PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. PARA DETERMINAR CUÁL ES LA LEGISLACIÓN APLICABLE PARA RESOLVERLO, DEBE ATENDERSE AL MOMENTO EN EL QUE SE INICIA LA ETAPA DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE JULIO DE 2016. UNANIMIDAD DE VEINTE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, LUZ CUETO MARTÍNEZ, GASPAR PAULÍN CARMONA, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ADRIANA ESCORZA CARRANZA, EMMA GASPAR SANTANA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. PONENTE: EUGENIO REYES CONTRERAS. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ÁVALOS CERVANTES.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente al día doce de julio de dos mil dieciséis.
Vistos, para resolver los autos de la contradicción de tesis 20/2016, entre las sustentadas por el Noveno y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, Sergio Urzúa Hernández, María Simona Ramos Ruvalcaba y Edwin Noé García Baeza, Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción entre el criterio sustentado por dicho Tribunal Colegiado, en la ejecutoria de catorce de abril de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de amparo directo número 57/2016, y el criterio sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria de diez de septiembre de dos mil quince, dictada en el juicio de amparo número 293/2015.
SEGUNDO.-Trámite de la denuncia. Por acuerdo dictado el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis; ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 20/2016; y solicitó a los presidentes del Noveno y Décimo Segundo Tribunales Colegiados en la materia y circuito referidos, la remisión del archivo digital de las ejecutorias pronunciadas en los expedientes de sus índices, para la debida integración del expediente, así como el informe sobre si el criterio sustentado en los asuntos con los que se denunciaba la presente contradicción de tesis, se encontraba vigente o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
TERCERO.-Turno del asunto. Por acuerdo dictado el uno de junio de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, estimó que el expediente se encontraba debidamente integrado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41-Quárter-1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, turnó el expediente virtual al Magistrado Eugenio Reyes Contreras, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de sentencia correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, facción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
Lo anterior, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo;(2) pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO.-Posturas contendientes. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe prevalecer, conviene tener presente las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus sentencias.
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número DA. 57/2016, promovido por **********, por su propio derecho, en contra de la sentencia de uno de julio de dos mil quince y su aclaración de tres de noviembre del mismo año, dictadas en juicio de nulidad número ********** del índice de la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en sesión de catorce de abril de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos, se determinó lo siguiente:
"SEXTO.-
"1. Innecesaria transcripción de conceptos de violación. Con el proyecto listado para sesión se adjuntó copia certificada del escrito de demanda de amparo, así como de la resolución reclamada y su aclaración, de las que, además, se agrega copia certificada al expediente, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su reproducción.(3)
"SÉPTIMO.-Antecedentes.
"2. Los antecedentes del caso se extraen de los autos del juicio de nulidad ********** de la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde se exhibieron copias certificadas del expediente administrativo ********** de la Auditoría Superior de la Federación, documentales públicas que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral segundo.
"3. Contrato de obra pública. El siete de noviembre de dos mil cinco, se celebró el contrato de obra ********** entre **********, Sociedad Anónima de Capital Variable y **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el objeto de realizar el suministro, habilitado y montaje de estructura metálica de los edificios: dedo norte, dedos sur, edificio terminal y patio-hotel de la nueva terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por un monto total de $********** (**********).
"4. El contrato establecía el siguiente plazo de ejecución: dedo norte: inicio nueve de noviembre de dos mil cinco al treinta y uno de marzo de dos mil seis; dedo sur: inicio nueve de noviembre de dos mil cinco al treinta y uno de marzo de dos mil seis; edificio terminal: nueve de noviembre de dos mil cinco al treinta y uno de marzo de dos mil seis; patio-hotel: nueve de noviembre de dos mil cinco a ocho de septiembre de dos mil seis.
"5. En la consideración sexta del contrato se estableció que las partes convenían en que los pagos se realizaran a través de estimaciones y facturas, conforme se fijara en la bitácora de obra; que las estimaciones se realizarían por trabajos ejecutados y debían pagarse en un plazo de veinte días a partir de que se hubiera autorizado el pago por la supervisión de la obra.
"6. En la declaración I.4 del contrato citado, se especificó que: ‘Aeropuertos y Servicios Auxiliares para cubrir las erogaciones provenientes del presente contrato, autorizó el presupuesto respectivo mediante oficio número ********** de fecha 26 de octubre de 2005 y el acuerdo FNA-NT2-07 adoptado por el Comité Técnico del Fideicomiso Nuevo Aeropuerto (FNA) en su vigésima segunda sesión ordinaria celebrada el pasado veintiséis de octubre de dos mil cinco.’
