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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS. LA FIGURA DE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO ES APLICABLE DE MANERA SUPLETORIA AL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA SU FINCAMIENTO, CONTENIDO EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 29 DE MAYO DE 2009).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2013. · Registro digital (IUS): 25134
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-07-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Pág. 712.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE JUNIO DE 2014. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, SALVADOR MONDRAGÓN REYES, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA Y CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. DISIDENTES: CARLOS RONZÓN SEVILLA, GASPAR PAULÍN CARMONA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, LUZ CUETO MARTÍNEZ Y ARMANDO CRUZ ESPINOSA. PONENTE: HOMERO FERNANDO REED ORNELAS. SECRETARIA: ADRIANA MATZAYANI SÁNCHEZ ROMO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Primer Circuito.

No pasa inadvertido que la fracción I del artículo 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada mediante decreto publicado el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación dispone:

"Artículo 41-Ter. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Plenos de Circuito para:

"I. Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, determinando cuál de ellas debe prevalecer."

De lo anterior se advierte que los Plenos de Circuito son competentes para resolver las contradicciones de tesis "de jurisprudencia" que se susciten entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente, no así respecto de los criterios aislados sustentados entre los Tribunales Colegiados de Circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, este Pleno de Circuito estima que dicha disposición debe interpretarse armónica y sistemáticamente con lo dispuesto en el párrafo primero de la fracción XIII del artículo 107 constitucional y en el artículo 225 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia."

Los preceptos transcritos disponen que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias o discrepantes, los Plenos del circuito correspondiente decidirán el que deba prevalecer como jurisprudencia; por lo que si dichos preceptos no limitan las facultades decisorias de los Plenos a dirimir divergencias plasmadas en criterios expuestos formalmente, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, texto y datos de identificación, ni a aquellos que conforme a lo dispuesto en los artículos 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo sean de aplicación obligatoria, debe interpretarse que la fracción I del artículo 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación atribuye competencia a los Plenos de Circuito para dirimir criterios aislados divergentes sustentados por los Tribunales Colegiados de los respectivos circuitos en los asuntos sometidos a su potestad.

Estimar lo contrario impediría abordar el estudio de temas sustentados en criterios aislados, en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos.

Son aplicables a lo anterior, en lo conducente y por las razones que las informan, los criterios jurisprudenciales P./J. 27/2001 y P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 77 y Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, respectivamente, que dicen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue denunciada por los Magistrados integrantes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de determinar el criterio que sustentará este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, con carácter de jurisprudencia, conforme lo dispone el párrafo segundo del artículo 217 de la Ley de Amparo.

Ahora bien, para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1. Examinado supuestos jurídicos esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

CUARTO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir, en lo conducente, las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 419/2010, en sesión de diecisiete de enero de dos mil once, sometido a su potestad, determinó:

