AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO QUE AUTORIZA EN DEFINITIVA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, CUANDO ACTÚA COMO DENUNCIANTE EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES DE FISCALIZACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, QUINTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE AGOSTO DE 2015. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS NÚÑEZ SANDOVAL, MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ Y TAISSIA CRUZ PARCERO. DISIDENTES: RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ Y GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ. PONENTE: RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: LUIS NÚÑEZ SANDOVAL. SECRETARIO: DANIEL MARCELINO NIÑO JIMÉNEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de dieciocho de agosto de dos mil quince.
VISTOS; para resolver los autos de la contradicción de tesis 5/2014.
RESULTANDO:
PRIMERO.-Antecedentes y trámite:
I. Por oficio recibido el doce de agosto de dos mil catorce, los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, denunciaron la existencia de una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por ese órgano de control constitucional, al resolver el juicio de amparo en revisión 271/2013, del que emanó la tesis: "AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE AUTORIZA EN DEFINITIVA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, CUANDO HAYA INTERVENIDO COMO DENUNCIANTE."; y el sostenido por los Tribunales Segundo y Séptimo en los juicios de amparo en revisión 17/2014 y 185/2013, de sus índices, respectivamente, de los cuales incluso del primero de ellos resultó la tesis de epígrafe: "AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, CUANDO ÚNICAMENTE FUNGE COMO DENUNCIANTE EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y NO DEMUESTRA QUE SUFRIÓ ALGÚN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES."
II. Mediante auto de trece de agosto de dos mil catorce, el presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, por lo que, con la copia certificada de la resolución dictada por el tribunal denunciante en el juicio de amparo en revisión 271/2013, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 5/2014, y requirió a la presidencia del Segundo y del Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, para que remitieran copia certificada de las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo en revisión 17/2014 y 185/2013, respectivamente, y al primero nombrado además, para que enviara copia de la tesis sostenida.
Asimismo; solicitó a las presidencias de dichos órganos de control constitucional, que informaran si el criterio sustentado en los respectivos asuntos, aún se encontraba vigente, o las causas para tenerlo como superado o abandonado.
III. Mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil catorce, el presidente del Pleno en Materia Penal de este circuito, agregó a los autos los oficios signados por los presidentes del Segundo y del Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, por los que remitieron copias certificadas de las resoluciones dictadas en los amparos en revisión 17/2014 y 185/2013, respectivamente, así como el señalamiento de que el criterio sustentado en éstos aún estaba vigente.
Asimismo, en ese proveído se dispuso que se turnara el asunto al Magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
IV. En sesión de doce de mayo del año en curso, este Pleno de Circuito, por mayoría de votos, determinó solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para resolver este asunto; el seis de julio siguiente, el presidente de este órgano colegiado tuvo por recibido el oficio **********, mediante el cual el presidente de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País informó que desechó la referida petición, al no existir fundamento legal para ese efecto; en virtud de lo anterior, se listó nuevamente el asunto para verse en esta sesión.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis sostenida entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación del órgano jurisdiccional denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, quienes están facultados para denunciar los criterios contradictorios sostenidos entre los Tribunales Colegiados del circuito al que pertenecen, de conformidad con el precepto 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados. Con el fin de verificar si existe la contradicción de tesis denunciada, es necesario relatar, en lo que interesa, las consideraciones expresadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Séptimo en Materia Penal de este circuito.