"7. Auditoría. El veinticinco de julio de dos mil seis, el auditor superior de la Federación, comunicó al director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que esa entidad fue incluida en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.
"8. El veintiocho de julio de dos mil seis, se ordenó realizar la auditoría número 476 denominada Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 ‘Obras Públicas’, Proyecto Estructura Metálica de los edificios dedo norte, dedo sur, edificio terminal y patio-hotel de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tendría por objeto comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable.
"9. La auditoría inició el nueve de agosto de dos mil seis, con el acta ********** y concluyó mediante el acta de conclusión de trabajos de diecisiete de enero de dos mil siete y presentación de resultados finales, con aplicación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
"10. El diecisiete de abril de dos mil ocho, se dictó el pliego de observaciones **********, asentando las siguientes irregularidades:
Ver irregularidades 1
"11. El seis de noviembre de dos mil nueve, dado que no fue solventado el pliego de observaciones, se emitió el dictamen técnico de la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la Auditoría Superior de la Federación, señalando entre otros, como presunto responsable a **********, en su cargo de subdirector de Proyectos, Construcción y Conservación del Aeropuerto y Servicios Auxiliares, todo esto con fundamento en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y su reglamento, vigente hasta el veintinueve de mayo de dos mil nueve.
"12. El cinco de febrero de dos mil diez, el director general de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, dictó el acuerdo de inicio del procedimiento resarcitorio **********, en contra de **********.
"13. El diecinueve de abril de dos mil diez, se notificó a **********, el oficio citatorio del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria, en el que se estableció como conducta atribuida:
"‘...
"‘1. La conducta imputada a **********, según el oficio citatorio número **********, de fecha catorce de abril de dos mil diez, es la consistente en:
"‘...
"‘no haber vigilado ni controlado que los trabajos realizados por los contratistas cumplieran con calidad, tiempo y especificaciones establecidas, debido a que se incluyeron en los costos indirectos, lo relativo en la construcción y mantenimiento de caminos, sin que existiera evidencia física de su realización; se originaran pagos en exceso al duplicarse el pago por la actividad de la limpieza de la obra, al incluir el descalibre aun cuando el costo unitario ya lo contenía, y al realizar empalmes no autorizados en las trabes metálicas.
"‘La conducta irregular desplegada por usted en su carácter de subdirector de Proyectos, Construcción y Conservación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), ocasionó que presumiblemente infringiera lo dispuesto en los artículos 46, fracción IX, de la Ley de Obras Públicas y Servicias (sic) relacionados con las mismas; las normas complementarias N.C. Núm. 3 Estructura metálica numeral 5, secciones prefabricadas y N.C. No. 5.-Limpieza general de la obra, de las especificaciones particulares de la licitación pública internacional No. **********; la cláusula décima sexta del contrato número **********, y el artículo 48, fracción lV, del Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2004 ...’
"14. ********** compareció a la audiencia de ley, el veintisiete de mayo de dos mil diez y rindió su declaración por escrito.
"15. Seguido el procedimiento administrativo en todas sus etapas, el veintiocho de octubre de dos mil trece, se dictó resolución en el procedimiento resarcitorio **********, en la que se determinó que existe responsabilidad resarcitoria subsidiaria de **********, por el tiempo que ostentó el cargo de subdirector de Proyectos, Construcción y Conservación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y debe cubrir a título de indemnización la cantidad de $********** (**********).
"16. En contra de tal determinación ********** interpuso el juicio de nulidad que se registró con el número ********** de la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que sustanciado en todas sus etapas, culminó con el dictado de la sentencia que constituye el acto reclamado en esta vía, en la que se declaró parcialmente la nulidad de la resolución impugnada.
"17. A fin de llegar a tal conclusión, la Sala de origen determinó que no existió aplicación retroactiva de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas en perjuicio del actor.
"18. Al efecto explicó que si bien la resolución impugnada tuvo como parte de su fundamentación y motivación el dictamen técnico **********, de seis de noviembre de dos mil nueve, derivado de la auditoría 476, denominada Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 ‘Obras Públicas’, y éstos se desarrollaron bajo la vigencia de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el inicio del procedimiento resarcitorio fue dictado el cinco de febrero de dos mil diez, fecha en que ya se encontraba vigente la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de modo que, el procedimiento se realizó legalmente con apoyo en esta legislación.
