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Modo: Corpus Pro

ACTA DE IRREGULARIDADES RESPECTO DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LA AUTORIDAD ADUANERA DEBE CUMPLIR CON EL REQUISITO DE INMEDIATEZ CUANDO SEAN PUESTAS A SU DISPOSICIÓN POR UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 260/2014. · Registro digital (IUS): 25609
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-05-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II , Pág. 1325.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 260/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE ENERO DE 2015. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JONATHAN BASS HERRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)

TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, es conveniente destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

Las consideraciones en que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito sustentó su determinación, al resolver el amparo directo 207/2011, son las siguientes:

"... En cambio, a juicio de este tribunal resulta (sic) esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo y protección los argumentos hechos valer por el quejoso, en donde aduce que mediante oficio de fecha diecisiete de octubre de dos mil siete, las hoy tercero perjudicadas solicitaron los datos que permitieran la identificación y localización del propietario o poseedor de la mercancía, así como constancias de actuaciones practicadas y, en cumplimiento a sus peticiones, por el diverso de once de diciembre de dos mil siete, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación y dirigida al administrador local de Auditoría Fiscal, se remitieron copia simple de la puesta a disposición realizada por los elementos de la policía ministerial y las ratificaciones de los elementos aprehensores.

"Que, por tanto, contrariamente a lo resuelto por la Sala, (sic) es inconcuso que las autoridades contaban con los elementos suficientes, como lo era el nombre del conductor, la mercancía que transportaba, así como su domicilio, para iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera, sin que se advierta que a partir de esta fecha haya iniciado procedimiento alguno.

"Que el artículo 46 la Ley Aduanera establece que cuando las autoridades tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda, siguiendo los lineamientos establecidos en los artículos 150 a 153 de la Ley Aduanera, y que la autoridad aduanera dará a conocer, mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de diez días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan.

"Que de lo anterior, se colige que dicho precepto es tajante, al disponer que cuando las autoridades tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda, siguiendo los lineamientos establecidos en los artículos 150 a 153 de la Ley Aduanera, sin que pueda ser interpretado del modo que pretende la Sala, (sic) pues nunca se contempla como supuesto de excepción cuando la mercancía no fue encontrada directamente por la autoridad que emite la resolución fiscal.

"A juicio de este tribunal, el motivo de queja resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y protección. ...

"Sentado lo anterior, importa tener presente que, en relación con el tema del principio de inmediatez, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1378/2008, resuelto en sesión de quince de octubre de dos mil ocho, y fue uno de los asuntos que dio origen a la tesis jurisprudencial por reiteración de criterios, de rubro: ‘FACULTADES DE COMPROBACIÓN SOBRE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO CIERTO PARA QUE LA AUTORIDAD EMITA Y NOTIFIQUE EL ACTA DE OMISIONES O IRREGULARIDADES, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.’, estableció lo siguiente: (se transcribe)

"Asimismo, en relación con el tema del principio de inmediatez, debe tenerse presente el criterio sentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial, que dice:

"‘VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS EN TRANSPORTE EN MATERIA ADUANERA. SI LA AUTORIDAD DECIDE TRASLADARLAS A DETERMINADO LUGAR PARA UN MINUCIOSO RECONOCIMIENTO, DEBE LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA AL MOMENTO EN QUE AQUÉLLA SE PRACTIQUE.’ (se transcribe)

"La ejecutoria que dio origen a esta jurisprudencia, en la parte que interesa, dice: (se transcribe)

"De las ejecutorias que han quedado reproducidas, en su parte conducente, se desprende que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que debía declararse la inconstitucionalidad del artículo 152 de la Ley Aduanera, en tanto que no establecía un plazo para que la autoridad aduanera emitiera y notificara el acta de omisiones o irregularidades, criterio que no debía hacerse extensivo a aquellos casos en los cuales el procedimiento de fiscalización no versara sobre mercancías de difícil identificación, en los cuales no existía tampoco un embargo precautorio, pues en éstos, como lo había determinado la Segunda Sala de esa Suprema Corte, cuyo criterio se compartía, el levantamiento de la citada acta de omisiones o irregularidades se debía realizar de forma inmediata al reconocimiento o segundo reconocimiento aduanero.

"Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, en aras de garantizar el respeto a la garantía de seguridad jurídica, la autoridad, al igual que en los casos de las mercancías de difícil identificación, atendiendo al principio de inmediatez, debía levantar, en el momento mismo de la verificación de mercancías en transporte, un acta en la que hiciera notar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en la que se sucedían los hechos, así como los requisitos establecidos en la ley, que permitieran al gobernado saber que el acto de molestia cumplía con todos los requisitos constitucionales, entre otros, facultades y competencia de los funcionarios que lo generaban, así como la fundamentación y motivación de la orden de verificación y demás requisitos legales, y proceder, en su caso, a remitirlas al recinto fiscal, en donde, a la brevedad posible y justificable, procederían a la inspección correspondiente, de cuyo resultado dependería la actuación de la autoridad, en términos de lo dispuesto en los artículos 150 a 153 de la Ley Aduanera.

"Lo hasta aquí expuesto revela que si bien ninguna de las Salas (sic) del Alto Tribunal de la Nación se ocupó del supuesto que nos ocupa, y que, en el caso, se refiere -como lo expone el quejoso- a la hipótesis cuando la mercancía supuestamente de procedencia extranjera es puesta a disposición de la autoridad aduanera por el Ministerio Público de la Federación, a partir de qué momento se debe levantar la correspondiente acta, en donde se hagan constar las irregularidades detectadas; sin embargo, dichos criterios sí son aptos para esclarecer este tema.

"En efecto, como quedó reseñado en líneas anteriores, la Sala (sic) responsable consideró que si bien el agente del Ministerio Público de la Federación había puesto a disposición de la autoridad demandada la mercancía consistente en ********** desde el veintiocho de agosto de dos mil siete, no menos cierto era que en ese momento todavía no contaba con los elementos suficientes para determinar su procedencia y legal estancia en el territorio nacional y llegar a la conclusión de que se habían detectado los hechos e irregularidades que motivaran el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera.

"Que en tal virtud, y a efecto de determinar el origen de la mercancía, era necesario que la autoridad demandada dilucidara si el propietario de la mercancía que se puso a su disposición contaba con la documentación en donde se amparara su origen; empero, al no contar con el nombre y domicilio de dicho propietario, se procedió a solicitar dicha información al Ministerio Público de la Federación, tal y como lo acreditaba la enjuiciada con la exhibición del oficio ********** de diecisiete de octubre de dos mil siete.

"Que, por esa razón, una vez que el Ministerio Público de la Federación le informó que el hoy enjuiciante se ostentó como propietario de los **********, la autoridad demandada con el oficio **********, inició sus facultades de comprobación, a fin de verificar el origen de la referida mercancía, por lo cual, requirió al actor para que se presentara en el documentación (sic) que amparara su legal importación, tenencia o legal estancia en el territorio nacional, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras.

"Que, por consiguiente, fue hasta la práctica del acta de verificación de mercancía extranjera puesta a disposición por una autoridad diferente a la fiscal, con comparecencia del interesado de veintisiete de marzo de dos mil ocho, cuando el personal adscrito a la autoridad demandada, ante la omisión del enjuiciante en exhibir la documentación que amparara la mercancía sujeta a verificación y el cumplimiento de las disposiciones fiscales y adunaras (sic), tuvo conocimiento de los hechos e irregularidades que infringieran las disposiciones aduaneras y tributarias y, en consecuencia, se procedió al embargo precautorio y a dar inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera.

"Que en suma, en forma alguna se violó el principio de inmediatez, dado que el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera se inició inmediatamente después de que el personal adscrito a la autoridad demandada conoció de los hechos y omisiones que implicaron violación a la Ley Aduanera y demás disposiciones aplicables, para lo cual, resultaba imprescindible conocer si el propietario de la mercancía sujeta a revisión contaba o no con la documentación en donde se acreditara la legal importación y tenencia en el territorio nacional de la mercancía sujeta a revisión.

