PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. PARA DETERMINAR LA LEGISLACIÓN APLICABLE PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN, DEBE ATENDERSE AL MOMENTO EN QUE INICIA LA ETAPA DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 133/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, Y EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE JULIO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre un Tribunal Colegiado de Circuito y el Pleno de otro Circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órgano que fue autoridad responsable en el amparo directo del que derivó uno de los criterios que participan en este expediente.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio jurisprudencial que debe prevalecer, es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas del Tribunal Colegiado y del Pleno de Circuito que aquí intervienen.
I. Amparo directo 125/2016 (cuaderno auxiliar 401/2016), del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, dictado en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, fallado por unanimidad de votos en sesión de nueve de septiembre de dos mil dieciséis:
"... NOVENO.-Estudio de los conceptos de violación.
"Los conceptos de violación son inoperantes e infundados, acorde a las siguientes consideraciones:
"En el concepto de violación identificado como primero, el quejoso señala que la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil quince es violatoria de los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, así como los numerales 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lo previsto por los preceptos 50, 51, primero, segundo y tercer párrafos, y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Lo anterior, pues aduce que la responsable, al analizar el motivo de nulidad segundo, del escrito inicial de demanda, no se ocupó de resolver en cuanto a que el auditor especial que inició el procedimiento de responsabilidades resarcitorias tuviese facultades para ello, ya que dentro de la orden de auditoría, la autoridad no fundó tales facultades ejercidas en las fracciones VII y VIII del artículo 77 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que le permitían, en un primer orden, formular las recomendaciones y los pliegos de observaciones y, en segundo lugar, instruir el procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias, pues sólo invocó las fracciones II, III, IV, V y VI de ese ordenamiento, por lo que se inobservó lo ordenado en los artículos 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Además, dichas fracciones no pueden invocarse de manera separada, pues no existen en el caso concreto diversidad de procedimientos, sino uno solo cuya etapa previa se integra por las actuaciones que la Auditoría Superior de la Federación realiza a fin de emitir el pliego de observaciones derivado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, en cuyo contenido se determina en cantidad líquida la presunta responsabilidad de los infractores, tras lo cual se otorga un plazo previsto en ley para solventarlos y, en caso de no hacerlo, se emite el informe de no solventación que permite a la autoridad llamar a los presuntos responsables al procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias; invoca por analogía la tesis ‘NORMAS COMPLEJAS. SU NATURALEZA DEPENDE DE LA PLURALIDAD DE HIPÓTESIS QUE LAS COMPONEN.’
"Es inoperante el presente concepto de violación.
"Dicho calificativo deriva de que el quejoso pretende combatir aspectos que quedaron consentidos por no haberse impugnado en su oportunidad.
"En efecto, como se advierte de los antecedentes antes sintetizados, el trece de febrero de dos mil catorce, la Sala de origen dictó la resolución definitiva en el juicio de nulidad, en la cual, previo a declarar la validez de la resolución impugnada, precisó lo siguiente:
"‘... TERCERO.-Por cuestión de método, se procede al estudio de los conceptos de impugnación en un orden distinto al planteado en la demanda.-En el segundo concepto de impugnación, la parte actora señaló que la resolución impugnada es ilegal porque viola el artículo 3, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al carecer de la debida fundamentación y motivación, en virtud de que la orden de auditoría de fecha 25 de agosto de 2006, por cuyos resultados se inició el procedimiento de responsabilidades resarcitorias que concluyó con la resolución que ahora se impugna, es ilegal, porque el auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, estaba facultado únicamente para ejercer las facultades establecidas en la orden de auditoría y que son las comprendidas en las fracciones II a VI del artículo 77 de la derogada Ley de Fiscalización Superior de la Federación, sin embargo, el auditor designado se extralimitó en sus atribuciones, pues con fecha 16 de junio de 2008, formuló el pliego de observaciones **********, sin que esa facultad prevista en la fracción VII del artículo 77 en comento, hubiera sido citada en la orden y, por tanto, no la podía ejercer, trayendo la ilegalidad del pliego de observaciones y del dictamen técnico.