"19. Explicó que el dictamen se emitió con fundamento en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado el veintiséis de agosto de dos mil nueve, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no trasciende al resultado final si la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, no contemplaba la figura del dictamen técnico, dado que el mismo forma parte de un procedimiento y al ser una norma procesal la que se aplicó, la misma no aplica retroactivamente, siendo correcto entonces su emisión con base en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado el veintiséis de agosto de dos mil nueve, en el Diario Oficial de la Federación.
"20. Se precisó que ante la aplicación de una norma adjetiva que ha de regular un procedimiento de responsabilidad resarcitoria, su duración se establecerá mediante las disposiciones adjetivas vigentes al inicio del propio procedimiento, y no así respecto del periodo fiscalizado, ya que el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades, corresponde a etapas que no son derechos adquiridos por la autoridad o por el particular, por lo que el mismo invariablemente, se rige por la norma procesal vigente que lo regule al momento de realizarse el acto administrativo correspondiente.
"21. Se abundó, que incluso, la propia autoridad administrativa en la página 97 de la resolución impugnada, asentó que en la especie resulta aplicable a la parte sustantiva la abrogada Ley de Fiscalización Superior de la Federación, porque los hechos investigados sucedieron durante su vigencia; empero, en la parte adjetiva, debe estarse a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, porque el inicio del procedimiento se inició con la vigencia de esta última.
"22. Por otra parte, indicó que en los procedimientos de responsabilidad resarcitoria, no aplica la figura de caducidad que se encuentra contemplada en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, no prevé esa figura jurídica de forma que no puede existir aplicación supletoria alguna, pues de considerar válido tal supuesto, implicaría insertar una figura que es ajena a la legislación.
"23. Indicó, que en términos del artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior, el plazo de prescripción es de cinco años y que se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo; empero la prescripción se interrumpirá al notificarse el inicio del procedimiento de responsabilidad resarcitoria, y a partir de ahí se reinicia el cómputo de los cinco años para que opere la prescripción.
"24. Se sostuvo que en el presente caso, del análisis que se efectúa a la resolución impugnada y al expediente administrativo se puede conocer que los actos que se imputaron al hoy actor fueron de carácter continuo, en virtud de que se extendieron en el tiempo, ya que la imputación fue esencialmente no haber vigilado ni controlado los trabajos realizados por los contratistas, durante el periodo dos mil cinco.
"25. Al efecto, se indicó que si la última conducta que se imputó al actor fue durante la estimación ‘15’ de treinta y uno de julio de dos mil seis, correspondiente al contrato **********, que se ejecutó en el periodo comprendido del diez al quince de julio de dos mil seis, entonces, a partir del día siguiente de la consumación de la conducta, empezó a contarse el plazo de cinco años a que hacía referencia el artículo 63 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior de la Federación y el 73 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
"26. De ahí, que al diecinueve de abril de dos mil diez, se notificó al actor el citatorio para la audiencia con la que inició el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, es claro, la autoridad actuó en el plazo otorgado por el legislador, porque del dieciséis de julio de dos mil seis (ejecución de la estimación 15), al diecinueve de abril de dos mil diez (fecha en que se notificó el inicio del procedimiento de responsabilidad resarcitoria), no habían transcurrido cinco años, y en tal virtud, no se actualiza la pérdida de sus facultades por prescripción.
"27. En otro aspecto, se indicó que cualquier vicio que hubiera tenido el oficio citatorio, se convalidó con la comparecencia del actor en la fecha indicada para la audiencia de ley.
"28. Asimismo, se estableció que fue legal que considerara al actor como responsable solidario de los daños generados sobre la cuenta pública dos mil cinco, dado que su participación derivó de la omisión consistente en no haber vigilado ni controlado que los trabajos realizados por los contratistas cumplieran con calidad, tiempo y especificaciones establecidas, ocasionando los pagos en exceso descritos en dicha resolución.
"29. En el último considerando, se estimó que la resolución impugnada era ilegal porque se transgredió el principio de anualidad que rige los procedimientos de responsabilidad resarcitoria, en virtud de que al actor se le fincó un daño económico, con base en documentos emitidos en el año dos mil seis, es decir, del año posterior a la cuenta pública auditada correspondiente a dos mil cinco.
"30. Se explicó, que el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, establece el principio de anualidad en materia de revisión de la cuenta pública, que consiste en que la actividad de revisión desplegada por la Auditoría Superior de la Federación se debe circunscribir a la cuenta pública relativa al ejercicio fiscal comprendido entre 1o. de enero y el 31 de diciembre del año calendario que es materia de dicha cuenta.
