AUTORIDADES ADUANERAS. EL PLAZO DE 4 MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA QUE DICTEN UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO A UN RECURSO DE REVOCACIÓN, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE LES NOTIFIQUE EL FALLO RECAÍDO EN ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2013. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la anterior Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; tercero transitorio del decreto por el que se expidió la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa, en la que se encuentra especializada esta Sala.
No pasa inadvertido que, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, la Segunda Sala considera que, mientras no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197-A de la anterior Ley de Amparo, ya que la formuló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es preciso conocer los criterios emitidos por los órganos colegiados en cuestión.
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 186/2012, determinó, en lo que interesa:
"OCTAVO. ... este órgano colegiado hace suyas las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 62/2007 (sic) identificada con el rubro: ‘AUTORIDADES ADUANERAS. EL PLAZO DE 4 MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE HASTA EL 2 DE FEBRERO DE 2006, PARA QUE EMITAN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE EN ESE NUMERAL SE ESTABLECE, DEBE EMPEZAR A CONTARSE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE AL RESPECTO SE LEVANTE.’. La determinación anterior tiene sustento en el criterio sustentado en la tesis 2a. V/2003, que a continuación se reproduce: ‘JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL.’ (se transcribe). Así, se tiene que, como lo sostuvo el Máximo Tribunal del País en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 62/2007, dada la característica y naturaleza del artículo 153 de la Ley Aduanera, se puede interpretar válidamente que la autoridad aduanera, al reponer el procedimiento, sigue sujeta a cumplir con las disposiciones jurídicas que regulan el procedimiento administrativo en materia aduanera, en virtud de que no existe disposición en contrario, y si se toma en consideración que las formalidades previstas en la ley de la materia constituyen un mecanismo esencial para el gobernado frente a la autoridad de que ésta se supedite, entre otras, al plazo de cuatro meses a que se refiere el numeral inicialmente citado y así dar certeza jurídica a los involucrados. Porque estimar lo contrario se traduciría en que la situación jurídica del contribuyente, inmerso en el procedimiento administrativo en materia aduanera, quedaría indefinida a la voluntad del funcionario correspondiente, pues no estaría sujeto a un plazo determinado para emitir su resolución, lo cual, evidentemente, es contrario a las garantías de seguridad y certeza jurídicas que contienen los artículos 14 y 16 constitucionales, así como a la propia eficacia de la norma, pues deberá sujetarse al procedimiento ahí previsto, al reponer el procedimiento en la medida que el mismo se encuentra reglado como un acto de molestia. Así, en razón de que implícitamente el artículo 153 de la Ley Aduanera dispone que todo el procedimiento se debe regir por las reglas previstas para tal efecto, se estima que entre éstas se encuentra el imperativo de resolver en el plazo de cuatro meses a que se refiere el segundo párrafo del artículo señalado, todo con el objetivo primordial de que prevalezca la seguridad jurídica del contribuyente. Por ende, como el procedimiento administrativo en materia aduanera es uno e indivisible, ante la reposición del procedimiento, debe constreñirse a las disposiciones que lo regulan, entre las cuales está la de emitir la resolución a dicho procedimiento dentro del plazo de cuatro meses computados a partir de la fecha en que la resolución que así lo ordene se notifique a la autoridad respectiva o conforme a la legislación vigente desde el momento en que el expediente quede integrado, con lo cual se otorga certeza jurídica al contribuyente sobre su situación frente a la autoridad. Por las razones expuestas, a juicio de este órgano colegiado, asiste razón a la amparista cuando aduce que, en términos del artículo 153 de la Ley Aduanera, es a partir de la fecha en que se notificó la resolución en el recurso de revocación cuando se debe computar el plazo de los cuatro meses para que la autoridad emitiera la resolución correspondiente y no como lo resolvió la responsable, a partir de que la resolución quedara firme. En términos de lo anterior, si en el caso, la resolución dictada en el recurso de revocación en la que se ordenó dejar insubsistente la resolución recurrida, se emitió el treinta de junio de dos