"Por su parte, el quejoso aduce que, mediante oficio de diecisiete de octubre de dos mil siete, las hoy tercero perjudicadas solicitaron los datos que permitieran la identificación y localización del propietario o poseedor de la mercancía, así como constancias de actuaciones practicadas y, en cumplimiento a sus peticiones, por el diverso de once de diciembre de dos mil siete, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación y dirigida al administrador local de Auditoría Fiscal, se remitieron copia simple de la puesta a disposición realizada por los elementos de la policía ministerial y las ratificaciones de los elementos aprehensores y que, por tanto, contrariamente a lo resuelto por la Sala, (sic) es inconcuso que desde esa fecha las autoridades contaban con los elementos suficientes, como lo era el nombre del conductor, la mercancía que transportaba, así como su domicilio, para iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera, sin que se advierta que a partir de ese momento se haya iniciado procedimiento alguno.

"Ahora bien, el artículo 46 de la Ley Aduanera, vigente en la época de los hechos, establecía: (se transcribe).

"De este precepto se desprende que cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de esa ley; y,

"Que el acta a que se refiere dicho artículo tendrá el valor que establece la fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y deberá contener los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que se observen del dictamen aduanero.

"En relación con este precepto, del numeral 150 de la Ley Aduanera -el cual quedó reproducido en líneas anteriores- se advierte que las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esa ley.

"Sentado lo anterior, como se anticipó, resultan esencialmente fundados los argumentos que se analizan, pues como de manera correcta lo expone el quejoso, y como se expuso en líneas anteriores, al narrar los antecedentes que informa (sic) el asunto, mediante oficio ********** de diecisiete de octubre de dos mil siete (fojas cien y ciento uno de autos), el administrador local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, solicitó al agente del Ministerio Público de la Federación que proporcionara información suficiente que permitiera la identificación y localización del propietario o poseedor de la mercancía relacionada en la averiguación previa ********** o acta circunstanciada, así como de las actuaciones practicadas por esa autoridad, en virtud de que sin ella se encontraba imposibilitada de iniciar las facultades de comprobación.

"Así las cosas, en respuesta al oficio referido, mediante el diverso ********** de once de diciembre de dos mil siete (foja ciento setenta y uno), el agente del Ministerio Público de la Federación remitió a la autoridad fiscal copia simple de la puesta a disposición realizada por los elementos de la policía ministerial de veintiuno de agosto de dicho año y de la ratificación de parte, de donde se advertían los datos de identificación y localización del propietario o poseedor de la mercancía de mérito, es decir, los relativos al ahora quejoso (fojas ciento setenta y dos a ciento setenta y siete).

"En este orden de ideas, es claro que la autoridad aduanera, en ese momento, ya contaba con los elementos necesarios para iniciar -como ella misma lo mencionó en el oficio **********, de diecisiete de octubre de dos mil siete, sus facultades de comprobación-.

"Luego, si hasta el veinte de febrero de dos mil ocho, el administrador local de Auditoría Fiscal de Naucalpan signó el oficio **********, por lo que ordenó la verificación de la mercancía puesta a su disposición por el agente del Ministerio Público de la Federación, por el que requirió al ahora quejoso para que compareciera ante dicha autoridad en el recinto fiscal en un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación de dicha orden, con el fin de exhibir la documentación aduanal con la que acreditara la legal importación, tenencia o estancia en el territorio nacional de la mercancía presuntamente de procedencia extranjera, consistente en ********** (fojas ciento quince a ciento dieciocho) y, posteriormente, el veintisiete de marzo de dicho año, se levantó el acta de verificación de mercancía extranjera puesta a disposición por una autoridad diferente a la fiscal, con la comparecencia del ahora impetrante de garantías, es inconcuso que la actuación de la autoridad no resultó ajustada a derecho.