-Por su parte, la autoridad demandada manifestó que los argumentos de la actora son infundados, porque en el oficio número **********, de 25 de agosto de 2006, el auditor especial de desempeño, no citó las fracciones VII y VIII del artículo 77 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, vigentes en esa época, que regulaban lo concerniente a la emisión del pliego de observaciones y lo relativo a la instauración del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, porque no resultaban aplicables para la emisión de dicho oficio, pues el oficio de referencia se trató de la comunicación de la orden de auditoría número **********, denominada **********, que el auditor especial de desempeño hizo del conocimiento al rector de la Universidad **********, la cual tendría por objeto evaluar el desempeño de dicha universidad en el cumplimiento del objetivo de orientar el desarrollo de la educación superior a través de los proyectos formulados al amparo del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) para impulsar el fortalecimiento y consolidación de programas educativos, la eficacia con la que operó los programas y la eficacia en la aplicación de recursos federales reasignados para la ejecución de los proyectos del PIFI, así como comprobar que los recursos federales que le fueron reasignados en 2005, por la cantidad de $**********, se ejercieron, controlaron y registraron de conformidad con la legislación y normatividad aplicable.-A juicio de los suscritos Magistrados que integran esta Sexta Sala Auxiliar, el concepto de impugnación en estudio es infundado, en virtud de lo siguiente: Conforme al artículo 16 constitucional, los actos de molestia requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente, cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue la facultad en su época de emisión, pues de lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión.-En el caso, de un análisis a la orden de auditoría de fecha 25 de agosto de 2006 -visible a fojas 81 a 82 de autos y que hace prueba plena de conformidad con el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo-, se aprecia que el auditor especial de desempeño, señaló como fundamento de su actuación, entre otros, el artículo 77, fracciones II, III, IV, V y VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que establece: «Artículo 7.» (se transcribe).-De la fracción IV del artículo antes transcrito se desprende la competencia material del auditor especial de desempeño para emitir la orden de auditoría, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-En tal virtud, contrario a lo pretendido por la parte actora, no era necesario que en la orden, además de citarse las fracciones antes mencionadas del artículo 77 de (sic) Ley de Fiscalización Superior de la Federación, tuviera que citar las fracciones VII y VIII, que señalan la facultad del auditor para «... formular las recomendaciones y los pliegos de observaciones que deriven de los resultados de su revisión y de las auditorías, visitas o investigaciones, las que remitirá a los Poderes de la Unión y a los entes públicos federales ...» y para «... Instruir los procedimientos para el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias a que den lugar las irregularidades en que incurran los servidores públicos por actos u omisiones de los que resulte un daño o perjuicio estimable en dinero que afecten al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, conforme a los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables ...», pues evidentemente la cita de dichas fracciones sería necesaria si en la orden se estuvieran ejerciendo esas facultades, pero como no es el caso, pues en ese acto únicamente se limita a ordenar la auditoría y facultar a las personas que la llevarían a cabo, en consecuencia, la autoridad no estaba obligada a citar en la orden las fracciones a que alude la parte actora; en cualquier caso, la cita de dichos apartados sería pertinente en los actos donde se ejercieran las atribuciones ahí previstas, lo que ocurriría en el pliego de observaciones que se remite a los entes públicos federales (en el caso de la fracción VII) y en el acuerdo de inicio de procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias (por lo que hace a la fracción VIII), pero no así en la orden que nos ocupa. ...’
"De la anterior transcripción se advierte que la Sala responsable, al emitir la resolución de trece de febrero de dos mil catorce, determinó que era infundado el concepto de impugnación en el cual el actor refutó la inadecuada motivación respecto de competencia del auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, para emitir la orden de auditoría de veinticinco de agosto de dos mil seis, bajo el argumento de que no era necesario citar las fracciones VII y VIII del artículo 77, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, ya que ello sería necesario sólo si en la orden se estuvieran ejerciendo facultades como formular recomendaciones, y los pliegos de observaciones que deriven de los resultados de su revisión y de las auditorías, visitas o investigaciones, así como facultar a las personas que la llevarían a cabo, lo cual ocurriría en el pliego de observaciones que se remite a entes públicos federales y en el acuerdo de inicio de procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.
"Ahora, si bien es cierto, el aquí quejoso promovió juicio de amparo directo contra la aludida resolución, también resulta cierto que en dicho juicio no controvirtió lo resuelto por la Sala de origen en el considerando tercero de la resolución de trece de febrero de dos mil catorce, es decir, lo relativo a las consideraciones por las cuales declaró infundado el concepto de impugnación relativo a la competencia del auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, para emitir la orden de auditoría de veinticinco de agosto de dos mil seis.
