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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO. LAS ENTIDADES SUJETAS A FISCALIZACIÓN ESTÁN LEGITIMADAS PARA INTERPONERLO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE INICIAR O PROMOVER EL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. · Registro digital (IUS): 26369
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-06-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo III, Pág. 2192.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 4 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JACOB TRONCOSO ÁVILA, TITO CONTRERAS PASTRANA Y YOLANDA ISLAS HERNÁNDEZ. DISIDENTE: MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO. PONENTE: TITO CONTRERAS PASTRANA. SECRETARIO: DAVID TAGLE ISLAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3, 5, 9 y 45, fracción III, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, al haberse denunciado la probable contradicción de criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Segundo Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima para tal efecto, ya que, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, ellos podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia y, en el presente caso, la posible contradicción de tesis fue denunciada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al estimar que el criterio que había sustentado al resolver el amparo en revisión 247/2014, de su índice, se confrontaba con el del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, sustentado en el amparo en revisión 41/2013; de ahí que el primero de los nombrados se encuentra legitimado para formular la denuncia respectiva.

TERCERO.-Existencia de la contradicción de tesis.

I. Ejecutorias que participan de la contradicción. A fin de verificar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es conveniente narrar los hechos que dieron origen a las sentencias que ahora se confrontan y transcribir la parte considerativa que fundamentó la decisión de los tribunales contendientes.

a) En sesión plenaria de dieciséis de mayo de dos mil trece, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito resolvió el amparo en revisión 41/2013, interpuesto por el auditor superior de fiscalización del Estado de México, en el que se confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 1514/2012-VII, en la cual concedió la protección constitucional a la quejosa **********, por propio derecho, contra el acto reclamado consistente en el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil doce, dictado por dicha autoridad recurrente, en el expediente **********, mediante el cual, desechó el recurso de revisión interpuesto en contra del oficio número **********, de fecha dos de agosto de dos mil doce, emitido por la auditora especial de cumplimiento financiero del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por el que se turnó el expediente de responsabilidad resarcitoria incoado en contra de la quejosa, al contralor interno Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; así como el diverso oficio número **********, de veintitrés de enero de dos mil doce, por el que se instruyó al contralor interno Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para que iniciara el procedimiento administrativo resarcitorio, con relación a las presuntas irregularidades administrativas resarcitorias atribuidas.

Los hechos que se narraron en la ejecutoria del amparo en revisión 41/2013, fueron los siguientes:

"1. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil doce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos que a continuación se transcriben:

"‘III. Autoridades responsables:

"‘1. C. Auditor superior de fiscalización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (sic), con domicilio en avenida Mariano Matamoros Número 124, colonia Centro, Toluca, México, Código Postal 50000.

"‘IV. Actos de la autoridad señalada como responsable que se reclaman:

"‘1. El acuerdo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce, dictado dentro del recurso de revisión **********, contenido en el oficio número **********, suscrito por el ciudadano contador público certificado Fernando Valente Baz Ferreira, en su carácter de auditor superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

"‘Bajo formal protesta de decir verdad manifiesto que tuve conocimiento del acto reclamado el día veintiuno de noviembre de dos mil doce, por conducto de una tercera persona, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, me encuentro dentro del término legal para la presentación de la demanda de amparo.

"‘Por lo que acorde a lo expuesto, solicito de usted C. Juez de Distrito, conceda la protección de la Justicia Federal a la hoy solicitante de garantías.’

"2. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien mediante auto de catorce de diciembre de dos mil doce, admitió a trámite la demanda de amparo y ordenó su registro bajo el número de amparo indirecto 1514/2012-VII; asimismo, requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe con justificación; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción.

"3. Sustanciado el juicio en todas sus etapas procesales, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, celebró la audiencia constitucional el nueve de enero de dos mil trece y procedió a dictar la sentencia correspondiente que se terminó de engrosar hasta el quince de enero de la misma anualidad, en la que resolvió lo siguiente (fojas 157 a 166 del juicio de amparo indirecto 1514/2012-VII):

"‘ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, por su propio derecho, contra el acto que reclamó del auditor superior de fiscalización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (sic), para los efectos precisados en la parte final del considerando que antecede. ...’

