CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. LA APLICACIÓN POR PARTE DE UN TRIBUNAL ORDINARIO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA, UNA U OTRA, NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE TALES DECISIONES. INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DE ACUERDO A ELLA LOS TRIBUNALES ORDINARIOS PUEDEN CALIFICAR EL ACTO IMPUGNADO Y DEFINIR LOS EFECTOS QUE SE DEDUCEN DE APLICAR UN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL.
REVISIÓN FISCAL 206/2005. SUBADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO "1" DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA DEL SUR DEL DISTRITO FEDERAL, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DEL SUR DEL DISTRITO FEDERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Argumenta la recurrente que la Sala del conocimiento no se encontraba obligada a aplicar la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dicha aplicación le otorga un valor derogatorio a la ley, además de que mientras la ley no sea abrogada o el numeral 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta no sea derogado por los órganos competentes, las autoridades del país se encuentran obligadas a aplicarlo, por lo que, la declaratoria de inconstitucionalidad de dicho artículo, no lo invalida.
Además, sostiene que de las constancias que obran en autos, se desprende que existe un consentimiento tácito en la aplicación de la ley, pues el actor no promovió juicio de garantías en contra del primer acto de aplicación, no obstante otorga un valor derogatorio a la ley, en franca violación al principio de relatividad de las sentencias, de manera que resulta ilógico y antijurídico que a partir de una consulta se ordene la devolución de las cantidades pagadas, pues con dicha consulta no se materializaron en perjuicio del contribuyente los efectos del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El agravio antes sintetizado se estima fundado, con base en las consideraciones que se exponen enseguida:
En primer término, a fin de resolver la cuestión planteada, este Tribunal Colegiado estima necesario hacer una interpretación de la jurisprudencia por contradicción de tesis 38/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor literal:
"JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY. De acuerdo con lo establecido por los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, que fijan los términos en que será obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal jurisdiccional referido debe aplicar la jurisprudencia sustentada sobre la inconstitucionalidad de una ley, porque en el último dispositivo citado no se hace ningún distingo sobre su obligatoriedad atendiendo a la materia sobre la que versa; además, si bien es cierto que los tribunales de esa naturaleza carecen de competencia para resolver sobre la constitucionalidad de leyes, también lo es que al aplicar la jurisprudencia sobre esa cuestión se limitan a realizar un estudio de legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 16 constitucional, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se sustentó en un precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, sin que sea aceptable el argumento de que al realizar ese estudio se vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues éste se limita a señalar que en las mismas no se podrá hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto que motivare el juicio y que sólo protegerán al individuo que solicitó la protección constitucional, ya que en el supuesto examinado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir con la obligación que se le impone de aplicar la jurisprudencia en relación con el caso concreto que resuelve, no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad absoluta. Por otro lado la obligatoriedad referida responde al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental, conforme al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte como contrarios a aquélla. El criterio aquí sostenido no avala, obviamente, la incorrecta aplicación de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, de la misma manera que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve afectada por su incorrecta aplicación."
De la lectura de la tesis citada se advierte que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentran obligadas a aplicar las jurisprudencias que decreten la inconstitucionalidad de un precepto legal, sin embargo, su aplicación, no es irrestricta, toda vez que deben observarse reglas para su aplicación, tal como se explicará a continuación.
Resulta conveniente citar a continuación los artículos 94, octavo párrafo de la Constitución Federal, así como el artículo 192 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen:
"Artículo 94. ... La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación."
"Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario ..."
En los citados numerales, se señala que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria, sin que se haga distinción alguna o especificación sobre las tesis que determinen la inconstitucionalidad de algún precepto, por lo que se entiende que todas las jurisprudencias que dicte la Suprema Corte, ya sea funcionando en Pleno o en Salas, serán obligatorias para Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales y federales, es decir, para todos los tribunales que materialmente ejercen funciones jurisdiccionales, pertenezcan o no al Poder Judicial de la Federación.