"31. Asimismo, se expuso que dicho precepto señala de manera expresa que, cuando un proceso abarque en su ejecución dos o más ejercicios fiscales, sólo podrá ser revisado y fiscalizado anualmente en la parte ejecutada precisamente en ese ejercicio, al rendirse la cuenta pública; al igual que el proceso que se declare como concluido.
"32. Que por excepción, la Auditoría Superior de la Federación podrá revisar conceptos específicos de cuentas públicas anteriores, es decir exististe (sic) una salvedad respecto a aquellos programas autorizados en el presupuesto de egresos correspondiente, cuando abarque para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales.
"33. Asentado tal marco normativo, se señaló que en el caso, se practicó auditoría a las operaciones realizadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares con motivo de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil cinco, en específico, al gasto erogado por el contrato número **********.
"34. Luego, se indicó que la responsabilidad atribuida al actor, derivó de no supervisar los trabajos precisados en las estimaciones 1, 2, 3, 11 y 15, con fechas de corte 6 (seis), 16 (dieciséis) y 31 (treinta y uno) de enero, 5 (cinco) de junio y 31 (treinta y uno) de julio, todas de 2006 (dos mil seis), respectivamente, vinculadas con el contrato número **********, firmado el siete de noviembre de dos mil cinco, para la ejecución del proyecto estructura metálica de los edificios: dedo norte, dedo sur, edificio terminal y patio-hotel de la terminal dos, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
"35. Asimismo, que de la declaración 1.4. del contrato número **********, firmado el día siete de noviembre de dos mil cinco, se señala expresamente que los recursos erogados para el pago de la citada obra, fueron los destinados mediante los recursos presupuestados en el oficio número **********, de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco, y el Acuerdo FNA-NT2-07, es decir con recursos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil cinco, y además en la cláusula décimo tercera se estableció el ajuste de los costos que integran los precios pactados en el contrato, cuando se determinara un aumento o reducción de los costos de los trabajadores aún no ejecutados conforme al programa pactado.
"36. La Sala indicó, que bajo tales aspectos, la resolución impugnada devenía en un acto de la Auditoría Superior de la Federación que contravino el principio de anualidad al revisar actos fuera del ejercicio dos mil cinco, en relación con las estimaciones 3, 11 y 15, exceptuando las estimaciones 1 y 2.
"37. Sostuvo tal afirmación, en el hecho de que las estimaciones 3, 11 y 15, se realizaron y ejecutaron en el dos mil seis, y si bien, se pagaron con recursos obligados para su erogación mediante la celebración del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **********, firmado el siete de noviembre de dos mil cinco, el mismo se trató de un proceso que evidentemente abarcó en su ejecución dos o más ejercicios fiscales y, por ello, sólo podía ser revisado y fiscalizado anualmente en la parte ejecutada precisamente en ese ejercicio, o sea, en el dos mil cinco, único ejercicio al que se refiere la cuenta pública objeto de fiscalización.
"38. Se precisó que, era cierto que las estimaciones y facturas pagadas en el dos mil seis, respecto al contrato número **********, firmado el día siete de noviembre de dos mil cinco, fueron efectuadas con el presupuesto de la cuenta pública del año dos mil cinco, pero no se surte la salvedad al principio de anualidad que establece el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, por dos circunstancias; primeramente porque si bien se permitía que la Auditoría Superior de la Federación podía revisar de manera casuística y concreta, información y documentos relacionados con conceptos específicos de gasto correspondientes a ejercicios anteriores de la cuenta pública en revisión, únicamente se permitía esa salvedad cuando el programa o proyecto contenido en el presupuesto aprobado, abarcara para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales, es decir, se permitía que la auditoría obrara hacia el pasado, pero no hacia ejercicios posteriores al revisado, como aconteció en el presente caso.
"39. También, se indicó que en segundo lugar y contrariamente a la salvedad precisada, la Auditoría Superior de la Federación sólo podía revisar y fiscalizar anualmente una cuenta pública en la parte ejecutada precisamente en ese ejercicio, siendo que en el presente asunto, se revisaron y fiscalizaron actos ejecutados en el ejercicio dos mil seis y no en el ejercicio correspondiente a la cuenta pública de dos mil cinco, a excepción de las estimaciones 1 y 2, de tal manera que la auditoría superior de fiscalización, carecía de facultades para auditarlos.
