FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA TERRITORIAL.
REVISIÓN FISCAL 131/2007. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DEL SUR DEL DISTRITO FEDERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. La autoridad recurrente indica que en la sentencia recurrida indebidamente se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio de origen, al considerar que la autoridad que la pronunció omitió señalar el párrafo o apartado de los ordenamientos que específicamente le otorgan competencia por territorio, lo que considera es incorrecto, aserto que sustenta en las razones siguientes:
a) Que el artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos, no es una "norma compleja", pues si bien es cierto que el acuerdo de referencia constituye un listado ordenado alfabéticamente atendiendo al nombre de cada Estado de la República, dejando al final al Distrito Federal, y propiamente tratándose de esta última entidad federativa la norma señala que existen cuatro locales (centro, norte, oriente y sur), en la que se especifica la circunscripción territorial en que cada una ejercerá su competencia, de lo que se desprende que su búsqueda es de fácil localización, pues basta con que se ubique al Distrito Federal, en la que hay cuatro administraciones locales perfectamente delimitadas territorialmente, por lo que, contrario a lo considerado por la Sala a quo, el referido acuerdo no constituye una "norma compleja" que haga indispensable transcribir la parte aplicable a la Administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal;
b) Que la autoridad para fundar su competencia territorial citó en la resolución recurrida contenida en el mandamiento de ejecución de diez de febrero de dos mil cinco y en el acta de embargo de nueve de marzo de dos mil cinco, el artículo 22, fracción II, en relación con los artículos 20, fracciones I, XXII, XXIII, XXVIII y XXXI y 39, primer párrafo, apartado A del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil dos, y el artículo segundo, párrafo segundo, en lo relativo a la Administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos. Por lo que debe tenerse como debidamente fundada dicha competencia, ya que se precisaron todos los elementos necesarios a fin de que la contribuyente tuviera la certeza de que la autoridad que emitió la resolución impugnada, esto es, que la Administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal contaba con competencia territorial para hacerlo, toda vez que señaló la parte correspondiente del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, de fecha veintisiete de mayo de dos mil dos, relativo a la Administración Local del Sur del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, con lo que afirma se satisface el imperativo previsto en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; tanto más que del análisis integral de los actos de cobro se desprende que en el rubro se menciona el nombre de la autoridad que los dictó, siendo ésta la administradora local de Recaudación del Sur del Distrito Federal, lo que es motivo suficiente para tener por cumplido el requisito de fundamentación de la competencia territorial;
c) Que en el supuesto de que sea una norma compleja el artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, lo cierto es que la falta de transcripción de la parte relativa de la norma que otorga competencia territorial a la autoridad no es un requisito exigido por la ley para tener por satisfecha la competencia de la autoridad recaudadora. Máxime que dicha circunstancia no deja en estado de indefensión al particular, ya que se le hizo saber la instauración del procedimiento administrativo de ejecución a efecto de ejercer sus derechos; y,
d) Que debe considerarse que está debidamente fundada la competencia territorial de la autoridad, ya que basta con que se haya señalado el artículo segundo, segundo párrafo, en la relativo a la Administración Local del Sur del Distrito Federal, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, ya que en el mismo se citan el nombre, sede y circunscripción territorial de las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente, Administraciones Locales de Recaudación, Administraciones Locales de Auditoría Fiscal y Administraciones Locales Jurídicas, por lo que en el referido precepto se específica y delimita la competencia territorial de la Administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal.
Los agravios son infundados.
Efectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, para que se considere que un acto de autoridad está debidamente fundado en cuanto a la competencia de su emisora, es necesario que ésta señale con precisión, además del precepto legal que le otorgue la atribución ejercida, la respectiva fracción, inciso o subinciso en que se apoye o, en caso de que la norma legal no los contenga, transcriba la parte conducente del precepto legal.
Lo anterior con el fin de que se dé certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico, pues de esta forma el gobernado tiene conocimiento de los datos indispensables para la defensa de sus intereses, ya que de lo contrario se privaría al afectado de un elemento que pudiera resultar esencial para impugnarla, debido a que desconocería el precepto legal que da competencia a la autoridad para emitir el acto de molestia y de poder controvertirlo cuando estime que no se adecua al ordenamiento jurídico que le otorga facultades.
