para interponerlo, lo son las autoridades demandadas, pudiendo hacerlo a través de las personas que se encuentren autorizadas en términos del artículo 52 de la legislación en cuestión.
"Del artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se desprende que las partes podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quedando facultadas para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, formular alegatos y pedir la aclaración de sentencia.
"Como ya se precisó, el signante del recurso de que se trata, **********, fue autorizado por el **********, autoridad demandada en el juicio de origen y se le autorizó de conformidad con el numeral 52 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, quedando facultado para interponer los recursos que se estimaran pertinentes para la defensa de la demandada; lo que torna incontrovertible que posee legitimación para interponer el recurso de revisión contenciosa administrativa en cuestión; porque el artículo 140 de la referida ley establece que serán las autoridades las que promoverán tal medio de defensa, lo que significa que puede ser a través de sus representantes, autorizados o por sí mismas, dado que en este aspecto no existe restricción alguna.
"Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 110/2003,(5) de rubro:
"‘CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LOS AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO, ESTÁN FACULTADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN SU REPRESENTACIÓN.’
"No pasa inadvertido para este tribunal, que la disposición jurídica interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal(6) y que la disposición aplicable al presente asunto, lo es el artículo 52 de la Ley Orgánica del referido tribunal, pero dicho criterio jurisprudencial es aplicable al presente asunto, en virtud de que ambas disposiciones, en la parte interpretada por el Máximo Tribunal del País, son del mismo contenido.
"Resulta aplicable la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro:(7)
"‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. AUN CUANDO EL PRECEPTO INTERPRETADO POR ELLA SE ENCUENTRE DEROGADO, DEBE SEGUIRSE APLICANDO SI EL LEGISLADOR REPRODUJO ESA MISMA NORMA EN UN ORDENAMIENTO POSTERIOR.’
"TERCERO.-El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente, tomando en consideración que la sentencia que por esta vía se recurre, se notificó a la autoridad recurrente el nueve de abril de dos mil catorce, notificación que surtió efectos el diez siguiente; por lo que el término de quince días previsto en el artículo 140 de la ley de la materia, para interponer el recurso de que se trata, empezó a correr el día once de abril y feneció el doce de mayo, ambos meses de la citada anualidad, cómputo del que deben descontarse los días doce, trece, del catorce al dieciocho, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de abril; primero, tres, cuatro, cinco, diez y once de mayo; por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal(8) y del acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciséis de diciembre de dos mil trece, signado por la secretaria general de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por medio del cual se dan a conocer los días inhábiles para dicho órgano jurisdiccional.
"Por ende, si el recurso de revisión fue interpuesto el doce de mayo de dos mil catorce, en la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es patente que su presentación fue oportuna.
"CUARTO.-Previamente a la transcripción del agravio expresado por la autoridad recurrente y, en su caso, al estudio del fondo de la cuestión planteada, este tribunal procede al análisis de los requisitos de procedibilidad del recurso de revisión, por ser una cuestión de orden público y examen preferente.
"Este tribunal estima que es procedente el recurso de revisión en cuestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 140, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal,(9) como lo sostiene la autoridad recurrente, al enderezarse en contra de la sentencia emitida por la Sala Superior del referido tribunal, en la que declaró la nulidad de la resolución de cinco de febrero de dos mil trece, dictada en el expediente administrativo número **********, acumulado al **********, por el contralor interno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, mediante la cual se sancionó con una amonestación pública al servidor público **********, en su carácter de ********** del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada de la Agencia Especializada de la Agencia de Investigación ‘D’ de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros de la referida procuraduría.