"Inconforme con dicha resolución, la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en representación de la autoridad responsable, auditor superior de fiscalización del Estado de México -en su denominación correcta-, interpuso recurso de revisión mediante escrito ingresado el treinta de enero de dos mil trece, en la Oficialía de Partes del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el cual tuvo por interpuesto el Juez de Distrito del conocimiento, mediante proveído de treinta y uno del mismo mes y año (foja 202 ídem); reservándose remitir el recurso en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, hasta en tanto estuvieran notificadas todas las partes en el juicio; por lo que, una vez reunidas todas las constancias de notificación correspondientes a la interposición del referido recurso de revisión, se ordenó remitir el original del escrito de agravios y copia de éste, así como el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto 1514/2012-VII, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para que acordara lo que en derecho procediese.

"El citado recurso de revisión fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, el doce de febrero de dos mil trece, del que, por razón de turno, correspondió conocer a este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuya Oficialía de Partes lo recibió el día trece siguiente."

Las consideraciones expresadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, para confirmar la sentencia en la que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, concedió el amparo a la quejosa **********, en lo que ahora interesa, son las siguientes:

"OCTAVO.-Cuestiones preliminares. En forma previa al análisis de los agravios propuestos por las recurrentes, se estima necesario tener en consideración que la parte quejosa interpuso el juicio de amparo en contra del acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil doce, dictado dentro del recurso de revisión 118/12, contenido en el oficio número **********, emitido por el auditor superior de fiscalización del Estado de México, mediante el cual se desechó el citado recurso interpuesto por la quejosa en contra de los diversos oficios **********, de dos de agosto de dos mil doce (emitido por el auditor especial de Cumplimiento Financiero del Órgano Superior de Fiscalización, dirigido al contralor interno municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mediante el cual señala que remite documentos relativos a la aclaración de observaciones derivadas de la revisión y glosa de los informes mensuales, correspondiente al segundo trimestre de dos mil ocho); así como el oficio ********** (notificado a la contralora interna municipal aludida el dos de febrero de dos mil doce, mediante el cual se instruye dar trámite al procedimiento administrativo resarcitorio a que hubiere lugar, contra los servidores públicos que resultasen responsables, en relación a las presuntas irregularidades administrativas resarcitorias, derivadas de la revisión practicada a los informes mensuales del segundo trimestre de dos mil ocho del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, México).

"En el considerando tercero de la sentencia, por esta vía impugnada, el a quo tuvo por cierto el acto reclamado al auditor superior de fiscalización del Estado de México, consistente en el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil doce, dictado en el recurso de revisión 118/12, por así desprenderse del informe justificado rendido por la autoridad responsable, quien aceptó la existencia de dicho acto en el capítulo correspondiente del citado informe con justificación.

"En el considerando cuarto del fallo que se revisa, el Juez de Distrito se pronunció respecto de las causales de improcedencia -por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente- en el sentido de que las partes no habían invocado causal alguna, ni se advertía de oficio tampoco que pudiera llegar a materializarse alguna causa de improcedencia del juicio.

"En el quinto considerando de la sentencia recurrida, el Juez del conocimiento refirió que no se transcribirían los motivos de disconformidad, por no causar ningún perjuicio a las partes, amén de no existir disposición legal que lo obligara a ello, según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.’

"En el considerando sexto de la sentencia que se recurre, dada su estrecha relación, se analizaron los tres primeros conceptos de violación formulados por la parte quejosa, enderezados a controvertir que el acto reclamado viola en su perjuicio el principio de legalidad contenido en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la responsable interpreta erróneamente el artículo 68 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, a efecto de determinar el plazo para la presentación del recurso de revisión establecido en el artículo 67 de la citada ley, porque contrariamente a lo considerado por la responsable, el último precepto legal en cita dispone que el cómputo del plazo para interponer el recurso de revisión se inicia a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto o resolución impugnada, no así del momento o la hora en que se tuvo conocimiento del aludido acto.

"El a quo estimó fundados los referidos conceptos de violación, en lo toral, al haber arribado a la conclusión de que la autoridad debió haber considerado (para efectuar el cómputo del plazo de quince días con que contaba la quejosa para la interposición del recurso), además de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, el diverso 70 de dicho ordenamiento legal, así como el numeral 28 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de los que se desprende que el dispositivo 70 de la referida ley de fiscalización remite, para lo concerniente a las notificaciones, al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y el artículo 28 del aludido código adjetivo establece que las notificaciones surtirán efectos a partir del día hábil siguiente a la fecha en que fueren practicadas, lo cual no fue considerado por la responsable; por lo que estimó vulnerados los derechos fundamentales de la parte quejosa, con la actuación de la responsable, al no haber sido tomadas en consideración las citadas disposiciones legales, para efectuar el cómputo del plazo con que contaba la peticionaria del amparo para presentar el recurso de revisión en sede administrativa.

