PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEFINITIVA DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA ESTATAL O MUNICIPAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE INICIO QUE NIEGA DECLARAR PRESCRITAS LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD SANCIONADORA PARA INICIARLO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO (EN APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO) Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR (EN APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO). 26 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE SALAZAR CADENA, JAIME RUIZ RUBIO, GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO, JOSÉ LUIS DELGADO GAYTÁN, FAUSTINO CERVANTES LEÓN Y JOSÉ AVALOS COTA. PONENTE: JOSÉ LUIS DELGADO GAYTÁN. SECRETARIO: FRANCISCO LORENZO MORÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50, y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, con sede en esta ciudad, lugar donde este Pleno ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, puesto que fue formulada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California.
TERCERO.-Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado de del Décimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo directo administrativo **********, en sesión celebrada el **********, en la parte que interesa, son las que a continuación se transcriben:
"En el segundo motivo de inconformidad, el quejoso aduce, esencialmente, que contra lo sostenido por la responsable, el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Contencioso de Baja California, no desatendió los presupuestos procesales del juicio contencioso administrativo, en especial, el artículo 22 de la ley que rige a dicho tribunal, pues lo que hizo fue un análisis de ellos en relación con la interpretación conforme a la Constitución y a las garantías previstas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevén un acceso efectivo a la justicia y la tutela de los derechos de los ciudadanos por los órganos jurisdiccionales del Estado firmante.-Refiere que el Magistrado instructor, al analizar la procedencia del juicio, concluyó que aunque los actos impugnados en el juicio de origen no reunían las características que tradicionalmente se entendían como constitutivas de actos administrativos definitivos, porque no son la decisión final como manifestación última de la voluntad administrativa; sin embargo, le ocasionaban un daño irreparable, pues de resolverse que no eran definitivos, se sometería al particular a un proceso que podría culminar con una resolución de separación definitiva, causándole un daño irreparable, debiendo esperar a que se le separara del cargo en forma definitiva para poder alegar en contra de los actos de la investigación administrativa que afectaron sus derechos fundamentales; es decir, dice que, por un lado, se siguiera un procedimiento en su contra aun cuando la autoridad que hubiese solicitado el inicio del procedimiento fuera incompetente y, por otro, se ocasionaría una afectación irreparable, puesto que no tendría derecho a la reinstalación en el cargo, en atención a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.-Es infundado tal concepto de violación.-En efecto, el numeral 22 de la ley que rige al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California dispone: ‘Artículo 22. Las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas siguientes: I. Los de carácter administrativo emanados de las autoridades estatales, municipales o de sus organismos descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares; II. Los de naturaleza fiscal emanados de autoridades fiscales estatales, municipales o de sus organismos fiscales autónomos, que causen agravio a los particulares; III. Los que se emitan con motivo de la aplicación de sanciones por responsabilidad administrativa, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; IV. Los que se emitan con motivo del incumplimiento de contratos de obra pública y, en general, de contratos administrativos en que el Estado, los Municipios o sus organismos descentralizados sean parte; V. Los que versen sobre pensiones y jubilaciones, a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California; VI. Los dictados conforme a otras leyes que le otorguen competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; VII. Los de carácter administrativo y fiscal favorables a los particulares, emanados de las autoridades estatales, municipales o de sus organismos descentralizados, cuando dichas autoridades promuevan su nulidad; VIII. Los que se emitan en materia de acceso a la información pública, atendiendo lo previsto por la fracción VII del artículo 17 de esta ley; IX. Las que se susciten entre los miembros de las instituciones policiales del Estado de Baja California y las dependencias de la administración pública centralizada estatal o municipal, con motivo de la prestación de sus servicios.-Para efectos de este artículo, son definitivos los actos o resoluciones que no puedan ser revocados o modificados, sino mediante recurso administrativo o medio de defensa previsto por la ley que rija el acto, o en el proceso contencioso administrativo.-Las faltas temporales de los Magistrados en las Salas, se suplirán por el primer secretario de Acuerdos cuando no excedan de dos meses y cuando excedan de este término, serán cubiertas por la persona que nombre el Pleno. Las faltas definitivas se cubrirán con nueva designación. Por el periodo de suplencia, el funcionario recibirá los mismos emolumentos que el Magistrado.’ (el resaltado es propio).-El precepto legal transcrito estatuye nueve hipótesis para la procedencia del juicio contencioso administrativo, entre las que se encuentran los actos o resoluciones definitivas que se susciten entre los miembros de las instituciones policiales del Estado de Baja California y las dependencias de la administración pública centralizada estatal o municipal, con motivo de la prestación de sus servicios; entendiéndose por resoluciones definitivas aquellas que no puedan ser revocadas o modificadas, sino mediante recurso administrativo o medio de defensa previsto por la ley o el proceso contencioso administrativo.-Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. X/2003, consultable en el Tomo XVII, febrero de 2003, página 336, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro «digital»: 184733, de rubro: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’, y que es invocada por el quejoso en una parte del primer concepto de violación; al interpretar lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, indicó que es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por la expresión ‘resoluciones definitivas’, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, pues debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública; por ello, acotó, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución.-La jurisprudencia en cita, es del tenor siguiente: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.-La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan «resoluciones definitivas», y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de «resoluciones definitivas» las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la administración pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.’(1).-Por tanto, si en la especie, el actor del juicio de origen impugnó la determinación recaída al acuerdo de inicio de procedimiento de separación definitiva y la resolución que determinó la no prescripción de la acción en el expediente **********, dictada en la audiencia de declaración, ofrecimiento y admisión de pruebas de **********; tales actos no se trata de aquellos que la ley califica como definitivos, pues no ponen fin a una instancia; sino que consisten en actos intermedios emitidos dentro de un procedimiento seguido en forma en juicio, que no gozan de autonomía frente al procedimiento de separación definitiva de un elemento de un cuerpo policiaco, sino que forman parte de éste.-De ahí que, contra lo aseverado por el inconforme, si los actos impugnados no constituyen resolución definitiva, como lo dispone el artículo 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, ni en los amplios términos en que lo interpretó el Alto Tribunal del País; entonces, resulta correcta la decisión de la responsable, al estimar que dichos actos no pueden ser analizados a través del juicio contencioso administrativo.-En ese sentido, no puede sino considerarse ilegal la determinación que desatiende la procedencia del juicio, la que en modo alguno puede ampararse en una interpretación de tratados internacionales, pues no pueden ignorarse los presupuestos procesales que rigen los juicios, tal como lo señaló la responsable.-En efecto, el estudio de los referidos presupuestos procesales constituye una potestad conferida a las autoridades jurisdiccionales en el análisis de los asuntos sometidos a su consideración, por lo que, de no colmarse tales presupuestos, no podría constituirse y desarrollarse con validez y eficacia jurídica un procedimiento de carácter jurisdiccional, menos aún, concluir con una sentencia que resolviera el mérito de lo debatido por los interesados; de ahí que, por su trascendencia, su inobservancia constituye una infracción legal que incide en detrimento de las partes contendientes, al posibilitar la resolución de un juicio mediante el pronunciamiento de una sentencia que se ocupe del fondo de lo debatido, cuando no existen condiciones para ello o que impiden, precisamente, que éste concluya de esa manera.-Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1007, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que este tribunal comparte, de rubro y texto siguientes: ‘PRESUPUESTOS PROCESALES. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES, EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, DEBEN CONTROLAR DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE SU CONCURRENCIA, PUES LA AUSENCIA DE ALGUNO CONSTITUYE UN OBSTÁCULO QUE IMPIDE EL CONOCIMIENTO DEL FONDO DEL ASUNTO.-Siempre que sea descubierta la ausencia de algún presupuesto procesal, de oficio o a petición de parte, las autoridades jurisdiccionales razonablemente deben proceder a subsanarla en cualquier estado que se halle el juicio; de lo contrario, el proceso no se encontrará en un estado de cognición óptimo ni jurídicamente aceptable; no es posible la existencia de un juicio válido o proceso verdadero sin la concurrencia in limine litis de los presupuestos procesales que condicionan, a su vez, la existencia del debido proceso, siendo, por ello, que su presencia generalmente se encuentra normativamente reconocida; lo anterior, con el objeto de que las autoridades jurisdiccionales controlen su concurrencia, máxime que su falta constituye un obstáculo procesal que impedirá entrar al conocimiento del fondo del asunto para su resolución final; sólo de esta manera puede asegurarse que el cauce procedimental sea el legalmente establecido, atendiendo a las circunstancias, tanto objetivas como subjetivas, que la propia ley, de forma imperativa, toma en consideración y pormenoriza.’(2).-De ese modo, si el Magistrado instructor, al resolver la cuestión planteada desatendió los presupuestos procesales del juicio contencioso administrativo, al estimarlo procedente, no obstante que, como se ve, no lo era y, derivado de ello, analizó el fondo del asunto, tal proceder resultó ilegal, como lo destacó la responsable; pues al haberlo hecho creó una instancia, sustituyéndose inclusive al legislador local.-No es obstáculo para considerar lo anterior, que en un esfuerzo por hacer viable la procedencia del juicio, el Magistrado instructor estimara que como los actos impugnados ocasionan un daño irreparable al actor, en una interpretación no rigorista del artículo 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, y conforme a lo dispuesto por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el juicio resulte procedente, pues, como lo sostuvo la responsable, no pueden desatenderse los presupuestos procesales del aludido juicio so pretexto de la aplicación del principio pro homine, dado que, de hacerlo, crearía incertidumbre entre los gobernados, desconociéndose la forma de proceder de las autoridades y perturbando las condiciones procesales de las partes en el juicio.