"NOVENO. En la primera parte del segundo concepto de agravio, refiere la autoridad recurrente que le causa perjuicio lo determinado por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en virtud de que si bien es cierto, de conformidad con lo expresamente consignado en los artículos 6 y 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, vigente hasta el veintinueve de marzo de dos mil nueve, se aplicará de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, también lo es que esta aplicación no debe entenderse en forma absoluta, sino con las restricciones que señala el citado artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, esto es, se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en todas las cuestiones no previstas en el capítulo III, denominado del ‘Procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias’, así como en la apreciación de las pruebas y desahogo del recurso de reconsideración. Estima que, dada la naturaleza y finalidad del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias número AECF/10/2005/R/02/008, al que recayó la resolución primigenia de quince de mayo de dos mil seis, dicho procedimiento no puede regularse bajo la misma lógica de los procedimientos que se siguen ante la administración pública federal, ni se contempla dentro de los presupuestos jurídicos que establece la exposición de motivos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que opere la figura jurídica de la caducidad a que hace alusión el artículo 60 del citado ordenamiento legal. Agrega que, a diferencia de la administración pública federal (Poder Ejecutivo), la Auditoría Superior de la Federación, como órgano de la Cámara de Diputados (Poder Legislativo), cuenta con atribuciones específicas en materia de control gubernamental, ya que ejerce su función fiscalizadora de carácter externo a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, Estados y Municipios y a los particulares, cuando ejercen recursos federales; de tal manera que, conforme a lo establecido por los artículos 74, fracción IV y 79, fracción IV, de la Norma Fundamental, que son los que delimitan el alcance de la competencia de la entidad de fiscalización superior de la Federación, vigentes en esa época, que disponen, entre otras cuestiones, los campos de sujeción de los presuntos responsables, así como de la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior de la Federación, para decidir sobre su organización interna, funciones y resoluciones emitidas, el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias debe ajustarse a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, vigente hasta el veintinueve de mayo de dos mil nueve, actualmente en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Refiere que, atendiendo a la finalidad y estructura de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, vigente en esa época, actualmente la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, resulta incuestionable que no es procedente el ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, atendiendo a lo previsto en los artículos 1 y 2 de la última ley en mención, en donde claramente se establece que la aplicación de dicha ley procede únicamente en cuanto a los procedimientos y resoluciones de la administración pública federal y que, no obstante lo anterior, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo debe interpretarse de acuerdo con la naturaleza de su supletoriedad pues, en algunos casos, ésta no existe, sino lo que acontece es una sustitución legislativa. Arguye que el régimen de supletoriedad que la ley procedimental federal regula y opera en forma distinta al sistema clásico, pues si bien el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo destaca que dicha ley es aplicable supletoriamente a las diversas leyes administrativas reguladas por la misma, este régimen de supletoriedad es singular, pues no es la norma especial la que prevé la norma supletoria que a ella debe aplicarse, sino que es una norma general que, por disposición expresa del legislador, es supletoria a las demás leyes administrativas federales; además, se trata de una norma de carácter general e integradora, por lo que, para su interpretación y aplicación, debe tomarse en cuenta con la finalidad de su expedición así como las disposiciones transitorias relativas a su creación y a sus reformas. Esto es, unificar los procedimientos que se siguen ante la administración pública federal, creando para ello un procedimiento administrativo tipo e implementando, coetáneamente, principios generales que rijan el actuar de la administración para lograr, en la medida de lo posible, la finalidad de la ley, por lo anterior, en su texto se albergan disposiciones que tienden a dar congruencia y uniformidad a las diversas leyes y ordenamientos administrativos federales, justificando la existencia de este procedimiento administrativo común y, por razón de legalidad, eficacia de la administración, garantía y participación del ciudadano. Que resulta incuestionable que, en términos de los artículos 47 y 49 de la Ley de Fiscalización de la Federación, vigente hasta el veintinueve de mayo de dos mil nueve, el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias número AECF/10/2005/R/02/008, al que recayó la resolución primigenia de quince de mayo de dos mil seis, dada su naturaleza jurídica y finalidad, es completamente diferente y totalmente independiente de los procedimientos administrativos que se siguen ante la administración pública federal y, por tanto, no puede regularse bajo la misma lógica de los procedimientos que se siguen ante la administración pública federal, ni se contempla dentro de los presupuestos jurídicos que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que opere la caducidad a que hace alusión el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Estima que, contrario a lo determinado por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la institución de la caducidad a que infundadamente hace referencia la parte actora en su supuesto concepto de impugnación primero, no es aplicable, ni de manera supletoria, al procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, porque dicha figura no se encuentra contemplada en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, vigente en esa época y, además, no se actualiza el supuesto de aplicación que establece el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Que contrario a lo que sostiene la a quo, la figura jurídica de la caducidad que establece el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no es aplicable al procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias número AECF/10/2005/R/02/008, al que recayó la resolución primigenia de quince de mayo de dos mil seis, por lo que no se actualiza la causal de anulación prevista en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que deba declararse la nulidad lisa y llana de dicha resolución, así como de la impugnada en el juicio de nulidad de tres de octubre de dos mil seis, como equivocadamente se determinó en la sentencia recurrida. A juicio de este Tribunal Colegiado de Circuito, los argumentos en estudio son esencialmente fundados, por las razones que enseguida se precisarán: En primer término, se considera de especial importancia destacar lo que, a propósito de la supletoriedad, estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis número 81/2003-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que generó la jurisprudencia número 2a./J. 103/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, página doscientos veinticuatro, que dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL ORDENAMIENTO BUROCRÁTICO RELATIVO, EN LO QUE RESPECTA AL TIEMPO EXTRAORDINARIO QUE EXCEDE DE NUEVE HORAS A LA SEMANA. Al ser la supletoriedad una institución jurídica que sirve de medio para la integración normativa y cuyo fin es llenar el vacío legislativo de la ley, se llega a la conclusión de que es válida la aplicación supletoria del artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como a las legislaciones burocráticas de los Estados, siempre que permitan tal aplicación, respecto del pago del tiempo extraordinario que, en contravención a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excede del límite de nueve horas a la semana. De ahí que la existencia del vacío legislativo dé lugar al derecho del servidor público a percibir un doscientos por ciento más del salario que corresponde a las horas de jornada ordinaria.’. Las consideraciones jurídicas que sostienen la jurisprudencia arriba citada, en su parte conducente, dicen: ‘SEXTO.’ (se transcribe). Como se observa de la anterior transcripción, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para la aplicación supletoria de la ley no resulta indispensable que el ordenamiento que permite la supletoriedad regule la institución a suplir, con tal de que ésta sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones contenidas en la ley que se suple, siendo sólo válido acudir a esta figura jurídica cuando existe una laguna o vacío legislativo, debiendo agregarse que opera tal suplencia siempre y cuando no se esté en contradicción con el conjunto de normas legales, cuyas lagunas se pretende cubrir; criterio que también quedó plasmado en la tesis 2a. LXXII/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de mil novecientos noventa y cinco, página doscientos setenta y nueve, que establece: ‘AMPARO. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. La aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles que en materia de amparo establece el numeral 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede no sólo respecto de instituciones comprendidas en la Ley de Amparo que no tengan reglamentación o que, conteniéndola, sea insuficiente, sino también en relación a instituciones que no estén previstas en ella cuando las mismas sean indispensables al juzgador para solucionar el conflicto que se le plantee y siempre que no esté en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar, sino que sea congruente con los principios del proceso de amparo.’. Ciertamente, conforme al transcrito criterio jurisprudencial la supletoriedad de las leyes procede no sólo cuando en la ley de la materia no se reglamenta o se reglamenta de forma insuficiente una institución que se encuentra contemplada en otro ordenamiento, sino también cuando no encontrándose comprendida la institución relativa, su aplicación sea congruente con los principios que rigen el procedimiento del cual deriva la resolución. En efecto, la citada tesis señala que la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, procede no sólo respecto de instituciones comprendidas en la citada legislación, que no tengan reglamentación o que, conteniéndola, sea insuficiente, sino también en relación a instituciones que no estén previstas en ella cuando las mismas sean indispensables al juzgador para solucionar el conflicto que se le plantee, y siempre que no esté en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar, sino que sea congruente con los principios del proceso de amparo. De ese criterio se puede sostener, entonces, que la supletoriedad de las leyes aplica también en relación a instituciones que no estén previstas en la ley a suplir, siempre que las mismas sean indispensables al juzgador para solucionar el conflicto que