"Por lo tanto, el Juez de Distrito consideró procedente conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emita una nueva en la que resuelva lo que en derecho corresponda, en el entendido de que para el cómputo de la procedencia del recurso de revisión de que se trata, deberá tener en cuenta que las notificaciones personales surten sus efectos al día siguiente al en que se practicaron y no podrá sino hasta después de ese día, empezar a contar el plazo de quince días para su interposición.

"Así, al haber resultado fundados lo conceptos de violación analizados, el a quo estimó innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación, pues a ningún fin práctico conduciría su examen.

"NOVENO.-Problemática jurídica a resolver.

"En primer término, será analizado el recurso interpuesto por la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en representación de la autoridad responsable, auditor superior de fiscalización del Estado de México.

"...

"Por otra parte, serán analizados conjuntamente los agravios segundo, tercero y cuarto -en atención a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, dada su estrecha vinculación temática- en los cuales, la autoridad recurrente se duele, en lo toral, de lo siguiente:

"Segundo. Que se violaron los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir en las sentencias de amparo, conforme a los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, puesto que el a quo advirtió que el acuerdo reclamado desechó el recurso interpuesto en sede administrativa por dos causales de improcedencia; sin embargo,

"Que no resulta aplicable al caso la jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito, cuyo rubro es: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’, ya que el estudio de los demás conceptos de violación era indispensable, puesto que no estudió por qué era procedente la pretensión de la quejosa ante la responsable, aun cuando en el acuerdo reclamado se expuso que el recurso intentado era improcedente también, porque el acto impugnado no afecta los intereses jurídicos, ni legítimos de la quejosa.

"Tercero. Que se violan los artículos 77, fracción II y 78 de la Ley de Amparo, porque el Juez de Distrito omite indicar las razones por las que estima que el acto reclamado es inconstitucional, ante la falta de afectación a los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, en términos del procedimiento natural previsto en la ley de la materia (sic).

"Que el acto reclamado cumple los requisitos de legalidad previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, ya que se emitió conforme a las leyes que rigen el procedimiento, de manera fundada y motivada, y respetando el derecho de acceso a la justicia.

"Que no existe violación a lo dispuesto en los artículos 1o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto reclamado no se encuentra en ninguna de las hipótesis previstas en los citados preceptos legales.

"Que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México es una dependencia del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, el cual se encuentra encargado de recibir, revisar y fiscalizar las cuentas públicas del Estado y Municipios, del año anterior que, en su caso, incluirán la información correspondiente a los poderes públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y Municipios, así como, eventualmente, determinar responsabilidades resarcitorias.

"Que la naturaleza de dicha entidad de fiscalización se desprende de lo establecido en los artículos 116, fracción II, párrafos sexto y séptimo, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracciones XXXII a XXXV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 94, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 148 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, así como las previstas en el Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

"Que antes de determinar iniciar o promover cualquier responsabilidad en contra de persona alguna, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México previene, en sus artículos 53 y 54, una etapa de aclaración, que tiene como finalidad dar oportunidad a las entidades fiscalizables de solventar y aclarar el contenido de las observaciones o la determinación del daño y, en su caso, cubrir el monto a que ascienda y quede resarcido, por lo que no entraña derecho subjetivo púbico (sic).

"Que al referir de manera específica que se concederá a la entidad fiscalizable un plazo no menor de veinte días ni mayor a cuarenta y cinco para que solvente o repare las observaciones y manifieste lo que a su interés convenga, no establece en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigna solamente una situación cualquiera a cargo de la entidad fiscalizable, que le pudiera ser benéfica, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido, dado que la Ley de Fiscalización, al establecer la etapa de aclaración, no otorga la facultad a la entidad fiscalizable para obtener coactivamente su respeto.

