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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LA FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA MEJORA Y MANTENIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 173/2018. · Registro digital (IUS): 28078
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-09-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Pág.1180.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 173/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 15 DE AGOSTO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de distinto Circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Pleno de Circuito que emitió uno de los criterios en oposición.

TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis, es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas de los dos cuerpos colegiados.

I. Incidente de suspensión en revisión 242/2011, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en sesión de diez de agosto de dos mil once, por unanimidad de tres votos de los Magistrados que lo integran, del que derivó la tesis siguiente:

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA REGIDA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SE ABSTENGA DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO. De conformidad con los artículos 2, fracción II, 6, 16, 78, 79, 83, primer párrafo, 85, fracciones II y VII, 86, 88, 102 y 103 de la citada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla, la licitación constituye un procedimiento administrativo, donde son partes la autoridad y uno o varios particulares, y que se integra en términos generales, con las siguientes etapas: 1. La convocatoria pública que contiene el pliego de condiciones conforme al cual la autoridad hace el llamado a los interesados. 2. La junta de aclaraciones en donde la autoridad da respuesta a los cuestionamientos de los que presentaron sus propuestas, respecto de las bases de la licitación. 3. La presentación de ofertas o propuestas por parte de los que quieren participar y que satisfacen los requisitos de la convocatoria, las bases y las especificaciones de la licitación. 4. La apertura de ofertas recibidas. 5. El estudio de éstas por la administración, que culmina con la aceptación de la más conveniente en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes a través del fallo y su notificación, en el que se adjudica la licitación a uno o más participantes; y 6. La firma del contrato relativo a la licitación. De lo anterior, se colige que la licitación es el procedimiento a través del cual la administración pública elige a la persona física o moral que le ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia y eficacia para la celebración de un determinado contrato, para el mejor aprovechamiento de los recursos públicos; y si bien es cierto que en principio no es procedente la suspensión contra la continuación del procedimiento, también lo es que se ha aceptado que sí resulta procedente para que, sin paralizar el procedimiento, no se lleve a cabo la etapa culminante de éste, lo que se desprende de la jurisprudencia P./J. 83/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo XVIII, diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO.’. Por lo tanto, sí resulta procedente la suspensión respecto de la etapa conclusiva del procedimiento, que resulta ser la formalización del contrato de obra pública, motivo de la licitación, ya que se considera que no se afectan los intereses de la sociedad ni se contravienen disposiciones de orden público, pues con la concesión de la citada medida cautelar no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes ni se le infiere un daño que de otra manera no resentiría y de lo contrario, es decir, de formalizar el contrato a las personas a quienes se les adjudicó la licitación, sí se afectaría a la sociedad que se encuentra interesada en que los recursos públicos se manejen con las mejores condiciones disponibles en cuanto a oferta, precio, calidad, financiamiento y oportunidad, como lo dispone el artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla.". Novena Época, tesis VI.1o.A.336 A, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 2236, materia común, registro: 160987.

Consideraciones torales de la sentencia:

"Ahora bien, en el primer agravio (fojas 7 a 14), la tercero perjudicada recurrente aduce que se concedió la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias que no fueron reclamados y no formaron parte de la solicitud de suspensión, por lo que no se cumplió con el requisito previsto por la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo.

"Además de que, a su decir, contrario a lo que estimó el Juez de Distrito, se ocasiona perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público y que el interés particular no puede prevalecer sobre los de la colectividad.

"Por otro lado, en el segundo agravio (fojas 14 a 21), la recurrente sostiene que se infringieron los artículos 77 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la anterior, ya que, a su entender, se concedió la suspensión definitiva respecto de actos y consecuencias que la quejosa no reclamó, por lo que no se encuentra fundada y motivada dicha interlocutoria, al concederse la suspensión respecto de actos que no forman parte de la litis.

"En el tercer agravio (fojas 21 a 31), la tercero perjudicada inconforme aduce que en la interlocutoria recurrida se infringieron los artículos 77 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la anterior, porque no se observó el principio de congruencia de toda resolución, ya que a su entender no se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, porque se violaron disposiciones de orden público y se afectó el interés social, ya que no debió paralizarse el procedimiento de licitación pública nacional en comento, insistiendo, al respecto, que la concesión de la suspensión para que las responsables se abstengan de formalizar el pedido contrato con motivo de la adjudicación, no son consecuencias naturales de los actos reclamados, por lo que no forman parte de la litis.

