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REVISIÓN FISCAL. POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LA LEY DICHO RECURSO SÓLO PUEDE INTERPONERSE POR CONDUCTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO IMPUGNADO Y NO POR EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO DESCONCENTRADO O DESCENTRALIZADO DEL QUE AQUÉLLA DEPENDA, AUN CUANDO ÉSTE HAYA SIDO PARTE EN EL JUICIO DE NULIDAD.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 198/2007. · Registro digital (IUS): 20757
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUBADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO "1", DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA DEL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, CON SEDE EN EL DISTRITO FEDERAL, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDIC
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 2085.

REVISIÓN FISCAL 198/2007. SUBADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO "1", DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA DEL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, CON SEDE EN EL DISTRITO FEDERAL, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DEL ORIENTE, DE LOS SUBADMINISTRADORES DE RESOLUCIONES "1" Y "2", EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El subadministrador de lo contencioso "1" de la Administración Local Jurídica del Oriente del Distrito Federal, en suplencia por ausencia del titular de dicha administración, así como de los subadministradores de resoluciones "1" y "2", interpone el presente recurso de revisión fiscal en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada emisora del acto.

Ahora bien, respecto del recurso interpuesto en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y del jefe del Servicio de Administración Tributaria, este Tribunal Colegiado advierte que el administrador local jurídico del oriente del Distrito Federal, por conducto de la autoridad que lo suple en sus ausencias, carece de legitimación para interponer el presente recurso, en virtud de que, dicho medio de impugnación, resulta improcedente por lo que hace a las referidas autoridades.

Para evidenciar lo anterior, se cita el contenido del primer párrafo del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece:

"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ..."

De la interpretación del numeral transcrito, se desprende que el recurso de revisión fiscal ante el Tribunal Colegiado de Circuito, únicamente puede ser interpuesto por la autoridad que emitió el acto cuya nulidad se demandó en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, quien tuvo el carácter de demandada por haber emitido el acto en el procedimiento contencioso administrativo, en virtud de que sólo a dicha autoridad afecta la declaratoria de nulidad de su acto.

Luego, si de la demanda de nulidad presentada por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Antes Fianzas Probursa, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Probursa, antes Fianzas Modelo, Sociedad Anónima, se desprende que impugnó la resolución de fecha diecisiete de marzo del año dos mil seis, contenida en el oficio número 322-SAT-09-IV-GRBE-G-059363, emitida por el administrador local de recaudación del oriente del Distrito Federal, es claro que, únicamente, a esta autoridad afecta la declaratoria de nulidad realizada en la sentencia recurrida.

Por tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el jefe del Servicio de Administración Tributaria, no están legitimados para interponer el recurso de revisión fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Sin que obste a lo anterior, el contenido del artículo 3o., fracción II, de la citada ley, mismo que establece:

"Artículo 3o. Son partes en el juicio contencioso administrativo: ... II. Los demandados. Tendrán ese carácter: a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. c) El jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del tribunal. Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la federación."

En efecto, el que sean partes en el juicio de nulidad no las legitima para interponer el recurso de revisión fiscal a través de la unidad administrativa encargada de su defensa, en virtud de que no intervinieron en la emisión del acto fiscal controvertido.

Por ende, si bien es cierto que el secretario de Hacienda y Crédito Público y el jefe del Servicio de Administración Tributaria, son los titulares de la dependencia a la que pertenece el administrador local de recaudación del oriente del Distrito Federal, no menos cierto resulta que, dichos titulares no fueron las autoridades que emitieron la resolución impugnada y, por ende, resulta improcedente el recurso de revisión fiscal interpuesto por ellos.

Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.13o.A. J/7, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, noviembre de 2004, página 1878, Novena Época, que a la letra dispone lo siguiente:

"REVISIÓN FISCAL. SÓLO PODRÁ INTERPONER ESE RECURSO LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD POR CONDUCTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE SU DEFENSA JURÍDICA. De una interpretación armónica de la fracción II, del artículo 198 y del párrafo primero del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, se infiere que el recurso de revisión únicamente puede interponerse por la autoridad que emitió el acto impugnado, esto es, la autoridad demandada por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, y no así las autoridades a que se refiere la fracción III del citado artículo 198, es decir, los titulares de la dependencia o entidad de la administración pública federal, Procuraduría General de la República o Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la que dependa la autoridad demandada, ni siquiera por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, pues aun cuando tienen el carácter de autoridad y de parte en el juicio de nulidad, no lo tienen de autoridad demandada, ya que la intención del legislador según la exposición de motivos correspondiente a las reformas de mil novecientos ochenta y siete, fue la de hacer procedente ese medio de defensa únicamente para las autoridades demandadas; esto, con la salvedad que establece el propio artículo 248 en relación con los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, en los cuales el recurso sólo podrá ser interpuesto por el secretario de Hacienda y Crédito Público. De interpretarse este último numeral en el sentido de que tanto las autoridades demandadas como las que fueron parte en el juicio de nulidad pudieran interponer el recurso, implicaría un retroceso en la equidad procesal de los medios de defensa para el actor y el demandado, generándose un rezago innecesario ante la multiplicidad de recursos interpuestos por autoridades que no intervinieron en la emisión del acto impugnado en dicho juicio y que, si bien, son parte en éste por los intereses que representan para el Estado, estos intereses ya se encuentran protegidos por la defensa que realice la autoridad demandada que emitió el acto, quien es realmente la que está en posibilidad legal de defenderlos a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica. Por tanto, a fin de alcanzar el equilibrio o equidad en los medios de defensa con que cuentan los afectados por las resoluciones dictadas en el juicio de nulidad (actor y demandado) seguido ante el actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, éstos deben hacerse valer sólo por quienes resulten afectados directamente por dichas resoluciones y, en su caso, por conducto de quienes legalmente deban representarlos, de tal suerte que si la revisión fiscal fue creada para equilibrar la situación de las autoridades que acuden en defensa de sus actos, con la de los particulares que ya contaban con el juicio de amparo para defender sus garantías, se infiere que las reglas deben ser, en lo posible, similares para ambos y, por tanto, se insiste, sólo podrá interponer el recurso la autoridad emisora del acto impugnado en el juicio de nulidad por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, por ser a ésta a quien afectan directamente las resoluciones que tienden a nulificar sus actos."

También encuentra apoyo a la consideración arribada, la tesis con número de identificación TC.01.5o.082.9.AD 1, emitida por este Tribunal Colegiado, pendiente de publicación, de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN FISCAL. POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LA LEY DICHO RECURSO SÓLO PUEDE INTERPONERSE POR CONDUCTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO IMPUGNADO Y NO POR EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO DESCONCENTRADO O DESCENTRALIZADO DEL QUE AQUÉLLA DEPENDA, AUN CUANDO ÉSTE HAYA SIDO PARTE EN EL JUICIO DE NULIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006). Del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, se advierte que el recurso de revisión únicamente puede interponerse por la autoridad que emitió el acto impugnado, por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, y no por el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado del que dependa la autoridad demandada, aun cuando éste haya sido parte en el juicio de nulidad, pues ello no lo legitima para que por conducto de la unidad encargada de su defensa jurídica interponga el recurso, pues los intereses del Estado ya se encuentran representados por la defensa que realiza la autoridad demandada que emitió el acto, quien es la que realmente está en posibilidad legal de defenderlos a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica. Por tanto, a fin de alcanzar el equilibrio o equidad en los medios de defensa con que cuentan los afectados por las resoluciones dictadas en los juicios de nulidad (actor y demandado), seguidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, éstos deben hacerse valer sólo por quienes resulten afectados directamente por dichas resoluciones y por conducto de quienes legalmente deban representarlos; de tal suerte que si la revisión fiscal fue creada para equilibrar la defensa de las autoridades con la de los particulares, que cuentan con el juicio de amparo para defender sus garantías, las reglas deben ser, en lo posible, similares para ambos; por tanto, sólo podrá interponer el recurso la autoridad emisora del acto impugnado en el juicio de nulidad por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, por ser a ésta a quien afectan directamente las resoluciones que tienden a nulificar sus actos y quien actúa en defensa de los intereses del Estado. Revisión fiscal 96/2007. Subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de la misma subdirección general y en representación de las autoridades demandadas. 11 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Leticia Espino Díaz)."

Por lo que procede desechar el recurso interpuesto por el administrador local jurídico del oriente del Distrito Federal, por conducto de la autoridad que lo suple en sus ausencias, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y del jefe del Servicio de Administración Tributaria.

No es obstáculo para la anterior determinación, que por auto de presidencia se haya admitido a trámite el recurso en cuestión, debido a que, por su naturaleza, no causa estado.

Al respecto, es aplicable la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, tesis cuatrocientos sesenta y nueve, página trescientos doce, cuyos rubro y texto son:

"REVISIÓN. EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO. El auto admisorio de un recurso de revisión sólo corresponde a un examen preliminar del asunto, pues el estudio definitivo de la procedencia del mismo compete realizarlo a la Sala y, por ello, no causa estado. Por consiguiente, si con posterioridad, se advierte que el recurso de revisión interpuesto es improcedente, el mismo debe desecharse."