-Sobre el tema, es exactamente aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto se reproducen a continuación: ‘DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.-Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.’(3).-Así como, la diversa 2a./J. 56/2014 (10a.), también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ‘PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.-Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.’(4).-Por lo anterior, resultan inaplicables las tesis aisladas que cita bajo los rubros: ‘INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.’ y ‘PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO COMPONEN.’, pues, como ya se precisó, la aplicación del principio pro persona no implica desatender los presupuestos procesales del juicio contencioso administrativo.-Tampoco es óbice que los actos impugnados pudieran ser considerados de imposible reparación, pues, como se dijo, al no contar con la particularidad de la definitividad, impide a la responsable abordar su estudio.-Por otro lado, en el primer concepto de violación, el peticionario del amparo aduce que el ‘pronunciamiento efectuado en la audiencia administrativa’ por la **********, en el que señala que no es procedente declarar la prescripción de la solicitud de inicio de procedimiento de separación definitiva, se trata de una verdadera resolución que la autoridad emite al establecer de forma expresa que sus facultades no han prescrito, por lo que se considera que dicha resolución es una manifestación definitiva de la autoridad, ya que pone en conocimiento del gobernado la decisión del órgano del estado en relación con su promoción, dirigida a lograr que su solicitud de ser reincorporado en el cargo sea procedente.-Alega que la responsable omite analizar que la autoridad municipal ya expresó su voluntad definitiva, en cuanto a la solicitud de reconocimiento de prescripción de facultades de la autoridad sancionadora, la cual, si bien tuvo verificativo en la audiencia administrativa, no por ello se tiene que encuadrar rígidamente como un acto de mero trámite, pues, refiere, ese pronunciamiento no está normado en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, ni forma parte del procedimiento administrativo propiamente dicho, por lo que se debe concluir que es una resolución administrativa definitiva, diferente a la que en su momento se emitirá al concluir el procedimiento de separación definitiva, porque aquélla, dice, versa exclusivamente sobre la existencia de la prescripción de facultades; mientras que la última consistirá en el fondo del asunto, esto es, sobre la existencia o no del incumplimiento o pérdida de requisitos de permanencia del agente; por lo que, señala, lo que se resolverá en la última resolución no guarda relación con lo decidido sobre la prescripción solicitada.-Refiere que, por lo que hace a la existencia de prescripción de facultades de la autoridad demandada en el juicio contencioso, ya se emitió la decisión final de la autoridad; entendiéndose como resolución administrativa definitiva aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, y que puede ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; y, b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial.-Señala que como la resolución de la comisión, en la que se decidió no tener por prescrita su facultad para sancionar al quejoso, es una manifestación final aislada que se emitió a solicitud del actor, la que, con independencia de que haya sido dictada en una fase del procedimiento administrativo, no forma parte del citado procedimiento, ni existe medio de defensa ante la misma autoridad, considera, por tanto, que en su contra procede el juicio contencioso administrativo.-Asimismo, vinculado con lo anterior, en una parte del segundo concepto de violación, el quejoso insiste en que, con la negativa a reconocer la prescripción de facultades para sancionar al aquí quejoso por parte de la secretaria técnica de la **********, resulta inconstitucional la sentencia reclamada, pues violentó lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación con el 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, y los diversos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que negó un acceso efectivo a la justicia con pretextos de aplicación rigorista de la ley y por no haber sido exhaustiva en el análisis del acto impugnado.-Dichos motivos de disenso también son infundados.-Es así, pues, en oposición a lo pretendido por el inconforme, la determinación impugnada contenida en la audiencia de **********, en el expediente **********, en la que se niega declarar prescrita la solicitud de inicio de procedimiento de separación definitiva del elemento policiaco, no se trata de una manifestación o determinación aislada; sino que, como se desprende de los antecedentes narrados, proviene de un procedimiento seguido en forma de juicio, el cual, se encuentra previsto en el Reglamento de Servicio de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, y tiene por objeto regular la integración, atribuciones, organización y funcionamiento de la **********, en los términos de lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, en cuyos artículos del 57 al 79, se regula el procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, tales preceptos legales disponen:
"Capítulo décimo segundo
"Del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa
"‘Artículo 57. Los miembros serán separados definitivamente cuando dejen de reunir alguno de los requisitos de permanencia o incurra en cualquiera de las hipótesis contenidas en la fracción I del artículo 95 del presente reglamento, o suspendidos temporalmente o removidos del cargo cuando incurran en responsabilidad administrativa grave.’
