ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, ENTREGA DE. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 150 Y 152 DE LA LEY ADUANERA).
REVISIÓN FISCAL 48/2003. SUBADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO "1", EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE CANCÚN, QUINTANA ROO, QUIEN ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Son infundados los agravios expresados por la autoridad hacendaria, por las razones que a continuación se expresan.
En efecto, en la especie la Sala responsable, mediante resolución dictada el dos de junio de dos mil tres, en los autos del expediente 342/02-20-01-6, formado con motivo de la demanda interpuesta por el agente aduanal Arturo Pacheco García, declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio 326-SAT-23-868-04292, de treinta de septiembre de dos mil dos, emitida por el administrador de la Aduana de Cancún, Quintana Roo, en donde se determinó un crédito fiscal por concepto de multa, al haber incurrido en la hipótesis de infracción prevista en la fracción III del artículo 184 de la Ley Aduanera, por la cantidad de $915.00 (novecientos quince pesos 00/100 moneda nacional), a cargo de la parte actora.
Para arribar a esta determinación, la a quo consideró que el procedimiento del que derivó la resolución impugnada es ilegal, al no haberse levantado el acta circunstanciada de hechos que la sustenta, en la misma fecha en la que se tramitó para su despacho aduanero el pedimento de importación 02 53 3006 2002438, contraviniendo lo establecido en los numerales 43 y 46 de la Ley Aduanera, en virtud de que no es dable que un acto de autoridad que da origen a un procedimiento administrativo, como en la especie lo es la notificación del acta circunstanciada antes referida, sea realizado en fecha posterior a la tramitación del pedimento cuya revisión motivó su levantamiento, pues se conculcan en perjuicio del administrado las garantías de audiencia y celeridad que debe regir todo procedimiento instaurado por una autoridad, ya que su actuación debe apegarse estrictamente a lo que la ley aplicable establece, a fin de que sus actuaciones resulten congruentes a lo preceptuado.
Por su parte, la autoridad exactora alega esencialmente en sus motivos de inconformidad, que la Sala responsable realizó una indebida interpretación de lo dispuesto por los artículos 43 y 46 de la Ley Aduanera, en relación con los diversos dispositivos 150 y 152 de ese mismo ordenamiento legal, en razón que de acuerdo con lo establecido en los numerales invocados en primer término, no existe obligación, por parte de la autoridad aduanera, de entregar en el momento en que se elabore el acta circunstanciada de hechos, elaborada con motivo del reconocimiento aduanero practicado y determinado por el mecanismo de selección automatizado, ya que dicho documento se realiza de conformidad con el precepto 152 de la Ley Aduanera, ya que no se trata de un procedimiento administrativo en materia aduanera, que tiene como distintivo principal que exista un embargo precautorio de mercancías, mismo a que alude el diverso numeral 150 de ese cuerpo de leyes, en el que se establecen los requisitos que debe reunir el acta que se elabore con motivo del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera.
Que al haberse elaborado el acta circunstanciada de hechos, de conformidad con el artículo 152 de la Ley Aduanera, la autoridad hacendaria no estaba obligada a entregar al agente aduanal, con quien atendió la diligencia, copia del acta en el mismo momento de su realización, ya que tal situación no trasciende a la esfera jurídica del particular, porque no existe retención o embargo de sus bienes, en virtud de que esto sólo se actualiza cuando se trata del procedimiento administrativo en materia aduanera, que tiene como característica principal el embargo precautorio de la mercancía para garantizar el interés fiscal.
Como se dice con antelación, son fundados los agravios que hace valer la parte demandada en el juicio de origen, en virtud de que este órgano colegiado advierte que la determinación de la Sala a quo no es jurídica, al estimar que es procedente la declarativa de nulidad respecto de las resoluciones administrativas de que se trata, ya que a juicio de este tribunal, en la cuestión debatida no es aplicable el artículo 150 de la Ley Aduanera.
En efecto, para una mejor comprensión del presente asunto, se estima pertinente transcribir el texto de los artículos 46, 150 y 152 de la Ley Aduanera que establecen lo siguiente:
"Artículo 46. Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de esta ley. El acta a que se refiere este artículo tendrá el valor que establece la fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y deberá contener los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que se observen del dictamen aduanero."
"Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta ley.
"En dicha acta se deberá hacer constar:
"I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
"II. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento.
"III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.
"IV. La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente.
"Deberá requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podrán señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción, apercibiéndolo de que, de no hacerlo o de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará.
"Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga. La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado en ese mismo acto, copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el cual se considerará notificado."
"Artículo 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta ley.
"En este caso la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan.
"Las autoridades aduaneras efectuarán la determinación en un plazo que no excederá de cuatro meses.
"En los demás casos la determinación del crédito fiscal se hará por la autoridad aduanera."
La normatividad fiscal que fue motivo de reproducción textual, permite hacer la siguiente interpretación.
Conforme al artículo 46 de la Ley Aduanera, las autoridades en esa materia harán constar en acta circunstanciada cualquier irregularidad que detecten con motivo del ejercicio de facultades que al respecto se precisan, de conformidad al procedimiento que corresponda.
El artículo 150 de ese propio cuerpo de leyes alude a un procedimiento administrativo de naturaleza específica, pues el mismo sólo tendrá lugar cuando exista "embargo precautorio de mercancías" y en esa hipótesis, dicho numeral, de manera categórica, dispone que la autoridad levantará "acta de inicio" donde se harán constar las circunstancias que en ese extremo se señalan; empero, con toda precisión se distingue que dicha autoridad tendrá la obligación de entregar al afectado, en el "mismo acto" del levantamiento, copia del acta de inicio del procedimiento.