CUARTO. La autoridad recurrente, administrador local jurídico del oriente del Distrito Federal, encargado de la defensa jurídica, en representación de la autoridad demandada, se encuentra legitimada para interponer el recurso de revisión fiscal, en términos del artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 24, fracción III, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, toda vez que la autoridad que acude al recurso es el titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, conforme al precepto reglamentario indicado.

QUINTO. El presente recurso de revisión interpuesto por el administrador local jurídico del oriente del Distrito Federal (por conducto de la autoridad que lo suple en sus ausencias), en su carácter de titular de la unidad encargada de la defensa de la autoridad demandada (administrador local de auditoría de oriente del Distrito Federal, mismo que emitió la resolución impugnada), es procedente, de conformidad con el artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que el asunto versa sobre una resolución emitida, precisamente, por el administrador local de recaudación del oriente del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, en el criterio jurídico de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN FISCAL. PROCEDE, CONFORME AL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1997, POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES Y SIEMPRE QUE SE INTERPONGA DENTRO DEL PLAZO LEGAL. El examen de la evolución histórica y la interpretación sistemática de los diversos textos que ha tenido el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, a partir del año de mil novecientos ochenta y ocho, que determina la procedencia del recurso de revisión fiscal, revela que tratándose de las hipótesis específicas de procedencia que establece en las fracciones III, IV y V de su texto vigente a partir del 1o. de enero de 1997, no se requiere la reunión de los requisitos de cuantía y razonada importancia y trascendencia, que están señalados en las fracciones I y II del mismo artículo 248, prueba de este aserto es que la parte final del párrafo primero del mismo precepto legal señala: ‘siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos’, expresión que en su sentido se encuentra determinada por el término ‘cualquiera’ que según la gramática castellana es un pronombre indeterminado que denota una persona indeterminada ‘alguno, sea el que fuere’, lo que otorga individualidad a cada una de las hipótesis que en sus cinco fracciones prevé el citado artículo. Por consiguiente, tratándose de la fracción III del artículo 248, la procedencia del recurso de revisión fiscal se encuentra determinada por la naturaleza u origen de la resolución que haya sido materia de examen en la resolución o sentencia definitiva impugnada, que debe ser una resolución emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, requisito con el que sólo converge el relativo al plazo legal de interposición del recurso."

(Jurisprudencia 2a./J. 11/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 240, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).

SEXTO. La secretaria en funciones de Magistrada, para la resolución del presente asunto entrega a los Magistrados que integran este tribunal, el proyecto respectivo al que se adjunta copia simple del oficio de agravios y de la resolución recurrida; agregándose esta última en copia certificada a los autos del presente toca.

SÉPTIMO. En el agravio primero, la autoridad recurrente manifiesta que contrario a lo sostenido por la Sala Fiscal, la figura jurídica relativa a la caducidad de las facultades de la autoridad fiscal no se actualiza, porque esa figura está relacionada con el tiempo que cuenta la autoridad fiscal para determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y en el caso, señalar que la propia contribuyente autodeterminó el crédito fiscal al solicitar la autorización de pagarlo en parcialidades. En apoyo a tal argumento, la autoridad recurrente invocó la tesis de jurisprudencia de rubro: "AUTODETERMINACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. HACE INNECESARIA LA RESOLUCIÓN LIQUIDATORIA DE LA AUTORIDAD HACENDARIA." (emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito).

En el agravio segundo, la autoridad recurrente aduce que en la sentencia recurrida se violó lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el numeral 143, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, al determinar que previamente al requerimiento de pago a la afianzadora, debió levantarse y notificarse el acta de incumplimiento. Determinación que insiste, es incorrecta ya que afirma de conformidad con el último precepto invocado, no existe obligación para la autoridad hacendaria de acompañar al requerimiento de pago que se efectúe a la afianzadora, un acta de incumplimiento, puesto que únicamente establece la obligación para la autoridad administrativa de exigir créditos garantizados; además de que, asegura, no es el único documento para justificar el crédito garantizado y su exigibilidad, sino en especial, el convenio de pago en parcialidades, la póliza de fianza, la garantía relativa al pago en parcialidades, así como la resolución impugnada en el juicio de nulidad. En apoyo a su razonamiento, invoca el criterio jurídico de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ‘DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL CRÉDITO GARANTIZADO Y SU EXIGIBILIDAD’, PARA HACER EXIGIBLE LA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA FEDERACIÓN EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES A CARGO DE TERCEROS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 143, TERCER PÁRRAFO, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", (del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito).

