LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPANTE NO FAVORECIDO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE NO SE FORMALICE Y EJECUTE EL CONTRATO DE CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPANTE NO FAVORECIDO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE NO SE FORMALICE Y EJECUTE EL CONTRATO DE CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 23 DE ABRIL DE 2018. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO, HUGO GÓMEZ ÁVILA, LUCILA CASTELÁN RUEDA, JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. DISIDENTES: RENÉ OLVERA GAMBOA Y ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO. PONENTE: ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO. ENCARGADO DEL ENGROSE: MOISÉS MUÑOZ PADILLA. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del veintitrés de abril de dos mil dieciocho.
VISTOS los autos, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 14/2017; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio **********, suscrito por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis, entre el sustentada por el mismo Primer Tribunal Colegiado al resolver el recurso de queja 119/2017 y el aprobado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar la queja 242/2015.
SEGUNDO.—Trámite del asunto. Mediante acuerdo de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, admitió a trámite la mencionada denuncia, bajo el expediente número 14/2017, en términos de lo previsto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Ter I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
En el mismo acuerdo se solicitó tanto a la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que remitiera copia certificada de la sentencia dictada en el recurso de queja 119/2017 de su índice, como a la presidencia de su homólogo Quinto Tribunal Colegiado, respecto de la dictada en el recurso de queja 242/2015 y, además, que informaran si los criterios que respectivamente se sustentaron en dichos asuntos, se encontraban vigentes, o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados. Asimismo, se pidió a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si en el índice de los asuntos radicados en ese Alto Tribunal, existe algún asunto que guarde relación con la temática aquí planteada.(1)
Por acuerdos de tres y cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, remitiendo copia certificada de las ejecutorias solicitadas e informaron que los criterios, materia de la contradicción, continúan vigentes.(2)
Por auto de dieciséis de mayo siguiente, el presidente de este Pleno de Circuito tuvo por recibido el oficio de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que comunicó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión de dichas denuncias, dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el tema aquí planteado.(3)
En acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó turnar el asunto al Magistrado Marcos García José, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.(4)
En sesión extraordinaria de entrega-recepción de veintidós de enero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la instalación formal de la nueva integración de este Pleno de Circuito y, como consecuencia, por acuerdo de veinticinco de enero siguiente, se ordenó returnar los autos al Magistrado Enrique Rodríguez Olmedo, para formular el proyecto de resolución correspondiente, al tenor de los artículos 13, fracción VII y 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
Finalmente, el proyecto de resolución se elaboró el doce de febrero del año en curso, y una vez ingresado en el "Sistema Plenos de Circuito", el dieciséis de abril siguiente se fijó convocatoria para el estudio y resolución de dicho asunto; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(5) por tratarse de una denuncia de contradicción, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos de donde emanan dichas tesis y las consideraciones que, respectivamente, sustentaron las ejecutorias dictadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el recurso de queja 119/2017 y el Quinto Tribunal Colegiado en la misma Materia y Circuito, en el recurso de queja 242/2015.
• Recurso de queja 119/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
**********, representante de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió demanda de amparo indirecto, contra actos de diversas autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, entre los cuales se destacan:
"4. El fallo, respecto de la convocatoria pública para la ‘Concesión del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan, Jalisco’, sin número, publicada el pasado 4 de enero de 2017.—5. El contrato firmado con motivo del fallo, respecto de la convocatoria pública para la ‘Concesión del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan, Jalisco’, sin número, publicada el pasado 4 de enero de 2017.—6. La o las garantías de cumplimiento derivadas del contrato firmado con motivo del fallo, respecto de la convocatoria pública para la ‘Concesión del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan, Jalisco’, sin número, publicada el pasado 4 de enero de 2017.—7. Cualquier pago realizado o por realizar, derivado del contrato firmado con motivo del fallo, respecto de la convocatoria pública para la ‘Concesión del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan, Jalisco’, sin número, publicada el pasado 4 de enero de 2017."
La parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, en los siguientes términos:
"1. Para que las cosas queden en el estado que actualmente guardan, a fin de que se preserve la materia del juicio.—2. Para que las autoridades responsables se abstengan de formalizar y de firmar la concesión y/o el contrato y/o el título de concesión, derivado de la licitación reclamada, mientras se decide en definitiva el presente juicio.—3. En caso de que ya se haya firmado la concesión y/o el contrato y/o el título de concesión derivado de la licitación reclamada, para que éste no se ejecute, hasta en tanto se resuelva en definitiva el amparo."
El Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo que, por razón de turno, conoció del asunto, negó la suspensión provisional, en esencia, porque no se satisface el requisito de procedencia previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que con el otorgamiento de la medida no se siga perjuicio a interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
Ello, porque en caso de otorgarse la medida para que no se ejecute el contrato, se atentaría contra disposiciones de orden público y de interés social, "pues es una cuestión de interés general, que el Estado otorgue una licitación a favor de la persona que se presume, mientras no se demuestre lo contrario"; y, además, porque el objeto de dichos actos es la adquisición o prestación de un servicio o realización de una obra que incide con relevancia en el bienestar social.
Inconforme con esa determinación, la moral quejosa, por conducto de su representante legal, interpuso recurso de queja que, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 119/2017, resuelto por mayoría de votos, en sesión de treinta de marzo de dos mil diecisiete, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO.—Es procedente y fundado el recurso.—SEGUNDO.—Se modifica el auto recurrido.—TERCERO.—Se concede a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, la suspensión provisional, en los términos y para los efectos precisados en la presente ejecutoria."
Éstas son las consideraciones en que se apoyó dicho órgano colegiado:
I. Destacó que la suspensión de los actos se solicitó conforme a lo previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, porque bajo protesta de decir verdad, la quejosa-recurrente manifestó en su demanda, ser participante de la licitación pública, solicitando la suspensión "para que no se firme el contrato respectivo", y que con el fin de acreditar su interés allegó, entre otros elementos, copia del "formato para presentación de preguntas",(6) referido a su registro en la licitación.
II. De igual manera, precisó que contrariamente a lo resuelto por el Juez de Distrito, en la especie sí se actualiza el requisito de procedencia previsto en la fracción II del artículo 128 de la ley de la materia, porque con la concesión del acto reclamado "no se verían afectados los intereses de la sociedad, ya que el concurso para la adquisición de luminarias e infraestructura eléctrica, para el alumbrado público del Municipio de Zapopan, Jalisco, y la prestación del servicio de mantenimiento en general, tienen por objeto garantizar mejores condiciones tecnológicas y económicas para generar un esquema integral de mejoramiento de la totalidad de la infraestructura de alumbrado público en dicha localidad".
III. También consideró que de negarse la suspensión provisional respecto de la firma de contrato de concesión respectivo, en favor de una de las empresas concursantes que se dictaminó como ganadora, "se causarían a la peticionaria daños de difícil reparación, porque se concretaría una adjudicación de un procedimiento que se aduce no ajustado a derecho y evidentemente pudiera quedar sin materia el juicio de amparo, al correrse el riesgo de que una vez firmado el contrato se inicien las operaciones respectivas y se explote la concesión"; además, de no otorgarse la medida cautelar y ejecutarse los actos, ante una eventual concesión del amparo "se causarían mayores perjuicios a la sociedad, dado que retrotraer las cosas al estado en que se encontraban implicaría la imposibilidad de recuperar los recursos públicos utilizados durante el tiempo que se permita la ejecución de la concesión".
IV. Acotó que por regla general, no procede la suspensión para paralizar los procedimientos de licitación por ser de orden público e interés social, empero, en el caso sí procedía otorgar la medida, únicamente, en cuanto a la etapa conclusiva de dicho procedimiento (formalización del contrato de obra pública), porque ello "no afecta los intereses de la sociedad ni contraviene disposiciones de orden público, pues no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, ni se le provoca un daño que de otra manera no se resentiría; y, de lo contrario, esto es, de adjudicar y formalizar el contrato, se afectaría a la sociedad en cuanto a la legalidad del manejo de los recursos públicos.—Máxime que no se está sólo ante un interés particular de la empresa quejosa, sino de una cuestión de manejo de recursos públicos, respecto de los cuales la sociedad tiene interés en su correcta aplicación".
V. Lo anterior, en tanto que no se paralizaría o privaría a la sociedad de la prestación del servicio de alumbrado público, porque se trata de una obligación a cargo del Ayuntamiento, en términos de los artículos 37 y 94, fracción II, de la Ley del Gobierno y la administración pública municipal, pues el único efecto de la suspensión, es que no se culmine el procedimiento de licitación con la firma de contrato y/o concesión del servicio.
II. (sic) Recurso de queja 242/2015, del índice el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
La empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable en su demanda de amparo reclamó la ejecución de la resolución de la licitación pública en que participó, sin ser favorecida, emitida y tramitada por el Ayuntamiento Municipal de Guadalajara, Jalisco, consistente en el "contrato maestro de arrendamiento", concertado entre el propio Ayuntamiento Municipal de Guadalajara, Jalisco, como arrendatario, y como arrendadora, la empresa denominada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada; reclamando también la realización de dicho contrato de arrendamiento, así como la celebración de contratos ulteriores.