"Los argumentos antes sintetizados, que en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se analizan en forma conjunta, al estar íntimamente relacionados, como se dijo, deben desestimarse.

"Lo anterior es así, ya que, contrario a lo manifestado por la tercero perjudicada recurrente, la quejosa señaló, como actos reclamados, la emisión y ejecución de las bases de la licitación pública nacional **********, así como la celebración de la junta de aclaraciones; actos respecto de los cuales solicitó la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, para que las cosas se mantengan en el mismo estado que se encontraban hasta antes de su ejecución (foja 22); siendo uno de esos efectos la celebración del contrato correspondiente.

"Los artículos 2, fracción II, 6, 16, 78, 79, 83, primer párrafo, 85, fracciones II y VII, 86, 88, 102 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, son del tenor siguiente: (se transcriben)

"De los preceptos antes transcritos, en lo que interesa, se desprende que la licitación constituye un procedimiento administrativo, donde son partes la autoridad y uno o varios particulares, y que se integra en términos generales, con las siguientes etapas:

"1. La convocatoria pública que contiene el pliego de condiciones conforme al cual, la autoridad hace el llamado a los interesados.

"2. La junta de aclaraciones en donde la autoridad da respuesta a los cuestionamientos de los que presentaron sus propuestas, respecto de las bases de la licitación.

"3. La presentación de ofertas o propuestas por parte de los que quieren participar y que satisfacen los requisitos de la convocatoria, las bases y las especificaciones de la licitación.

"4. La apertura de ofertas recibidas.

"5. El estudio de éstas por la administración, que culmina con la aceptación de la más conveniente en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes a través del fallo y su notificación, en el que se adjudica la licitación a uno o más participantes.

"6. La firma del contrato relativo a la licitación.

"En apoyo de lo anterior, se cita la tesis I.3o.A. 572 A, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo conducente y que se comparte, publicada en la página 318, Tomo XIV, octubre de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"‘LICITACIÓN PÚBLICA. EL CUMPLIMIENTO DE SUS BASES ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA ANALIZAR LAS OFERTAS Y ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO.’ (se transcribe)

"Por lo anterior, y atento a los actos reclamados consistentes en la emisión y ejecución de las bases de la licitación pública nacional en cuestión, referente a la contratación del servicio de red privada virtual gubernamental para la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, así como la junta de aclaraciones correspondiente; es dable concluir que se ajusta a derecho la determinación del Juez de Distrito, al conceder la suspensión para que las autoridades responsables no firmen o formalicen el pedido contrato a realizar con motivo de la adjudicación del contrato del servicio de red privada virtual gubernamental para la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, puesto que como ha quedado establecido con anterioridad, el pedido contrato sí es una consecuencia de los actos reclamados; de ahí que, contrario a lo que plantea la inconforme, sí se encuentra reunido el requisito previsto en la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues se concedió la suspensión conforme a lo solicitado por la impetrante de garantías.

"Además, contrario a lo que asevera la inconforme en cuanto a que se paralizó el procedimiento de licitación, del considerando segundo de la resolución impugnada (fojas 331 vuelta a 333 frente), se advierte que el Juez Federal negó la suspensión definitiva, entre otros, respecto de los actos que tenían como consecuencia la paralización del procedimiento de licitación; de ahí que en tal aspecto no asista razón a la recurrente.

"Asimismo, es infundado lo argüido por la tercero perjudicada recurrente, en el sentido de que no se cumple con el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo.