"40. Igualmente, se precisó que no era obstáculo para arribar a tal conclusión, lo manifestado por la autoridad demandada, en el sentido de que las estimaciones 3, 11 y 15, con fechas de corte treinta y uno de enero, cinco de junio y treinta y uno de julio, todas de dos mil seis, fueron autorizadas y cubiertas con la partida presupuestal prevista en el contrato **********, pues la circunstancia de que la Auditoría Superior de la Federación, no tenía facultades para revisar y fiscalizar actos no ejecutados en el ejercicio correspondiente (dos mil cinco), dado que algunas conductas que le imputaron al hoy actor fueron ejecutadas en el dos mil seis, evento que prohíbe expresamente el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación vigente en la revisión de la cuenta pública dos mil cinco, violando con ello el principio de anualidad que debe regir cualquier revisión de esa naturaleza.
"41. En consecuencia, la Sala Fiscal argumentó que se encontraba imposibilitada para pronunciarse respecto a los agravios formulados en la última parte del séptimo agravio del escrito inicial de demanda, pues ante la nulidad alcanzada, corresponde determinar a la autoridad demandada qué conductas omisivas subsistirían hacia el actor, después de considerar que la Auditoría Superior de la Federación, violó el principio de anualidad al revisar y fiscalizar actos ejecutados en el ejercicio correspondiente al dos mil seis, en torno a las estimaciones 3, 11 y 15.
"42. Así, declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que se emita una nueva resolución, debidamente fundada y motivada conforme a lo expuesto en el presente fallo, siempre y cuando la demandada estime que legalmente aún es oportuna la determinación de las violaciones cometidas en la auditoría 476, tomando en cuenta que en dicha auditoría se violó el principio de anualidad por lo que respecta a las estimaciones 3, 11 y 15, y acto posteriores, por lo que las conductas imputadas en dichas estimaciones no deberán ser consideradas para imponer la sanción correspondiente, al haber desaparecido cualquier consecuencia respecto de dichas omisiones.
"43. La parte actora promovió aclaración de sentencia ante la Sala de origen, que se declaró infundada en resolución de tres de noviembre de dos mil quince, pues la Sala indicó que no fue omisa en pronunciarse respecto de las estimaciones 1 y 2, pues al asentar expresamente que se violó el principio de anualidad con excepción de tales estimaciones, es evidente que sí se realizó su estudio.
"44. Finalmente, se indicó que la aclaración de sentencia no era la vía idónea para cambiar el sentido de una sentencia, pues si las estimaciones 1 y 2 también habían sido pagadas en dos mil seis, al igual que las estimaciones 3, 11 y 15, ello no podía ser materia de modificación en esa vía, pues la Sala, evidentemente, al exceptuarlas de la declaración de nulidad, reflejó su validez, esto es, que en relación con ellas, no existió violación al principio de anualidad.
"45. Tales consideraciones constituyen la materia de estudio en esta vía.
"OCTAVO.-Estudio.
"46. El quejoso sostiene en su primer concepto de violación que la sentencia reclamada transgrede la garantía de legalidad y seguridad jurídica, al contravenir lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del decreto por el que se expiden la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que abrogó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve.
"47. Que lo anterior es así, precisó el quejoso porque la Sala analizó en forma indebida su segundo concepto de anulación, dado que de acuerdo al contenido del artículo segundo transitorio referido, si la autoridad demandada en el juicio de origen había tramitado o iniciado un proceso en términos de la citada Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el procedimiento debió seguirse conforme a las disposiciones de dicha ley.
"48. Sostiene que de autos, se encuentra acreditado en autos, que el trámite se inició por la Auditoría Superior de la Federación bajo la vigencia de la Ley de Fiscalización de la Federación, por lo que, el fincamiento de responsabilidades resarcitorias debió haberse concluido conforme a dicho ordenamiento jurídico y no con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
"49. Es infundado el primer concepto de violación.
"50. En principio se debe establecer, que hasta el veintinueve de mayo de dos mil nueve, la fiscalización de la cuenta pública se regía por la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
"51. El veintinueve de mayo de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
"52. En sus artículos transitorios primero y segundo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,(4) dispuso que entraría en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se aplicaría lo dispuesto en los artículos transitorios subsiguientes.
"53. Es de especial relevancia indicar que, el segundo transitorio, especificó que a partir de la entrada en vigor de esa ley, se abrogaba la Ley de Fiscalización Superior de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federaci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26644-f04701ff/procedimiento-de-responsabilidad-resarcitoria-para-determinar-cual-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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