"‘Artículo 58. La Dirección de Responsabilidades será la encargada de la investigación administrativa y de solicitar fundada y motivadamente a la comisión, el inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, remitiéndole el expediente del presunto infractor.’
"‘Artículo 59. El procedimiento iniciará por acuerdo de la comisión correspondiente, de acuerdo a lo previsto en la ley y las disposiciones reglamentarias que correspondan.’
"‘Artículo 60. Todos los días y horas serán hábiles para la sustanciación del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa.’
"‘Artículo 61. El acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa deberá contener por lo menos lo siguiente:
"‘I. Lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 159 de la ley, misma que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dicte el acuerdo;
"‘II. Motivos que dan origen al procedimiento, y el derecho del miembro a imponerse de autos a fin de que conozca las imputaciones que se le fincan, y pueda defenderse por sí, o por persona de su confianza;
"‘III. El derecho del miembro a ofrecer pruebas y alegar a lo que su derecho convenga; y
"‘IV. El apercibimiento, en caso de que en la audiencia el miembro no señale domicilio en la ciudad para oír y recibir notificaciones, las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se realizarán en los estrados de la institución policial y de las comisiones.
"‘En el mismo acuerdo, decretar o ratificar en su caso, la suspensión preventiva declarada por la sindicatura por conducto de la Dirección de Responsabilidades, asimismo ordenará notificar a ésta y al miembro, cuando menos con cinco días de anticipación, el lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia, apercibiéndosele a este último que, en caso de no comparecer sin causa justificada, se le tendrá por confeso del hecho que se le imputa. La falta de notificación en los términos indicados, obliga a la comisión a señalar nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a la fecha que inicialmente se hubiere fijado.’
"‘Artículo 62. En caso de que en el día de la celebración de la audiencia, el miembro no pueda defenderse por sí o por persona de su confianza, se le asignará un defensor de oficio.’
"‘Artículo 63. Si el miembro no señala en la audiencia, domicilio en la ciudad para oír y recibir notificaciones, al finalizar ésta, se le hará efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa en el sentido de que las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se realizarán en los estrados de la institución policial de su adscripción.’
"‘Artículo 64. El miembro deberá comparecer a la audiencia en forma personal, pero cuando exista un impedimento físico o material debidamente probado y justificado ante la comisión, el miembro comparecerá al procedimiento en forma escrita, sin necesidad de ratificación.’
"‘Artículo 65. La celebración de la audiencia constará de cuatro etapas:
"‘I. Declaración, ofrecimiento y admisión de pruebas del miembro;
"‘II. Desahogo de pruebas;
"‘III. Alegatos; y
"‘IV. Citación para la resolución.
"‘En la etapa de declaración, el miembro rendirá su declaración en forma verbal, tomándose razón de la misma, o por escrito, misma que deberá ratificar en el mismo acto, y deberá versar sobre los hechos que se le imputan.
"‘En la declaración que rinda el miembro, la comisión tendrá la más amplia facultad para formular las preguntas que estime conducentes para el esclarecimiento de los hechos que se le imputan.
"‘Una vez rendida la declaración, ofrecerá los medios de prueba que convengan a su defensa; mismos que la autoridad resolverá sobre su admisión o desechamiento.’
"‘Artículo 66. Las pruebas deben relacionarse en forma precisa con las imputaciones; además, debe expresarse claramente los puntos que se pretenden demostrar con las mismas.
"‘Si las pruebas que se ofrecen no cumplen con las condiciones señaladas, no guarden relación inmediata y directa con los hechos que se le imputan, o resulten notoriamente intrascendentes, serán desechadas de plano.’
"‘Artículo 67. Serán admisibles todos los medios de prueba, excepto la confesional o declaración de parte de las autoridades, así como aquellas contrarias a derecho.’
"‘Artículo 68. Tratándose de pruebas testimoniales se observará lo siguiente:
"‘I. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho que se le impute al miembro.
"‘II. Cuando el testigo tenga carácter de autoridad, rendirá su testimonio por escrito dentro de un plazo no mayor de 15 días contados a partir del día siguiente en que reciba el interrogatorio.
"‘III. El miembro estará obligado a presentar directamente a la audiencia a los testigos que para el caso ofrezca, debiendo acompañar el interrogatorio correspondiente.
"‘La comisión podrá desechar las preguntas que, a su juicio, sean capciosas, inconducentes e insidiosas, o aquellas que no tengan relación con el hecho que se le imputa.
"‘IV. Admitida la prueba testimonial, no se aceptará la sustitución de testigos.’
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26441-02e6ce02/procedimiento-de-separacion-definitiva-de-los-miembros-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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