"En efecto, en el considerando tercero de la interlocutoria recurrida se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no se formalice el pedido contrato de la licitación pública en comento, en la que después de precisar en qué consiste el orden público e interés social, de transcribir artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y en lo conducente las bases de la licitación, se estableció textualmente lo siguiente:

"‘En esa tesitura, de acuerdo con lo que establece la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, otro de los requisitos para conceder la medida cautelar es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.—Este requisito se cumple a cabalidad, en virtud de que la circunstancia de que no se formalice el contrato del servicio de red privada virtual gubernamental para la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, motivo de la licitación, no afecta el interés social, toda vez que el mismo consiste en mejoras a la red privada virtual gubernamental, pero lo anterior no implica que la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se quede sin servicio, en virtud de que la licitación señalada como acto reclamado se realizó para efecto de mejorar el servicio ya existente, y en autos del incidente de suspensión en que se actúa no está acreditado con prueba alguna que con motivo de la firma o formalización del precitado contrato se prive de este servicio a las responsables, y que, por ende, se llegue a afectar a la sociedad por ello.’ (fojas 348 vuelta y 349 frente)

"De la anterior transcripción, se desprende que el Juez Federal estimó que no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, con la concesión de la suspensión para el efecto de que no se formalice el contrato del servicio de red privada virtual gubernamental para la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, motivo de la licitación, toda vez que no implica que la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se quede sin servicio, en virtud de que la licitación señalada como acto reclamado se realizó para efecto de mejorar el servicio ya existente y porque en autos del incidente de suspensión no está acreditado que con motivo de la suspensión de la firma o formalización del precitado contrato se prive de este servicio a las responsables; consideraciones que se estiman ajustadas a derecho.

"Para acreditar el anterior aserto, resulta conveniente destacar que, como se señaló en la interlocutoria recurrida, el orden público y el interés social son nociones que, en términos generales, deben entenderse como sinónimos, ya que ambos se refieren a la satisfacción de las necesidades de una colectividad; es decir, tienden al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población.

"En otras palabras, el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

"Así precisamente lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 522 y la tesis aislada, la primera publicada en la página 343, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del Semanario Judicial de la Federación (sic), y la segunda en la página 58, Volumen 47, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubros y textos siguientes:

"‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.’ (se transcribe)

"‘INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN.’ (se transcribe)

"Por otro lado, del artículo 16 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, antes transcrito, se desprende que la finalidad de las licitaciones públicas es para asegurar al Estado y a los Municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a oferta, precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; lo que resulta conveniente para el mejor aprovechamiento de los recursos públicos.

"Las bases de la licitación pública nacional ********** para la contratación del servicio de red privada virtual gubernamental para la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, en lo conducente, son del tenor siguiente: (se transcriben)

"De todo lo expuesto, se colige que la licitación es el procedimiento a través del cual, la Administración Pública elige a la persona física o moral que le ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia y eficacia para la celebración de un determinado contrato, para el mejor aprovechamiento de los recursos públicos; y si bien es cierto que, en principio, no es procedente la suspensión contra la continuación del procedimiento, también lo es que se ha aceptado que sí resulta procedente para que, sin paralizar el procedimiento, no se lleve a cabo la etapa culminante de éste.

"Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la jurisprudencia P./J. 83/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo XVIII, diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO.’ (se transcribe)

"Por tanto, sí resulta procedente la suspensión respecto de la etapa conclusiva del procedimiento, que en la especie resulta ser la formalización del pedido contrato del servicio de red privada virtual gubernamental para la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, motivo de la licitación en cuestión, ya que se considera que no se afectan los intereses de la sociedad ni se contravienen disposiciones de orden público, pues con la concesión de la citada medida cautelar no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes ni se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, en virtud de que la contratación del servicio de red privada virtual antes precisada, sólo es para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones con que cuenta el Gobierno Estatal, pues así se desprende de las bases de la licitación que en lo conducente dicen: (se transcriben)

"De ahí que, como bien lo determinó el Juez de Distrito, en autos del incidente de suspensión no se encuentra acreditado que con la concesión de la medida cautelar se afecte la infraestructura de telecomunicaciones con que cuenta el Gobierno Estatal para seguir prestando los servicios a la sociedad.

"Además, porque de formalizar el pedido contrato a las personas morales a quienes se les adjudicó la licitación, sí se afectaría a la sociedad que se encuentra interesada en que los recursos públicos se manejen con las mejores condiciones disponibles en cuanto a oferta, precio, calidad, financiamiento y oportunidad, como lo dispone el artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

"Por loque se colige que, en la especie, sí se encuentra satisfecho el requisito exigido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, como bien lo estableció el Juez Federal en la interlocutoria recurrida; de ahí que no asiste razón a la tercero perjudicada inconforme.