"QUINTO.-Las consideraciones en que se sustentó la sentencia recurrida, son las siguientes:
"‘I. **********, expresa este agravio: (se transcribe).-II. Que tras estudiar ese agravio único, esta Sala Superior estima que es parcialmente fundado y, esa parte es suficiente para revocar la sentencia apelada, por ser incongruente su considerando V, pues tal apartado consiste, esencialmente, en lo que el apelante dice que de manera incorrecta se juzga que la autoridad demandada tiene razón al sancionar al ********** actor, pero en la especie él sólo dio fe de las actuaciones del agente del Ministerio Público en la integración de las tres averiguaciones previas a debate, o sea que la Tercera Sala Ordinaria, al emitir esa sentencia, soslaya e ignora u omite justipreciar que con ello el demandante correctamente cumple con su deber conforme al artículo 104, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el cual no impone a dicho ********** las disímiles obligaciones de vigilar, de cuidar, de revisar, de supervisar, de verificar, de censurar y de corregir los actos de tal agencia ministerial, así como de juzgar que sean legales o ilegales, sino dicho ********** sólo debió dar fe de dichas actuaciones, así como custodiar, sellar, foliar y rubricar los expedientes o, en su caso, suplir al agente del Ministerio Público en sus ausencias y participar en las labores o comisiones encomendadas por él, ya que ese precepto reglamentario dice: «Artículo 104. El ********** como auxiliar directo del Ministerio Público, será responsable de dar fe de la legalidad de los actos del agente del Ministerio Público, suplirlo legalmente en sus ausencias; participar en las labores y comisiones encomendadas por el representante social, así como, custodiar, sellar, foliar y rubricar los expedientes. ...» (sic).-En ese considerando V de la sentencia apelada y ya revocada, la Tercera Sala Ordinaria incongruentemente dice: «V. En su único concepto de nulidad que hace valer el actor, a través de su escrito inicial de demanda, en primer lugar, hace del conocimiento fundamentalmente que la audiencia de ley de fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, deviene en ilegal, toda vez que la autoridad que la llevó a cabo; esto es, el contralor interno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, licenciado **********, no fundó su competencia, puesto que no señaló precepto alguno que así lo acredite; es decir, que le confiera facultades para realizar dicho acto, por lo que quedó demostrada la ilegalidad del actuar de la autoridad demandada y, por ende, de la resolución administrativa impugnada, misma que se basa en actos ilegales.-El agravio que hace valer el demandante a consideración de esta Sala es infundado, pues no acredita con documento alguno lo que sostiene; es decir, si en la audiencia de ley celebrada en el día aludido, la autoridad enjuiciada señala o no artículo que le confiera facultades que le otorguen tal legitimación para realizarla.-Independientemente de lo anterior, no pasa inadvertido para esta juzgadora que del estudio efectuado al contenido de la resolución administrativa de fecha cinco de febrero de dos mil trece, emitida en el expediente **********, acumulado al **********, por el contralor interno en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dicha autoridad señala los artículos en los cuales apoya su competencia para conocer, sustanciar, investigar y resolver el procedimiento administrativo instruido, lo que tampoco desvirtúa el enjuiciante con prueba idónea alguna.-En segundo lugar, en el único concepto de nulidad que formuló el accionante señaló, esencialmente, que la resolución administrativa combatida es ilegal, toda vez que la autoridad demandada carece de facultades para aplicarle la sanción que le impuso, consistente en una amonestación pública, para lo cual se apoyó en el artículo 53 de la (sic) Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-Previo análisis del agravio referido, esta juzgadora estima que, al igual que el anterior, es infundado, de conformidad con las siguientes consideraciones jurídicas: Si bien es cierto, el artículo invocado en efecto dispone que el apercibimiento, la amonestación y la suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor de tres meses, serán aplicables por el superior jerárquico; también lo es que, en la especie, la resolución administrativa a debate, contrario de cómo lo sostiene el demandante, es legal y jurídica; pues del estudio efectuado a su contenido se advierte, como ya se mencionó, que la autoridad demandada es competente para conocer, sustanciar, investigar y resolver el procedimiento administrativo instruido; es decir, para imponer la sanción referida; no obstante lo anterior, (sic) dicha resolución se ciñe precisamente al dispositivo invocado, ya que la autoridad enjuiciada, en el resolutivo tercero de la misma, determinó que la ejecución de la sanción impuesta corresponderá al superior jerárquico del accionante.