"En efecto, del análisis de las constancias que integran el juicio de nulidad de origen se aprecia que el quejoso formuló como conceptos de violación en la demanda de amparo directo contra la resolución de trece de febrero de dos mil catorce, los siguientes:
"• Concepto de violación primero: Al quejoso se le inició el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, contenido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, cuyo numeral 64 prevé que las cuestiones relativas al procedimiento se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; por tanto, la figura de la caducidad, prevista en la ley citada en último término, aplica plenamente al procedimiento de responsabilidades resarcitorias de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
"• Concepto de violación segundo: La resolución impugnada en el juicio de nulidad es contraria a derecho, ya que el Manual de Organización de la Universidad **********, en el que se basó el Órgano de Fiscalización Federal, afecta de nulidad la resolución primigenia, precisamente porque se atribuyen obligaciones que derivan del mismo, como lo son las relativas a que supuestamente en el carácter de tesorero en esa institución educativa tenía a su cuidado y responsabilidad los fondos de la institución, así como la obligación de intervenir en todo lo relativo a su control y manejo; de tal manera que se aplicó un manual inexistente al no estar vigente en la época que el actor se desempeñó como tesorero en esa casa de estudios.
"• Concepto de violación tercero: La resolución reclamada es contraria a derecho, ya que, contrario a lo aseverado por la responsable, la norma aplicable era la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y no la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, conforme a la cual se instruyó el procedimiento y se emitió la resolución impugnada.
"En relación a ello, aduce el quejoso que el veintinueve de mayo de dos mil nueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, misma que entró en vigor el día siguiente de su publicación y en cuyo artículo segundo transitorio se estableció que: ‘... A partir de la entrada en vigor de esta ley de Fiscalización Superior de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre del año dos mil, con sus reformas y adiciones, sin perjuicio de que los asuntos que se encuentren en trámite o proceso en la Auditoría Superior de la Federación al entrar en vigor la ley materia del presente decreto, se seguirán tramitando hasta su conclusión en términos de la referida Ley de Fiscalización Superior de la Federación.’
"Por tanto, si el procedimiento de responsabilidades resarcitorias se inició el veintisiete de abril de dos mil nueve, es decir, antes de la entrada en vigor del aludido decreto, es por ello que dicho procedimiento debió tramitarse, sustanciarse y resolverse conforme a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y no conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
"Como se aprecia, el quejoso no controvirtió la fundamentación relativa a la competencia del auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, para emitir la orden de auditoría de veinticinco de agosto de dos mil seis y, por tanto, dicho considerando permaneció incólume para seguir surtiendo todos sus efectos legales, pues la concesión del amparo fue sólo para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución de trece de febrero de dos mil catorce, y dictara otra en la que motivara correcta y completamente la conclusión a la que llegue respecto a la aplicación de ambas legislaciones y, hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda; consideraciones que dicho sea de paso, sólo se contienen en el considerando cuarto de la resolución aquí reclamada y, por tanto, lo relativo a la competencia y cuyo estudio fue previo a las cuestiones de fondo, no fue materia de concesión y continuó surtiendo todos sus efectos legales desde el momento en que se emitió por primera ocasión.
"Por tanto, si el quejoso promueve juicio de amparo directo contra una sentencia dictada por la Sala Fiscal, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, pretendiendo combatir aspectos que quedaron consentidos por no haber sido impugnados en el amparo directo con motivo de la primera determinación del contencioso administrativo, es por esa razón que el concepto de violación resulta inoperante, pues no es dable que se analicen aspectos que se consumaron en perjuicio de la recurrente desde la primera determinación, ya que su derecho para combatirlos precluyó, quedando firmes y sin posibilidad de una impugnación posterior.
"Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 135/2017, de rubro y contenido siguientes:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE ANALIZAR LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, SI DICHA VIOLACIÓN SE COMETIÓ EN UNA SENTENCIA ANTERIOR, Y NO ES ALEGADA EN EL PRIMER JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe)
"En tal virtud, al resultar inoperante el presente concepto de violación, las consideraciones sustentadas por la Sala Fiscal correctas o no, quedan firmes y, por ende, continúan rigiendo el sentido de la sentencia recurrida.
"Por otra parte, en el segundo concepto de violación, el quejoso aduce que lo resuelto por la responsable, en relación al primer motivo impugnación y tercer párrafo del cuarto, es incorrecto, ya que no se ocupó de resolver sobre la pretensión planteada, pues el reclamo consistió en que el procedimiento de responsabilidades resarcitorias en su contra no se ajustó a las disposiciones legales vigentes, ya que el mismo fue iniciado durante la vigencia de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, siendo que, en el caso, dicho procedimiento debió concluir conforme a esa normatividad y, sin embargo, parte del procedimiento, incluida la resolución impugnada en el mismo, se realizó conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, violando lo dispuesto por el artículo 2o. transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de mayo de dos mil nueve.