mil diez y se notificó a la autoridad emisora de la resolución originalmente impugnada el trece de agosto de dos mil diez, es evidente que el plazo de cuatro meses con que contaba la autoridad aduanera para emitir resolución en el procedimiento respectivo se debe computar a partir de la notificación practicada a la autoridad de la resolución que ordenó dejar insubsistente la resolución recurrida mediante revocación, esto es, a partir del trece de agosto de dos mil diez. En consecuencia, el plazo de cuatro meses a que nos referimos transcurrió del catorce de agosto de dos mil diez al catorce de diciembre de dos mil diez. Por ello, si la resolución dictada en cumplimiento a lo ordenado en la resolución dictada en el recurso de revocación se emitió el diecisiete de enero de dos mil once (sic) y se notificó a la importadora el veinticinco de enero de dos mil once, es evidente que el plazo de cuatro meses con que contaba la autoridad aduanera para emitir resolución en el procedimiento respectivo transcurrió en exceso. No escapan a la consideración de este órgano colegiado los razonamientos expresados por la Sala responsable en el sentido de que el cómputo de cuatro meses previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, para el dictado de la resolución determinante emitida en cumplimiento a la resolución recaída al recurso de revocación, debía computarse a partir de que la resolución quedó firme, esto es, cuando hubiera transcurrido el plazo previsto para su impugnación mediante el juicio contencioso administrativo (por ser ese el medio de defensa que resultaba procedente), porque con anterioridad a ello la autoridad no se encontraba en aptitud de conocer si la actora combatiría en juicio de nulidad, ni el resultado de éste y, si ulteriormente se encontraría en aptitud legal y material de cumplimentarla. Sin embargo, a juicio de este órgano colegiado, tales consideraciones no resultan del todo exactas, en tanto que los artículos 152 y 153 de la Ley Aduanera no establecen tales presupuestos. Es decir, no establecen de manera expresa que el plazo de cuatro meses con que contaba la autoridad aduanera, para emitir resolución en el procedimiento respectivo, se debe computar a partir de que la resolución quedara firme. Además, atendiendo a la naturaleza de los recursos administrativos, la revocación es una forma de auto regulación de la administración pública, pues el recurso administrativo constituye un procedimiento legal de que dispone el particular, que ha sido afectado en sus derechos jurídicamente tutelados por un acto administrativo determinado, con el fin de obtener de la autoridad administrativa una revisión del propio acto que emitió, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme, en caso de que ella encuentre demostrada la ilegalidad del mismo a partir de los agravios esgrimidos por el gobernado. En resumen, el recurso administrativo constituye un medio de defensa que prevé la ley a favor del particular. Entonces, si la resolución dictada en el recurso de revocación es favorable al particular, para dar cumplimiento a tal determinación, la autoridad no tiene que esperar a que quede firme tal resolución, esto es, esperar a que transcurra el plazo con que cuenta el particular para impugnar lo resuelto en la revocación, porque si el particular interpusiera juicio contencioso administrativo en contra de lo resuelto en un recurso de revocación, sería para obtener un mayor beneficio al alcanzado en tal resolución y no menor. Es decir, si el particular impugna lo determinado en el recurso de revocación, lo que podría ocurrir es que obtenga un mayor beneficio y no un menoscabo de lo ya alcanzado. Por tanto, no es imprescindible que la autoridad espere a que transcurra el término con que cuenta el gobernado para promover el juicio contencioso administrativo en contra de lo resuelto en un recurso de revocación, para dar cumplimiento a lo ordenado en este último. Pero, además, si bien el artículo 152 de la Ley Aduanera no dispone de manera expresa que el plazo de cuatro meses con que contaba la autoridad aduanera para emitir resolución en el procedimiento respectivo, se debe computar a partir de la notificación practicada a la autoridad de la resolución que ordenó dejar insubsistente la resolución recurrida mediante revocación, lo cierto es que el Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 62/2007, determinó que, ante la reposición del procedimiento, la autoridad estaba constreñida a emitir la resolución a dicho procedimiento dentro del plazo de cuatro meses computados a partir de la fecha en que la resolución que así lo ordenara se notificara a la autoridad respectiva, con lo cual se otorgaba certeza jurídica al contribuyente sobre su situación frente a la autoridad. ..."
Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 108/2011, determinó, en lo que interesa:
"QUINTO. El único agravio es fundado. ... El artículo 153 de la Ley Aduanera señala a la letra lo siguiente: ‘Artículo 153.’ (se transcribe). Del numeral transcrito se desprende, en lo que a este asunto interesa, que cuando el interesado no presente las pruebas o éstas no desvirtúen los supuestos por los cuales se embargó precautoriamente la mercancía, las autoridades aduaneras deberán dictar resolución definitiva en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se encuentre debidamente integrado el expediente. Del mismo precepto normativo se aprecia que se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de resultar procedente, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes. Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sentado criterio en el sentido de que en aquellos supuestos en los que por virtud de la resolución de un recurso de revocación administrativa se ordena reponer el procedimiento administrativo en materia aduanera, las autoridades siguen estando nuevamente compelidas a resolverlo dentro del plazo de cuatro meses, como expresamente lo exige el artículo 153 de la Ley Aduanera, pues de asumirse que esa carga quedó agotada, al haberse dictado ya una primera resolución, aunque se haya dejado insubsistente, se dejaría a la autoridad en aptitud de prolongar deliberadamente la resolución de la situación administrativa de los gobernados, aun por tiempo indefinido, con la alteración consecuente a la garantía de seguridad jurídica mencionada, además de que, tratándose de asuntos en que la materia del procedimiento administrativo, conduce a la determinación y cobro de contribuciones omitidas; la prolongación indefinida de su resolución permitiría también el incremento en el cálculo de las actualizaciones y recargos por todo el tiempo transcurrido, con el evidente perjuicio al administrado. En efecto, de la ejecutoria que dio origen a la tesis 2a./J. 62/2007 se advierte que el Máximo Tribunal del País consideró que los efectos naturales de la reposición del procedimiento no se agotan en la actuación primigenia de la autoridad aduanera; por el contrario, ésta se encuentra compelida a resolver la situación del particular en el procedimiento administrativo que le depara perjuicio al gobernado en sus bienes, propiedades, posesiones o derechos; de lo contrario, lo único que se ocasionaría es producir inseguridad jurídica para el afectado con dicho procedimiento, y el hecho de que hubiera recibido sentencia o resolución a su favor ordenando la reposición del procedimiento, no le puede representar una mayor inseguridad jurídica, al dejar de regularse cuándo se debe emitir la nueva resolución. En esa tesitura, el Alto Tribunal sostuvo que la autoridad aduanera, al reponer el procedimiento, sigue sujeta a cumplir con las disposiciones jurídicas que regulan el procedimiento administrativo en materia aduanera, en virtud de que no existe disposición en contrario, y si se toma en consideración que las formalidades previstas en la ley de la materia constituyen un mecanismo esencial para el gobernado frente a la autoridad de que ésta se supedite, entre otras, al plazo de cuatro meses a que se refiere el numeral citado y así dar certeza jurídica a los involucrados. Estimar lo contrario, a juicio de la Corte, se traduciría en que la situación jurídica del contribuyente inmerso en el procedimiento administrativo en materia aduanera quedaría indefinida a la voluntad del funcionario correspondiente, pues no estaría sujeto a un plazo determinado para emitir su resolución, lo cual, evidentemente, es contrario a las garantías de seguridad y certeza jurídicas que contienen los artículos 14 y 16 constitucionales, así como a la propia eficacia de la norma, pues deberá sujetarse al procedimiento ahí previsto, al reponer el procedimiento en la medida que el mismo se encuentra reglado como un acto de molestia. En ese orden de ideas, acorde a la interpretación realizada, es insostenible que la autoridad administrativa no se encuentre sujeta al plazo de resolución del procedimiento administrativo en materia aduanera, considerando que con la instrucción primigenia se agotó, en razón que dicho procedimiento no culmina sino hasta la última resolución que se emita con motivo del procedimiento administrativo en materia aduanera, a pesar de que se hubieran hecho valer los medios legales de defensa y se ordenara la reposición del procedimiento que ineludiblemente culmina con el dictado de una nueva resolución. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento administrativo de que se trata es uno e indivisible, mismo que, ante la reposición del procedimiento, deberá constreñirse a las disposiciones que lo regulan, entre las cuales está la de emitir la resolución a dicho procedimiento dentro del plazo de cuatro meses computados a partir de la fecha en que la resolución que así lo ordene se notifique a la autoridad respectiva o conforme a la legislación vigente desde el momento en que el expediente quede integrado, con lo cual se otorga certeza jurídica al contribuyente sobre su situación frente a la autoridad; lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PLAZO DE 4 MESES, CONFORME AL ARTÍCULO 153 DE LA LEY ADUANERA, INCLUSO CUANDO SE ORDENÓ SU REPOSICIÓN.’ (se transcribe). Bajo las anteriores premisas, es correcto lo determinado por la Sala en el sentido de que si bien la resolución impugnada en el juicio de nulidad, esto es, el fallo de cuatro de julio de dos mil ocho, contenido en el oficio 800-37-00-03-(CSF)-2008-8732 se emitió en cumplimiento a lo ordenado en el recurso de revocación RA. 1086/2007, lo cierto es que la autoridad se encontraba obligada a cumplir con el plazo previsto en el artículo 153 de la Ley Aduanera. No obstante lo anterior, es errónea la consideración de la Sala en el sentido de que el término de cuatro meses con que cuenta la autoridad para emitir y notificar la resolución que se emite en cumplimiento a un recurso de revocación debe computarse a partir de que se notificó a la subadministradora de la Aduana de México la resolución que ordena reponer el procedimiento. Lo anterior se estima de esa manera, en razón de que, el cómputo del término previsto en el artículo 153 de la Ley Aduanera, debe realizarse a partir del día siguiente a aquel en que se encuentre debidamente integrado el expediente, lo cual sucede en la especie, cuando haya quedado firme la determinación del medio de impugnación, para lo cual debe atenderse a la legislación adjetiva aplicable. En el caso, se dice que el expediente está debidamente integrado cuando adquiere firmeza la resolución recaída al recurso de revocación que ordenó reponer el procedimiento, porque en contra de la determinación del recurso todavía cabe la promoción del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que la autoridad obligada al cumplimiento debe esperar a que transcurran los cuarenta y cinco días con que cuenta el contribuyente para impugnar lo resuelto en la revocación, ya que únicamente las sentencias firmes pueden ser cumplidas. En efecto, el cumplimiento de un fallo de revocación recurrible sólo puede exigirse y realizarse válidamente cuando ha causado ejecutoria, al ser una resolución que define una litis mediante la declaración de la existencia o inexistencia de una voluntad de la ley o de las partes en conflicto, pero sin fuerza legal, es decir, en situación de expectativa y no es imperativa ni obligatoria; de estimar lo contrario, se daría cumplimiento a una resolución que puede ser modificada o revocada; es aplicable a lo anterior, en lo relativo, la siguiente tesis: ‘AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE.’ (se transcribe). En esa tesitura, a efecto de estar en aptitud de resolver en qué momento se da la firmeza de la resolución emitida en el recurso de revocación, es importante tener en cuenta el contenido de la legislación adjetiva aplicable, que, en el caso, son los artículos 1o., 2o., 13 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigentes en el momento de los hechos, los cuales disponen lo siguiente: (se transcriben). De los preceptos normativos transcritos de la ley federal en comento se desprende lo siguiente: a) Que a falta de disposición expresa en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal. b) Que el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. c) Que la demanda de nulidad se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente, dentro del término de cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. d) Que los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación y, si están fijados en días, se computarán sólo los hábiles entendiéndose por éstos aquellos en que se encuentren abiertas al público las oficinas de las Salas del tribunal durante el horario normal de labores. Por otro lado, debe tomarse en consideración el precepto legal 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual señala a la letra lo siguiente: (se transcribe). De dicho dispositivo legal se evidencia que causan ejecutoria las sentencias que no admitan ningún recurso; las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante. Por último, hay que tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual a la letra