Lo anterior significa que en tratándose de procedimiento administrativo en materia aduanera donde haya embargo precautorio de mercancías, la entrega del acta debe ser simultánea a su levantamiento, esto es, al momento en que se elabore debe ser entregada al interesado en vía de notificación.
En cambio, el artículo 152 del invocado ordenamiento contempla un supuesto distinto, ya que en ese contexto el legislador se refiere a un procedimiento administrativo genérico, es decir, sin hacer especificaciones de alguna índole, puesto que en ese ordinal se alude al reconocimiento aduanero de verificación de mercancías en transporte, y a la revisión de documentos, en donde procede la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias e imposición de sanciones; sin embargo, las irregularidades que detecte la autoridad se harán del conocimiento del particular bajo dos formas, a saber: a) por escrito; y b) por medio de acta circunstanciada; con la particularidad de que en ese precepto no se hacen distingos ni precisiones respecto del momento en que se haga entrega del escrito o del acta, ya que en esa hipótesis, la norma tan sólo indica que la autoridad aduanera lo "dará a conocer", expresión que constituye una frase vaga e imprecisa, la cual permite colegir, con toda lógica, que en los procedimientos de esa clase, la entrega del acta y, por tanto, su notificación, no debe ser necesariamente el mismo día del levantamiento del acta, pues de ser así, se hubiese señalado de manera expresa en el texto de la ley.
En consecuencia, este Tribunal Colegiado estima que en el caso del procedimiento precisado en el artículo 150 de la Ley Aduanera, la entrega del acta debe ser en el mismo acto en que se levanta; y en el diverso caso del precepto 152, no necesariamente en el mismo acto, pues así se infiere de la expresión "la autoridad dará a conocer".
Luego entonces, si en el caso que nos ocupa se trata de un acta que se levantó con motivo de un reconocimiento aduanero, en el que se hicieron constar diversas irregularidades detectadas con motivo del pedimento número 02 53 3006 2002438, del agente aduanal Arturo Pacheco García, es inconcuso que el trámite debe realizarse con apego al precepto 152 de la Ley Aduanera, el cual no prevé que el acta debe entregarse al interesado en el mismo momento en que ésta se elabore.
Por ende, contrariamente a lo sostenido por la Sala responsable, la autoridad aduanera no está obligada a entregar el acta en el momento o fecha en que se elaboró tal documento porque, se reitera, no se trata de un procedimiento administrativo en materia aduanera donde exista embargo precautorio, que es el caso en que el acta debe entregarse al interesado en ese mismo acto, por lo que si dicha autoridad le notificó el cuatro de septiembre de dos mil dos, al agente aduanal, a través de su dependiente, el acta elaborada con motivo del reconocimiento aduanero de fecha veinte de junio de dos mil dos, tal circunstancia no conlleva a declarar la nulidad de la resolución dictada por la Sala responsable, por inobservancia de lo preceptuado por el dispositivo legal 150 porque, se reitera, en la especie no es aplicable dicho artículo.
Por último, como lo sostiene la recurrente, en el presente asunto no es aplicable la tesis de jurisprudencia con el rubro:
"RECONOCIMIENTO ADUANERO. EL ACTA DE IRREGULARIDADES DEBE ENTENDERSE DIRECTAMENTE Y EN LA FECHA CON QUIEN PRESENTE LAS MERCANCÍAS (ARTÍCULOS 43 Y 46 DE LA LEY ADUANERA).", que invoca la Sala responsable, en razón de que la misma alude al acta de irregularidades que se elabora con motivo del reconocimiento aduanero a que aluden los artículo 43 y 46 de la Ley Aduanera y no a los supuestos a que se refieren los numerales 150 y 152 de ese mismo ordenamiento legal.
En ese orden de ideas, es evidente que en el caso no se actualiza la causa de anulación que invoca la Sala a quo por lo que procede revocar la sentencia impugnada; y como en la parte final de dicha sentencia se dice que ante la nulidad declarada era innecesario ocuparse del restante concepto de impugnación omitiendo su estudio, lo que no se considera apegado a derecho, se estima necesario devolver los autos del juicio fiscal 342/03-20-01-6, a la Sala a quo, a fin de que se aboque a analizar el concepto de violación omitido y, en consecuencia, reasumiendo su libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando fungen como revisores en materia fiscal, no están facultados para abordar el estudio de los argumentos no examinados por el órgano de jurisdicción natural, pues en ese supuesto no es aplicable el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.
Es aplicable en la especie, la jurisprudencia 6/91, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 48 del Tomo VIII, noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.-El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituye medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, ‘se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...’, ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas."
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se declara procedente y fundado el presente recurso de revisión fiscal.
SEGUNDO.-Se revoca la sentencia recurrida.
TERCERO.-Se ordena devolver los autos del juicio de nulidad 342/03-20-01-6, a la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, a fin de que se haga cargo del restante concepto de anulación formulado por la parte actora del referido juicio, cuyo análisis omitió.
Notifíquese como corresponda; anótese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Luis Armando Cortés Escalante como presidente, Vicente Mariche de la Garza y José Manuel Rodríguez Puerto, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17993-e2350910/actas-circunstanciadas-entrega-de-procedimiento-administrativo-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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