-En tercer y último lugar, en su único concepto de nulidad que hace valer el actor a través de su escrito inicial de demanda, argumentó, básicamente, que la resolución de fecha cinco de febrero de dos mil trece, emitida por el contralor interno en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, le causa agravio, en virtud de que dicha autoridad dejó de valorar adecuadamente las pruebas que en su momento exhibió en la audiencia de cinco de diciembre de dos mil doce, específicamente, la prueba marcada con el numeral tres, relativa al original de la constancia expedida por la licenciada **********, en su carácter de subdirectora de enlace administrativo de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, de treinta de noviembre de dos mil doce, mismo que se ordenó se desahogara por su propia y especial naturaleza, la cual sería valorada al momento de emitirse la resolución que conforme a derecho procediera; sin embargo, al emitirse la resolución administrativa, indebidamente se dejó de valorar su contenido y alcance probatorio, ya que precisamente con dicha documental en forma objetiva acreditaba que no estaba adscrito a la Unidad de Investigación Especializada de la Agencia de Investigación D de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Procuraduría General del Distrito Federal, lo cual implica que efectivamente no tenía a su cargo la averiguación previa número ********** y sus acumuladas ********** y ********** desglose, ni su jefa directa o titular era la licenciada **********; señalándole a la autoridad demandada en todo momento que no estaba adscrito a dicha unidad y, por ende, su resolución es ilegal, al emitirse contrario a derecho. Además, con la documental pública que exhibió a través de su escrito inicial de demanda, de siete de marzo del año dos mil trece, expedida por el encargado de la Subdirección de Enlace Administrativo **********, (sic) acredita que en la fecha de los hechos; es decir, cuando se practicaron las diligencias que se dice omitió, a saber del cuatro de mayo al primero de septiembre de dos mil diez, se encontraba adscrito a la Unidad de Investigación D-3 de la Agencia de Investigación D de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con lo cual justifica que ya tenía su propia carga de trabajo y que su jefa directa era la licenciada ********** y no así que se encontraba adscrito como falsamente lo señala la autoridad enjuiciada, en la Unidad de Investigación Especializada de la Agencia de Investigación D de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Procuraduría General del Distrito Federal.-El contralor interno en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de su oficio de contestación, de fecha once de abril del año dos mil trece, presentado ante la oficialía de partes de este tribunal el día diecinueve del mes y año en cita, al controvertir lo argumentado manifestó, fundamentalmente, que no es atendible lo que pretende hacer valer el actor; pues tal y como se desprende de la resolución administrativa materia de la controversia, en ella se expresó con claridad que **********, en su cargo de ********** del Ministerio Público, al encontrarse en el ejercicio de sus funciones dio fe de las actuaciones realizadas por su titular, dentro de la averiguación previa número ********** y sus acumuladas ********** y ********** desglose, de la que derivó la causa penal **********, de un hecho que resulta irregular, al existir diligencias pendientes de practicar, infringiendo con ello el artículo 104, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que establece: <El **********, como auxiliar directo del agente del Ministerio Público, será responsable de dar fe de la legalidad de los actos del agente del Ministerio Público, suplirlo legalmente en sus ausencias; participar en las labores y comisiones encomendadas por el representante social, así como, custodiar, sellar, foliar y rubricar los expedientes ...>. (sic).-Del estudio que esta Sala realiza al contenido de la resolución administrativa de fecha cinco de febrero de dos mil trece, emitida en el expediente **********, acumulado al **********, por el contralor interno en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a debate, que obra en original de la foja 50 a la foja 205, de los autos del juicio que nos ocupa; la cual, al tratarse de una documental pública, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con la fracción I del artículo 126 de la ley que rige a este tribunal; se advierte que se sanciona administrativamente a **********, actor en el presente juicio, con una amonestación pública, en virtud de que como: <... (sic) ********** del Ministerio Público, adscrito al momento de los hechos a la Unidad de Investigación Especializada de la Agencia de Investigación D de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Procuraduría General del Distrito Federal, consistentes en que: A) [sic] Como auxiliar directo del representante social en la integración de la averiguación previa ********** y sus acumuladas ********** y ********** desglose (sic), de la que derivó la causa penal **********, como se corrobora con las firmas que aparecen en actuaciones, del cuatro de mayo al primero de septiembre dos mil diez, visible a fojas 1090 a 1621 tomo III, de conformidad a lo establecido por el artículo 104, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Orgánica de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26930-00491f43/revision-contenciosa-administrativa-las-autoridades-con-el-caracter · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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