En la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifestó ser participante no favorecida en la licitación y solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados, en los siguientes términos:
"1) Para efecto de que se paralicen los efectos del contrato maestro de arrendamiento de fecha 15 de abril del año 2015, esto es, para que no se permita la ejecución por parte de la empresa ********** Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada y del H. Ayuntamiento de Guadalajara, permitiendo al H. Ayuntamiento la prestación del servicio del alumbrado público como hasta antes del inicio de la licitación pública lo venía haciendo con medios y recursos propios, es decir, sin que se deje de prestar el servicio del alumbrado municipal se impida la ejecución del ilegal contrato maestro de arrendamiento.—2) Se impida la firma de un contrato ulterior o segundo, hasta en tanto se resuelva la presente litis constitucional. Y en caso de haberse firmado, se impida igualmente que paralicen los efectos del contrato ulterior o segundo.—Y por lo que ve a los actos reclamados en el número 3) consistentes en: La inminente existencia de diversos contratos a favor de diversas personas morales o físicas celebrados con motivo de la licitación **********, emitida por el honorable Ayuntamiento de Guadalajara, se solicita la medida cautelar para efecto de: 1) Se impida la firma de un contrato ulterior o segundo con diversas empresas o personas físicas, hasta en tanto se resuelva la presente litis constitucional. Y en caso de firmarlo, se impida igualmente que paralicen los efectos del contrato ulterior o segundo con diversas empresas o personas físicas, permitiendo al H. Ayuntamiento la prestación del servicio de alumbrado público como hasta antes del inicio de la licitación lo venía haciendo con medios y recursos propios, es decir, sin que se deje de prestar el servicio de alumbrado municipal se impida la ejecución del ilegal contrato ulterior o segundo con diversas empresas o personas físicas."
El Juez de Distrito negó la suspensión provisional de los actos reclamados, porque:
1. La paralización del "contrato maestro de arrendamiento", contraviene el interés público o colectivo, pues implicaría dejar de prestar el servicio de alumbrado público; y,
2. La celebración de los demás contratos respectivos son actos futuros e inciertos.
Inconforme con esa determinación, la moral quejosa, por conducto de su representante legal, interpuso recurso de queja, que por razón de turno correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 242/2015, en el que se resolvió lo siguiente:
"ÚNICO.—Se declara infundado este recurso de queja."
Esa decisión del Tribunal Colegiado de Circuito contendiente, se apoyó básicamente, en que:
I. El otorgamiento de la suspensión en los términos solicitados "ocasionaría que no se sustituyera el alumbrado público correspondiente, para renovarlo, lo que a su vez implica que se mejore, y eso contraviene el interés de la sociedad".
II. Luego de un análisis del artículo 134 de la Constitución Federal; 128 y 129 de la Ley de Amparo, en relación con diversos criterios emitidos por los Tribunales de la Federación sobre el tema de la suspensión, el propio Tribunal Colegiado de Circuito puntualizó:
"Primero. Que en los incidentes de suspensión derivados del juicio de amparo, además de los casos en que debe otorgarse de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, aunque por excepción, puede concederse si con la negativa se corre el riesgo de causar mayor afectación al interés social; y, Segundo. Que la ejecución de las licitaciones públicas favorecen al interés de la sociedad, porque presumen la mejor utilización de los recursos públicos para la prestación o mejoramiento de los servicios públicos que necesita la colectividad; en cuya virtud, por regla general, no procede conceder la suspensión a petición de parte, de una ejecución de licitación pública para garantizar un interés particular, aunque por excepción pueda concederse si con la negativa se corra el riesgo de causar mayor afectación al interés social."
III. Con base en ello, estimó que si el reclamo de la moral quejosa fue "la ejecución de una licitación pública en que participó pero no fue favorecida", para sustituir y fortalecer la infraestructura del alumbrado público en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; entonces, era indudable que dicha cuestión incumbe al interés de la sociedad en general "porque se verá beneficiada con el mejoramiento del alumbrado público de la municipalidad donde reside y se desarrolla".
IV. Consecuentemente, negó la suspensión provisional, tocante a la ejecución de la licitación pública "porque ésta favorece a la sociedad, y su suspensión es solicitada por la empresa quejosa para garantizar su interés particular, consistente en que como participante en la mencionada licitación intenta resultar favorecida".