Por tanto, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa queda comprendido dentro de los órganos obligados a acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando constreñido a aplicarla en los casos concretos que se sometan a su conocimiento, y siempre y cuando, ello resulte procedente.
Asimismo de la lectura de la tesis en análisis, se advierte que sobre cualquier acto de autoridad, ley o reglamento, deben prevalecer los valores, principios y reglas consagrados en la Constitución Federal, dado que es el máximo ordenamiento de la nación, es decir, lo anterior se resume en el principio de supremacía de la Carta Magna, el cual, está reconocido en el artículo 133 del propio ordenamiento, que dice:
"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."
Lo anterior significa, que se deben nulificar o dejar sin efectos los actos o las leyes que violenten lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los principios, valores y reglas que dicho ordenamiento consagra deben prevalecer con supremacía y en todo tiempo; por tanto, si un precepto legal contraviene lo estipulado en la Constitución Federal, debe declararse su inconstitucionalidad en y de conformidad con los procedimientos respectivos y pertinentes, dando pauta así a la jurisprudencia, o bien, si un acto de autoridad se encuentra fundamentado en una ley inconstitucional, debe nulificarse y ordenarse que cesen los efectos del mismo, en virtud de que son violatorios de las garantías individuales.
Asimismo, en virtud del principio de supremacía constitucional, los legisladores deben expedir las leyes ordinarias con apego y observancia al Máximo Ordenamiento de la Nación que opera como limitante de la potestad legislativa, razón por la cual, cuando un artículo admita dos o más interpretaciones que sean diferentes y opuestas, debe recurrirse a la "interpretación conforme" a la Constitución Federal y ésta debe prevalecer como la interpretación válida, eficaz y funcional; es decir, de entre varias interpretaciones posibles siempre deberá prevalecer y preferirse aquella que mejor se ajuste a las exigencias constitucionales, dado que es la normatividad con mayor jerarquía y que debe regir sobre todo el sistema normativo del país.
En ese tenor, las jurisprudencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en Pleno o en Salas, que establezcan la inconstitucionalidad de una ley, deben ser aplicables por todos los tribunales que materialmente ejercen funciones jurisdiccionales, pertenezcan o no al Poder Judicial de la Federación, o bien, dichos órganos podrán realizar la "interpretación conforme" de dichos preceptos, ello con el fin de que se atienda al principio de supremacía constitucional.
Inclusive, resulta conveniente precisar que, a fin de que se cumpla con el citado principio de supremacía, que es de extrema importancia en nuestro sistema jurídico, los juzgadores que conozcan del juicio de garantías deberán suplir la deficiencia de la queja, si los actos reclamados se fundan en leyes declaradas inconstitucionales por el Máximo Tribunal de la Nación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, numeral que a la letra dice:
"Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia."
Así las cosas, la aplicación de una jurisprudencia que decrete la inconstitucionalidad de un artículo, por un tribunal que no pertenezca al Poder Judicial de la Federación, no implica ni puede involucrar que éste se pronuncie respecto al problema de la constitucionalidad de la ley, pues quien lo hizo fue la Suprema Corte al establecer la tesis jurisprudencial, por lo que únicamente determinará si el acto impugnado fundamentado en el precepto previamente calificado de inconstitucional, resulta ilegal, al verificar si se transgredió el artículo 16 constitucional por estar fundado, precisamente en una ley declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia, o podrá interpretar dicho numeral acudiendo a la "interpretación conforme" y, es en este sentido que los efectos y consecuencias de aplicar una ley tildada de inconstitucional por la jurisprudencia, a través de un acto de aplicación son los que resultan controlables en los ya referidos efectos y consecuencias que puedan devenir en contrarios a la Constitución, por tanto y en caso de que el acto de autoridad incurra en algún vicio o irregularidad, decretará su nulidad a fin de que cesen los efectos que contrarían los derechos fundamentales del inconforme.