señala: (se transcribe). De lo reproducido se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá, entre otros motivos, de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; asimismo, se advierte que el citado tribunal será competente para conocer de los fallos definitivos que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones del artículo 14 de la ley orgánica de dicho tribunal. Cabe mencionar que, por Acuerdo G/2/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de enero de dos mil ocho, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró inhábiles, en el año dos mil ocho, los días: uno de enero, cuatro de febrero, diecisiete, diecinueve, veinte y veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, del dieciséis al treinta y uno de julio, veintisiete de agosto, dieciséis de septiembre, diecisiete de noviembre y del quince al treinta y uno de diciembre. Ahora bien, en el recurso de revocación número RA. 1086/2007, el cual fue resuelto el treinta de noviembre de dos mil siete mediante oficio 325-SAT-09-I-D-III-19609, se determinó dejar sin efectos el acto impugnado, a fin de que la autoridad emisora se ocupara de valorar el escrito que contiene las pruebas y alegatos presentado el catorce de junio de dos mil siete, y resolviera lo que en derecho procediera. Por tanto, si en el recurso de revocación se ordenó la reposición del procedimiento administrativo en materia aduanera, la juzgadora debe partir de la premisa de que las autoridades aduanales están vinculadas y obligadas con el contribuyente a dictar la resolución dentro de un plazo que no deberá exceder de cuatro meses (artículo 163 de la Ley Aduanera), ya que el ejercicio de las facultades de comprobación no puede ser indefinido, por lo que el cómputo de dicho término debe realizarse a partir de que el expediente esté debidamente integrado, lo cual sucede, en la especie, cuando haya quedado firme la determinación del medio de impugnación, es decir, una vez transcurridos los cuarenta y cinco días con que contaba el contribuyente para promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo, para ello, a la legislación adjetiva a que se hizo alusión a lo largo de este estudio. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, el criterio emitido por este órgano colegiado, cuyos rubro y texto son: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. SI EN UN RECURSO DE REVOCACIÓN SE ORDENA SU REPOSICIÓN, EL PLAZO DE 4 MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA DETERMINACIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN HAYA QUEDADO FIRME.’ (se transcribe). De lo anteriormente expuesto se arriba a la conclusión de que la Sala del conocimiento consideró, de manera errónea, que el término de cuatro meses con que cuenta la autoridad para emitir y notificar la resolución que se dicta, en cumplimiento a un recurso de revocación, debe computarse a partir de que se notificó a la subadministradora de la Aduana de México la resolución que ordena reponer el procedimiento, siendo que dicho plazo debió computarse a partir de que el fallo de revocación quedó firme, por lo que debe dejarse insubsistente la sentencia que se revisa a efecto de que se emita una nueva en la que atendiendo a lo expuesto en esta ejecutoria y, con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto de los demás argumentos expuestos por las partes en el juicio resolviendo lo conducente, sin que sea el caso de que este órgano colegiado se ocupe de tales aspectos, atento a lo consignado en la jurisprudencia que es del tenor siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe)."
CUARTO. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197 y 197-A de la anterior Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.
En la especie, se considera que existe la contradicción denunciada, pues los órganos colegiados se pronunciaron de manera opuesta ante la misma problemática, lo que puede corroborarse de los antecedentes siguientes:
Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
• El 8 de diciembre de 2009, el importador **********, por conducto de un agente aduanal, presentó ante la Aduana de Lázaro Cárdenas Michoacán un pedimento de importación que amparaba mercancía consistente en conjuntos deportivos, ********** poliéster, en cantidad de ********** juegos.
• La Administración General de Aduanas, a través de la Administración Central de Contabilidad y Glosa, en ejercicio de las facultades
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24573-a389ed20/autoridades-aduaneras-el-plazo-de-4-meses-previsto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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