I. Parte relativa de la ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo en revisión 271/2013, la cual es:
"Desde diversa perspectiva, este órgano de decisión estima esencialmente fundados y suficientes los agravios identificados bajos los numerales 2 y 3 aducidos por la recurrente, pues, contrario a lo determinado por el a quo, la Auditoría Superior de la Federación, quien denunció a **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado, sí cuenta con interés jurídico para promover juicio de amparo contra la determinación en la que el subprocurador especializado en investigación de delitos federales de la Procuraduría General de la República, autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal en los autos de la averiguación previa ********** y sus acumuladas ********** y **********.-A efecto de establecer las razones por las que se sostiene la afirmación precedente, es necesario recordar que el artículo 4o. de la abrogada Ley de Amparo establece el principio de instancia de parte agraviada en el juicio de garantías, e implica que un controvertido constitucional solamente podrá promoverse por aquel que sufra un agravio personal y directo en su esfera de derechos.-El principio de instancia agraviada encuentra íntima y estrecha relación con la figura del interés jurídico, prevista en la fracción V del artículo 73 de la ley invocada, e implica que la procedencia de la acción constitucional requiere como presupuesto necesario, la acreditación de que el acto reclamado afecte los derechos del quejoso.-Es ilustrativa sobre el tópico, la tesis sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 55 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72, Séptima Parte, que a la letra establece: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.’ (se transcribe).-Ahora bien, de la interpretación armónica del artículo 21 constitucional, en concordancia con el diverso numeral 4o. y 10 de la Ley de Amparo aplicable, se desprende que el interés jurídico, a propósito de la impugnación de la resolución que autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal dentro de una indagatoria, le asiste a la víctima, al ofendido, titulares del derecho a exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito y, en general, a aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos.-Lo antes expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 41/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, de rubro y texto siguientes: ‘ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NI DEMUESTRA QUE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, UNA PÉRDIDA FINANCIERA O EL MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.’ (se transcribe).-Así como en la diversa jurisprudencia 58/2006, sustentada por la propia Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 115 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, que a la letra indica: ‘LEGITIMACIÓN AD PROCESUM DEL DENUNCIANTE FACULTADO PARA EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LA RESPONSABILIDAD CIVIL, COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES U OMISIONES QUE SANCIONA LA LEY PENAL. CUENTA CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRME EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O SU DESISTIMIENTO, EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.’.-De conformidad con la tesis del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 128/2000, de rubro: ‘ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA.’ (se transcribe).-Pues bien, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima que, en la especie, aun cuando la Auditoría Superior de la Federación no tiene la calidad de víctima u ofendido en sentido estricto, ni tampoco sufrió una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales (como lo refirió el a quo), sí cuenta con legitimación para acudir al juicio de amparo y, por tanto, para actualizar el interés jurídico exigible en todo controvertido constitucional, derivado de las propias facultades constitucionales y legales concedidas al órgano fiscalizador.-A efecto de sostener las razones por las que se afirma lo antes expuesto, es necesario precisar que la Auditoría Superior de la Federación, nació a la vida jurídica a partir del año dos mil, sustituyendo así a la otrora Contaduría Mayor de Hacienda, institución que en su calidad de órgano técnico de la Cámara de Diputados, tenía a su cargo la revisión de la cuenta pública del Gobierno Federal y del otrora Departamento del Distrito Federal.-Entre las facultades de dicha contaduría, no sólo se encontraba la de revisar y examinar si el ingreso y gasto público era acorde con las Leyes de Ingresos y los presupuestos de egresos aprobados, sino si su recaudación y aplicación respondía al cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas y subprogramas y, además, si su aplicación era eficiente, en la inteligencia que en materia de responsabilidades, las facultades de dicho ente eran meramente declarativas.-Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentó la existencia y atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, como ente de fiscalización superior de la Federación y determinó las facultades que le eran inherentes.-Las funciones principales de aquel organismo, al doce de octubre de dos mil siete, momento en que inició la denuncia respectiva contra **********, por el delito de peculado, eran las siguientes: 1. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de la rendición de informes; en la inteligencia que también fiscalizaría los recursos federales que ejercieran las entidades federativas, los Municipios y los particulares.-2. Entregar el informe del resultado de la revisión de la cuenta pública a la Cámara de Diputados, a más tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al de su presentación.-3. Investigar los actos u omisiones que implicaran alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de las investigaciones.-4. Determinar los daños y perjuicios que afectaran a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título cuarto de la Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendría la intervención que señalara la ley.-Dichas facultades quedaron de manifiesto en la tesis P. XXIII/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 15, de rubro texto siguientes: ‘AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. ALCANCE DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES.’ (se transcribe).