Dicho en otros términos, los tribunales ordinarios no deben pronunciarse sobre la constitucionalidad de los preceptos, pues su esfera competencial se circunscribe al estudio, únicamente, de la legalidad del acto impugnado y no pueden cuestionar ni pronunciarse respecto de la constitucionalidad de la ley, per se, ya que los únicos órganos jurisdiccionales que tienen competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes son los pertenecientes al Poder Judicial Federal; sin embargo, dichos tribunales sí pueden calificar el acto impugnado que forma parte de la controversia, de acuerdo con la interpretación conforme y, así, lograr que prevalezcan los principios y valores consagrados a nivel constitucional.
En resumen, de todo lo antes expuesto, este Tribunal Colegiado considera que la tesis jurisprudencial 38/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arroja las siguientes conclusiones y principios:
· Que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin distinción alguna, será obligatoria para todos los tribunales que materialmente ejercen funciones jurisdiccionales, pertenezcan o no al Poder Judicial de la Federación, por lo que deben ser aplicadas cuando se analicen cuestiones de legalidad;
· Que sobre cualquier acto de autoridad, ley o reglamento, deben prevalecer los valores, principios y reglas consagrados en la Constitución Federal, esto es, que en todo tiempo debe imperar el principio de supremacía constitucional;
· Que en virtud del principio de supremacía constitucional, todo acto fundamentado en una ley declarada inconstitucional debe ser nulificado y deben cesar las consecuencias generadas por éste, que en concreto y específicamente sean opuestos a la ratio legis y contenido conceptual constitucional; y,
· Que a fin de que se respete el principio de supremacía constitucional, todos los órganos jurisdiccionales deberán optar por la "interpretación conforme" a la Constitución Federal, cuando los preceptos legales puedan admitir dos o más interpretaciones que sean diferentes y opuestas.
Ahora bien, en el presente caso, la parte actora en el juicio contencioso administrativo, el seis de septiembre de dos mil uno, formuló una consulta ante la Administración Local Jurídica de Ingresos del Sur del Distrito Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con el propósito de que se confirmara el criterio relativo a que no debió aplicársele lo dispuesto por el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que se consideran ingresos en servicios por la prestación de un servicio personal subordinado, las cantidades que resulten de aplicar al importe de préstamos obtenidos una tasa equivalente a la diferencia entre la tasa pactada por dichos préstamos y la tasa promedio diaria de los certificados de la Tesorería de la Federación, colocados a plazo de noventa días, en el mes inmediato anterior, o en su defecto, del valor a cargo del Gobierno Federal, inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios equiparable a los certificados mencionados, cuando esta última sea mayor; toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el numeral en cita, y no aplicar lo dispuesto por el mismo (fojas 29 a 46 del expediente contencioso administrativo número 281/02-17-09-1, remitido como prueba).
Por su parte, la autoridad mediante resolución de fecha doce de octubre de dos mil uno dio contestación a dicha consulta en el sentido de no confirmar el criterio referido, toda vez que ello no constituía un planteamiento sobre una consulta real y concreta, toda vez que la autoridad fiscal carecía de atribuciones para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no, de una disposición fiscal, dado que tal actividad sólo era facultad de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, y que si no se ejercitó la acción constitucional en su momento, existía un sometimiento a la norma tributaria (foja 28 del expediente antes citado).
En contra de la anterior determinación el contribuyente promovió juicio contencioso administrativo, en el que sostuvo, esencialmente, que debía declararse la nulidad de la resolución impugnada y ordenar se emitiera otra en la que se confirmara el criterio en el sentido de que no se le aplicara el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al haberse declarado inconstitucional dicho precepto legal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De dicho juicio, correspondió conocer por razón de turno a la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en sentencia de fecha quince de julio de dos mil dos, se declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad emitiera otra en la que resolviera favorablemente la consulta que le fue planteada (fojas 87 a 100). Inconforme con esa determinación, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal que fue turnado a este Cuarto Tribunal Colegiado, cuyos integrantes en sesión de cuatro de diciembre de dos mil dos, lo declararon infundado (fojas 136 a 160).