Luego, es dable concluir que fundar en el acto de molestia la competencia de la autoridad constituye un requisito esencial y una obligación de la autoridad, pues ésta sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello, dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen, de ahí que no basta que sólo se cite la norma que le otorga competencia a la autoridad por razón de materia, grado o territorio para considerar que se cumple con la garantía de la debida fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, sino que es necesario que se precise de forma exhaustiva con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo, cuando aquél no contenga apartados, fracción o fracciones, incisos y subincisos, esto es, cuando se trate de normas complejas, pues en este caso la autoridad debe llegar, incluso, al extremo de transcribir la parte correspondiente del precepto que le otorgue su competencia, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, ya que de considerarse lo contrario significaría que al gobernado es a quien le corresponde la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia para fundar su competencia, si la autoridad tiene competencia de grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en un completo estado de indefensión, en virtud de que ignoraría en cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana por razón de materia, grado y territorio.
Esto es así, porque no es permisible considerar que en la garantía individual en cuestión se permitan ambigüedades, puesto que la finalidad de la misma, esencialmente, consiste en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.
Al respecto, conviene citar el contenido de la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 114/2005-SS, que en la parte que interesa establece lo que se precisa a continuación:
"... Una vez precisado lo anterior, tal y como se advierte de las anteriores transcripciones, los dispositivos legales no se subdividen en fracciones, sino que contienen una serie de párrafos que guardan interrelación en virtud de que versan sobre la competencia territorial de las delegaciones, subdelegaciones y oficinas para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ejercerán las facultades que les confiere la ley, sus reglamentos y los acuerdos del consejo técnico; así como el nombre, sede y circunscripción territorial donde ejercerán sus facultades las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente, de Recaudación, de Auditoría Fiscal y Jurídicas del Servicio de Administración Tributaria. Esto es, los preceptos en comento no contienen apartados, fracción o fracciones, incisos o subincisos. Sin embargo, tal circunstancia no es obstáculo para que la autoridad emisora del acto no funde correctamente su competencia territorial, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal. En efecto, si bien una correcta técnica legislativa implica que tanto las leyes como los reglamentos, acuerdos o decretos, para su mejor comprensión deben contener apartados, fracción o fracciones, incisos o subincisos, debido a que hace más fácil su lectura y manejo, así como la ubicación de los supuestos o hipótesis en ella contemplados; también lo es que la omisión de tal circunstancia no hace nugatoria la obligación de la autoridad para señalar con toda precisión y exactitud su competencia, ya sea por razón de materia, grado o territorio. Es decir, el que una autoridad tenga que fundar su competencia en un mandamiento escrito que contenga un acto de molestia o privación con apoyo en un precepto que no contenga apartados, fracción o fracciones, incisos o subincisos, como los que se transcriben en la presente contradicción de tesis, no la exime de la obligación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal de citar de forma exacta y precisa en el acto de molestia de que se trate, las normas legales que la facultan para su actuar, a fin de colmar la garantía de la debida fundamentación que establece dicho precepto constitucional, al atender al valor jurídicamente protegido, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de autoridad que afecten o lesionen su interés jurídico y, por ende, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Por tanto, es desacertado el argumento relativo a que basta que en los actos impugnados se precise la denominación de la autoridad, así como la cita del precepto legal en que sustente su competencia, llámese artículo 159 del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social o artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, para estimar debidamente fundada la competencia territorial de la autoridad, en virtud de que la jurisprudencia 57/2001, que tiene como rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.’, únicamente es aplicable respecto de aquellos artículos que contengan fracciones, incisos y subincisos, y no de preceptos que no los contienen, pues el exigir la cita de un párrafo específico, sin existir mandamiento legal o jurisprudencial, generaría un caos administrativo, dado el sinnúmero de párrafos que se citan, induciendo de esta forma al error, ya que si lo que se pretende es que la competencia territorial esté fundada, acontece con la cita del precepto, pues la multitud de párrafos resulta irrelevante, debido a que lo importante es que en dicho artículo aparezca la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la autoridad tiene la ineludible obligación de fundar debidamente su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues en ese entendido todo acto de autoridad debe emitirse por quien esté legitimado, expresándose en el documento el carácter con que la autoridad en comento lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue dicha legitimación, aun en el supuesto de que la norma legal no contemple apartados, fracción o fracciones, inciso y subincisos, pues en tal caso la autoridad llegará incluso al extremo de hacer la transcripción correspondiente del precepto en que funde debidamente su competencia. A manera de ejemplo, se citan a las autoridades que fueron señaladas en los procedimientos que dieron origen a las revisiones fiscales que participan en la presente contradicción de tesis: ... De igual forma, cuando se refiera, por decir, a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, del Servicio de Administración Tributaria, se indicará: ‘Artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de mayo de dos mil dos, que en su parte conducente dispone: «Administración Local de Aguascalientes. Con sede en Aguascalientes, Aguascalientes, cuya circunscripción territorial comprenderá el Estado de Aguascalientes.».’. Así como en lo relativo a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Ciudad Guzmán, del Servicio de Administración Tributaria, la cual sería: ‘Artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de mayo de dos mil dos, que en su parte conducente dispone: «Administración Local de Ciudad Guzmán. Con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco, cuya circunscripción territorial comprenderá los Municipios de Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atengo, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chiquilistlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Gómez Farías, Jilotlán de los Dolores, Juchitlán, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, San Gabriel, Santa María del Oro, Sayula, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Techaluta, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Unión de Tula, Valle de Juárez, Villa Purificación, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, y Zapotlán el Grande, en el Estado de Jalisco.».’."