"En ese orden de ideas, los tres agravios que hace valer la autoridad responsable recurrente, también deben desestimarse.

"En el primero de ellos (fojas 35 a 40), la citada recurrente arguye que, contrario a lo que estimó el Juez Federal, la licitación para la contratación del servicio de red privada virtual gubernamental en cuestión, no se realizó para mejorar el servicio ya existente, sino para su contratación, por lo que, a su decir, la suspensión dejaría incomunicados a los distintos órganos del Gobierno Estatal, lo que afectaría a la ciudadanía; asimismo, aduce que con el fallo de adjudicación queda demostrado que al no llevarse a cabo el contrato se le priva del servicio de comunicación al Gobierno Estatal, al establecer que dentro de los cinco días siguientes se formalizará el contrato.

"Por otra parte, en el segundo agravio (fojas 41 a 43), la autoridad recurrente aduce que en la interlocutoria recurrida se debió analizar que la suspensión ocasiona perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, ya que, a su decir, se contravienen los artículos 1o., 17, 28, 70, 79, fracción XXXIII, 108 y 122 de la Constitución Estatal, que establecen la facultad y obligación del Gobierno Estatal de proveer lo necesario para el progreso económico y social del Estado en beneficio de la sociedad, para lo cual debe contratar bienes y prestaciones de servicios que únicamente lo puede hacer a través de la licitación, por lo que la suspensión otorgada limita el ejercicio de tales funciones.

"Los agravios antes sintetizados que, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se analizan en forma conjunta al encontrarse íntimamente relacionados, deben desestimarse.

"Lo anterior es así, ya que, contrario a lo que asevera la autoridad recurrente, el Juez de Distrito sí analizó el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, y al hacerlo estimó que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.

"Asimismo, como quedó acreditado con antelación, de las bases de la licitación se desprende que el Gobierno del Estado cuenta con una infraestructura de telecomunicaciones con los cuales se estima que puede seguir prestando el servicio a la sociedad y que la contratación del servicio de red privada virtual antes precisada, sólo es para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones con el que cuenta, como correctamente lo determinó el Juez Federal; de ahí que no asista razón a la autoridad inconforme.

"Además, contrario a lo que manifiesta la autoridad recurrente, el término de cinco días para la celebración del contrato, sólo es un requisito previsto en el artículo 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, previamente transcrito, pero en forma alguna acredita que el Gobierno del Estado de Puebla, se quedará sin el servicio de comunicación, al suspenderse la celebración del pedido contrato; máxime si se toma en consideración que en las bases de la licitación se encuentra contemplada la posibilidad de que se declare desierta la licitación, lo que, en la especie, aconteció en relación con las partidas uno y cuatro que en el fallo de licitación se declararon desiertas, toda vez que las propuestas recibidas no cumplieron con todos y cada uno de los requisitos solicitados por la convocante (foja 250).

"Por otro lado, en relación con los argumentos de la recurrente, en el sentido de que con la suspensión se limita el ejercicio de sus funciones que le otorgan los artículos que cita de la Constitución Estatal; debe decirse que el Juez de Distrito se encuentra facultado para otorgar la suspensión definitiva de los actos reclamados y sus efectos, siempre que se reúnan los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, con la finalidad de conservar la materia del juicio de amparo y de evitar que con la ejecución del acto reclamado o sus consecuencias se causen a la quejosa daños o perjuicios que sean de difícil o imposible reparación, la que surtirá sus efectos hasta que cause ejecutoria la sentencia de amparo, siempre que la parte quejosa cumpla con los requisitos de efectividad; de ahí que en forma alguna se limitan las facultades de la autoridad responsable recurrente, pues sólo se suspende la celebración del pedido contrato en cuestión, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de amparo.

"Finalmente, es infundado el tercer agravio (fojas 44 y 45), donde la autoridad inconforme dice que el a quo se excede al conceder la suspensión definitiva para que no se celebre el pedido contrato, ya que en la suspensión provisional se concedió para que no se llevara a cabo la adjudicación de la licitación, lo que a su parecer resulta ilegal.