Planteamientos que resultan fundados, pues como correctamente lo aduce la autoridad recurrente, tratándose de la etapa del procedimiento administrativo de ejecución de un crédito fiscal previamente determinado, no se actualiza la figura de la caducidad de facultades que prevé el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, ni es necesario para su requerimiento la existencia de acta en donde se asiente que se incumplió con el pago.

El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación es del tenor siguiente:

"Artículo 67. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que:

"I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. Tratándose de contribuciones con cálculo mensual definitivo, el plazo se computará a partir de la fecha en que debió haberse presentado la información que sobre estos impuestos se solicite en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. En estos casos las facultades se extinguirán por años de calendario completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio.

"II. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración.

"III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.

"IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la exigibilidad de las fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora.

"El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este código, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas, o no se presente en la declaración del impuesto sobre la renta la información que respecto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios se solicite en dicha declaración; en este último caso, el plazo de diez años se computará a partir del día siguiente a aquel en el que se debió haber presentado la declaración señalada. En los casos en los que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en la que debió presentarse la declaración omitida y la fecha en la que se presentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este artículo las declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisionales.

"En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26, fracción III, de este código, el plazo será de tres años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente.

"El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42 de este código; cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio; o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En estos dos últimos casos, se reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir de la fecha en la que se localice al contribuyente. Asimismo, el plazo a que hace referencia este artículo se suspenderá en los casos de huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga y en el de fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión. Igualmente se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo, respecto de la sociedad que teniendo el carácter de controladora consolide su resultado fiscal en los términos de lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación respecto de alguna de las sociedades que tengan el carácter de controlada de dicha sociedad controladora.

"El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal o cuando concluya el plazo que establece el artículo 50 de este código para emitirla. De no emitirse la resolución, se entenderá que no hubo suspensión.

"En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de diez años. Tratándose de visitas domiciliarias, de revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades o de la revisión de dictámenes, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de seis años con seis meses o de siete años, según corresponda.

"Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo.

"Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales."

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años, contados a partir de los hechos o circunstancia descrita en todas las fracciones del precepto citado.

De las constancias que integran el juicio de nulidad del que deriva el presente recurso de revisión fiscal, concretamente de la solicitud de pago en parcialidades (glosada a foja veintitrés), y del reconocimiento que la propia Sala responsable hace de los antecedentes del asunto, se desprende que la contribuyente, Frío Frigorífico, Sociedad Anónima, con fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa, ante la Administración Fiscal Federal del Oriente del Distrito Federal, solicitó pagar en dieciocho parcialidades el crédito fiscal que se le determinó equivalente a un impuesto histórico de "47'081,668.00" por concepto del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, y recargos; solicitud que fue autorizada en esa misma fecha por el titular de esa Administración (fojas de la doce a la veinticuatro del expediente del juicio de nulidad).

Igualmente, se desprende que a solicitud de la contribuyente, Frío Frigorífico, Sociedad Anónima, con fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno, Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital variable (antes Fianzas Modelo, Sociedad Anónima), otorgó póliza de fianza número 90035-I, por la cantidad de $65'914,335.00 (sesenta y cinco millones, novecientos catorce mil, trescientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar el pago en dieciocho parcialidades del crédito fiscal referido, a cargo de la contribuyente en mención, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 143 del Código Fiscal de la Federación (fojas de la doce a la veinticuatro del expediente del juicio de nulidad).

El crédito fiscal garantizado, como ya se dijo, se originó por los conceptos del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, por los ejercicios fiscales de enero de mil novecientos ochenta y seis, a febrero de de mil novecientos ochenta y ocho, más recargos (fojas de la doce a la veinticuatro del expediente del juicio de nulidad).

La contribuyente Frío Frigorífico, Sociedad Anónima, no realizó pago alguno de las parcialidades autorizadas, por lo que la autoridad fiscal revocó dicha autorización como se aprecia del mandamiento de ejecución visible a fojas veinticinco y siguientes del juicio de nulidad.

Debido al incumplimiento del pago en parcialidades del crédito, la autoridad fiscal inició procedimiento administrativo de ejecución con el objeto de cobrar dicho crédito.

Sin embargo, como no fue posible localizar a la contribuyente, por resolución contenida en el oficio número 322-SAT-09-IV-GRBE-G-059363, de diecisiete de marzo de dos mil siete, impugnada en el juicio de nulidad, se requirió a la parte actora, Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, el pago de la cantidad de $65,914.33 (sesenta y cinco mil novecientos catorce pesos 33/100 moneda nacional), con cargo a la póliza número 90035-I, que garantizó obligaciones fiscales a cargo del tercero antes mencionado.

En el juicio de nulid

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20757-e5507acb/revision-fiscal-por-disposicion-expresa-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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