De la ejecutoria antes transcrita se advierte que el Máximo Tribunal del país ya determinó que cuando la autoridad administrativa funde su competencia, concretamente en el artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, debe hacer la transcripción de la parte en que se advierta su competencia territorial, en virtud de que esa norma en mención es compleja y no contiene fracciones o incisos que permitan identificar la parte conducente.
En el caso concreto, en los autos del juicio de nulidad obra en la foja dieciséis el mandamiento de ejecución impugnado de fecha diez de febrero de dos mil cinco, y en cuya parte relativa se asentó lo siguiente:
"... Lo anterior, con fundamento en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., 3o., 4o., 7o., fracciones I, VII y XVIII, 8o., fracción III, primero, tercero y cuarto transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1o. de julio de 1997, y modificado mediante decreto publicado en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999 y 12 de junio de 2003, vigentes a partir del día siguiente al de su publicación; artículo 22, fracción II, en relación al artículo 20, fracciones I, XXII, XXIII, XXVIII y XXXI, 39, párrafo primero, apartado ‘A’ del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2001, en vigor al día siguiente de su publicación, modificado mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2001 y 17 de junio de 2003, ambos vigentes a partir del día siguiente al de su publicación, y artículo segundo, párrafo segundo, en lo relativo a la Administración Local del Sur del Distrito Federal, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2002, modificado mediante diversos publicados en el referido órgano oficial el 24 de septiembre y 30 de octubre del mismo año, todos en vigor a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación ..."
Transcripción de la que se desprende que la actuación de la Sala Fiscal fue apegada a derecho al declarar la nulidad de la resolución impugnada, al considerar que la misma se encontraba insuficientemente fundada, porque la autoridad emisora de la misma, es decir, el administrador local de Recaudación del Sur del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria no fundamentó su competencia territorial, pues no transcribió expresamente la porción del párrafo segundo del artículo segundo del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos, modificado por acuerdos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de septiembre y el treinta de octubre de dos mil dos, que delimitaba el perímetro de su competencia territorial para actuar.
Lo anterior es así, porque la competencia correspondiente a la Administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal, se subdivide en los apartados siguientes:
"Administración Local del Sur del Distrito Federal. Con sede en el Distrito Federal, cuya circunscripción territorial comprenderá el perímetro siguiente:
"Al norte:
"A partir del límite con la Delegación de Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, por Camino Real de Toluca, Vasco de Quiroga, Camino a Santa Fe, Camino Real de Toluca y General Felipe Ángeles, acera sureste, hasta Anillo Periférico, continuando por Anillo Periférico hacia el sur, acera oeste, hasta Calle 2; siguiendo por Calle 2 hacia el este, acera sur, hasta avenida Revolución; continuando por avenida Revolución hacia el sur, acera oeste, hasta Eje 6 Sur (Tintoreto); siguiendo hacia el sureste por Eje 6 Sur (Tintoreto, Holbein, Plaza Baja California, California y Ángel Urraza), acera sur, hasta avenida División del Norte; continuando hacia el sur por Pitágoras, acera oeste, hasta Matías Romero; siguiendo hacia el este por Matías Romero, acera sur, hasta avenida Universidad; continuando hacia el suroeste por avenida Universidad, acera noroeste, hasta Río Mixcoac, siguiendo hacia el este por avenida Río Churubusco y Eje 8 Sur (calzada Ermita Iztapalapa), aceras sur y sureste, hasta Eje 2 Oriente (calzada de la Viga).