En atención a lo anterior, la autoridad fiscal emitió una resolución el siete de abril de dos mil tres, en la que determinó confirmar el criterio sustentado por el actor (foja 169 a 172); y con motivo de ello, el contribuyente solicitó a la autoridad la devolución de las cantidades pagadas con motivo del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta (foja 10 del expediente contencioso administrativo), quien no da contestación a esa solicitud, por lo que se promovió el juicio contencioso administrativo materia de este toca, en el que reclamó que se le devolvieran las cantidades que pagó acorde al referido numeral.
De los antecedentes citados, se advierte que la parte actora nunca obtuvo la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que no debe devolvérsele cantidad alguna, dado que no hay una declaratoria de inconstitucionalidad particular que así lo establezca, como sucede con las sentencias que conceden el amparo y protección de la justicia federal.
Sin embargo, al existir las jurisprudencias P./J. 79/99 y P./J. 78/99, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos rubros son: "RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PERMITIR QUE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO, SEA QUIEN DETERMINE UNO DE LOS COMPONENTES DE LA BASE DEL IMPUESTO (CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN), ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, AL REMITIR A LOS CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES) PARA CALCULAR UN COMPONENTE DE LA BASE DEL TRIBUTO.", en las cuales se declaró la inconstitucionalidad del citado numeral, resultan aplicables los cuatro principios derivados de la diversa jurisprudencia 38/2002, analizados con antelación, es decir, la Sala del conocimiento estaba obligada (como aconteció en la especie) a aplicar dicha jurisprudencia cuando analizó las cuestiones de legalidad del acto impugnado, consistente en la respuesta a la consulta formulada por la quejosa de fecha seis de septiembre de dos mil uno y, en virtud del principio de supremacía constitucional, debió aplicar la "interpretación conforme" y nulificar el acto impugnado a fin de que se eliminaran sólo los efectos y consecuencias que contraríen los valores y principios constitucionales, que en la especie, consisten en la inequidad del citado artículo.
En efecto, la declaratoria de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocasiona que se eliminen sólo los efectos y consecuencias generados por el acto fundado en una ley inconstitucional, es decir, que cesen únicamente aquellos efectos que contraríen la Constitución Política, pues al no existir una declaratoria particular de inconstitucionalidad a través de un juicio de amparo, dado que la parte actora nunca promovió el juicio de garantías única alternativa que, de haber resultado procedente y favorable a los intereses de la parte afectada, hubiera ocasionado y traído por consecuencia la devolución de las cantidades solicitadas.
En este orden de ideas puede afirmarse que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa lo que puede y debe hacer es filtrar los efectos generados por el acto ilegal que se fundó en una norma declarada inconstitucional, dejando vivos sólo los efectos que sean armónicos y compatibles con la Ley Suprema y quitar o eliminar los que no lo sean.
Sirve de apoyo a lo expuesto las tesis I.4o.A.57 K y I.4o.A.58 K, emitidas por este órgano colegiado, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época, en las páginas 1374 y 1425, respectivamente, que son del tenor literal siguiente:
"CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. LA APLICACIÓN POR PARTE DE UN TRIBUNAL ORDINARIO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA, UNA U OTRA, NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE TALES DECISIONES.-Los tribunales ordinarios no pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley ni determinar que no se apliquen pues, por una parte, su esfera competencial se circunscribe al estudio de la legalidad del acto ante ellos impugnado y, por otra, los únicos órganos jurisdiccionales que tienen competencia para hacerlo son los del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, aquéllos pueden calificar el acto impugnado y definir los efectos que produzca la aplicación de un precepto declarado inconstitucional de acuerdo a la ‘interpretación conforme’, a fin de lograr que prevalezcan los principios y valores consagrados a nivel constitucional. Así las cosas, la aplicación de la jurisprudencia que decrete la inconstitucionalidad de una ley, por parte de un tribunal que no pertenezca al Poder Judicial de la Federación, no implica un pronunciamiento sobre el problema de constitucionalidad de la ley, ya que únicamente determinará si el acto impugnado, fundado en el precepto previamente calificado de inconstitucional, resulta ilegal, bien, atento a la ‘interpretación conforme’ decretará su nulidad a fin de que cesen los efectos que contraríen los derechos fundamentales del demandante, en virtud de que los efectos de aplicar una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia, son los que le resultan controlables."
"INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DE ACUERDO A ELLA LOS TRIBUNALES ORDINARIOS PUEDEN CALIFICAR EL ACTO IMPUGNADO Y DEFINIR LOS EFECTOS QUE SE DEDUCEN DE APLICAR UN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL.-El artículo 133 de la Constitución Federal dispone: ‘Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. Lo anterior significa que deben nulificarse o dejar sin efectos las leyes o los actos que violenten lo dispuesto en la Constitución, pues los principios, valores y reglas que el propio ordenamiento consagra deben prevalecer con supremacía y en todo tiempo. Por tanto, si un precepto legal contraviene lo estipulado en la Constitución debe declararse su inconstitucionalidad en términos de los procedimientos respectivos, dando pauta así a la integración de la jurisprudencia, o bien, si se trata de un acto de autoridad que se fundamente en una ley declarada inconstitucional, debe nulificarse u ordenarse que cesen sus efectos. Asimismo, en virtud del principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo que se comenta, los legisladores deben expedir las leyes ordinarias con apego al Máximo Ordenamiento que opera como limitante de la potestad legislativa, de manera que cuando una ley admita dos o más interpretaciones que sean diferentes y opuestas, debe recurrirse a la ‘interpretación conforme’ a la Constitución Federal, que debe prevalecer como la interpretación válida, eficaz y funcional, es decir, de entre varias interpretaciones posibles siempre debe prevalecer la que mejor se ajuste a las exigencias constitucionales dado que es la normatividad de mayor jerarquía y que debe regir sobre todo el sistema normativo del país. Es cierto que los tribunales ordinarios no pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley pues, por una parte, su esfera competencial se circunscribe al estudio de la legalidad del acto ante ellos impugnado y, por otra, los únicos órganos jurisdiccionales que tienen competencia para hacerlo son los del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, aquéllos pueden calificar el acto impugnado y definir los efectos que se deducen de aplicar un precepto declarado inconstitucional de acuerdo a la ‘interpretación conforme’, a fin de lograr que prevalezcan los principios y valores consagrados a nivel constitucional."
Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver por unanimidad de votos los recursos de revisión fiscal R.F. 387/2004 y R.F. 89/2005, interpuestos por el administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada y por el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de las autoridades demandadas, del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, en sesiones de nueve de febrero y trece de abril, ambas de dos mil cinco, siendo ponentes los Magistrados Jean Claude Tron Petit y Jesús Antonio Nazar Sevilla, respectivamente.
En las relatadas condiciones, al ser fundado el agravio analizado, lo que procede es declarar fundado este recurso de revisión fiscal, para el efecto de que la Sala del conocimiento deje insubsistente la resolución recurrida y dicte otra de conformidad a los lineamientos expuestos en el presente fallo, atendiendo a las reglas y prioridades del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104, fracción I-B constitucional; 192 y 193 de la Ley de Amparo; 248 del Código Fiscal de la Federación y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Es fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el subadministrador de lo Contencioso "1" de la Administración Local Jurídica del Sur del Distrito Federal, en suplencia por ausencia de la administradora Local Jurídica del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, en contra de la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil cinco, por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente contencioso administrativo 2026/04-17-05-1.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Jesús Antonio Nazar Sevilla (presidente), Jean Claude Tron Petit e Hilario Bárcenas Chávez, lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18964-7f4351bd/constitucionalidad-o-inconstitucionalidad-de-una-ley-la-aplicacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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