"Lo anterior es así, pues como ya se dijo, el artículo 150 de la Ley Aduanera establece claramente que las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando, entre otros supuestos, con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esa ley.

"Desde luego, no pasa inadvertido para este tribunal, la consideración de la Sala (sic) responsable en el sentido de que no fue sino hasta la práctica del acta de verificación de mercancía extranjera puesta a disposición por una autoridad diferente a la fiscal, con comparecencia del interesado, de veintisiete de marzo de dos mil ocho, cuando el personal adscrito a la autoridad demandada, ante la omisión del enjuiciante en exhibir la documentación que amparara la mercancía sujeta a verificación y el cumplimiento de las disposiciones fiscales y adunaras (sic), tuvo conocimiento de los hechos e irregularidades que infringieran las disposiciones aduaneras y tributarias y, en consecuencia, se procedió al embargo precautorio y a dar inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera.

"Ello es así, pues como ya se dijo en líneas anteriores, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció el criterio, en el sentido de que en aras de garantizar el respeto a la garantía de seguridad jurídica, la autoridad aduanera, al igual que en los casos de las mercancías de difícil identificación, atendiendo al principio de inmediatez, debía levantar, en el momento mismo de la verificación de mercancías en transporte, un acta en la que hiciera notar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en la que se sucedían los hechos, así como los requisitos establecidos en la ley, que permitieran al gobernado saber que el acto de molestia cumplía con todos los requisitos constitucionales, entre otros, facultades y competencia de los funcionarios que lo generaban, así como la fundamentación y motivación de la orden de verificación y demás requisitos legales, y proceder, en su caso, a remitirlas al recinto fiscal, en donde, a la brevedad posible y justificable, procederían a la inspección correspondiente, de cuyo resultado dependería la actuación de la autoridad, en términos de lo dispuesto en los artículos 150 a 153 de la Ley Aduanera.

"En este orden de ideas, si bien es cierto que el caso analizado por el Alto Tribunal se refirió a la verificación de mercancías en transporte, también lo es que, en el caso que nos ocupa, para cumplir con el principio de inmediatez, en la especie, la autoridad debió de notificar al hoy quejoso inmediatamente después de que contaba con los elementos para iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación, la correspondiente orden de verificación de la mercancía puesta a su disposición por el agente del Ministerio Público de la Federación, lo que, como ya se expuso, no aconteció en la especie, pues la orden de mérito se emitió hasta el veinte de febrero de dos mil ocho, siendo que desde el once de diciembre de dos mil siete, ya contaba con elementos para girarla. ..."

De esta ejecutoria derivó la tesis aislada siguiente:

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DERIVADO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA POR UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ATENTO AL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ, LA AUTORIDAD DEBE NOTIFICAR AL INTERESADO LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE VERIFICACIÓN E INICIARLO DESDE EL MOMENTO EN QUE CUENTE CON LOS ELEMENTOS PARA EJERCER SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 40/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 290, de rubro: ‘FACULTADES DE COMPROBACIÓN SOBRE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO CIERTO PARA QUE LA AUTORIDAD EMITA Y NOTIFIQUE EL ACTA DE OMISIONES O IRREGULARIDADES, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.’, estableció que resultaba inconstitucional el artículo 152 de la Ley Aduanera, en tanto que no establecía un plazo para que la autoridad emitiera y notificara el acta de omisiones o irregularidades, criterio que no debía hacerse extensivo a aquellos casos en los cuales el procedimiento de fiscalización no versara sobre mercancías de difícil identificación, en los cuales no existía un embargo precautorio, pues en éstos, como lo había determinado la Segunda Sala del Alto Tribunal, el levantamiento de la citada acta debía realizarse de forma inmediata al reconocimiento o segundo reconocimiento aduanero. Por su parte, la mencionada Segunda Sala en la ejecutoria de la que derivó la diversa jurisprudencia 2a./J. 197/2008, publicada en los señalados medio de difusión, Época y Tomo, enero de 2009, página 727, de rubro: ‘VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS EN TRANSPORTE EN MATERIA ADUANERA. SI LA AUTORIDAD DECIDE TRASLADARLAS A DETERMINADO LUGAR PARA UN MINUCIOSO RECONOCIMIENTO, DEBE LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA AL MOMENTO EN QUE AQUÉLLA SE PRACTIQUE.’, sentó criterio en el sentido de que, en aras de garantizar el respeto a la garantía de seguridad jurídica, la autoridad, al igual que en los casos de las mercancías de difícil identificación, en atención al principio de inmediatez, debía levantar, en el momento mismo de la verificación de mercancías en transporte, un acta en la que hiciera notar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que se sucedían los hechos, así como los requisitos establecidos en la ley, que permitieran al gobernado saber que el acto de molestia cumplía con todos los requisitos constitucionales, entre otros, facultades y competencia de los funcionarios que lo generaban, así como la fundamentación y motivación de la orden de verificación y demás requisitos legales, y proceder, en su caso, a remitirlas al recinto fiscal, en donde, a la brevedad posible y justificable, procederían a la inspección correspondiente, de cuyo resultado dependería la actuación de la autoridad en términos de los artículos 150 a 153 de la Ley Aduanera. Bajo estos criterios, si un agente del Ministerio Público de la Federación pone a disposición de la autoridad mercancía de procedencia extranjera, ésta debe notificar al interesado la correspondiente orden de verificación e iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera desde el momento en que cuente con los elementos para ejercer sus facultades de comprobación, pues si lo hace con posterioridad, viola el principio de inmediatez."(3)

Por su parte, las consideraciones en que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sustentó su determinación, al resolver el amparo directo 3/2014, son las siguientes:

"... Tal consideración es incorrecta, habida cuenta que en el segundo concepto de impugnación de la demanda de nulidad, el hoy quejoso jamás planteó que el procedimiento administrativo en materia aduanera derivaba de un reconocimiento aduanero, sino de una puesta a disposición por un agente del Ministerio Público de la Federación.

"No obstante lo anterior, el argumento que se analiza deviene inoperante, toda vez que a ningún fin práctico conduciría conceder el amparo solicitado para el efecto de que el Magistrado responsable tome en cuenta con lo anterior, (sic) cuando de cualquier forma resulta acertada la determinación que alcanzó.

"Ello es así, porque el principio de inmediatez, contenido en el artículo 43 de la Ley Aduanera, que exige que el acta de irregularidades deba levantarse al momento en que la autoridad aduanera las detecte, sólo opera tratándose del reconocimiento aduanero, esto es, cuando las mercancías son presentadas para su despacho aduanal.

"Lo anterior así se desprende de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 39/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del diecisiete de marzo de dos mil seis, publicada en la página 175, Tomo XXIII, abril de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"‘ACTA DE IRREGULARIDADES CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO. DEBE LEVANTARSE AL MOMENTO EN QUE LA AUTORIDAD ADUANERA LAS DETECTE Y ANTE QUIEN PRESENTE LAS MERCANCÍAS EN EL RECINTO FISCAL.’ (se transcribe)

"Corrobora lo anterior, la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita que expresa, en la parte de interés, lo siguiente: (se transcribe).

"Por tanto, el principio de inmediatez, que exige que el acta de irregularidades deba levantarse, al momento en que la autoridad aduanera las detecte, no opera cuando las mercancías son puestas a disposición de la autoridad aduanera por un agente del Ministerio Público Federal.