"Al este:
"A partir del Eje 8 Sur (calzada Ermita-Iztapalapa) hacia el sureste y sur por calzada de la Viga y Canal Nacional, aceras suroeste y oeste, hasta Canal de Chalco, continuando por Canal de Chalco hasta el límite con las Delegaciones de Tláhuac y Milpa Alta, Distrito Federal.
"Al sur:
"A partir del límite de las Delegaciones de Tláhuac y Milpa Alta con la de Xochimilco, Distrito Federal, siguiendo sus inflexiones hacia el suroeste hasta el punto formado por las Delegaciones de Milpa Alta y Tlalpan, Distrito Federal y Estado de Morelos, continuando hacia el oeste por los límites de la Delegación de Tlalpan, Distrito Federal y Estado de Morelos hasta el punto formado por la Delegación de Tlalpan, Distrito Federal, Estado de Morelos y Estado de México.
"Al oeste:
"A partir del punto anteriormente descrito, por el límite del Estado de México y la Delegación Magdalena Contreras, Distrito Federal, hasta Anillo Periférico, para continuar hacia el noroeste y noreste por boulevard Presidente Adolfo Ruiz Cortines y boulevard Adolfo López Mateos (límite de las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, Distrito Federal), continuando por el límite de las citadas delegaciones siguiendo sus inflexiones hacia el suroeste, continuando hacia el norte por el límite de las delegaciones de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, Distrito Federal, hasta Camino Real de Toluca.
"Esta administración también comprende la Delegación Magdalena Contreras, Distrito Federal, íntegra."
Por ello, la circunstancia de que la autoridad citara el artículo segundo del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y mencionara "en lo relativo a la Administración Local del Sur del Distrito Federal", resulta insuficiente, pues no se advierte de manera exacta el territorio en el cual pueda ejercer sus facultades.
Siendo que el gobernado debe tener conocimiento pleno de que su domicilio se encuentra dentro del territorio en el cual la autoridad ejerce su jurisdicción, pues de estimarse lo contrario, como ya se dijo, significaría que el gobernado tuviera la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales señaladas por la autoridad administrativa en el acto de molestia, si ésta tiene competencia por grado, materia y territorio, lo cual indudablemente lo deja en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación de la autoridad.
Por lo cual, de ninguna manera corresponde al gobernado averiguar la competencia de la autoridad, ya que dicha exigencia es atribuible a la autoridad administrativa, pues ésta, al emitir el acto de molestia, debe precisar de manera clara y precisa su competencia territorial.
En ese sentido, de la transcripción antes efectuada se aprecia que la autoridad administrativa de manera genérica indicó el nombre, sede y circunscripción territorial en donde puede ejercer sus facultades, pero no la demarcación territorial exacta en la que pueda ejercer tal facultad.
Apoya esta determinación el criterio contenido en la jurisprudencia número 2a./J. 115/2005, emitida en la Novena Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 310 del Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es el siguiente:
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.-De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio."
También resulta aplicable al caso, la tesis emitida por este propio Tribunal Colegiado número I.5o.A.69 A, visible en la página 2510 del Tomo XXVI, julio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"-De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’, se advierte que las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen el alcance de exigir que en todo acto de autoridad se señalen con exactitud y precisión el o los dispositivos que facultan a quien lo emita y definan el carácter con que éste actúa, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular correspondiente o por delegación de facultades y, en caso de que esas normas incluyan diversos supuestos, precisar el apartado, fracción o fracciones, incisos o subincisos en que apoya su actuación, y de no contenerlos, si se trata de una norma compleja, transcribir la parte correspondiente, atento a la exigencia constitucional de certeza y seguridad jurídica del particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico. En ese sentido, si la autoridad administrativa, al fundar su competencia cita los preceptos que la facultan para emitir el acto, pero omite señalar la porción normativa exacta y precisa que delimita su competencia territorial, es evidente que el acto impugnado está insuficientemente fundado, ya que, para satisfacer dicho principio constitucional, en todo acto de molestia deben constar los apartados, fracciones, incisos, subincisos o párrafos o, en su caso, transcribirse la parte correspondiente, tanto de los que facultan a la autoridad para emitir el acto, como de los que prevén su competencia territorial."
Ahora bien, respecto al argumento en el que refiere la autoridad recurrente que la Sala del conocimiento violó lo establecido por el artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que en el presente caso no debió haber declarado la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, puesto que, en última instancia, si la autoridad demandada no citó exactamente la parte aplicable del segundo párrafo del artículo segundo del Acuerdo por el que se señala el nombre,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20352-5f554032/fundamentacion-de-los-actos-de-las-autoridades-administrativas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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