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, atendiendo al principio de seguridad jurídica.(7) Así, para determinar si en la especie existe o no esa contradicción, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
Al efecto, resulta oportuno precisar que para la existencia de la contradicción de tesis, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Sobre el tópico se atiende a la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido íntegro dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(8)
A partir de los anteriores lineamientos, es dable sostener por este Pleno de Circuito, que en el caso en estudio, sí se configura la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, como enseguida se demuestra:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que no se suscribiera y/o ejecutara el contrato derivado de una resolución dictada en un procedimiento de licitación sobre mejoras y mantenimiento de alumbrado público municipal, otorgando dicha medida cautelar al quejoso que participó en dicha licitación sin ser favorecido, por considerar que con ello no se afectaba el interés social ni se contravenían disposiciones de orden público, en tanto que no se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, pues la prestación del servicio lo seguiría brindado el Ayuntamiento con recursos propios, por tratarse de una obligación a su cargo, conforme a los artículos 37, fracción V, y 94, fracción II, de la Ley del Gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco y que, por el contrario, de negarse la suspensión, se ejecutarían esos actos conclusivos de la licitación, afectando a la sociedad, en cuanto al interés que tiene en la legalidad del manejo y aplicación de los recursos públicos.
En cambio, en una situación de idénticas particularidades, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito negó la suspensión porque, a su juicio, con la paralización de los actos conclusivos de la licitación, específicamente la ejecución del contrato, sí se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues implicaría dejar de prestar el servicio de alumbrado público en mejores condiciones.
Como se ve, los Tribunales Colegiados de Circuito se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial para resolver sobre una similar cuestión litigiosa, esto es, la suspensión provisional para que no se formalizara y/o ejecutara un contrato emanado de una licitación de mejora y mantenimiento de alumbrado público municipal, realizando un ejercicio interpretativo sobre un mismo tópico jurídico que los llevó a tomar decisiones diametralmente opuestas, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, otorgó la suspensión para que no se formalizara ni ejecutara el referido contrato-concesión; mientras que su homólogo Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, en el mismo supuesto, negó dicha medida cautelar, con la particularidad de que ambos resolvieron en esos términos, tomando como punto de partida los requisitos atinentes al interés social y el orden público, establecidos en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo.
En ese sentido, surge la necesidad de formular una pregunta general y genuina para resolver la cuestión jurídica que se presenta:
¿Con el otorgamiento de la suspensión provisional para que no se formalice ni ejecute un contrato de mantenimiento de alumbrado público municipal, derivado de la resolución que puso fin al procedimiento de licitación relativa, se afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden público?
QUINTO.—Fundamentos jurídicos.
Sobre el tema a debate en la presente contradicción, debe prevalecer el criterio de este Pleno de Circuito.
I. Tesis que se propone.
Resulta improcedente conceder la suspensión provisional, a los participantes no favorecidos en un procedimiento de licitación de mantenimiento de alumbrado público municipal, cuando solicitan dicha medida cautelar para el efecto de que no se formalice ni ejecute el contrato definitivo en favor del licitante ganador; pues con ello se incumpliría con lo previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, atentando contra el interés social y el orden público, porque se le privaría a la sociedad de un mejor servicio de alumbrado público.
II. Sustento jurídico.
En principio, es menester precisar el marco jurídico y conceptual de la suspensión del acto reclamado, así como del procedimiento de licitación pública, que dan sustento a la tesis que este Pleno de Circuito propone.
A) Suspensión provisional.
Para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, de conformidad con los artículos 107, fracción X,(9) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, se requiere analizar, por regla general, los siguientes aspectos:
1. La presunción de existencia del acto reclamado;
2. Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse;
3. Que exista solicitud del agraviado;
4. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
Asimismo, debe tenerse presente, que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y que cuando se trata de resolver sobre la suspensión del acto reclamado el juzgador debe ponderar simultáneamente el interés del quejoso frente al perjuicio social o al orden público.
Al respecto, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior conformación, al definir el "orden público" y el "interés social", dejó establecido que, en principio, esa función le corresponde al legislador al dictar una ley, pero la misma no es ajena a la función del juzgador, ya que éste deberá apreciar la existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, que el examen de la ejemplificación que se contiene en el artículo 124 (129 en la actual Ley de Amparo), para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez ha señalado el Alto Tribunal en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
Lo anterior se advierte de la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Informe 1973, Parte II, visible en la página 44, derivada de la contradicción de tesis 473/71, de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.—De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27946-4f5f6ada/licitacion-para-la-prestacion-del-servicio-de-mantenimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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