"Bajo ese orden de ideas, a ningún fin práctico conduciría conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Magistrado responsable tome en cuenta que el hoy quejoso jamás planteó que el procedimiento administrativo en materia aduanera derivaba de un reconocimiento aduanero, sino de una puesta a disposición por un Agente del Ministerio Público de la Federación; cuando como se ha demostrado, la determinación alcanzada resulta ajustada a derecho.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 108, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 85, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Séptima Época, que es del tenor siguiente:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.’ (se transcribe)

"Por otra parte, después de sintetizar las consideraciones expuestas en el considerando quinto del fallo reclamado, el promovente del amparo indica que, opuesto a lo estimado por el Magistrado instructor, sí se contravino el principio de inmediatez, toda vez que: el diecinueve de octubre de dos mil doce, fue la fecha de puesta a disposición por parte del Ministerio Público Federal; el quince de noviembre del año citado, se notificó la orden de verificación de mercancía, transcurriendo veintisiete días naturales o diecinueve días hábiles entre la fecha de puesta a disposición y la emisión de la orden; y el veintiuno de marzo de dos mil trece, se levantó el acta de verificación, transcurriendo ciento cincuenta y tres días naturales o noventa y cuatro días hábiles, entre la puesta a disposición y el levantamiento del acta.

"Expresa el impetrante del amparo que, por lo anterior, resulta erróneo el que el Magistrado responsable considere que el oficio número **********, de veinticinco de febrero de dos mil trece, por el que se le comunicó que se iba a sustituir a la autoridad que emitió la orden de verificación; la autoridad justifique que estaba integrando el expediente.

"Manifiesta el quejoso que el quince de enero de dos mil trece, se publicó el acuerdo por el que se establece la Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas Regionales del Servicio de Administración Tributaria, siendo que fue hasta el veinticinco de febrero siguiente, cuando la autoridad emitió el oficio supracitado, esto es, cuarenta y un días naturales o veintiocho días hábiles después; lo que corrobora que la autoridad no actuó con basen (sic) en el principio de inmediatez.

"Refiere el impetrante del amparo que, aun considerando que al veinticinco de febrero de dos mil trece, la autoridad se encontraba integrando el expediente, entre la puesta a disposición y el referido oficio, transcurrieron sesenta y ocho días hábiles o ciento veintiocho días naturales.

"En apoyo a sus argumentos, el quejoso invoca la tesis de rubro: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DERIVADO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA POR UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ATENTO AL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ, LA AUTORIDAD DEBE NOTIFICAR AL INTERESADO LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE VERIFICACIÓN E INICIARLO DESDE EL MOMENTO EN QUE CUENTE CON LOS ELEMENTOS PARA EJERCER SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.’

"Son inoperantes los argumentos anteriormente resumidos, toda vez que el quejoso formula planteamientos que no hizo valer en la demanda de nulidad, específicamente, en el segundo concepto de impugnación, sin que pueda obtener en el juicio de amparo un pronunciamiento respecto de argumentos que no formaron parte de la litis en el juicio de nulidad.

"En efecto, el promovente del amparo pretende demostrar que resulta erróneo que el Magistrado responsable considere que el oficio número **********, de veinticinco de febrero de dos mil trece, por el que se le comunicó que se iba a sustituir a la autoridad que emitió la orden de verificación, justifique que estaba integrando el expediente administrativo.

"Sin embargo, tal planteamiento no fue formulado en la demanda de nulidad, específicamente, en el segundo concepto de impugnación, en el que planteó, en lo medular, que la autoridad demandada había transgredido el principio de inmediatez, ya que la orden de verificación se emitió el ocho de noviembre de dos mil doce y hasta el veintiuno de marzo de dos mil trece se levantó el acta del procedimiento administrativo en materia aduanera, sin que mediaran actuaciones referentes a integrar el expediente.

"Para pronta referencia, a continuación se transcribe el aludido concepto de anulación: (se transcribe).

"Bajo ese orden de ideas, la inoperancia de los argumentos que se analizan deriva de que el promovente del amparo no propuso en la instancia contenciosa administrativa los planteamientos que, de manera novedosa, ahora plantea en esta instancia constitucional.

"Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 250, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 267, Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Séptima Época, que es del tenor siguiente:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE.’ (se transcribe)

"Sólo resta señalar que la tesis invocada por el quejoso de rubro: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DERIVADO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA P

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25609-93d02950/acta-de-irregularidades-respecto-de-mercancias-de-procedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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