"Que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México cumple con lo establecido al respecto en la Ley de Fiscalización, al conceder a la entidad fiscalizable el plazo para el desarrollo de la etapa de aclaración, sin que ello signifique que los sujetos notificados, que integran la entidad fiscalizable, puedan controvertir las determinaciones del órgano técnico de la Legislatura o les asistan derechos que no contempla expresamente la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, tal como se desprende de la tesis aislada que invoca, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, cuyo rubro es: ‘INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDO POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE ATRIBUYE LA OMISIÓN DE SOLVENTAR OBSERVACIONES DERIVADAS DE DICHA REVISIÓN.’

"Que si el informe de resultados de auditoría financiera no produce afectación jurídica a ciudadano alguno, menos cualquier otro acto que eventualmente derive de la etapa de aclaración, toda vez que no será definitivo, ni producirá consecuencias de derecho de modo irreparable.

"Que el único procedimiento que eventualmente producirá perjuicio en contra de la quejosa sería el de responsabilidad administrativa resarcitoria, el cual fue turnado (sic) a la Contraloría Interna del Municipio de Cuautitlán Izcalli, México, como se desprende de los actos impugnados originalmente en el recurso de revisión desechado.

"Continúa señalando la responsable que, dado que la etapa de aclaración que sustanció ya feneció, se remitió la documentación relativa a la contraloría municipal de referencia, sin que dicha circunstancia afecte un derecho público subjetivo o interés legítimo de la quejosa, que pudiera ser reparado por la responsable.

"Que la peticionaria del amparo pretende dar indebidamente efectos a diversos oficios y volver a dar vigencia a una etapa que ha concluido.

"Que a ningún fin práctico conduciría la concesión del amparo, o bien, la determinación de la procedencia del recurso de revisión interpuesto en sede administrativa, ya que no existe acto que pueda ser reparado o modificado en el fondo del asunto.

"Que tampoco resultaría procedente admitir el asunto, para después ser sobreseído por la misma causal, cuando la responsable conoce plenamente el procedimiento y advierte, de manera manifiesta e indubitable, la causal de improcedencia de referencia, actuando, en consecuencia, conforme lo disponen los artículos 193, fracción II y 195, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

"Al efecto, invoca las tesis, cuyos rubros son: ‘AMPARO SIN EFECTOS PRÁCTICOS.’ y ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN QUE SE ALEGA INCONGRUENCIA POR OMISIÓN. SON INOPERANTES SI LAS CUESTIONES PASADAS POR ALTO NO SON APTAS PARA QUE LA RESPONSABLE RESUELVA FAVORABLEMENTE AL QUEJOSO.’

"Asimismo, refiere la recurrente que hizo valer en el informe justificado que el Juez del conocimiento debía verificar las dos causales de improcedencia por las que se desechó el recurso de revisión en sede administrativa, invocando, al efecto, las diversas tesis, cuyos rubros son: ‘GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES.’; ‘AMPARO SIN EFECTOS PRÁCTICOS (INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA).’, ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, FUNDADOS PERO INOPERANTES.’ y ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. REGLAS PARA DETERMINARLOS.’

"Cuarto. Que se viola lo dispuesto en los artículos 77, fracción II y 78 de la Ley de Amparo, puesto que el Juez de Distrito establece que los conceptos de violación de la quejosa son fundados, lo que resulta incorrecto, dada la existencia de una causal de improcedencia diversa, que requiere que también la quejosa acredite la existencia de un interés jurídico o legítimo en el procedimiento natural que se afecte, que amerite la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable haga procedente el recurso, entre a su estudio y repare la violación cometida, ello produce que, de manera parcial, eventualmente los conceptos de violación estudiados sean fundados, pero inoperantes de manera general, para que se conceda el amparo solicitado.

"Que no sólo es carente de exhaustividad formal la sentencia recurrida, sino que también en el fondo del asunto se advierte la falta de exhaustividad, ya que la responsable actuó legal y constitucionalmente, al desechar el recurso de revisión, pues su admisión no tendría efecto práctico alguno.

"Que las causales de improcedencia en cualquier materia son de orden público y, del examen realizado al acto reclamado, se evidencia que los dos conceptos de violación argumentados por la quejosa, relacionados con la afectación de intereses jurídicos y/o legítimos, devienen infundados e inoperantes, dado que no demuestra violación a derechos fundamentales que diera lugar a la concesión del amparo solicitado.