se le plantee. Ahora bien, expuesto lo que con relación a la supletoriedad de leyes ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta necesario traer a contexto el contenido de las siguientes disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, vigente hasta el veintinueve de mayo de dos mil nueve, ordenamiento legal conforme al cual la Auditoría Superior de la Federación sustanció el procedimiento que culminó con la resolución de quince de mayo de dos mil seis, dictada por el auditor superior de la Federación de la Cámara de Diputados, en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias número AECF/10/2005/R/02/008, en el que se fincó a cargo de Pío Joel Barroso Reyes, el pliego definitivo de responsabilidades a título de indemnización, por la cantidad de $423,085.26 (cuatrocientos veintitrés mil ochenta y cinco pesos 26/100 moneda nacional); misma que fue confirmada en la resolución de tres de octubre de dos mil seis, recaída al recurso de rectificación número AECF/10/2005/R/02/008-R-REC-03-21-06-06. Ley de Fiscalización Superior de la Federación. ‘Título primero. ‘Disposiciones generales. ‘Capítulo único. ‘Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la revisión de la cuenta pública y su fiscalización superior.’. ‘Artículo 2. Para efectos de la presente ley, se entenderá por: ... VIII. Cuenta pública: El informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rinden de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal, a la Cámara sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados; ... XI. Fiscalización superior: Facultad ejercida por la Auditoría Superior de la Federación, para la revisión de la cuenta pública, incluyendo el Informe de Avance de Gestión Financiera, a cargo de la Cámara; ...’. ‘Artículo 3. La revisión de la cuenta pública, está a cargo de la Cámara, la cual se apoya para tales efectos, en la Auditoría Superior de la Federación, misma que tiene a su cargo la fiscalización superior de la propia cuenta pública y goza de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta ley.’. ‘Artículo 5. La fiscalización superior que realice la Auditoría Superior de la Federación se ejerce de manera posterior a la gestión financiera, tiene carácter externo y por lo tanto se lleva a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización interna de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.’. ‘Artículo 6. A falta de disposición expresa en la ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las disposiciones relativas del derecho común, substantivo y procesal.’. ‘Título segundo. De la cuenta pública, su revisión y Fiscalización Superior. Capítulo I. De la cuenta pública.’. ‘Artículo 13. La Auditoría Superior de la Federación conservará en su poder la cuenta pública de cada ejercicio fiscal y los informes de resultados de su revisión, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades derivadas de las supuestas irregularidades que se detecten en las operaciones objeto de revisión. También se conservarán las copias autógrafas de las resoluciones en las que se finquen responsabilidades y los documentos que contengan las denuncias o querellas penales, que se hubieren formulado como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión.’. ‘Capítulo II. De la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública.’. ‘Artículo 14. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública tienen por objeto determinar: ... VIII. Las responsabilidades a que haya lugar, y ... IX. La imposición de las sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta ley. ...’. ‘Artículo 16. Para la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes: ... XVII. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las resoluciones y sanciones que aplique, así como condonar total o parcialmente las multas impuestas; ...’. ‘Título tercero. De la fiscalización de recursos federales ejercidos por entidades federativas, Municipios y particulares. Capítulo único.’. ‘Artículo 35. Cuando se acrediten afectaciones al Estado en su hacienda pública federal, atribuibles a las autoridades estatales, municipales o del Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación procederá a fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, y promoverá ante los órganos o autoridades competentes las responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar.’. ‘Título quinto. De la determinación de daños y perjuicios y del fincamiento de responsabilidades. Capítulo I. De la determinación de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25134-3bbd6fc9/responsabilidades-resarcitorias-la-figura-de-la-caducidad-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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