"Al efecto, resulta conveniente destacar que la suspensión provisional y la definitiva acontecen en dos momentos y circunstancias distintas, ya que la primera se lleva a cabo únicamente con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza la quejosa en su demanda de garantías; en tanto que en el momento en que se pronuncia el Juez Federal respecto de la suspensión definitiva, pueden existir los informes previos que rindan las autoridades responsables y los anexos que se acompañen, los cuales pueden conducir a que se pronuncie en forma distinta a la provisional; de ahí que, si en la especie, al rendir sus informes previos las autoridades manifestaron que la adjudicación ya se había llevado a cabo antes de recibir el oficio a través del cual les comunicaron la suspensión, se estima correcta la concesión de la suspensión definitiva para que no se lleve a cabo la celebración del pedido contrato objeto de la licitación que, como se ha demostrado con antelación, es una consecuencia de los actos reclamados; por tanto, debe desestimarse el argumento así propuesto por la autoridad recurrente.

"Por las consideraciones antes expuestas, las tesis que citaron la tercero perjudicada y autoridad responsable recurrentes, no les benefician.

"En las condiciones apuntadas lo procedente es, en la materia del recurso, confirmar la interlocutoria recurrida, en la que el Juez de Distrito otorgó la suspensión definitiva para que las autoridades responsables no lleven a cabo la celebración del pedido contrato relativo a la licitación reclamada."

II. Resolución de la contradicción de tesis 14/2017, del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, fallada en sesión de veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

Consideraciones torales de la sentencia:

"III. Solución a la cuestión jurídica.

"Pues bien, para contextualizar la temática de esta contradicción de tesis, se considera oportuno puntualizar las particularidades conducentes de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, destacando que:

"• En ambos juicios de amparo se reclamaron actos de similar naturaleza, esto es, la ejecución de la resolución de licitación para la mejora y mantenimiento de alumbrado público municipal, específicamente, la suscripción del contrato relativo y sus consecuencias.

"• En las respectivas demandas de amparo, los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad, ser participantes no favorecidos en ese procedimiento de licitación.

"• En forma similar, solicitaron la suspensión provisional en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, para el efecto de que:

"1. No se formalice ni ejecute el contrato de concesión derivado de la resolución de las autoridades municipales responsables, dictada en el procedimiento de licitación pública de trato; y, 2. El Ayuntamiento continúe prestando el servicio de alumbrado público como hasta antes del inicio de la licitación pública lo venía haciendo, con medios y recursos propios.

"Lo hasta aquí expuesto permite establecer con certeza, que resulta improcedente conceder la suspensión provisional a los participantes no favorecidos en el procedimiento de licitación, para el efecto de que no se formalice ni ejecute el contrato emanado de la resolución de adjudicación, dictada en la etapa conclusiva del procedimiento de licitación sobre mejoras y mantenimiento del servicio de alumbrado público municipal; pues de otorgarse implicaría desatender los parámetros constitucionales, legales y jurisprudencial explicados con antelación, atinentes a la salvaguarda del interés social y la observancia de las disposiciones de orden público.

"Ello es así, si se toma en consideración que, en el caso particular, la finalidad de la licitación materia de reclamo no sólo busca que se preste el servicio de alumbrado público, sino su modernización con la finalidad de brindarlo en mejores condiciones para la colectividad y reducir el consumo de energía eléctrica, fortaleciendo así las finanzas públicas municipales, precisamente con el ahorro de ese consumo, lo que a su vez tiende al mejoramiento de la imagen urbana y seguridad de los habitantes, así como a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes locales; aspectos estos últimos, que son de interés social, al atender a la demanda de un servicio público más eficiente y que procura el mejor manejo del gasto público, así como el respeto al medio ambiente y, consecuentemente, a la salud pública.

"Lo anterior adquiere capital importancia si se toma en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 270/2016, precisó que la defensa y el mejoramiento del medio ambiente humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas.

"Así, a la postura sostenida tradicionalmente del crecimiento económico a cualquier precio, le ha seguido una idea más integral de desarrollo, que no atiende sólo al aspecto económico, sino que considera otros elementos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28078-d9d6d56a/suspension-por-regla-general-es-improcedente-otorgarla-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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