"Que no basta que la entonces recurrente, ahora quejosa, impugne un acto de la responsable para que sea procedente el recurso de revisión previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, sino que, además, es necesario que dicho acto cause un agravio que deba ser reparado, en tanto que, en el caso, aun cuando existiera una irregularidad en la emisión del acto impugnado originalmente, no produciría ningún efecto práctico (sic).

"Que además, la determinación de que se trata limita las impugnaciones contra los actos emitidos por la responsable a aquellos que cuenten con una realidad objetiva (sic), en que se vea afectada la esfera jurídica de los ciudadanos, a fin de evitar un uso indiscriminado del medio de impugnación previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, pues de lo contrario se entorpecería el ejercicio de las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

"Que para que el juicio de amparo resultara procedente y se obligara a la responsable a emitir un acuerdo de admisión en el recurso de revisión de que se trata, la quejosa tendría que acreditar la existencia de un interés y su realidad objetiva (sic), es decir, la reparación que pretende con la procedencia del medio de impugnación desechado.

"Que los actos impugnados sobre los cuales se desechó el recurso de revisión intentado, no son una determinación en contra de la quejosa (al contrario, son en su favor), no representan cierre de periodo alguno, no se emiten determinaciones sobre la instauración de un procedimiento administrativo resarcitorio, ni se coarta derecho alguno de legítima defensa; en general, no se afectan de manera real y objetiva derechos a su favor, al contrario, se da atención a una promoción, remitiéndola a la autoridad competente (lo que si bien no obliga el artículo 121 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización correspondiente, sobreentiende la buena fe de la responsable) (sic), por lo que los conceptos de violación son infundados e inoperantes, además de ambiguos y superficiales.

"Que se debe distinguir entre interés jurídico, legítimo y simple, para lo cual, invoca las tesis, cuyos rubros son: ‘INTERÉS JURÍDICO DENTRO DEL ÁMBITO DEL DERECHO PÚBLICO EN EL QUE SE PRODUCEN LAS RELACIONES ADMINISTRATIVAS.’, ‘INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUÁNDO EXISTEN.’ e ‘INTERÉS JURÍDICO. SUS ACEPCIONES TRATÁNDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.’

"Continúa señalando la recurrente que, dada la fundamentación y motivación contenida en el acto reclamado, se acredita que, de manera manifiesta, notoria e indudable, no se afecta el interés jurídico o legítimo en contra de ciudadano alguno (sic), sino que la quejosa solamente cuenta con un interés simple, por lo que para obtener el amparo y protección de la Justicia Federal, la quejosa se encontraba obligada a acreditar, de manera fehaciente, el interés jurídico o legítimo del que es titular, para que fuera procedente el recurso intentado, lo cual, no se desprende de la demanda de amparo.

"Que no basta que la quejosa refiera, de manera general, que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, sino que es necesario que se demuestre un agravio a través de una violación jurídica concreta, que dé lugar al amparo solicitado, demostrando el interés que le asiste en dicha instancia, pues de lo contrario, el amparo carecería de efectos prácticos, habida cuenta que no tendría sentido ordenar la admisión de un recurso que no puede prosperar en el fondo.

"Aunado a lo anterior, la quejosa, en los conceptos de violación, pretende dar efectos vinculatorios con un derecho de petición, para el cual, la responsable, al no ser un tribunal, ni un juzgado federal, se encuentra imposibilitada a analizar dicho derecho fundamental, por lo que la correspondiente impugnación debió llevarse a cabo de manera directa ante una jurisdicción federal en el plazo previsto para tales efectos. Ello, con apoyo en las tesis de rubros: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA.’ y ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INATENDIBLES AQUELLOS QUE COMBATEN CONSIDERACIONES O DETERMINACIONES QUE NO LE CAUSAN PERJUICIO AL QUEJOSO.’

"Que debe apreciarse el acto reclamado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo y estimarse constitucional, pues conforme a su motivación y fundamentación se concluyó que era manifiesta e indudablemente improcedente el recurso intentado, al no afectarse los intereses jurídicos de la recurrente, por lo que se decretó el desechamiento del recurso, en términos de los artículos 193, fracción II y 195, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

"Que, por lo tanto, los conceptos de violación de la quejosa son infundados, insuficientes e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26369-e8348899/recurso-de-revision-previsto-en-el-articulo-67 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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