-Por su parte, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, de veinte de diciembre de dos mil (vigente al momento de la presentación de la denuncia relativa), como ley secundaria del artículo 79 constitucional, desarrolló con amplitud las facultades del órgano de fiscalización; y así, en sus artículos 2, fracciones VI y VIII, 3, 14, 16, fracciones XII, XIII y XV, 45, 47, 49, 53, fracción II, párrafo segundo, 55 y 57, se establecía que: 1. La revisión de la cuenta pública estaría a cargo de la Cámara de Diputados, la cual se apoyaría para tales efectos, en la Auditoría Superior de la Federación, quien tendría a su cargo a su vez, la fiscalización superior de la propia cuenta pública (artículo 3o.).-2. La cuenta pública se conforma con el informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rindan de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados (artículo 2o., fracción VIII).-3. Las entidades fiscalizadas serían los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y Municipios que ejerzan recursos públicos federales; los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que administrasen, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales (artículo 2o., fracción VI).-4. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública tendría por objeto determinar: a) Si los programas y su ejecución se ajustaban a los términos y montos aprobados; b) Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, se ajustaban o correspondían a los conceptos y a las partidas respectivas; c) El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los programas, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto; d) Si los recursos provenientes de financiamiento se habían obtenido en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se habían cumplido los compromisos adquiridos en los actos respectivos; e) El resultado de la gestión financiera de los Poderes de la Unión y los entes públicos federales; f) Si en la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; y, g) Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos federales, y si los actos, contratos, convenios, concesiones y operaciones que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, se ajustan a la legalidad y si no han causado daños o perjuicios en contra del Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales (artículo 14).-5. Para la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación tendría, entre otras, las atribuciones siguientes: a) Investigar en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales; b) Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones; y, c) Determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado, en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes (artículo 16, fracciones XII, XIII y XV).-6. Si de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, aparecieran irregularidades que permitieran presumir la existencia de hechos o conductas que produjeran daños o perjuicios al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, la Auditoría Superior de la Federación procedería a: a) Determinar los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones pecuniarias respectivas; b) Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; c) Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; d) Presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar; y, e) Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos, el Ministerio Público recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal (artículo 45).-7. Las responsabilidades resarcitorias fincadas tenían por objeto resarcir al Estado y a los entes públicos federales, el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado, respectivamente, a su hacienda pública federal y a su patrimonio (artículo 47).-8. Las responsabilidades resarcitorias se fincarán independientemente de las que procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal que imponga la autoridad judicial (artículo 49).-9. Seguido y agotado el fincamiento de responsabilidad resarcitoria, la indemnización invariablemente debería ser suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados o ambos, y se actualizaría para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos (artículo 53, fracción II).-10. Las multas y sanciones resarcitorias recuperadas, deberán ser entregadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las respectivas tesorerías de los Poderes de la Unión y entes públicos federales que sufrieron el daño o perjuicio respectivo.-El marco normativo previamente expuesto permite afirmar que la Auditoría Superior de la Federación es el órgano que tiene a su cargo la Fiscalización Superior de la Federación, y auxilia a la Cámara de Diputados en la revisión de la cuenta pública, en la inteligencia que su marco regulatorio le otorga autonomía técnica, financiera y de gestión.-Una de las modificaciones más importantes que sufrió la Contaduría Mayor de Hacienda al erigirse a la postre en la Auditoría Superior de la Federación, consistió en que una vez fincados los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes federales, el órgano fiscalizador podrá fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y las sanciones pecuniarias correspondientes (responsabilidad resarcitoria), superando así las facultades meramente declarativas o correctivas de la extinta Contaduría Mayor de Hacienda.-Aunado a lo expuesto y a diferencia de la Contaduría Mayor que no contaba con atribuciones para imponer sanciones, la Auditoría Superior de la Federación sí las tiene, e incluso puede promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades, presentar denuncias y querellas, y coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales.-Las diferencias patentizadas en supralíneas, permite afirmar que es precisamente a propósito de la revisión y fiscalización que de la cuenta pública realiza la Auditoría Superior de la Federación, virtud al mandato y atribuciones previstas en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicho ente se encuentra autorizado para: determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado, en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales; fincar directamente a los responsables las indemnizaciones pecuniarias respectivas; promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar; y coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales en sede ministerial y judicial, pues dichas facultades podrán ejercerse, siempre que el ente fiscalizador advierta irregularidades que permitieran presumir la existencia de hechos o conductas que produjeron daños o perjuicios al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales.-En efecto, a juicio de este órgano de decisión, si de la interpretación armónica de los artículos 2, fracciones VI y VIII, 3, 14, 16, fracciones XII, XIII y XV, 45, 47, 49, 53, fracción II, párrafo segundo, 55 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, de veinte de diciembre de dos mil (vigente al momento de la presentación de la denuncia relativa), se advierte, por una parte, que la Auditoría Superior de la Federación, en su calidad de ente fiscalizador de la Federación, tiene a su cargo verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos federales; y, por otra, que si de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública aparecieren irregularidades que permitieran presumir la existencia de hechos o conductas que produjeran daños o perjuicios al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, quedará facultada para: a) Determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales; b) Fincar directamente a los responsables las indemnizaciones pecuniarias respectivas; c) Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades, inclusive la referida en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, d) Presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar.-Es inconcuso que cuando la Auditoría Superior de la Federación presenta una denuncia ante el Ministerio Público, a propósito de la detección de alguna irregularidad en la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos federales e incluso coadyuva con aquél en el procedimiento respectivo; el ente fiscalizador tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo, en contra de la determinación que autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal.-Lo anterior es así, pues, se insiste, si el texto fundante del orden jurídico nacional encomendó a la Auditoría Superior de la Federación velar por que el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales se ajusten a los lineamientos señalados en el presupuesto, amén de constatar la consecución de los objetivos y la metas contenidas en los programas de gobierno; y derivado de dicha función, el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, de veinte de diciembre de dos mil (vigente al momento de la presentación de la denuncia relativa), otorgó al ente fiscalizador facultades para determinar los daños y perjuicios sufridos por el Estado en su hacienda pública federal o el patrimonio de los entes públicos federales; fincar responsabilidades resarcitorias; promover el fincamiento de responsabilidades diversas, de las acciones de responsabilidad previstos en el título cuarto de la Constitución, y de presentar las denuncias y querellas relativas, así como coadyuvar con el Ministerio Público, es evidente que la Auditoría Superior de la Federación es el órgano encargado de salvaguardar la hacienda pública federal o el patrimonio de los entes públicos federales, ello con independencia de cuál sea el ente fiscalizado al que materialmente pertenezcan los recursos.-Por tanto, es precisamente de las facultades constitucionales conferidas a la Auditoría Superior de la Federación, de donde deriva el interés jurídico para reclamar un acuerdo de no ejercicio de la acción penal en vía de amparo, pues si aquélla en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras se encuentra autorizada para promover la denuncia o querella correspondiente, para coadyuvar con el Ministerio Público, e incluso para emitir su opinión previa respecto de las resoluciones de no ejercicio de la acción penal, es inconcuso que dichos actos tuvieron verificativo a partir de su calidad de guardián de la hacienda pública federal o del patrimonio de los entes públicos federales.-Es ilustrativa, por el principio que la rige, la jurisprudencia 21/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 199 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, abril de 2011, de rubro y texto siguientes: ‘ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DE GUANAJUATO. ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN DETRIMENTO DEL ERARIO PÚBLICO.’ (se transcribe).-Bajo esa línea argumentativa, si en términos del artículo 79 constitucional y 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación fue denunciante en la averiguación previa **********, instruida contra **********, y quien o quienes resultaran responsables, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado; es evidente que el ente fiscalizador tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo ahora analizado, pues, se insiste, dicha denuncia fue consecuencia del ejercicio de su función de verificación financiera y de la correcta utilización del gasto público.-Por otra parte, resulta intrascendente, para efectos de acreditar el interés jurídico que asiste a la recurrente, lo referido por el Juez de Distrito, en el sentido de que el sujeto pasivo en el delito de peculado es la sociedad y, por tanto, se está en presencia de una víctima indeterminada.-Lo anterior es así, pues con independencia del bien jurídico que tutelan los diversos tipos penales, las personas pueden eventualmente acudir al juicio de amparo, cuando la comisión del injusto puede excluirla, privarla o causarle alguna molestia en un derecho legítimamente detentado.-Finalmente, tampoco resulta correcto lo aseverado por el Juez de Distrito, al referir que el delito de peculado previsto en el artículo 223 del Código Penal Federal, no contempla condena a la reparación del daño y, por tanto, el juicio de amparo resultaba improcedente.-Es así, pues aun cuando el numeral de mérito no establezca de manera expresa dicha sanción, aquélla deriva de la interpretación sistemática de los artículos 29, 30, 31, 31 Bis, 34 y 213 del Código Penal Federal, la cual puede reclamarse por la parte ofendida en sentido estricto, a saber, por Petróleos Mexicanos.-En congruencia con lo expuesto, asiste la razón a la parte inconforme, al referir que en la especie no se acreditó la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la abrogada Ley de Amparo, invocada por el Juez Federal, por lo que en términos de lo previsto por la fracción III del artículo 91 de la referida normatividad, procede levantar el sobreseimiento decretado únicamente por lo que ve a la causal de improcedencia analizada."
II. Las consideraciones sostenidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 17/2014, son del tenor siguiente:
"QUINTO.-Prima facie, el estudio de las causales de improcedencia es oficioso y deben ser analizadas por el juzgador aunque no las hagan valer
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25886-90bb2362/auditoria-superior-de-la-federacion-tiene-interes-juridico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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