"El concepto de violación sintetizado es infundado.
"Para demostrar tal calificativa, es necesario traer a colación que en la resolución reclamada la autoridad responsable, al pronunciarse sobre dicho aspecto, consideró lo siguiente:
"‘Que conforme a la ley que rige a la Auditoría Superior de la Federación, dentro de sus facultades están las relativas a llevar a cabo, por una parte, el procedimiento de fiscalización de cuenta pública, que tendrá por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera de entidades fiscalizadas, comprobar si se observó lo dispuesto en el presupuesto, la ley de ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
"‘Por otra parte, el procedimiento de responsabilidades resarcitorias, que se realiza cuando derivado de la revisión de la cuenta pública, se detectan irregularidades relacionadas con la afectación a la hacienda pública federal y, con base a ello, se emplaza al servidor público que se considere presunto responsable del daño a la hacienda pública, a fin de que en respeto de la garantía de audiencia manifieste lo que en su derecho convenga y ofrezca pruebas para desvirtuar las irregularidades que se le imputan; es decir, se trata de dos procedimientos independientes y distintos entre sí.
"‘Que el primer procedimiento inicia con la orden de auditoría al órgano revisado y concluye con el dictamen técnico relacionado con el pliego de observaciones entendido y dirigido al mismo órgano y el segundo, comienza con el acuerdo de inicio de responsabilidades resarcitorias y su oficio citatorio dirigidos a la persona o personas físicas encargadas de la ejecución material del presupuesto, de acuerdo al puesto o cargo que ocuparon en la época objeto de revisión (en el que se le dan a conocer debidamente las irregularidades que se atribuyen) para que puedan defenderse y se concluye con la emisión de la resolución definitiva que decreta o no la responsabilidad resarcitoria del presunto responsable.
"‘Que dado el constante dinamismo de la norma jurídica, puede darse el caso de que durante la tramitación de los procedimientos en comento, la norma que los rija en un inicio pierda vigencia y, ante ello, es importante conocer las disposiciones transitorias del nuevo ordenamiento que surja en sustitución del abrogado, para conocer el trámite que deberá seguir el procedimiento iniciado con una ley abrogada.
"‘Que un ejemplo de ello era la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve, en vigor a partir de esa fecha y que por disposición expresa de su artículo segundo transitorio, con la entrada de esa nueva ley quedaba abrogada la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, publicada en el citado medio oficial de difusión el veintinueve de diciembre de dos mil, aclarándose que los asuntos que se encontraran en trámite en la Auditoría Superior de la Federación, al entrar en vigor la nueva ley, se seguirían tramitando hasta su conclusión en términos de la referida Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
"‘En ese orden, para determinar cuál ley es la que rigió el procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública, así como al de responsabilidades resarcitorias era necesario tomar en cuenta lo siguiente:
"‘• Que el veinticinco de agosto de dos mil seis, el auditor superior de la federación, con fundamento en diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, emitió la orden de revisión de la cuenta pública dos mil cinco, la cual fue notificada a su destinatario **********, el veintiocho siguiente, es decir, inició bajo la vigencia de la aludida legislación.
"‘• Posteriormente, el dieciséis de junio de dos mil ocho, se emitió el pliego de observaciones **********, y el veintisiete de abril de dos mil nueve se emitió el dictamen técnico de observaciones **********, en donde se indicó como presunto responsable al actor, por el gasto reportado por la Tesorería de la Universidad **********.
"‘• Luego, el veintinueve de mayo de dos mil nueve, entró en vigor la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; el tres de agosto siguiente, con fundamento en dicha ley, el director general de Responsabilidades emitió el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidades resarcitorias número **********, a cargo de **********, quien en la época de los hechos se desempeñaba como tesorero de la Universidad mencionada, por incurrir en supuestos actos irregulares que causaron un daño estimable en dinero a la hacienda pública federal por un monto de **********, por concepto de irregularidades no solventadas según dictamen técnico **********.
"‘• Finalmente, el diecinueve de julio de dos mil trece, se emitió la resolución impugnada en el juicio de nulidad.
"‘Que lo anterior es correcto, ya que si bien el procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública se inició bajo la vigencia de la ley abrogada, ello no implica que dicha ley también debía aplicarse al procedimiento de responsabilidades resarcitorias, ya que son procedimientos distintos e independientes, por lo que no aplica el artículo segundo transitorio para la aplicación de la ley abrogada y, además, porque cuando comenzó el procedimiento de responsabilidades resarcitorias, el ordenamiento aplicable era la Ley de Fiscalización de Cuentas de la Federación.’
"Ahora, es de estimar que el concepto de violación ataca desde su base el argumento judicial, porque controvierte las consideraciones torales de la resolución reclamada y por las cuales la responsable llegó a la conclusión de que resultó correcto que la autoridad demandada haya utilizado la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para el inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidades resarcitorias; ello, al expresar que, opuesto a lo resuelto por la responsable, en el caso concreto no se está en presencia de dos procedimientos administrativos, ya que conforme a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en su artículo 14, la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública tiene por objeto determinar, entre otras cuestiones, las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de sanciones resarcitorias correspondientes, lo cual se realiza a través del ejercicio de las facultades previstas en la ley que le permiten ordenar las visitas de auditoría que constituyen la materialización del ejercicio de dichas facultades, cuyo resultado es que se emita el pliego de observaciones y, de no ser desvanecidas, dará lugar a que se inicie contra el presunto responsable el procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en un solo procedimiento administrativo, esto es, la etapa de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública constituye una previa al procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, atento a lo previsto por los artículos 51 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
"Sin embargo, lo argumentado por el quejoso es infundado, ya que, en efecto, en el caso concreto sí se está en presencia de dos procedimientos diversos como lo dijo la autoridad responsable.
"Ello es así, ya que el procedimiento de fiscalización de la cuenta pública y el de responsabilidades resarcitorias tienen objetos diversos, pues mientras que el primero constituye una etapa medularmente de investigación en la cual se evalúan los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas y puede tener como resultado que se advierta la existencia de una irregularidad o no.
"Por otra parte, el diverso de procedimiento de responsabilidades resarcitorias inicia sólo cuando derivado de una irregularidad detectada en el procedimiento de revisión de la cuenta pública, se detectan irregularidades relacionadas con la afectación a la hacienda pública y, por tanto, se emplaza al servidor público que se considere responsable, a fin de respetar su garantía de audiencia.
"En ese sentido, resulta que no le asiste razón al impetrante de amparo, ya que ambos procedimientos tienen objetos y finalidades diversas y si bien es cierto, el procedimiento de responsabilidades resarcitorias es consecuencia de la irregularidad detectada en el previo de fiscalización de la cuenta pública, no puede considerarse como uno solo, ya que se reitera, la finalidad de este primigenio no siempre culmina con el inició del de responsabilidad resarcitoria, pues en caso de que no existan irregularidades en el manejo de la cuenta pública, ahí concluye dicho procedimiento; de ahí que resulte legal lo resuelto por la responsable en la resolución reclamada.
"En ese orden, también es apegado a derecho lo resuelto en sentido de que, en el caso concreto, la autoridad que realizó el procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública lo haya hecho en base a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y el procedimiento de responsabilidades resarcitorias conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
"Se dice así, ya que, como se demostró, sí son dos procedimientos diversos y, por tanto, si a la fecha en que inició el procedimiento de responsabilidades resarcitorias, es decir, el tres de agosto de dos mil nueve, ya se encontraba en vigor la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, es inconcuso que fue correcto que la autoridad demandada se haya apegado a la misma, pues no era aplicable el artículo segundo transitorio de dicha ley que prevé el hecho de que los asuntos que se encontraran en trámite o en proceso en la Auditoría Superior de la Federación a la entrada en vigor de esa ley, se seguirían tramitando hasta su conclusión, en términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación abrogada.
"...
"Por tanto, si un procedimiento de auditoría se inicia bajo la Ley de Fiscalización Superior de la Federación abrogada, y el auto de inicio del diverso procedimiento de responsabilidad resarcitoria se emite conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente, no puede hablarse tampoco de una aplicación retroactiva de ésta, en términos del artículo segundo transitorio.
"En ese orden de consideraciones, es por esa razón que deviene infundado el concepto de violación analizado.
"En consecuencia, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación analizados, lo procedente es negar el amparo solicitado.
"Por último, respecto a las manifestaciones señaladas en los alegatos formulados por el director general de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, parte demandada en el juicio de nulidad, dígasele que deberá estarse
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27308-e8420449/procedimiento-de-responsabilidad-resarcitoria-para-determinar-la-legislacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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